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Ante el anuncio del presidente electo, Abelardo De La Espriella, de eliminar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), la exministra Jhenifer Mojica salió al paso de las críticas para aclarar el verdadero alcance de esta medida. Según Mojica, existe una interpretación errónea sobre la naturaleza de estas áreas, enfatizando que su objetivo es técnico y estratégico para la supervivencia del país.Mitos y realidades: Sin expropiación ni límites al comercioUna de las aclaraciones más contundentes de la exministra es que la declaratoria de una APPA no constituye un ataque a la propiedad privada.“Ahí no se define una expropiación, no se limita la posibilidad de comercio, no se cambia el precio o el avalúo del suelo rural”, afirmó Mojica, desmintiendo que la medida afecte los derechos de los propietarios.Le puede interesar: Gobierno amplía zonas APPA en Antioquia, pese al rechazo de la GobernaciónPor el contrario, la funcionaria explicó que lo que se busca es “invitar a poder proteger el uso” del suelo a través de estímulos como políticas de financiamiento, crédito y asistencia técnica para que se sigan produciendo alimentos. La figura funciona como una "determinante del ordenamiento del suelo" que obliga a los municipios a considerar mapas científicos antes de autorizar construcciones en tierras fértiles.Suelo fértil: una infraestructura irreemplazableMojica fundamentó la necesidad de estas áreas en una premisa simple: “Nosotros podemos construir ciudades en muchos lugares, pero no podemos producir alimentos en cualquier lugar”. Destacó que el suelo rico en nutrientes es una “infraestructura natural” que está bajo amenaza constante por la erosión, el mal manejo y, especialmente, la expansión desordenada de las ciudades.La exministra advirtió que el suelo rural es un recurso finito no renovable que, una vez degradado o pavimentado, requiere de procesos de hasta 10.000 años de protección para recuperarse. Por ello, las APPA actúan como un escudo para preservar la vocación agrícola de municipios que, como en el caso de la Sabana de Bogotá, estaban perdiendo su capacidad productiva frente a la presión inmobiliaria.Intereses "jugosos" tras la derogaciónAl analizar las razones detrás de la intención de eliminar estas áreas, Mojica señaló que existen presiones económicas de sectores que ven en el suelo rural una oportunidad de negocio inmediato. “Sin duda hay muchos intereses muy jugosos sobre la tierra, especialmente la expansión urbana y la construcción de proyectos de vivienda”, denunció la exministra. Aunque reconoció que pudo haber faltado un “diálogo mucho más amplio con todos los actores” durante la implementación de las 16 resoluciones actuales, Mojica insistió en que el desmonte de las APPA dejaría al país en una situación de vulnerabilidad. “Un suelo rural es frágil, es débil, es la principal amenaza para la inseguridad alimentaria”, concluyó, defendiendo que Colombia se encuentra a la vanguardia mundial en políticas de protección de suelos con este modelo.Escuche la entrevista:

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