Un nuevo reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), elaborado con información de socios humanitarios y reportes oficiales, establece que 282.709 personas, correspondientes a 153.336 familias, han resultado afectadas por el desastre.
El documento tiene corte al 20 de agosto de 2026, a las 8:00 de la noche, y señala que la emergencia se extendió a 15 departamentos y 476 municipios. Desde el terremoto se habían registrado 332 réplicas, 21 de ellas con magnitud superior a 3 y dos por encima de magnitud 4.
El balance incluye 319 personas fallecidas, 4.506 heridas y 260 desaparecidas, además de 31.461 viviendas destruidas. También se reportaron afectaciones en 3.483 centros educativos, 4.996 centros comunitarios, 348 centros de salud, 302 edificios colapsados y 112 acueductos.
Según el informe, Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío continúan como los departamentos priorizados debido a la cantidad de familias afectadas y al incremento de las necesidades.
En Chocó, por ejemplo, Naciones Unidas calcula alrededor de 72.817 personas afectadas en 30 municipios, correspondientes a unas 40.977 familias. La mayoría de la población afectada pertenece a comunidades afrocolombianas e indígenas, por lo que el organismo plantea la necesidad de aplicar un enfoque diferencial en la atención.
El informe de OCHA advierte que, a pesar de los avances en la atención, todavía existen necesidades urgentes en diferentes sectores.
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En materia de salud, se requieren medicamentos esenciales, hospitales de campaña, equipos médicos, atención de emergencia y kits materno-infantiles.
En los alojamientos temporales también persisten problemas de agua, saneamiento e higiene. Un mapeo realizado por la Organización Internacional para las Migraciones identificó cerca de 4.695 personas en alojamientos temporales en Caldas, Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. De estos espacios, 33 % presenta necesidades de saneamiento e higiene, 31 % requiere apoyo para acceder a agua y 22 % necesita alimentos.
También continúa la necesidad de garantizar la continuidad educativa y la atención psicosocial, especialmente para niños, niñas y adolescentes afectados por la pérdida de sus viviendas o por desplazamientos.
Dificultades para llegar a las zonas rurales
Uno de los principales desafíos identificados por Naciones Unidas está relacionado con el acceso a comunidades ubicadas en zonas apartadas. En Chocó, las autoridades y organizaciones humanitarias todavía enfrentan dificultades para llegar a municipios como Alto Baudó, Medio Atrato, Bajo Baudó y Bojayá. El bajo nivel de los ríos también se convirtió en una barrera para el desplazamiento de equipos que deben evaluar necesidades y entregar ayudas.
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Además, persisten vacíos en la información sobre comunidades rurales dispersas. En Chocó, por ejemplo, OCHA advierte que existe un posible subregistro de población afectada o damnificada debido a las dificultades para levantar información en territorio y a problemas de conectividad y energía.
Frente a la magnitud de la emergencia, Naciones Unidas señala que se han movilizado más de 35 millones de dólares en recursos de donantes, además de una asignación de cinco millones de dólares del Fondo Central de Respuesta de Emergencia, CERF.
Los socios humanitarios reportan que, hasta la fecha del informe, habían atendido a al menos 34.000 personas, correspondientes a unas 6.500 familias en 18 municipios de tres departamentos, como complemento a la respuesta de las autoridades nacionales y territoriales.