En medio de la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para analizar la crisis penitenciaria en Colombia, el ministro de Justicia y encargado del Interior, Iván Cancino, anunció que el Gobierno avanzará en la construcción y entrega de nuevas cárceles para ampliar la capacidad del sistema. Confirmó que el establecimiento de Riohacha será inaugurado en la última semana de noviembre y que se trabaja para terminar la cárcel de Sabanas de San Ángel antes del 31 de diciembre de 2026.
El ministro explicó que estos proyectos, junto con los de Pereira y Barrancabermeja, contemplan en total 6.722 cupos carcelarios. Además, anunció que el Gobierno buscará recursos para construir más establecimientos mediante la venta de activos improductivos del Estado y la figura del derecho.
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Frente a la crisis de los centros de detención transitoria, el ministro propuso utilizar plenamente las fuentes de inversión, promover soluciones regionales mediante convenios que definan aportes, custodia y sostenimiento, y establecer un esquema diferenciado para financiar el funcionamiento de estos espacios.
El jefe de cartera sostuvo que el problema no requiere redistribuir nuevamente las competencias entre la Nación y los territorios, “lo que falta no es un nuevo reparto, sino que se cumpla y que pueda financiarse”, afirmó.
También planteó diferenciar a los territorios que incumplen sus responsabilidades de aquellos que demuestran que no tienen capacidad económica para asumirlas. Además, anunció que se actualizará la metodología para calcular el costo real de los cupos carcelarios, con participación del Inpec, la Uspec y las entidades territoriales.
Además, anunció que el Gobierno buscará recursos para construir nuevas cárceles mediante la venta de activos improductivos del Estado y la figura del derecho de superficie. También informó que se instalará una mesa trimestral con Hacienda, Planeación, el Inpec, la Uspec y otras entidades, para establecer responsables, compromisos y plazos. El Ministerio presentará antes del 15 de noviembre las bases de la propuesta sobre competencias y financiación territorial.
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El secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, cuestionó que la política criminal se concentre en aumentar las penas y los castigos, sin fortalecer la resocialización de las personas privadas de la libertad.
El secretario jurídico aseguró que el Estado ha fallado históricamente en ofrecer rutas para que los detenidos construyan un proyecto de vida productivo y puedan regresar a la sociedad. Señaló que no basta con mantenerlos recluidos, sino que deben recibir herramientas para recuperar su libertad y reintegrarse.
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Por su parte, el ministro de Hacienda explicó que el Gobierno utilizará el Presupuesto General de la Nación y el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, denominado Colombia, la patria milagro, para asignar los recursos que requiere el sistema penitenciario. Este plan está en formulación y deberá establecer prioridades, proyectos y fuentes de financiación.
El funcionario advirtió que asignar recursos no garantiza su ejecución, pues esta depende de la capacidad de gestión de entidades como el Inpec y la Uspec.
Las respuestas del Gobierno se conocieron después de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez alertara que, con corte a agosto de 2026, los 1.144 centros de detención transitoria del país tenían capacidad para 9.686 personas, pero albergaban a 18.824, lo que representa un hacinamiento del 94,34 %. Además, 17.292 personas llevaban más de 36 horas en estos espacios.