La Superintendencia de Puertos y Transporte inició una investigación administrativa a Uber porque la compañía estaría promoviendo servicios no autorizados de transporte.
Cabe recordar que esta entidad ya le había ordenado a Uber suspender la publicidad a través de voceros, terceros o medios publicitarios o de difusión de cualquier índole.
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Sin embargo, varios actores, entre ellos taxistas, le dijeron a la entidad que Uber no está cumpliendo las órdenes que recibió y habría facilitado la prestación de un servicio que hoy no está autorizado.
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La compañía podría enfrentar multas sucesivas de 400 millones de pesos, "mientras permanezca en rebeldía".
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