El Gobierno nacional expidió el Decreto 0545 de 2026, una norma que redefine las reglas de ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá y que obligará a municipios, autoridades ambientales y desarrolladores de proyectos a ajustar sus planes al modelo de ordenamiento territorial alrededor del agua.
La medida tiene alcance regional y establece directrices vinculantes que deberán ser incorporadas en los planes de ordenamiento territorial (POT), los instrumentos metropolitanos y el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Bogotá. Además, dispone que los proyectos públicos y privados con impacto territorial deberán cumplir estas determinantes desde las etapas iniciales de planeación.
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El decreto parte de un diagnóstico según el cual la Sabana de Bogotá ha sufrido una pérdida acelerada de ecosistemas, fragmentación ambiental, disminución de áreas rurales y agropecuarias, afectaciones al ciclo del agua y reducción de la conectividad ecológica como consecuencia de la expansión urbana y los cambios en el uso del suelo.
Frente a ese escenario, la norma establece un paquete de medidas orientadas a recuperar la integridad ecológica de la región y fortalecer su adaptación al cambio climático.
Entre las principales decisiones se encuentra la obligación de priorizar la restauración de áreas estratégicas para el recurso hídrico. Las autoridades ambientales deberán impulsar programas de recuperación en microcuencas abastecedoras, páramos, bosques andinos, humedales, reservas forestales, corredores ecológicos y en el río Bogotá junto con sus afluentes.
El decreto también ordena la creación de mecanismos de financiación y gestión del suelo para facilitar la adquisición o restauración de predios ubicados en áreas ambientales estratégicas, así como la participación de comunidades, organizaciones sociales, productores rurales, academia y sector privado en los procesos de restauración.
Otra de las medidas centrales es la protección de los ecosistemas de bosque andino y subxerofitia andina. Las corporaciones autónomas regionales tendrán un plazo de 24 meses para identificar y cartografiar oficialmente estas áreas, definir zonas de conservación y restauración e incorporar acciones para garantizar su conectividad ecológica.
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En materia hídrica, el decreto fortalece la protección de los humedales de la Sabana. Las autoridades deberán elaborar inventarios oficiales, delimitar cartográficamente estos ecosistemas, formular planes de manejo y desarrollar acciones de conservación, rehabilitación y restauración para recuperar su función ambiental y su capacidad de regulación del agua.
La norma también fija un plazo máximo de dos años para que las autoridades ambientales realicen el acotamiento de las rondas hídricas del río Bogotá y de sus principales afluentes, una medida considerada clave para evitar nuevas intervenciones sobre áreas de importancia ambiental y reducir riesgos asociados a inundaciones.
Adicionalmente, los municipios deberán incorporar estas delimitaciones y ecosistemas estratégicos dentro de sus estructuras ecológicas principales y reflejarlos en los procesos de revisión o actualización de los POT.
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El decreto contempla igualmente medidas para el mantenimiento de humedales, incluyendo la priorización de trabajos manuales sobre intervenciones mecanizadas, el control de especies invasoras, la siembra de especies nativas, la protección de áreas de anidación de fauna y la implementación de sistemas de monitoreo permanente sobre calidad del agua, sedimentos y biodiversidad.
Las nuevas directrices también promueven estrategias de adaptación al cambio climático basadas en ecosistemas y orientan a las entidades territoriales a utilizar áreas de alto valor ambiental para reducir riesgos asociados a inundaciones, eventos extremos y degradación de los recursos naturales.
Sin embargo, las medidas no están exentas de controversia. La expedición del decreto revive el debate que se abrió en 2025 cuando el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, solicitó al Gobierno nacional retirar el entonces proyecto de resolución que planteaba lineamientos ambientales para la Sabana de Bogotá. En ese momento, el mandatario distrital advirtió que la propuesta podía generar incertidumbre sobre proyectos estratégicos de vivienda, movilidad e infraestructura y cuestionó lo que consideró una afectación a la autonomía territorial de Bogotá y los municipios de la región.
La posición que adopten ahora Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y los municipios de la Sabana será determinante para establecer el alcance real de la implementación del decreto, que modifica las reglas de planificación territorial de una de las regiones con mayor presión urbanística del país.
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