El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció que se encuentra trabajando en una nueva línea de crédito para pequeños productores del campo que se instituirá en los próximos 15 días a través de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, que preside. La medida busca simplificar el acceso a recursos para los pequeños productores, trasladando al sector industrial la responsabilidad de distribuir los créditos entre sus proveedores."En 15 días, como presido la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario en mi calidad de ministro de Agricultura, vamos a instituir una línea de crédito donde nosotros le prestamos al industrial, y el industrial le da anticipos a los pequeños, y respaldamos con el 100 % esos anticipos. En vez de hacer 300 o 400 créditos, hacemos uno solo, y el industrial se encarga de dar anticipo a sus productores para las necesidades de capital de trabajo o de inversión", explicó el ministro.El anuncio se dio en el marco de la inauguración del Congreso Fenavi 2026, donde el ministro destacó el crecimiento de la avicultura en las últimas dos décadas. "Creció a tasas cercanas al 9 % anual, eso es una cosa maravillosa. Superó los 3.000.000 de toneladas de producción, genera más de 350.000 empleos, representa más del 26 % del PIB pecuario, y hoy está presente, como me lo dijo hace un rato el señor presidente, en el 50 % o casi el 60 % de los municipios de Colombia", afirmó.Dangond también propuso al gremio un pacto de trabajo conjunto para abrir nuevos mercados internacionales, pues dijo el sector ya demostró que puede liderar, ahora le faltaría demostrar que puede competir globalmente. "Vamos a enfocar la agenda en apertura de mercados, en admisibilidad sanitaria, en promoción internacional, yo mismo me voy a montar en los aviones con ustedes; en inteligencia de mercado y en eliminación de barreras comerciales”, señaló Dangond.En el mismo evento intervino el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien se refirió a la crisis que ha enlutado a la ciudad en las últimas semanas por el colapso de varios edificios. "Estos han sido unos días muy exigentes para nuestra ciudad, muy exigentes para todos los caleños: emocionalmente, físicamente, muy exigentes para mi equipo, para los socorristas, para los bomberos, para mí, para mi familia; muy duro. Vimos mucho dolor y vimos mucha tragedia", dijo Eder.El alcalde señaló que la crisis ha golpeado con particular fuerza a la clase media caleña y que las autoridades deberán concentrar sus esfuerzos en atender a este grupo. "Y la crisis que estamos viviendo en Cali es particular porque los estratos más afectados son los estratos 3, 4 y 5, es decir, el 70 % de clase media. Lo que queda en evidencia es que la clase media colombiana, como en otros países latinoamericanos, no tiene protección", explicó.Finalmente, el alcalde insistió a la ciudadanía en visitar la ciudad y participar en eventos que reactiven la economía local, y pidió especial atención para los damnificados de la tercera edad. "40.000 familias registradas como damnificadas, 40.000; eso son 85.000 personas. El 34 % de los damnificados tienen más de 62 años. Si vivía en un barrio o en un apartamento, estrato 4, estrato 5, ya hizo la vida, ya trabajó, ahí estaban todos los ahorros. Nosotros, como sociedad, no podemos permitir que esos colombianos y esas colombianas lo pierdan todo, y no lo vamos a permitir. Vamos a trabajar y vamos a encontrar esa solución", concluyó Eder.
Luego de una reunión de la bancada del Partido Conservador con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, el presidente de esa colectividad, Efraín Cepeda, aseguró que el jefe de la cartera encontró varias entidades del sector en una situación crítica al asumir el cargo.“Él encontró 18.000 órdenes de prestación de servicios que no hacen nada. Pues, le íbamos a preguntar que si se llevaron hasta los muebles, y sí se llevaron hasta los muebles. Realmente, pues, él quedó muy preocupado por la situación de las diferentes entidades del sector. La mayoría saqueadas”, señaló Cepeda.Durante el encuentro, los congresistas también expusieron al ministro las principales necesidades de sus regiones. En Santander se habló de la recuperación del sector tabacalero, mientras que representantes de Tolima y Norte de Santander plantearon las dificultades y prioridades de sus principales productos agrícolas.“Cada región, digamos, hizo su planteamiento, el ministro tomó atenta nota porque se trata de marchar unidos en esta patria milagro, que ayudamos, pues, también a elegir dentro del Partido Conservador, y que podamos, entonces, llevar la bandera de la recuperación del sector agropecuario nacional”, añadió.Cepeda explicó que la bancada conoció además varias de las propuestas que prepara el Ministerio de Agricultura, como ampliar los plazos de los créditos para el campo hasta 10 o 15 años, crear escuelas de capacitación rural, sumar 1,5 millones de hectáreas para cultivos y avanzar hacia un modelo de ganadería más intensiva.“Nos hemos puesto a la orden para revisar las iniciativas legislativas y aportar un grano de arena a esta recuperación del campo colombiano, de manera que estamos esperando ese milagro del campo y hoy la bancada sale muy satisfecha con los anuncios hechos por el ministro Indalecio Dangond”, agregó.Cepeda señaló que esta fue la primera de una serie de reuniones que adelantará la bancada conservadora con integrantes del Gobierno. La agenda continuará con encuentros con las ministras de Educación, Viviane Morales, y de Salud, Ana María Vesga.
Ante el anuncio del presidente electo, Abelardo De La Espriella, de eliminar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), la exministra Jhenifer Mojica salió al paso de las críticas para aclarar el verdadero alcance de esta medida. Según Mojica, existe una interpretación errónea sobre la naturaleza de estas áreas, enfatizando que su objetivo es técnico y estratégico para la supervivencia del país.Mitos y realidades: Sin expropiación ni límites al comercioUna de las aclaraciones más contundentes de la exministra es que la declaratoria de una APPA no constituye un ataque a la propiedad privada.“Ahí no se define una expropiación, no se limita la posibilidad de comercio, no se cambia el precio o el avalúo del suelo rural”, afirmó Mojica, desmintiendo que la medida afecte los derechos de los propietarios.Le puede interesar: Gobierno amplía zonas APPA en Antioquia, pese al rechazo de la GobernaciónPor el contrario, la funcionaria explicó que lo que se busca es “invitar a poder proteger el uso” del suelo a través de estímulos como políticas de financiamiento, crédito y asistencia técnica para que se sigan produciendo alimentos. La figura funciona como una "determinante del ordenamiento del suelo" que obliga a los municipios a considerar mapas científicos antes de autorizar construcciones en tierras fértiles.Suelo fértil: una infraestructura irreemplazableMojica fundamentó la necesidad de estas áreas en una premisa simple: “Nosotros podemos construir ciudades en muchos lugares, pero no podemos producir alimentos en cualquier lugar”. Destacó que el suelo rico en nutrientes es una “infraestructura natural” que está bajo amenaza constante por la erosión, el mal manejo y, especialmente, la expansión desordenada de las ciudades.La exministra advirtió que el suelo rural es un recurso finito no renovable que, una vez degradado o pavimentado, requiere de procesos de hasta 10.000 años de protección para recuperarse. Por ello, las APPA actúan como un escudo para preservar la vocación agrícola de municipios que, como en el caso de la Sabana de Bogotá, estaban perdiendo su capacidad productiva frente a la presión inmobiliaria.Intereses "jugosos" tras la derogaciónAl analizar las razones detrás de la intención de eliminar estas áreas, Mojica señaló que existen presiones económicas de sectores que ven en el suelo rural una oportunidad de negocio inmediato. “Sin duda hay muchos intereses muy jugosos sobre la tierra, especialmente la expansión urbana y la construcción de proyectos de vivienda”, denunció la exministra. Aunque reconoció que pudo haber faltado un “diálogo mucho más amplio con todos los actores” durante la implementación de las 16 resoluciones actuales, Mojica insistió en que el desmonte de las APPA dejaría al país en una situación de vulnerabilidad. “Un suelo rural es frágil, es débil, es la principal amenaza para la inseguridad alimentaria”, concluyó, defendiendo que Colombia se encuentra a la vanguardia mundial en políticas de protección de suelos con este modelo.Escuche la entrevista:
La porcicultura colombiana se alista para dar un paso histórico en materia de comercio internacional. Así lo aseguró el presidente ejecutivo de PorkColombia, Jeffrey Fajardo, quien reveló en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que el sector proyecta concretar este año la primera exportación de carne de cerdo hacia Filipinas, luego de varios años de trabajo para obtener la admisibilidad sanitaria requerida por ese mercado.El dirigente gremial explicó que este avance hace parte del crecimiento que ha tenido la porcicultura nacional, la cual, según indicó, se ha convertido en uno de los principales subsectores del agro colombiano.“Nos estamos convirtiendo en un referente internacional de la porcicultura y queremos que el sector sea el número uno del agro colombiano en la próxima década”, destacó.Asia, el gran objetivo para la carne de cerdo colombianaEl presidente de PorkColombia explicó que el principal desafío para exportar productos cárnicos radica en obtener los protocolos sanitarios exigidos por cada país, un proceso que toma varios años.“Este año vamos a realizar la primera exportación a Filipinas y seguimos avanzando con otros mercados asiáticos”, precisó.Además de Filipinas, señaló que Colombia ya cuenta con acceso sanitario para exportar a Singapur, Hong Kong, Macao y Malasia, mientras espera concretar la habilitación del mercado chino antes de finalizar el año.“China está a punto de abrirse y también esperamos una próxima apertura con Corea del Sur”, mencionó.La competencia con Estados Unidos y el consumo de carne nacionalDurante la entrevista, Fajardo explicó que la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos representó uno de los mayores retos para la porcicultura colombiana, debido al ingreso de carne de cerdo sin aranceles.Sin embargo, aseguró que el sector logró fortalecer su competitividad sin acudir a subsidios o medidas de protección comercial. “Hoy el 80 % de la carne de cerdo que consumen los colombianos es producción nacional”, afirmó.Incluso, indicó que este año esa participación aumentaría hasta el 83 %, pese a la revaluación del peso frente al dólar, que favorece las importaciones.La inteligencia artificial y el futuro del sectorOtro de los temas abordados fue el papel de la inteligencia artificial en la producción porcícola. Fajardo explicó que la automatización ya hace parte de las tendencias mundiales, aunque considera que existen tareas que seguirán dependiendo del trabajo humano.“El cuidado de los animales y el bienestar animal seguirán siendo actividades donde el ser humano es indispensable”, concluyó.Finalmente, señaló que ese será uno de los principales debates durante PorciAméricas 2026, encuentro en el que expertos analizarán cómo incorporar nuevas tecnologías sin perder de vista el papel de las personas en la producción pecuaria.
Más de 4.000 habitantes de la zona rural de los municipios de Fresno y Mariquita, en el norte del Tolima, volvieron a contar con un paso vehicular después de permanecer cerca de cuatro años afectados por el colapso del puente que comunicaba a varias veredas de ambos municipios.La nueva estructura, un puente modular semipermanente de 24,38 metros de longitud, restablece la conexión entre las veredas Piedra Grande, El Guineal, Remolino, Arrayán y Yarima, en Fresno, y El Hatillo, Camelias y Las Marías, en Mariquita. El puente fue ensamblado e instalado en menos de 14 días por Ingenieros Militares, en una obra desarrollada con el apoyo de la Alcaldía de Fresno, la Gobernación del Tolima y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La recuperación de este corredor representa un alivio para una de las zonas agrícolas más importantes del norte del departamento, donde se concentra cerca del 85 % de la producción agropecuaria regional. Desde estas veredas se comercializan cultivos de café, aguacate, plátano, cacao y guanábana, cuya salida hacia los centros de acopio y mercados se había visto seriamente afectada por la falta de una conexión segura.Durante los años en que no existió el puente, los campesinos debieron utilizar rutas alternas, asumir mayores tiempos de desplazamiento y enfrentar riesgos para transportar sus cosechas. “Después del colapso del puente inició el sufrimiento de la comunidad para sacar la carga porque representaba mucho riesgo. Con este puente la vida nos cambió”, aseguró Germán Gómez, habitante de la vereda El Guineal. Además de facilitar nuevamente el transporte de productos agrícolas, la infraestructura mejora el acceso de los habitantes a servicios de salud, instituciones educativas y otros municipios de la región, recuperando un corredor considerado estratégico para la movilidad y la economía del norte del Tolima.
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural designado, Indalecio Dangond, sostuvo este martes, 14 de julio, una reunión del Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), encabezado por su gerente general, Germán Bahamón, en su primera visita como integrante del gabinete del presidente electo Abelardo De La Espriella.Durante la reunión las partes coincidieron en la necesidad de la administración entrante por incrementar la productividad en este sector. Según informó la oficina de comunicaciones de Abelardo de la Espriella, el compromiso del nuevo gobierno es incrementar este factor por hectárea para mejorar los ingresos del caficultor y potenciar el sector agrícola más importante del país, que agrupa a 556.000 familias en 23 departamentos y 611 municipios de Colombia.En medio del encuentro también fijaron cuáles serían las prioridades para el sector cafetero y que trabajarán conjuntamente con el Gobierno. Entre ellas se encuentran los programas de renovación de cafetales, formalización de la propiedad rural de los caficultores, modelos de créditos, proyectos de bioeconomía desde los centrales de beneficio y priorización de las vías terciarias.El ministro Indalecio Dangond respaldó, además, los programas que la Federación Nacional de Cafeteros que ya había iniciado y se comprometió a darles un avance exponencial con el apoyo del nuevo gobierno.Durante los próximos cuatro años, tanto el director de la Federación, Bahamón, como el ministro Dangond, se comprometieron a trabajar en equipo para asegurar la sostenibilidad y competitividad de la caficultura frente a los desafíos globales."El sector cafetero debe continuar siendo el mayor aportante del agro a la economía del país", señaló el ministro designado, en medio del evento.Para el Gobierno entrante este encuentro marca el inicio de una alianza entre su administración y el gremio cafetero que durante cien años ha sido el más sólido y democrático del país.
La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización empresarial de Monómeros Colombo Venezolanos S.A., una decisión que permitirá a la compañía continuar con sus operaciones y contar con un nuevo calendario para el pago de sus deudas. La determinación fue adoptada luego de las audiencias realizadas los días 3 y 10 de julio de 2026, dentro del proceso de insolvencia adelantado bajo la Ley 1116 de 2006, con el propósito de garantizar la estabilidad financiera de una de las empresas más importantes para el sector agrícola colombiano. Monómeros, dedicada a la producción y comercialización de materias primas para fertilizantes e insumos agropecuarios, desempeña un papel estratégico en la cadena de abastecimiento del país, puesto que es fundamental para asegurar el suministro de productos utilizados por miles de agricultores, lo que contribuye al desarrollo de la producción de alimentos y al funcionamiento del sector agropecuario nacional.El acuerdo fue respaldado por el 99,569 % de los votos emitidos por los acreedores, una aprobación casi unánime que superó ampliamente las mayorías exigidas por la ley. Gracias a este consenso se evitó un eventual cierre de la compañía y se abrió el camino para su recuperación financiera, tras la negociación adelantada con quienes le suministraron bienes, servicios y recursos económicos.La empresa enfrentaba un pasivo reorganizable cercano a los 647.346 millones de pesos, obligación que ahora será atendida mediante un esquema estructurado de pagos graduales. El plan acordado respeta la prelación legal de créditos y establece un cronograma que permitirá cumplir con las obligaciones sin afectar la continuidad de las actividades productivas de la compañía.El proceso de reorganización comenzó en marzo de 2025, cuando la Superintendencia de Sociedades inició una actuación de oficio al detectar una compleja situación financiera que hacía necesario preservar a Monómeros como unidad productiva y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias.Como parte de los compromisos adquiridos, Monómeros presentó un plan de negocios respaldado por proyecciones financieras y de flujo de caja que buscan garantizar su viabilidad. La Superintendencia explicó que durante la ejecución del acuerdo habrá un estricto seguimiento por parte de un Comité de Acreedores, además de controles especiales, disciplina financiera y restricciones para la distribución de utilidades, con el fin de verificar el cumplimiento de todas las obligaciones pactadas.
A más de 3.000 metros de altura, en el municipio de El Cocuy, la Agencia Nacional de Tierras entregó un título histórico que certifica que predios rurales del páramo pertenecen legalmente a la comunidad campesina. La decisión beneficia de manera directa a 563 familias que podrán formalizar más de 2.300 hectáreas en una zona donde por más de un siglo persistieron disputas jurídicas sobre la propiedad.El reconocimiento se produjo tras un proceso técnico y documental que permitió reconstruir un polígono territorial con más de 300 años de antecedentes. Topógrafos, abogados e historiadores de la entidad trabajaron de forma articulada con habitantes del municipio para verificar linderos, archivos coloniales y antecedentes legales que respaldan el origen de la propiedad privada en estos terrenos de la provincia Gutiérrez, en Boyacá.La labor se dio bajo la dirección de Juan Felipe Harman, y permitió cerrar un capítulo de incertidumbre que atravesó generaciones. Según explicó Julián Ballén, subdirector de Seguridad Jurídica de la entidad, el proceso reconoce más de tres siglos de antecedentes de propiedad y habilita a las familias para iniciar formalmente su titulación individual dentro del marco legal vigente.Julián Ballén, subdirector de Seguridad Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras, destacó que“son más de tres siglos de reconocimiento a su propiedad. Hoy las familias campesinas del páramo pueden acceder a lapropiedad privada y pueden iniciar su proceso de formalización. Son más de 2.300 hectáreas y 563 familias que serán beneficiadas del programa”.El origen documental del título se remonta a 1777, cuando el corregidor y justicia mayor José María Campuzano y Lanz realizó visitas oficiales al territorio en cumplimiento de normas emitidas por la Corona española y disposiciones de la Real Audiencia de Santafé. En ese momento se evaluó la extensión y uso de tierras que integraban el antiguo resguardo indígena del Cocuy.Durante esas visitas se determinó que sectores conocidos como Laguna Grande, El Higuerón y Comunidad eran áreas sobrantes que no estaban siendo explotadas. Bajo el principio jurídico de reversión de tierras vacantes, estos predios regresaron a la administración de la Corona y posteriormente fueron transferidos mediante remate a Manuel Leal, en representación de los vecinos de la parroquia. Ese acto consolidó un título originario de dominio que, con el paso del tiempo, quedó diluido en interpretaciones legales y conflictos por linderos.Esa base histórica permitió a la AgenciaNacional de Tierras sustentar que los predios salieron del dominio estatal colonial para ingresar al régimen de propiedad privada, argumento que hoy respalda la formalización en favor de la comunidad paramera.Para los habitantes, el alcance de esta decisión es inmediato. Manuel Leva relató que durante años su familia dejó de sembrar cultivos tradicionales debido a desacuerdos limítrofes con predios vecinos.“Con la definición jurídica,nuestro proyecto con mi esposa e hijos es volver a sembrar papa, trigo, arvejas y habas en las 15 hectáreas que tenemos para trabajar. Gracias director Harman, porque el tiempo y la espera valió la pena, y estamos viendo que se están haciendo las cosas a favor del campesino”, manifestó Leva.En la misma línea, Ana Velandia Silva recorrió su terreno con la certeza de que ahora cuenta con respaldo legal.“Hoy me siento feliz, porque puedo decirles a mis hijos, a mis nietos, a mi familia y a mi comunidad que por fin somos dueños de estos predios.Desde mis abuelos anhelaban tener los títulos legales para asegurarnos un buen futuro a nosotros”, expresóla campesinaVelandia.El alcalde municipal, Alejandro Muñoz Sandoval, confirmó que este resultado se deriva de acuerdos entre la administración local, el Gobierno nacional y la Federación Nacional de Parameros, que acompañó la reconstrucción documental del título. Indicó además que en el municipio se identificaron tres títulos históricos que determinan la naturaleza privada de estos terrenos y permiten su legalización en favor de las comunidades.Este avance se integra a un proceso más amplio en el departamento. Según cifras oficiales, 7.931 familias campesinas en Boyacá han obtenido títulos sobre 9.522 hectáreas mediante estrategias similares. En algunos municipios, los niveles de informalidad en la tenencia de la tierra oscilan entre el 65 % y el 82 %, lo que limita el acceso a créditos, programas productivos y respaldo jurídico.La formalización en el páramo de El Cocuy se convierte así en un referente técnico sobre cómo los antecedentes históricos, la revisión cartográfica y el trabajo comunitario pueden converger para resolver conflictos prolongados sobre la tierra.Con la entrega de este título histórico, las familias parameras cuentan ahora con el documento que respalda legalmente la posesión que durante décadas ejercieron sobre el territorio, abriendo la puerta a la formalización individual de sus predios dentro del marco legal colombiano.
El sector avícola colombiano atraviesa un momento de contrastes profundos. Mientras las cifras de producción alcanzan hitos históricos y el consumo de proteína se consolida en los hogares, la inseguridad en las vías se ha convertido en la principal amenaza para la estabilidad del campo.Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), habló en El Radar de Blu Radio sobre este preocupante panorama del transporte, consumo y venta de pollo y huevo en el país. Además, reveló cifras que el sector alcanzó recientemente. Récord de producción y consumo masivoSegún Moreno, el año 2023 marcó un antes y un después para la industria avícola. Recalcó que el año pasado cerró con la producción más alta de pollo y huevo de la historia.“Cerramos el año con una producción de pollo de dos millones de toneladas, un crecimiento del 10 % en pollo vs. el año anterior”. En cuanto al huevo, el crecimiento fue del 7 %, según añadió.Estas cifras explican por qué el pollo se ha convertido en el "mejor amigo" de la mesa colombiana. Moreno explicó la magnitud del consumo interno con datos contundentes.“Un colombiano, para que se hagan una idea, se come 38 kg de carne de pollo vs. 18 de res y 17 de cerdo. Y en el caso de huevo un colombiano se come 366 huevos al año. Esto es más de un huevo al día. Somos el tercer consumo per cápita más alto del planeta”, precisó.El crecimiento no solo se limita al consumo interno, sino que también apunta a mercados internacionales. Colombia ha logrado triplicar su producción en las últimas tres décadas: “Hace 30 años produjimos 6.000 millones de huevos. Colombia ha triplicado su producción en los últimos 30 años, lo que nos da para atender nuestro mercado y atender otros mercados”, comentó Moreno.Según detalló, cortes específicos están llegando a destinos variados. Por ejemplo, señaló que a Japón le interesa la pierna pernil cortada en cubos. Al mercado chino las garras y al mercado americano y mexicano que le interesa las alas.A nivel regional, destacó la transformación de zonas como la costa Caribe, donde departamentos como el Cesar, que hace ocho años no tenían granjas, ahora son autosuficientes.La inseguridad: una crisis humanitaria y económicaSin embargo, este éxito productivo se ve empañado por la violencia en las regiones. Moreno fue enfático al señalar el problema que más preocupa a los productores actualmente en el país.“El verdadero cáncer que tiene es la seguridad. Nuestro sector está presente en 675 municipios del país, que es uno de cada dos. Y la constante que estamos viendo es el deterioro en la seguridad”, aseguró.En ese sentido, habló de los ataques directos contra la vida animal y el trabajo de los agricultores. Moreno describió un hecho reciente en el suroccidente del país.“Paran un camión saliendo de una granja, lo atraviesan encima de un puente, que es el puente de Río Claro. Bajan a los conductores unas personas armadas y prenden fuego al camión con las aves para atravesarlo en la vía”, recordó.Ante este escenario, el llamado al Gobierno es urgente, pues, como concluyó el presidente de Fenavi, “sin seguridad en el campo es imposible producir alimentos y necesitamos tener seguridad en todo el sector agropecuario en Colombia”.
La Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) prendió las alarmas frente al proyecto de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que busca poner un límite a la exportación de ganado en pie. Para el gremio, la iniciativa no solo genera incertidumbre en el sector, sino que tendría serios problemas de legalidad.El borrador establece un cupo máximo de 66.700 toros menores de dos años que podrían exportarse durante seis meses, una medida que aplicaría a animales clasificados en una subpartida arancelaria específica. En la práctica, esto significa que las ventas externas de este tipo de ganado quedarían restringidas por un tope definido por el Gobierno.El presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, ha insistido en que Colombia no tiene margen para imponer este tipo de límites, debido a compromisos internacionales vigentes.El dirigente recordó que el país incorporó a su legislación el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio a través de la Ley 170 de 1994 que establece, entre otras cosas, la eliminación de restricciones cuantitativas a las exportaciones, lo que incluye mecanismos como contingentes o cupos.Bajo esa lectura, el “cupo máximo” planteado en el proyecto encajaría técnicamente como un contingente de exportación, una figura que está prohibida por el GATT y que, por tanto, entraría en choque con normas de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico colombiano.El gremio advierte que, si el decreto se expide tal como está, podría ser demandado y eventualmente anulado en la jurisdicción contencioso administrativa. Además, no descarta efectos más amplios en el frente internacional, como controversias comerciales o posibles represalias en el marco de la Organización Mundial del Comercio.Más allá del debate jurídico, FEDEGÁN también alertó sobre el impacto que una medida de este tipo podría tener en el sector ganadero, especialmente en un momento en el que las exportaciones de ganado se ha consolidado como una fuente relevante de ingresos para los productores.
En el marco de la posesión oficial de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol en Santa Marta, acto convocado por la Presidencia de la República, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Ravelo, fijó la postura institucional del principal sindicato de la petrolera estatalRavelo enfatizó que el objetivo central que debe guiar a la administración saliente y entrante es la recuperación de la soberanía y seguridad energética del país.Fortalecimiento del negocio tradicional y defensa del empleo dignoDesde la organización sindical se le otorgó la bienvenida formal al nuevo directivo, transmitiendo las expectativas inmediatas de los trabajadores.De acuerdo con Ravelo, las prioridades no pueden desviarse de la actividad esencial de la compañía: "Nosotros institucionalmente le hemos dado la bienvenida al doctor Joaquín Gutiérrez... y le hemos manifestado cuáles son las expectativas que tiene la organización sindical en representación de los trabajadores, que no son otras, que el fortalecimiento de la industria de Ecopetrol en su negocio original de producción de petróleo y gas".Asimismo, el dirigente sindical subrayó la importancia de proteger el empleo digno, garantizar el respeto a los derechos pactados históricamente y desplegar una estrategia territorial de relacionamiento con las comunidades para prevenir la conflictividad social en las zonas de operación.Exigencia de experiencia técnica en el comité directivoFrente a la estructura de liderazgo, la USO respaldó las designaciones del Gobierno Nacional respecto a Carlos Suárez en la presidencia de la junta directiva y de Joaquín Gutiérrez en la presidencia de la empresa.Sin embargo, hizo un llamado enfático para que los cargos ejecutivos de mando medio e inmediato cuenten con amplia idoneidad en el sector de hidrocarburos.Al respecto, Ravelo sostuvo: "Pero de ahí hacia abajo lo que tiene que ver con las vicepresidencias, especialmente la vicepresidencia ejecutiva de petróleo y gas debe contar con personas, con profesionales de trayectoria que tengan amplio conocimiento en el sector porque ellos son los que van a implementar las políticas que se definan en la junta directiva".En ese sentido, destacó que dentro de la propia empresa existe talento técnico capacitado para asumir dichas funciones.Yacimientos no convencionales y licenciamiento socialEn materia operativa y de reservas, el presidente de la USO abordó los debates desarrollados en el Congreso de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Asipet) sobre los proyectos de yacimientos no convencionales.Ravelo aseguró que técnicamente y jurídicamente el sector se encuentra preparado para dar marcha a estas tecnologías."En el sector estamos listos desde los requerimientos técnicos, tecnológicos y científicos para arrancar con esos proyectos. Está ya definido el marco regulatorio, es decir, no hay una no hay un impedimento jurídico para arrancar con los proyectos", afirmó el líder sindical.No obstante, aclaró que el avance requiere indefectiblemente de aval social: "Lo que hemos nosotros manifestado de cara al país... es que se debe contar con el licenciamiento social, es decir, se debe involucrar a los territorios en esas definiciones".De acuerdo con las cifras gremiales, la prospectividad en el Magdalena Medio representa recursos estratégicos clave, incluyendo cerca de 13 TCF de gas para solucionar el déficit nacional y aproximadamente 7.000 millones de barriles de crudo que servirían para abastecer la refinería de Barrancabermeja.Capacidad refinadora e importación de combustiblesEl sindicato resaltó el desempeño de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, señalando que la planta de Barrancabermeja opera actualmente al límite de su capacidad. Pese a este rendimiento, Ravelo advirtió sobre la vulnerabilidad del país en materia de combustibles."En estos momentos el país importa más del 40% de las gasolinas que consumimos los colombianos", puntualizó el presidente de la USO, reiterando que desarrollar nuevas reservas permitiría ampliar la carga de refinación y reducir la dependencia de insumos importados.
El Hospital Internacional de Colombia (HIC) incorporó las Meta Glasses, unos lentes inteligentes que permiten conectar en tiempo real al neurólogo con el equipo médico que atiende a un paciente con un posible ataque cerebrovascular (ACV).La herramienta busca reducir los tiempos de respuesta durante una emergencia en la que cada minuto puede ser determinante. A través de una cámara, micrófono y sistema de audio, el especialista puede observar desde un dispositivo móvil lo que ocurre frente al paciente y orientar al personal de urgencias durante la valoración.“Cuando se activa un código de ataque cerebrovascular y el neurólogo no está físicamente en la institución, las Meta Glasses nos permiten hacer una valoración directa del paciente de manera remota”, explicó el doctor Tony Álvarez, neurólogo líder del Centro de Excelencia en ACV del HIC.El procedimiento comienza cuando una persona llega al hospital con síntomas que podrían corresponder a un ACV. El equipo de urgencias activa el protocolo y, cuando es necesario, establece la comunicación con el neurólogo mediante los lentes.De esta manera, el especialista puede acompañar de forma remota la evaluación mientras el paciente avanza por las diferentes áreas de atención. La tecnología adquiere especial utilidad durante las noches y madrugadas, cuando el neurólogo puede iniciar el acompañamiento a distancia mientras se desplaza hacia la institución para realizar la valoración presencial.El HIC aclaró que las Meta Glasses no sustituyen la valoración neurológica presencial, sino que permiten adelantar el acompañamiento especializado y apoyar la toma de decisiones desde los primeros minutos de la emergencia.Según las cifras entregadas por el HIC, en Colombia se presentan aproximadamente 50.000 eventos cerebrovasculares cada año, asociados a cerca de 15.000 muertes.En el Hospital Internacional de Colombia se atienden entre 600 y 800 pacientes con enfermedades cerebrovasculares anualmente. Cerca del 80% corresponde a ACV isquémicos.El hospital cuenta además con un Centro de Excelencia en Ataque Cerebrovascular, integrado por profesionales de diferentes áreas que trabajan bajo un protocolo coordinado para responder a este tipo de emergencias.Entre los principales síntomas de un ACV están la dificultad repentina para hablar o entender, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, alteraciones de la visión, problemas para caminar o mantener el equilibrio y un dolor de cabeza intenso y súbito.Ante la aparición de estos signos, el llamado de los especialistas es actuar inmediatamente y acudir a un centro especializado, debido a que la rapidez en el diagnóstico y tratamiento puede ser determinante para el pronóstico del paciente.
La planta de importación de gas de Cartagena, Spec, sufrió un daño en uno de los 4 trenes de la unidad flotante FSRU.Como consecuencia, la capacidad de importación en Spec se reduce de unos 465 millones de pies cúbicos por día a unos 400, sin embargo, la infraestructura continuará operando."La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informa que, como resultado de una condición operativa imprevista en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes para restablecer plenamente su capacidad en los próximos siete días", señaló la compañía en un comunicado.El daño coincide con un momento en el que el país tiene poco margen de maniobra para atender sus propias necesidades de gas natural y de generación de energía eléctrica en medio del fenómeno de El Niño, y Spec es por ahora la única planta de importación de gas de importancia en operación.La planta de importación de gas de Cartagena fue construida para importar gas ocasionalmente, durante momentos como el fenómeno de El Niño, y su objetivo inicial era atender únicamente a las plantas de generación de energía térmica. El problema es que la producción de gas nacional de Colombia ha caído con fuerza desde 2024. El país necesita importar gas natural para atender la demanda de hogares, pequeños comercios y vehículos.Según el Gestor del Mercado del Gas, durante septiembre el país importó a través de la planta de Spec el 39% de su consumo total de gas natural. Pero esta cifra podría crecer incluso más si continúa la sequía y debe aumentar la generación de energía con gas.El análisis indica que, si no entran a operar los 3 nuevos proyectos de importación de gas natural, el país podría tener un faltante de hasta 46 GBTUD en marzo próximo.Los proyectos en construcción en la actualidad son Puerto Bahía, la regasificadora del Pacífico y la ampliación de la capacidad de Spec.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video: