El Gobierno nacional está decidido a modificar el proceso de consulta previa, con la finalidad de agilizar muchos proyectos que están paralizados por los trámites que implica este mecanismo, junto a los intereses en algunas regiones que paralizan algunas obras.
En el segundo mensaje oficial del vocero de la Presidencia de la República, Miller Soto, dio algunas claridades. “La consulta previa no se acaba, se transforma para hacerla más clara, más eficiente y más garantista”, explicó el funcionario, quien detalló en qué consisten los procesos.
De manera pedagógica y clara, Soto explicó que cuando se requiere construir una carretera, ampliar un puerto, desarrollar un proyecto de energía, hidrocarburos o una gran obra de infraestructura el Estado debe revisar antes de que ese proyecto pueda avanzar, una de ella es la licencia ambiental, eso significa que la autoridad ambiental estudia si el proyecto puede afectar, ríos, bosques, fauna, suelo, aire o ecosistemas y determina si puede realizarse y bajo qué condiciones. Pero también existe otro proceso diferente, la consulta previa.
El funcionario siempre resalta que la consulta es un derecho de las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y ROM, cuando un proyecto pudiera eventualmente afectarles directamente, por lo que tiene derecho a ser escuchada y participar antes que se intervenga el territorio, por lo que siempre se respetará.
“Ese derecho no desaparece se protege, lo que el Gobierno quiere es transformar la burocracia que se ha construido alrededor de ese procedimiento. Hoy, aunque la licencia ambiental y la consulta previa son trámites distintos, adelantados por autoridades diferentes y con objetivos diferentes, pueden terminar dependiendo uno del otro, generando rechazo e incertidumbre en proyectos fundamentales para el país”, explicó.
El Gobierno propone que las consultas y las licencias avancen de manera simultánea y autónoma, para disminuir el tiempo de trámite.
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“Mientras la autoridad ambiental estudia los efectos ambientales de un proyecto, la autoridad de consulta previa puede determinar si existe una afectación directa sobre una comunidad y adelantar su propio procedimiento”, agregó.
Puntualmente, la finalidad es que la consulta no sea un requisito que impida iniciar, evaluar o decidir una licencia ambiental. Pero también dejó claro que “una licencia ambiental no será un permiso para atropellar a las comunidades”, porque “si existe una afectación directa las obras materiales en ese territorio no podrán ejecutarse hasta que se hayan cumplido las garantías correspondientes de la consulta previa”, por lo tanto “se destraba el trámite pero se mantienen los derechos”.
Otro cambio importante es que el Gobierno busca que esté más claro cuando en realidad procede una consulta previa, por lo que propone mejores mecanismos de información, publicidad, participación de las comunidades, posibilidad de presentar recursos, trazabilidad y mayores controles.
Un caso concreto y reciente
Un ejemplo que mencionó Soto fue la operación del Terminal Muelle 13 del Puerto de Buenaventura, para el cual la Autoridad Nacional de Consulta Previa determinó el 31 de agosto de 2026 que para las características de ese proyecto no procede consulta previa. Lo que sí dejó claro es que si surge alguna afectación se eleva ante la instancia correspondiente para que evalúe el caso.