A menos de dos meses de finalizar el actual Gobierno, la Jurisdicción Agraria, uno de los proyectos más importantes para la política rural del presidente Gustavo Petro, quedó virtualmente hundida en el Congreso. Sin embargo, el Gobierno anunció que volverá a presentar la iniciativa el próximo 20 de julio y defendió su importancia para resolver conflictos históricos sobre la tierra en Colombia.
La ministra de Agricultura cuestionó duramente la falta de avances legislativos y señaló que el proyecto fue víctima de dilaciones durante más de un año. Recordó que la iniciativa estuvo en trámite desde agosto de 2024, recibió mensaje de urgencia presidencial y logró ser aprobada por unanimidad en las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado en diciembre de ese mismo año. Pese a ello, aseguró que nunca se concretó su discusión definitiva en las plenarias.
La ministra también lamentó la postura de algunos sectores que participaron en el debate, especialmente la dirigencia de los gremios agrícolas que se opusieron al proyecto. Según indicó, algunas posiciones fueron demasiado rígidas y cerraron espacios para construir consensos alrededor de una reforma que, a juicio del Gobierno, busca devolverle dignidad al campo colombiano.
"Nos preocupa que no haya existido disposición para encontrar una ruta de acuerdo frente a una iniciativa tan importante para el agro. Lo que buscamos es corregir desigualdades históricas y garantizar mejores condiciones para quienes viven y trabajan en el campo", sostuvo la ministra durante su intervención.
Frente al nuevo proyecto que será radicado en la próxima legislatura, el Gobierno anunció que mantendrá varios de los principios que considera esenciales. Entre ellos están la protección de la Unidad Agrícola Familiar para evitar la fragmentación de los predios, la defensa de los derechos de las mujeres rurales, el reconocimiento de la posesión agraria y la protección de los pequeños productores. También insistirá en que la administración de los baldíos de la Nación y el control sobre bienes de uso público, como bosques y ciénagas, permanezcan bajo responsabilidad estatal.
"Vamos a conservar los pilares fundamentales de la jurisdicción agraria, pero también recogeremos los consensos alcanzados durante el debate. Queremos avanzar en el saneamiento de la propiedad privada, facilitar el acceso a la justicia para pequeños campesinos y corregir vacíos institucionales que hoy afectan la resolución de conflictos rurales", explicó la ministra.
Según afirmó, la falta de una jurisdicción especializada limita el acceso a la justicia en las zonas rurales, dificulta la administración de bienes públicos y frena la posibilidad de resolver conflictos de tierras que históricamente han alimentado la violencia en distintas regiones del país.
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La ministra aseguró que la tierra ha sido una de las principales causas del conflicto armado y advirtió que será difícil alcanzar acuerdos nacionales duraderos si no se avanza en mecanismos que garanticen mayor justicia en el campo. Por eso, confirmó que el presidente Gustavo Petro volverá a presentar el proyecto después del 20 de julio, con la expectativa de que el próximo Congreso retome una discusión que, según el Ejecutivo, sigue siendo una deuda pendiente con millones de campesinos colombianos.
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