La Corte Constitucional declaró ajustadas a la Constitución las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), contempladas en el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, pero condicionó su aplicación al respeto de la autonomía de los municipios y distritos. La decisión establece límites a las facultades del Ministerio de Agricultura para declarar estas zonas en el territorio nacional. La decisión corresponde a la sentencia C-364 de 2026, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo.
Con esta determinación, el alto tribunal dejó claro que el Ministerio sí puede identificar y delimitar terrenos que deben protegerse para garantizar la producción de alimentos, pero no puede tomar esas decisiones de manera unilateral ni desconocer las competencias de las autoridades territoriales.
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Por esta razón, antes de declarar, modificar o eliminar estas áreas, el Ministerio deberá adelantar un proceso obligatorio de información, coordinación y concertación con las autoridades locales, especialmente con los concejos municipales y distritales.
La Corte precisó que los municipios deberán tener la oportunidad de presentar observaciones y propuestas frente a las áreas que se pretenden proteger. Por ende, el Ministerio tendrá que estudiar esos planteamientos y explicar de manera justificada cómo fueron valorados, de modo que la participación de las autoridades locales tenga una influencia real en la decisión.
Otro de los condicionamientos es que la delimitación y modificación de las APPA deberá tener en cuenta los planes de ordenamiento territorial (POT) y las particularidades de cada municipio.
Además, la Corte estableció un límite a las competencias del Ministerio de Agricultura, podrá delimitar las zonas, establecer su destinación a la producción de alimentos e identificar las actividades incompatibles con ese propósito, pero no podrá reglamentar detalladamente los usos del suelo.
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Esa última facultad seguirá en manos de los concejos municipales y distritales, que son las autoridades competentes para regular el ordenamiento de sus territorios. De esta manera, la Corte busca que la protección de las tierras destinadas a producir alimentos no termine desplazando la autonomía territorial.
Finalmente, la Sala Plena aclaró que la sentencia tendrá efectos hacia el futuro, pero ordenó que todas las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos que actualmente estén en trámite, sin importar la etapa en la que se encuentren, deberán ajustarse a estas condiciones.