La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas y el Equipo Local de Coordinación de Antioquia advirtieron sobre el deterioro de la situación humanitaria en el municipio de Briceño, Antioquia, por cuenta de la persistencia de la confrontación entre grupos armados, que se disputan corredores estratégicos para el manejo de economías ilícitas como la minería ilegal.De acuerdo con la OCHA, entre enero y mayo de 2026 se registraron múltiples emergencias humanitarias que han dejado al menos 290 personas desplazadas, equivalentes a 160 familias, así como cerca de 902 personas confinadas, correspondientes a 362 familias, principalmente en zonas rurales del municipio.El informe advierte además sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre ellas reclutamiento y uso de menores de edad, desapariciones forzadas, homicidios selectivos, instalación de artefactos explosivos, ataques con drones y restricciones a la movilidad de las comunidades.Según OCHA, durante enero se presentó un evento de desplazamiento masivo que dejó 48 personas afectadas y un confinamiento que impactó a cerca de 554 personas. Posteriormente, en febrero, se reportó el desplazamiento de 15 docentes y sus familias. Luego, desde el 19 de abril, se registró otro desplazamiento masivo de 227 personas y un nuevo confinamiento que afectó a 348 habitantes de distintas veredas.El informe también alerta por el impacto del conflicto sobre la población infantil y el sistema educativo. En enero, ataques con drones en la vereda El Roblal afectaron una escuela, una capilla y un puesto de salud, provocando la suspensión de clases en ocho centros educativos rurales y afectando a cerca de 230 niños, niñas y adolescentes. En abril, un nuevo ataque en el corregimiento de Las Auras volvió a impactar infraestructura educativa y viviendas civiles. Además, OCHA señaló que durante mayo una motocicleta bomba explotó en el parque principal de Briceño y dejó al menos 12 personas lesionadas, entre ellas 10 civiles.“En lo corrido del año también se han documentado múltiples casos de reclutamiento, uso y utilización de NNA, así como su traslado mediante mecanismos informales fuera de las rutas institucionales de protección”, señala el informe.La organización humanitaria también manifestó preocupación por las restricciones al acceso a derechos como salud, educación, alimentación, vivienda y libertad de movimiento, así como por el riesgo de reclutamiento de menores y el retorno de familias.“También preocupan graves incidentes contra la misión médica evidenciando la violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), incluyendo la interceptación de ambulancias, el homicidio de un paciente y afectaciones a instalaciones de salud”, agrega el documento.El informe agrega que el homicidio de un joven periodista en el corregimiento de Travesías, ocurrido el pasado 5 de mayo, obligó a realizar una misión humanitaria liderada por un organismo internacional y la Defensoría del Pueblo para la recuperación de su cuerpo.“Sumado a lo anterior, alerta la debilidad y vulnerabilidad institucional por amenazas contra funcionarios de la alcaldía (algunos renunciaron), algunos de ellos se han desplazado, situación que limita la presencia y respuesta a las afectaciones en las zonas afectadas, en especial las rutas de atención institucionales”.En materia de necesidades humanitarias, OCHA indicó que se requieren kits de alojamiento, y asistencia alimentaria inmediata. “Se identifican necesidades relacionadas con el restablecimiento y fortalecimiento de la atención en salud, incluyendo servicios de urgencias, atención a personas heridas por explosiones y seguimiento a afectaciones físicas derivadas del conflicto”.Asimismo, el informe advierte la necesidad de fortalecer las rutas de atención y protección para niños, niñas y adolescentes, implementar medidas frente al riesgo de reclutamiento forzado y reforzar la protección de docentes, líderes sociales y misiones médicas en el territorio.
El mecanismo internacional de expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas para promover la justicia e igualdad raciales en la aplicación de la ley presentó los resultados preliminares de su visita a Colombia, en la que recorrió distintas ciudades para documentar denuncias relacionadas con racismo sistémico, perfilamiento racial y uso excesivo de la fuerza contra comunidades afrodescendientes.La misión, que analiza el impacto de las prácticas policiales y el acceso a la justicia, concluyó que en el país persiste un “racismo estructural, sistémico e histórico”, que continúa generando desigualdades, violencia y exclusión.Víctor Rodríguez, integrante de la comisión, aseguró que durante la visita pudieron constatar que el racismo en Colombia “está incrustado en la estructura social” y advirtió que las comunidades afrodescendientes siguen enfrentando discriminación en distintos ámbitos, especialmente en el sistema de justicia y en las actuaciones policiales.“En Colombia efectivamente hay racismo estructural, hay racismo sistémico. Es un racismo incrustado en la estructura social, muchas veces inconsciente, pero normalizado, naturalizado e invisibilizado”, señaló Rodríguez.Entre los hallazgos expuestos por la misión, se encuentran denuncias sobre perfilamiento racial en diferentes ciudades, donde jóvenes afrodescendientes aseguraron ser objeto frecuente de requisas, comparendos y detenciones injustificadas.La comisión también recibió testimonios de familias que denunciaron presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de Policía, así como demoras e impunidad en las investigaciones judiciales.Uno de los puntos más delicados identificados por la comisión fue la situación en Chocó y particularmente en Quibdó, donde la misión aseguró haber encontrado vacíos institucionales y una presencia insuficiente del Estado y de la fuerza pública en varias zonas del territorio.“Esos vacíos han sido cubiertos por grupos armados ilegales al margen de la ley, donde la policía no interviene, donde la policía no está, y donde la población queda en un fuego cruzado. Este es un tema alarmante, es un tema que el estado tiene que atender como una prioridad, es un tema donde estas personas están en en un limbo total, y a veces ni se sabe cuáles son esos, digamos, grupos ilegales para poderlos identificar, porque proliferan cada vez más, y a veces ni se sabe quiénes son los que actúan, quiénes son los que controlan”, afirmó Rodríguez.En Cartagena, los integrantes de la comisión alertaron sobre procesos de segregación urbana y desplazamiento de comunidades afrodescendientes hacia zonas periféricas, además de prácticas discriminatorias en espacios turísticos y comerciales.La comisión también expresó preocupación por las condiciones encontradas en centros de detención transitoria visitados durante su recorrido. Los expertos señalaron que muchas personas permanecen en condiciones “infrahumanas”, pese a no haber sido condenadas.“Llama la atención que la Corte Constitucional se ha manifestado sobre el estado de inexequibilidad de esos centros transitorios, y que no haya habido un un cumplimiento integral de esas resoluciones. Discúlpenme, pero las personas privadas de la libertad no son responsables de sufrir esas condiciones carcelarias producto de lagunas procesales, normativas o institucionales, no resueltas todavía, lo que vendría en responsabilidad internacional”, agregó Rodríguez.Finalmente, entre las recomendaciones preliminares, la misión pidió fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas frente al perfilamiento racial y el uso excesivo de la fuerza, mejorar los sistemas de recopilación de datos sobre violencia racial, e insistieron en atender con urgencia la situación de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria.Los expertos también insistieron en la necesidad de no reducir la capacidad ni el presupuesto de la Defensoría, al considerar que es una de las pocas instituciones con presencia y acceso a territorios apartados donde las comunidades siguen enfrentando graves riesgos de violencia y abandono estatal.
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia expresó su preocupación por la situación que enfrentan las personas migrantes y refugiadas en el país.La ONU advirtió que uno de los principales factores de riesgo está relacionado con las condiciones asociadas “a rutas de tránsito y zonas de frontera bajo control de grupos armados no estatales”.El organismo también alertó sobre “los desafíos en los sistemas de asilo y de regularización”, además de la situación de quienes ejercen liderazgo y defensa de derechos.Este pronunciamiento se dio en el marco del acompañamiento al lanzamiento del Informe Anual 2026 de Amnistía Internacional sobre la situación global de los derechos humanos, en el que también se hizo énfasis en la realidad de migrantes y refugiados en Colombia y Venezuela.En ese contexto, la Oficina reiteró su llamado “a garantizar los derechos humanos de todas las personas migrantes y refugiadas, sin distinción de su condición, con especial atención a aquellas en situación vulnerable o en mayor riesgo de sufrir violaciones de sus derechos humanos”.Asimismo, recordó que mantiene un seguimiento constante a esta problemática.“ONU Derechos Humanos también monitorea la situación de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas y emite recomendaciones y actúa para que se garantice el plena acceso a sus derechos, sin discriminación”.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Colombia pidió una respuesta humanitaria inmediata y articulada entre el nivel local y nacional frente a la emergencia por las inundaciones en Córdoba. La petición se realizó después de que el organismo advirtiera que la magnitud de la crisis ya desbordó la capacidad de las autoridades locales y que está afectando de manera desproporcionada a comunidades históricamente golpeadas por el conflicto armado.OCHA Colombia pidió reforzar de manera urgente los albergues y asentamientos temporales con carpas, kits de alojamiento y de higiene y apoyo técnico para su administración, garantizando condiciones mínimas de protección como espacios seguros, iluminación y convivencia adecuada. Además, advirtió que en estos espacios aumentan los riesgos de violencias basadas en género y de afectaciones a los menores de edad, por lo que solicitó fortalecer las rutas de atención, los mecanismos de protección y los comités comunitarios.Uno de los principales señalamientos de la OCHA está en los vacíos de información y registro. El organismo advirtió que no existen censos consolidados ni evaluaciones actualizadas de daños y necesidades, lo que aumenta el riesgo de que familias damnificadas queden por fuera de la atención humanitaria. Además, alertó que la respuesta no puede limitarse a la fase de emergencia y debe incluir acciones de recuperación productiva, protección de medios de vida, prevención de nuevos desplazamientos y medidas frente a riesgos adicionales, como la posible presencia de minas y artefactos explosivos en algunas zonas afectadas.Esta alerta se realizó teniendo en cuenta que se evidencian afectaciones en grandes hectáreas de cultivos para comercialización y autoconsumo que, como lo señala la Oficina, afecta directamente la seguridad nutricional y la autonomía económica de las familias. Además de la pérdida de animales domésticos y de crianza, que figura como el principal activo productivo de muchas familias rurales. OCHA Colombia reiteró que la situación agrava los niveles de vulnerabilidad en los que ya vive la población, en gran parte, víctimas del conflicto armado.Las peticiones y advertencias se presentan paralelamente a que OCHA Colombia entregara un balance en el que se confirmó que de los 30 municipios del departamento ya son 17 los afectados. Las emergencias se presentaron entre el 1 y el 3 de febrero, cuando lluvias intensas provocaron inundaciones, deslizamientos, el rebose del embalse de Urrá y el aumento de los ríos Sinú y San Jorge, lo que obligó a realizar evacuaciones forzadas en varias zonas del departamento.Las zonas más afectadas están en Montería, con más de 36.000 personas damnificadas, también municipios de la zona costera, donde ocurrieron tres de los cuatro fallecimientos que registraron las autoridades y el sur del departamento donde se han habilitado albergues por evacuaciones masivas. Entre los daños más graves están la pérdida de viviendas, la afectación de cultivos, el daño en vías, colegios y centros de salud, y la pérdida de animales de cría, que son el principal sustento de muchas familias rurales.
El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó este martes, en el arranque del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General, que los principios sobre los que se fundaron las Naciones Unidas hace ocho décadas, "están bajo asedio" y que "los pilares de paz y progreso se tambalean por el peso de la impunidad, la desigualdad y la indiferencia".En su discurso de apertura, Guterres trazó un pesimista panorama del estado del mundo: "Naciones soberanas invadidas, el hambre utilizada como arma, la verdad silenciada (...) ¿Qué clase de mundo vamos a elegir? ¿Un mundo de poder desnudo, o un mundo de leyes? ¿Un mundo que es una lucha de egoísmos o uno donde las naciones se conciertan?, se preguntó el portugués.Las Naciones Unidas -subrayó Guterres- "son más que un lugar de reunión: son el compás moral, una fuerza de paz y de mantenimiento de paz, un guardián de la legalidad internacional, un catalizador del desarrollo sostenible, un salvavidas para pueblos en crisis y un faro para los derechos humanos", dijo el secretario en el momento inaugural de la semana de alto nivel en el organismo.Guterres, que a sus 76 años está ya en la recta final de su segundo mandato (termina en diciembre de 2026), lidia en este octogésimo aniversario con una institución en crisis financiera estructural, a la que se suma un cuestionamiento de sus principios, por parte del nuevo gobierno estadounidense de Donald Trump, que ha recortado su financiación y ha abandonado varios de los acuerdos multilaterales.Sin embargo, Guterres no mencionó directamente a Estados Unidos ni menos a su presidente, con el que hoy se entrevistará, tras una incomunicación de más de diez meses.El secretario general recordó que la ONU "no es un sueño de perfección, sino una estrategia práctica para la supervivencia de la humanidad", fundada sobre las premisas de paz sobre conflicto y de cooperación sobre caos.La ONU -recordó- se basa en una carta fundacional "que no es opcional", aunque algunos países "actúan como si las leyes no se les aplicaran a ellos" sin sufrir consecuencias, pero recordó que "la impunidad es la madre del caos y ha engendrado algunos de los conflictos más atroces de todos los tiempos".El diplomático tuvo palabras también para los recortes a la cooperación internacional emprendidos por EE.UU. y secundados por otros grandes donantes como Alemania, Reino Unido o Francia: "Los recortes a la ayuda hacen estragos demoledores. Son una sentencia de muerte para muchos, un futuro robado para muchos más", alertó.Esta es "la paradoja de nuestro tiempo -concluyó el secretario general de la ONU-: sabemos lo que necesitamos y aún así estamos arrojando el salvavidas que lo hace posible".
Bolivia y Colombia requieren seguimiento de la ONU por riesgo de hambruna, mientras que Haití se mantiene como "el punto más crítico" de América Latina, debido a la violencia de las pandillas, el prolongado declive económico y los efectos del cambio climático, alertó este lunes Naciones Unidas.En Colombia, se estima que unos 7,8 millones de personas, el 15 % de la población, se encuentran en una "inseguridad alimentaria aguda y necesitan asistencia urgente en 2025", lo que podría agravarse por la "violencia continua contra civiles", advierten la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el informe sobre los puntos críticos del hambre que publican cada 6 meses.Aunque ambos organismos reconocen los "continuos esfuerzos del Gobierno por entablar diálogos de paz", advierte que el auge de la violencia en Colombia provocó "un fuerte aumento de los desplazamientos en los primeros meses del año", lo que a su vez incrementa la inseguridad alimentaria.A mediados de marzo de 2025, más de 695.000 personas se habían visto afectadas por desplazamientos, confinamientos, restricciones de movilidad y desastres naturales, se señala en el informe.En el caso de Bolivia, se prevé un deterioro de la inseguridad alimentaria aguda entre junio y octubre de 2025, debido a "la alta inflación persistente y la disminución de las reservas extranjeras", factores que seguirán "erosionando la capacidad de importación y el poder adquisitivo de los hogares".También se espera que la escasez de combustible obstaculice las actividades agrícolas, lo que reducirá aún más la producción de maíz tras una cosecha ya por debajo del promedio obtenida en 2024.En octubre de 2024 se estimaba que 2,2 millones de personas , el 19 % de la población, se encontraban en situación de inseguridad alimentaria aguda.Por su parte, Haití se mantiene como "el punto crítico de máxima preocupación" en América Latina por tercera edición consecutiva, debido a la escalada de la violencia de pandillas, el prolongado declive económico y los efectos de fenómenos climáticos recientes, además del riesgo de una temporada de huracanes por encima de lo habitual.La FAO y el PMA advierten de que el 51 % de los habitantes, 5,7 millones de personas, enfrentan inseguridad alimentaria aguda en "niveles de crisis o peores" hasta junio de 2025, incluyendo 2,1 millones en fase de emergencia y 8.400 de catástrofe.La inseguridad alimentaria aguda se deteriorará aún más hasta octubre de 2025 y se espera que la reducción de la financiación humanitaria "dificulte la prestación de operaciones humanitarias críticas"."Tras seis años de contracción económica, se prevé que la economía se contraiga aún más en 2025, impulsada por una producción agrícola estancada y una disminución en los ingresos por exportaciones", se lee en el informe.Los niveles elevados de violencia también persistirán, ya que los grupos armados han ampliado su presencia dentro y fuera de la capital, Puerto Príncipe, lo que ha provocado el desplazamiento de civiles a un ritmo acelerado.A finales de 2024, el número de desplazados internos superó el millón, frente a los 300.000 del año anterior, un aumento drástico que se espera continúe en ascenso.La ONU también señala que la situación se verá agravada por "una moneda débil" que aumenta los precios de los alimentos y sitúa la inflación alimentaria interanual en el 37,5 % en febrero de 2025.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre la situación actual que vive el país y reveló que, luego del atentado contra el senador Miguel Uribe, decidieron convocar una reunión con Naciones Unidas y la Iglesia Católica."Fue una iniciativa que surgió el domingo pasado después del lamentable atentado al senador Miguel Uribe, entonces decidimos en la Defensoría del Pueblo buscar a las Naciones Unidas representadas en la misión de verificación del acuerdo de paz y a la Iglesia Católica, representada en la Conferencia Episcopal, cpn el fin de promover un acuerdo que bajara la tensión política y bajara la violencia simbólica, porque hoy hay una persona que se está debatiendo entre la vida y la muerte, que representa también la democracia", dijo la defensora. A su vez, indicó que otros sectores del país, incluso, partidos políticos y precandidatos a la Presidencia de la República, se han querido acoger a esta iniciativa."Esta idea fue aceptada por estas instituciones internacionales y hemos tenido una muy buena acogida y la suscripción de muchos partidos políticos y candidatos. Hay otros sectores que lo han dudado y que lo siguen pensando, pero no porque se opongan a la idea, sino porque muchos de ellos consideran que no lo deberían firmar hasta tanto el presidente de la República no lo firme", enfatizó. Con lo anterior, la Defensoría del Pueblo busca promover dicho acuerdo, sin embargo, aún no hay respuestas claras del presidente Gustavo Petro sobre su firma en este compromiso. Finalmente, en dicha entrevista, la defensora del Pueblo también destacó la expansión de grupos armados ilegales y la fragmentación del conflicto armado, comparando la actual crisis con la violenta década de los 80 en el país.Escuche la entrevista aquí:
El 1 de noviembre de 1998 se dio la toma guerrillera de las extintas Farc en Mitú, Vaupés. En este lamentable hecho 56 personas murieron y 61 fueron secuestradas.Tras 26 años de la toma, un grupo de firmantes de paz y de víctimas realizaron el conversatorio “26 años de historia, en Mitú se hace memoria”, para rendirle un homenaje a las víctimas y avanzar hacia la reconciliación.“Tuvimos una velatón, se prendieron unas velas flotantes por el río Vaupés, que significan las vidas que se perdieron y esa luz brillaba en el corazón de las personas y los familiares que recuerdan a sus seres queridos que perdieron, esa luz nos indica la esperanza en la paz y en la reconciliación”, aseguró el sargento (r) de la Policía César Lasso, quien fue secuestrado durante la toma.También se realizó una Eucaristía y estos actos estuvieron acompañados por la comunidad internacional e impulsados por la Fundación Agape, que coordinó y gestionó la logística.“Al final del conversatorio tuvimos la participación de las víctimas, escuchando sus ideas, reflexiones y dolores”, agregó Lasso.La Misión de la ONU en Colombia también hizo presencia en este evento y se refirieron al tema desde su cuenta de X.“La conmemoración fue promovida por las víctimas del hecho de 1998 y de los firmantes, con el fin de impulsar iniciativas tendientes a la búsqueda de la paz, la reparación del daño causado y la no repetición permitiendo la construcción de un nuevo capítulo en la historia de Colombia”, aseguran desde Naciones Unidas.
Uno de los principales termómetros para medir la lucha antidrogas es el informe sobre monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca que anualmente presenta la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC.Este año ha existido gran expectativa frente a la publicación de este informe, incluso generó especulaciones el hecho de que apenas se esté publicando en el mes de octubre, cuando generalmente los datos se divulgan a mitad de año.Blu Radio revela detalles clave del informe que será publicado esta tarde: Hay cuatro departamentos con más de 30.000 hectáreas de hoja de coca: Nariño, Cauca, Putumayo, Norte de Santander.Hay cinco departamentos entre 5.000 y 20.000 hectáreas de hoja de coca: Bolívar, Chocó, Antioquia, Córdoba y Caquetá.Hay tres departamentos entre 2.000 y 5.000 hectáreas de hoja de coca: Meta, Guaviare, Valle del Cauca.Hay siete departamentos con menos de 500 hectáreas de hoja de coca: Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada, Santander, Boyacá y Magdalena.>>> Lea también: Incautan cerca de 4 toneladas de cocaína provenientes del Golfo de UrabáAdicionalmente, señala el informe que hay una alerta sobre zonas de expansión de cultivos de hoja de coca, es decir, en donde comenzó a presentarse en los últimos tres años. 40 % de los territorios en esta categoría se ubican en Región Pacífica, siendo Cauca y Chocó los departamentos que presentan lotes nuevos.Según el reporte, durante 2023, Colombia tuvo una producción potencial de cocaína de 2.664 toneladas métricas, es decir, si se procesara la totalidad de hoja de coca cultivada en Colombia, esa sería la cocaína que se produciría. Agrega el informe que durante 2023 fueron incautadas 746 toneladas de cocaína por parte de las autoridades colombianas.Sobre las zonas en las que está la coca en Colombia, el informe indica que el 89,5 % de la coca está en los mismos territorios donde ha estado en los últimos 10 años.Agregan que la demanda de sustancias químicas en las zonas de concentración es de 997.560 metros cúbicos de insumos líquidos y 192.980 toneladas de insumos sólidos, lo que representa el 82 % del total de sustancias químicas de todo el mercado.Concluye que, aunque algunos cultivadores reportaron dificultades para la comercialización de sus productos, estas situaciones no han sido constantes.Escuche el informe completo aquí:
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, admitió este martes que el Ejército israelí mató de forma "no intencionada" a los siete trabajadores humanitarios de World Central Kitchen (WCK) que fallecieron en la madrugada en la Franja de Gaza."Por desgracia, en el último día hubo un caso trágico en el que nuestras fuerzas alcanzaron de forma no intencionada a gente inocente en la Franja de Gaza", dijo Netanyahu en un mensaje de agradecimiento al equipo sanitario que le operó de una hernia el lunes, después de recibir el alta.El primer ministro reiteró que el suceso será investigado de forma exhaustiva, y defendió que este tipo de cosas "suceden en la guerra". "Haremos todo lo posible para que no vuelva a suceder", añadió.Poco antes, el Ejército israelí anunció que será una entidad militar independiente, el Mecanismo de Investigación y Evaluación de Hechos, el que investigará el ataque, que ha llevado a la ONG a suspender sus operaciones en la región.El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), Daniel Hagari, explicó en un mensaje que ha hablado personalmente con el chef José Andrés, fundador del grupo humanitario, para expresarle sus condolencias por las muertes de los trabajadores.El ataque causó la muerte de siete trabajadores de la ONG, entre ellos cuatro de nacionalidad extranjera: un británico, un polaco, un australiano y un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense-canadiense.Se cree que se trata de los primeros trabajadores humanitarios extranjeros asesinados en la guerra de Gaza desde el 7 de octubre, y que ya ha causado más de 32.800 víctimas mortales, la mayoría mujeres y niños.
Mientras cientos de familias en Venezuela siguen padeciendo los estragos causados por los terremotos, organizaciones de migrantes venezolanos que están en Barranquilla junto con la Alcaldía Distrital iniciaron la coordinación de ayudas humanitarias.El alcalde Alejandro Char pidió la ayuda a todos los barranquilleros para apoyar a las familias venezolanas llevando agua, alimentos no perecederos, insumos médicos, ropa, abrigos y colchonetas al centro de acopio que está ubicado en la carrera 43 con calle 6 en el sector de Barranquillita entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.“Se va a requerir muchos insumos médicos, alimentos, medicinas, sábanas, enseres domésticos para poder de alguna manera atender esta crisis que hoy tiene a cientos de miles de familias en vilo”, expresó Juan Carlos Viloria, vicepresidente de la organización venezolanos en Barranquilla.Los líderes venezolanos también están promoviendo la difusión de la página web desaparecidosterremotovenezuela.com ohazlohoy.org en las que ciudadanos pueden reportar los datos y las fotos de las personas que no han logrado ser ubicadas y ayudar a orientar a las autoridades en la búsqueda.Además de las donaciones, hacen un llamado a profesionales de diferentes carreras y voluntarios que deseen sumarse a las labores humanitarias. Aún no se ha establecido de qué forman van a ser trasladadas las ayudas al vecino país.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 25 de junio de 2026:Israel Hurtado, periodista de la X Radio en Caracas, habló sobre los daños que dejó el fuerte terremoto en Venezuela.El geólogo Nahum Méndez, se refirió sobre por qué se presentaron dos terremotos de manera seguida en Venezuela.Sandra Borda, profesora del Departamento de Ciencia Política de la universidad de Los Andes, abordó sobre hacia dónde van las relaciones internacionales de Abelardo De La Espriella.Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, se pronunció sobre la deuda pública que podría llegar a 66,6 % del PIB en 2027.Norma Ortiz, profesora de finanzas de la universidad de los Andes, dió recomendaciones de cómo usar la prima de mitad de año.Escuche el programa completo aquí:
La entrega de títulos de propiedad en el sur del Tolima pone fin a años de incertidumbre para decenas de familias que trabajaron la tierra sin ser legalmente sus dueñas. Ahora esperan acceder a créditos, fortalecer sus cultivos y asegurar el futuro de sus hijos.Durante 17 años, Jhon Jairo Ramírez Dussán sembró café, plátano, yuca, arracacha y maíz en una finca que sentía suya, pero que, en los documentos, aún no le pertenecía. Cada cosecha representaba el esfuerzo de toda una vida, aunque sin la seguridad jurídica necesaria para acceder a créditos o invertir con tranquilidad en su producción. Esta semana, esa espera llegó a su fin.Jhon fue una de las 142 personas que recibieron el título de propiedad de sus predios rurales en Chaparral, una decisión que transforma la realidad de igual número de familias campesinas del sur del Tolima. “Estábamos esperando hace 17 años este documento para tener la posibilidad de un crédito y trabajar más descansados para el sostenimiento de nuestras familias”, relató el agricultor de la vereda El Limón, mientras sostenía el documento que durante casi dos décadas había esperado.Para quienes viven del campo, el título representa mucho más que un trámite. Significa la posibilidad de acceder a financiamiento, mejorar la producción y dejar atrás años de incertidumbre. “Lo que el campesino cultiva muchas veces se vende barato, mientras los costos siguen aumentando. Con este documento se abre una puerta para seguir adelante”, expresó Ramírez.Una deuda histórica con el campoLa entrega se realizó en Chaparral, uno de los municipios más representativos del sur tolimense, una región marcada por décadas de conflicto armado, disputas por la tierra y dificultades para que miles de campesinos pudieran formalizar la propiedad de los predios que trabajaban.Durante años, muchas familias cultivaron sus tierras sin contar con documentos que respaldaran legalmente su posesión, una situación que limitó el acceso a programas estatales, créditos agropecuarios y proyectos productivos.Según explicó Julián Yesid Ballén Reina, subdirector de Seguridad Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras, la jornada forma parte de una estrategia que busca llevar seguridad jurídica a las comunidades rurales. “Estamos entregando resultados a las familias campesinas del sur del Tolima. Venimos adelantando un trabajo riguroso para formalizar la propiedad rural y brindar seguridad jurídica y alimentaria en estos territorios”, señaló el funcionario.Ballén destacó que la intervención ha llegado a municipios como Chaparral, Planadas, Ataco y Rioblanco, donde la formalización de predios avanza como una herramienta para fortalecer la economía campesina y consolidar procesos de desarrollo rural.Más de 3.600 títulos en el TolimaLos 142 títulos entregados en Chaparral hacen parte de un proceso más amplio que ha permitido otorgar más de 3.600 títulos de propiedad en diferentes municipios del Tolima, equivalentes a cerca de 18.000 hectáreas formalizadas.La cifra representa uno de los procesos de formalización rural más importantes registrados en el departamento y busca garantizar que las familias campesinas tengan pleno reconocimiento legal sobre las tierras que trabajan.Para las organizaciones campesinas de la región, estos avances también fortalecen procesos comunitarios y proyectos de desarrollo rural que durante años estuvieron limitados por la falta de documentación de los predios.El documento que abre oportunidadesMás allá de las cifras, la historia se resume en escenas sencillas: campesinos que llegan con sus familias a recibir un papel que les brinda tranquilidad; productores que por primera vez pueden pensar en solicitar un crédito; y adultos mayores que ven reconocido el trabajo de toda una vida.En una región que durante décadas fue noticia por la guerra, la entrega de títulos busca escribir una historia distinta: la de familias que ahora cuentan con una herramienta para construir futuro desde la legalidad, la producción agrícola y la permanencia en el campo.Para Jhon Jairo Ramírez, el significado es claro. Después de 17 años de espera, el documento que recibió no solo certifica la propiedad de una tierra. También representa la esperanza de seguir cultivando, sostener a su familia y proyectar un mejor porvenir para las nuevas generaciones campesinas del sur del Tolima.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ofreció sus condolencias al pueblo venezolano por los terremotos que sacudieron el país este miércoles y destacó que su homóloga regional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), está preparada para desplegar personal adicional y enviar suministros médicos para atender a las víctimas."Las necesidades sanitarias están aumentando a medida que evoluciona la respuesta, especialmente en lo referente a gestión de víctimas, atención de lesiones y traumatismos y apoyo a los centros de salud afectados por los cortes de electricidad", señaló en X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.Los equipos de la OPS están en estrecho contacto con los responsables de emergencias en Venezuela para ofrecer su asistencia y también para "mitigar las interrupciones en los servicios de salud" derivadas de los seísmos, agregó el director general.Su homólogo en la OPS, Jarbas Barbosa, también expresó en la red social X su solidaridad con el pueblo venezolano y señaló que la organización regional está sobre el terreno, "lista para ayudar a mantener el funcionamiento del sistema de salud".
La oficina del consejero comisionado de paz que este 25 de junio no iniciará la Zona de Ubicación Temporal prevista en el municipio de Tierralta, Córdoba, escenario al que se esperaba el traslado gradual de cerca de 400 integrantes del Clan Del Golfo.La decisión fue dada a conocer mediante un comunicado, en el que se explica que la zona “no cuenta aún con las condiciones establecidas en la ley” para su puesta en marcha. Según el documento, por esa razón no será posible desarrollar la medida en la fecha prevista.Tras una reunión encabezada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz con delegados de los países mediadores, representantes de la Conferencia Episcopal Colombiana, el Consejo Mundial de Iglesias, la Procuraduría General de la Nación, la MAPP-OEA y los equipos de trabajo del Espacio de Conversación Sociojurídico, las partes manifestaron sus compromisos.Desde la delegación del gobierno nacional manifestaron permanencia y continuidad del proceso de conversaciones, además de hacer el proceso de empalme con el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella.Por parte de la delegación del grupo armado, se manifestó mantener la voluntad de paz y dar cumplimiento a los compromisos que fueron suscritos durante las sesiones realizadas en Doha, Qatar, en septiembre y diciembre de 2025.Finalmente, el Gobierno expresó su reconocimiento a los países mediadores y a las demás instancias acompañantes del proceso.
