El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, posesionó este viernes, 4 de septiembre, en el Palacio de San Carlos, a los nuevos representantes diplomáticos de Colombia en Estados Unidos y ante las Naciones Unidas.Se trata de María Consuelo Araújo Castro, quien asumirá como embajadora de Colombia en Estados Unidos, y J. Mauricio Gaona Bejarano, designado como embajador ante la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York.Los nombramientos se producen en dos escenarios considerados prioritarios para la política exterior del país: la relación bilateral con Washington y la participación de Colombia en los espacios multilaterales. Desde estas posiciones, los nuevos funcionarios tendrán entre sus responsabilidades representar los intereses nacionales y contribuir al fortalecimiento de la cooperación internacional.María Consuelo Araújo Castro, nueva embajadora en Estados UnidosAraújo Castro cuenta con formación profesional en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, además de una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos. Su trayectoria, de más de tres décadas, se ha desarrollado tanto en el sector público como en el privado.Entre los cargos que ha ocupado se encuentran los de ministra de Cultura y ministra de Relaciones Exteriores, funciones que desempeñó entre 2002 y 2007. También fue secretaria de Integración Social, gerente de TransMilenio, directora del Jardín Botánico de Bogotá y directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD.En el ámbito empresarial ha ejercido funciones directivas y participado en juntas de diferentes compañías. Hasta su designación como embajadora se desempeñaba como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Infraestructura, cargo que ocupaba desde febrero de 2026.Su experiencia profesional abarca áreas como infraestructura, transporte, desarrollo urbano y social, minería, salud y políticas públicas. Además del español, habla inglés, francés e italiano.A lo largo de su carrera también ha recibido diferentes reconocimientos, entre ellos la Gran Cruz de la Orden Nacional del Mérito, entregada en 2010, así como distinciones del Foro Económico Mundial.J. Mauricio Gaona Bejarano representará a Colombia ante la ONUPor su parte, J. Mauricio Gaona Bejarano estará encargado de la representación de Colombia ante las Naciones Unidas, en Nueva York.Gaona es internacionalista, constitucionalista, autor, docente e investigador. Es doctor en Derecho por la Universidad McGill, realizó una residencia de dos años en Harvard Law School y cuenta con una maestría en Derecho Internacional y Comparado de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. También tiene formación en Derecho de la Unión Europea y es abogado de la Universidad Externado de Colombia.Su carrera académica ha estado vinculada con instituciones de distintos países y ha recibido reconocimientos como Vanier Scholar del Consejo Nacional de Ciencias e Investigación de Canadá, O’Brien Fellow en McGill, Dean’s Fellow y Visiting Scholar en UCLA, además de Visiting Research Fellow en Harvard.También ha participado como profesor y conferencista invitado en universidades como Yale, Oxford, Cambridge, el MIT y la Universidad Nacional de Singapur.En Colombia, Gaona ha ocupado diferentes cargos en el sector público. Entre ellos se encuentran el de asesor del Fiscal General de la Nación, Contralor Nacional Delegado y secretario privado del presidente del Consejo de Estado.A esta experiencia se suma su trabajo como analista y columnista especializado en asuntos internacionales en medios de Colombia, Estados Unidos, Canadá y otros países. También ha participado como colaborador y comentarista en medios internacionales como The Hill, The Washington Examiner, Toronto Star, The Globe and Mail, CBC y CTV News Canada.Con la llegada de ambos funcionarios a sus nuevos cargos, Colombia refuerza su representación en Washington y ante el principal organismo multilateral del mundo. El Gobierno señaló que estas designaciones buscan contribuir a la defensa de los intereses nacionales y al fortalecimiento de los vínculos diplomáticos y de cooperación del país.
Un nuevo reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), elaborado con información de socios humanitarios y reportes oficiales, establece que 282.709 personas, correspondientes a 153.336 familias, han resultado afectadas por el desastre.El documento tiene corte al 20 de agosto de 2026, a las 8:00 de la noche, y señala que la emergencia se extendió a 15 departamentos y 476 municipios. Desde el terremoto se habían registrado 332 réplicas, 21 de ellas con magnitud superior a 3 y dos por encima de magnitud 4.El balance incluye 319 personas fallecidas, 4.506 heridas y 260 desaparecidas, además de 31.461 viviendas destruidas. También se reportaron afectaciones en 3.483 centros educativos, 4.996 centros comunitarios, 348 centros de salud, 302 edificios colapsados y 112 acueductos.Según el informe, Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío continúan como los departamentos priorizados debido a la cantidad de familias afectadas y al incremento de las necesidades.En Chocó, por ejemplo, Naciones Unidas calcula alrededor de 72.817 personas afectadas en 30 municipios, correspondientes a unas 40.977 familias. La mayoría de la población afectada pertenece a comunidades afrocolombianas e indígenas, por lo que el organismo plantea la necesidad de aplicar un enfoque diferencial en la atención.El informe de OCHA advierte que, a pesar de los avances en la atención, todavía existen necesidades urgentes en diferentes sectores.En materia de salud, se requieren medicamentos esenciales, hospitales de campaña, equipos médicos, atención de emergencia y kits materno-infantiles.En los alojamientos temporales también persisten problemas de agua, saneamiento e higiene. Un mapeo realizado por la Organización Internacional para las Migraciones identificó cerca de 4.695 personas en alojamientos temporales en Caldas, Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. De estos espacios, 33 % presenta necesidades de saneamiento e higiene, 31 % requiere apoyo para acceder a agua y 22 % necesita alimentos.También continúa la necesidad de garantizar la continuidad educativa y la atención psicosocial, especialmente para niños, niñas y adolescentes afectados por la pérdida de sus viviendas o por desplazamientos.Dificultades para llegar a las zonas ruralesUno de los principales desafíos identificados por Naciones Unidas está relacionado con el acceso a comunidades ubicadas en zonas apartadas. En Chocó, las autoridades y organizaciones humanitarias todavía enfrentan dificultades para llegar a municipios como Alto Baudó, Medio Atrato, Bajo Baudó y Bojayá. El bajo nivel de los ríos también se convirtió en una barrera para el desplazamiento de equipos que deben evaluar necesidades y entregar ayudas.Además, persisten vacíos en la información sobre comunidades rurales dispersas. En Chocó, por ejemplo, OCHA advierte que existe un posible subregistro de población afectada o damnificada debido a las dificultades para levantar información en territorio y a problemas de conectividad y energía.Frente a la magnitud de la emergencia, Naciones Unidas señala que se han movilizado más de 35 millones de dólares en recursos de donantes, además de una asignación de cinco millones de dólares del Fondo Central de Respuesta de Emergencia, CERF.Los socios humanitarios reportan que, hasta la fecha del informe, habían atendido a al menos 34.000 personas, correspondientes a unas 6.500 familias en 18 municipios de tres departamentos, como complemento a la respuesta de las autoridades nacionales y territoriales.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA Colombia, emitió nuevas preocupaciones para Antioquia y la región de Urabá-Darién en sus recientes informes correspondientes al período enero-diciembre de 2025.En ambos casos, coincide en que el conflicto armado, la presencia de grupos armados no estatales, los desastres naturales y las limitaciones para acceder a las comunidades continúan generando graves afectaciones para la población civil.En el caso de Antioquia, OCHA señala que el departamento sigue siendo uno de los más afectados por la crisis humanitaria en Colombia por delitos como el desplazamiento forzado, los confinamientos, las restricciones a la movilidad, el uso de minas antipersonal y artefactos explosivos, el reclutamiento de menores de edad, la violencia basada en género y el impacto diferenciado sobre comunidades indígenas y afrodescendientes.Todo ello ocurre en un contexto de disputas territoriales entre grupos armados y dificultades para que las instituciones y las organizaciones humanitarias lleguen a las zonas más afectadas.Durante 2025 se registraron 14.106 personas desplazadas en Antioquia. Además, 129.000 personas resultaron afectadas por inundaciones, movimientos en masa y otros eventos asociados a la temporada de lluvias. OCHA también reporta un incremento del 240 % en las víctimas por minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados frente al año anterior. En materia de violencia contra las mujeres, el departamento registró 123 feminicidios, la cifra más alta del país durante el período analizado.Para OCHA, la principal alerta en Antioquia es que la población civil continúa atrapada entre las dinámicas del conflicto limitando el acceso a alimentos, salud, educación y asistencia humanitaria, especialmente en subregiones como Bajo Cauca, Nordeste, Norte y Urabá.En cuanto a la región de Urabá-Darién, OCHA la define como uno de los corredores humanitarios y migratorios más importantes del país debido a su conexión con el Caribe, el Pacífico y la frontera con Panamá. La organización advierte que allí confluyen tres crisis simultáneas: el conflicto armado, la migración y los desastres naturales.Las principales preocupaciones para esta región son la protección de la población civil, el desplazamiento forzado, los confinamientos, las restricciones de acceso, la violencia basada en género, el reclutamiento de menores y la afectación desproporcionada sobre comunidades indígenas y afrodescendientes. También preocupa el uso de corredores estratégicos por parte de grupos armados y las dificultades para brindar asistencia humanitaria en varios municipios.Entre las cifras más relevantes del informe regional se destacan 3.062 personas desplazadas durante 2025, un desplazamiento masivo de 599 personas afrodescendientes en Acandí y más de 28.000 personas resultaron afectadas por inundaciones, crecientes súbitas, vendavales y deslizamientos.OCHA también indica que la región alberga aproximadamente 13.800 migrantes venezolanos y advierte sobre un nuevo fenómeno: el incremento del flujo migratorio inverso desde Panamá hacia Colombia, que genera nuevas necesidades de atención y protección.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría impulsando al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como candidato a próximo secretario general de Naciones Unidas, según informó este martes el diario New York Post, que cita a fuentes cercanas al mandatario.Según fuentes cercanas al presidente citadas por el diario, Trump considera que Infantino, de 56 años, es una persona respetada internacionalmente y con capacidad para unir a diferentes sectores, una valoración que habría surgido en parte de la estrecha relación que ambos han desarrollado durante la organización del Mundial de 2026. El próximo secretario general de la ONU será elegido este año para suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato termina a finales de diciembre, y deberá contar primero con la recomendación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene poder de veto, antes de ser confirmado por la Asamblea General.Durante sus dos periodos en la Casa Blanca, Trump ha mantenido una relación tensa con Naciones Unidas y ha cuestionado el papel de los organismos multilaterales, además de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima, anunciar su salida de la Organización Mundial de la Salud y abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su primer mandato. La relación entre Trump e Infantino se estrechó durante la celebración del Mundial de 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, con ambos apareciendo juntos en diversos actos vinculados al torneo y el presidente estadounidense recibiendo en diciembre el primer Premio de la Paz de la FIFA, otorgado por el organismo dirigido por el suizo.
Un hombre murió tras prenderse fuego este jueves frente a la sede en Nueva York de las Naciones Unidas, sin que el incidente afectara a más personas, según informó la Policía.El suceso se reportó cerca de las 18:30 hora local (22:30 GMT) en la Avenida Primera y la calle 42. La víctima fue llevada a un hospital cercano donde fue declarado muerto.El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, en inglés) investiga qué motivó al hombre a prenderse fuego.La plataforma de noticias BNO identificó a la víctima como Logba Rangzen, un activista que supuestamente se inmoló envuelto en la bandera del Tibet.Las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima. El hombre habría transmitido el hecho en sus redes sociales.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas y el Equipo Local de Coordinación de Antioquia advirtieron sobre el deterioro de la situación humanitaria en el municipio de Briceño, Antioquia, por cuenta de la persistencia de la confrontación entre grupos armados, que se disputan corredores estratégicos para el manejo de economías ilícitas como la minería ilegal.De acuerdo con la OCHA, entre enero y mayo de 2026 se registraron múltiples emergencias humanitarias que han dejado al menos 290 personas desplazadas, equivalentes a 160 familias, así como cerca de 902 personas confinadas, correspondientes a 362 familias, principalmente en zonas rurales del municipio.El informe advierte además sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre ellas reclutamiento y uso de menores de edad, desapariciones forzadas, homicidios selectivos, instalación de artefactos explosivos, ataques con drones y restricciones a la movilidad de las comunidades.Según OCHA, durante enero se presentó un evento de desplazamiento masivo que dejó 48 personas afectadas y un confinamiento que impactó a cerca de 554 personas. Posteriormente, en febrero, se reportó el desplazamiento de 15 docentes y sus familias. Luego, desde el 19 de abril, se registró otro desplazamiento masivo de 227 personas y un nuevo confinamiento que afectó a 348 habitantes de distintas veredas.El informe también alerta por el impacto del conflicto sobre la población infantil y el sistema educativo. En enero, ataques con drones en la vereda El Roblal afectaron una escuela, una capilla y un puesto de salud, provocando la suspensión de clases en ocho centros educativos rurales y afectando a cerca de 230 niños, niñas y adolescentes. En abril, un nuevo ataque en el corregimiento de Las Auras volvió a impactar infraestructura educativa y viviendas civiles. Además, OCHA señaló que durante mayo una motocicleta bomba explotó en el parque principal de Briceño y dejó al menos 12 personas lesionadas, entre ellas 10 civiles.“En lo corrido del año también se han documentado múltiples casos de reclutamiento, uso y utilización de NNA, así como su traslado mediante mecanismos informales fuera de las rutas institucionales de protección”, señala el informe.La organización humanitaria también manifestó preocupación por las restricciones al acceso a derechos como salud, educación, alimentación, vivienda y libertad de movimiento, así como por el riesgo de reclutamiento de menores y el retorno de familias.“También preocupan graves incidentes contra la misión médica evidenciando la violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), incluyendo la interceptación de ambulancias, el homicidio de un paciente y afectaciones a instalaciones de salud”, agrega el documento.El informe agrega que el homicidio de un joven periodista en el corregimiento de Travesías, ocurrido el pasado 5 de mayo, obligó a realizar una misión humanitaria liderada por un organismo internacional y la Defensoría del Pueblo para la recuperación de su cuerpo.“Sumado a lo anterior, alerta la debilidad y vulnerabilidad institucional por amenazas contra funcionarios de la alcaldía (algunos renunciaron), algunos de ellos se han desplazado, situación que limita la presencia y respuesta a las afectaciones en las zonas afectadas, en especial las rutas de atención institucionales”.En materia de necesidades humanitarias, OCHA indicó que se requieren kits de alojamiento, y asistencia alimentaria inmediata. “Se identifican necesidades relacionadas con el restablecimiento y fortalecimiento de la atención en salud, incluyendo servicios de urgencias, atención a personas heridas por explosiones y seguimiento a afectaciones físicas derivadas del conflicto”.Asimismo, el informe advierte la necesidad de fortalecer las rutas de atención y protección para niños, niñas y adolescentes, implementar medidas frente al riesgo de reclutamiento forzado y reforzar la protección de docentes, líderes sociales y misiones médicas en el territorio.
El mecanismo internacional de expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas para promover la justicia e igualdad raciales en la aplicación de la ley presentó los resultados preliminares de su visita a Colombia, en la que recorrió distintas ciudades para documentar denuncias relacionadas con racismo sistémico, perfilamiento racial y uso excesivo de la fuerza contra comunidades afrodescendientes.La misión, que analiza el impacto de las prácticas policiales y el acceso a la justicia, concluyó que en el país persiste un “racismo estructural, sistémico e histórico”, que continúa generando desigualdades, violencia y exclusión.Víctor Rodríguez, integrante de la comisión, aseguró que durante la visita pudieron constatar que el racismo en Colombia “está incrustado en la estructura social” y advirtió que las comunidades afrodescendientes siguen enfrentando discriminación en distintos ámbitos, especialmente en el sistema de justicia y en las actuaciones policiales.“En Colombia efectivamente hay racismo estructural, hay racismo sistémico. Es un racismo incrustado en la estructura social, muchas veces inconsciente, pero normalizado, naturalizado e invisibilizado”, señaló Rodríguez.Entre los hallazgos expuestos por la misión, se encuentran denuncias sobre perfilamiento racial en diferentes ciudades, donde jóvenes afrodescendientes aseguraron ser objeto frecuente de requisas, comparendos y detenciones injustificadas.La comisión también recibió testimonios de familias que denunciaron presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de Policía, así como demoras e impunidad en las investigaciones judiciales.Uno de los puntos más delicados identificados por la comisión fue la situación en Chocó y particularmente en Quibdó, donde la misión aseguró haber encontrado vacíos institucionales y una presencia insuficiente del Estado y de la fuerza pública en varias zonas del territorio.“Esos vacíos han sido cubiertos por grupos armados ilegales al margen de la ley, donde la policía no interviene, donde la policía no está, y donde la población queda en un fuego cruzado. Este es un tema alarmante, es un tema que el estado tiene que atender como una prioridad, es un tema donde estas personas están en en un limbo total, y a veces ni se sabe cuáles son esos, digamos, grupos ilegales para poderlos identificar, porque proliferan cada vez más, y a veces ni se sabe quiénes son los que actúan, quiénes son los que controlan”, afirmó Rodríguez.En Cartagena, los integrantes de la comisión alertaron sobre procesos de segregación urbana y desplazamiento de comunidades afrodescendientes hacia zonas periféricas, además de prácticas discriminatorias en espacios turísticos y comerciales.La comisión también expresó preocupación por las condiciones encontradas en centros de detención transitoria visitados durante su recorrido. Los expertos señalaron que muchas personas permanecen en condiciones “infrahumanas”, pese a no haber sido condenadas.“Llama la atención que la Corte Constitucional se ha manifestado sobre el estado de inexequibilidad de esos centros transitorios, y que no haya habido un un cumplimiento integral de esas resoluciones. Discúlpenme, pero las personas privadas de la libertad no son responsables de sufrir esas condiciones carcelarias producto de lagunas procesales, normativas o institucionales, no resueltas todavía, lo que vendría en responsabilidad internacional”, agregó Rodríguez.Finalmente, entre las recomendaciones preliminares, la misión pidió fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas frente al perfilamiento racial y el uso excesivo de la fuerza, mejorar los sistemas de recopilación de datos sobre violencia racial, e insistieron en atender con urgencia la situación de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria.Los expertos también insistieron en la necesidad de no reducir la capacidad ni el presupuesto de la Defensoría, al considerar que es una de las pocas instituciones con presencia y acceso a territorios apartados donde las comunidades siguen enfrentando graves riesgos de violencia y abandono estatal.
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia expresó su preocupación por la situación que enfrentan las personas migrantes y refugiadas en el país.La ONU advirtió que uno de los principales factores de riesgo está relacionado con las condiciones asociadas “a rutas de tránsito y zonas de frontera bajo control de grupos armados no estatales”.El organismo también alertó sobre “los desafíos en los sistemas de asilo y de regularización”, además de la situación de quienes ejercen liderazgo y defensa de derechos.Este pronunciamiento se dio en el marco del acompañamiento al lanzamiento del Informe Anual 2026 de Amnistía Internacional sobre la situación global de los derechos humanos, en el que también se hizo énfasis en la realidad de migrantes y refugiados en Colombia y Venezuela.En ese contexto, la Oficina reiteró su llamado “a garantizar los derechos humanos de todas las personas migrantes y refugiadas, sin distinción de su condición, con especial atención a aquellas en situación vulnerable o en mayor riesgo de sufrir violaciones de sus derechos humanos”.Asimismo, recordó que mantiene un seguimiento constante a esta problemática.“ONU Derechos Humanos también monitorea la situación de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas y emite recomendaciones y actúa para que se garantice el plena acceso a sus derechos, sin discriminación”.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Colombia pidió una respuesta humanitaria inmediata y articulada entre el nivel local y nacional frente a la emergencia por las inundaciones en Córdoba. La petición se realizó después de que el organismo advirtiera que la magnitud de la crisis ya desbordó la capacidad de las autoridades locales y que está afectando de manera desproporcionada a comunidades históricamente golpeadas por el conflicto armado.OCHA Colombia pidió reforzar de manera urgente los albergues y asentamientos temporales con carpas, kits de alojamiento y de higiene y apoyo técnico para su administración, garantizando condiciones mínimas de protección como espacios seguros, iluminación y convivencia adecuada. Además, advirtió que en estos espacios aumentan los riesgos de violencias basadas en género y de afectaciones a los menores de edad, por lo que solicitó fortalecer las rutas de atención, los mecanismos de protección y los comités comunitarios.Uno de los principales señalamientos de la OCHA está en los vacíos de información y registro. El organismo advirtió que no existen censos consolidados ni evaluaciones actualizadas de daños y necesidades, lo que aumenta el riesgo de que familias damnificadas queden por fuera de la atención humanitaria. Además, alertó que la respuesta no puede limitarse a la fase de emergencia y debe incluir acciones de recuperación productiva, protección de medios de vida, prevención de nuevos desplazamientos y medidas frente a riesgos adicionales, como la posible presencia de minas y artefactos explosivos en algunas zonas afectadas.Esta alerta se realizó teniendo en cuenta que se evidencian afectaciones en grandes hectáreas de cultivos para comercialización y autoconsumo que, como lo señala la Oficina, afecta directamente la seguridad nutricional y la autonomía económica de las familias. Además de la pérdida de animales domésticos y de crianza, que figura como el principal activo productivo de muchas familias rurales. OCHA Colombia reiteró que la situación agrava los niveles de vulnerabilidad en los que ya vive la población, en gran parte, víctimas del conflicto armado.Las peticiones y advertencias se presentan paralelamente a que OCHA Colombia entregara un balance en el que se confirmó que de los 30 municipios del departamento ya son 17 los afectados. Las emergencias se presentaron entre el 1 y el 3 de febrero, cuando lluvias intensas provocaron inundaciones, deslizamientos, el rebose del embalse de Urrá y el aumento de los ríos Sinú y San Jorge, lo que obligó a realizar evacuaciones forzadas en varias zonas del departamento.Las zonas más afectadas están en Montería, con más de 36.000 personas damnificadas, también municipios de la zona costera, donde ocurrieron tres de los cuatro fallecimientos que registraron las autoridades y el sur del departamento donde se han habilitado albergues por evacuaciones masivas. Entre los daños más graves están la pérdida de viviendas, la afectación de cultivos, el daño en vías, colegios y centros de salud, y la pérdida de animales de cría, que son el principal sustento de muchas familias rurales.
El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó este martes, en el arranque del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General, que los principios sobre los que se fundaron las Naciones Unidas hace ocho décadas, "están bajo asedio" y que "los pilares de paz y progreso se tambalean por el peso de la impunidad, la desigualdad y la indiferencia".En su discurso de apertura, Guterres trazó un pesimista panorama del estado del mundo: "Naciones soberanas invadidas, el hambre utilizada como arma, la verdad silenciada (...) ¿Qué clase de mundo vamos a elegir? ¿Un mundo de poder desnudo, o un mundo de leyes? ¿Un mundo que es una lucha de egoísmos o uno donde las naciones se conciertan?, se preguntó el portugués.Las Naciones Unidas -subrayó Guterres- "son más que un lugar de reunión: son el compás moral, una fuerza de paz y de mantenimiento de paz, un guardián de la legalidad internacional, un catalizador del desarrollo sostenible, un salvavidas para pueblos en crisis y un faro para los derechos humanos", dijo el secretario en el momento inaugural de la semana de alto nivel en el organismo.Guterres, que a sus 76 años está ya en la recta final de su segundo mandato (termina en diciembre de 2026), lidia en este octogésimo aniversario con una institución en crisis financiera estructural, a la que se suma un cuestionamiento de sus principios, por parte del nuevo gobierno estadounidense de Donald Trump, que ha recortado su financiación y ha abandonado varios de los acuerdos multilaterales.Sin embargo, Guterres no mencionó directamente a Estados Unidos ni menos a su presidente, con el que hoy se entrevistará, tras una incomunicación de más de diez meses.El secretario general recordó que la ONU "no es un sueño de perfección, sino una estrategia práctica para la supervivencia de la humanidad", fundada sobre las premisas de paz sobre conflicto y de cooperación sobre caos.La ONU -recordó- se basa en una carta fundacional "que no es opcional", aunque algunos países "actúan como si las leyes no se les aplicaran a ellos" sin sufrir consecuencias, pero recordó que "la impunidad es la madre del caos y ha engendrado algunos de los conflictos más atroces de todos los tiempos".El diplomático tuvo palabras también para los recortes a la cooperación internacional emprendidos por EE.UU. y secundados por otros grandes donantes como Alemania, Reino Unido o Francia: "Los recortes a la ayuda hacen estragos demoledores. Son una sentencia de muerte para muchos, un futuro robado para muchos más", alertó.Esta es "la paradoja de nuestro tiempo -concluyó el secretario general de la ONU-: sabemos lo que necesitamos y aún así estamos arrojando el salvavidas que lo hace posible".
A 24 horas de un nuevo clásico, Atlético Nacional confirmó la lista de convocados para enfrentar a Millonarios por la Liga BetPlay en una nueva fecha de la Liga BetPlay. La gran duda para este partido era si estaría o no James Rodríguez, pues según Lucas González, no se encontraba al 100 %, sin embargo, el '10' fue anunciado para el duelo.Lista de convocados de Atlético Nacional para enfrentar a MillonariosArqueros34. Franco Armani25. Luis MarquínezDefensas3. Néider Parra16. William Tesillo15. Andrés Reyes4. César Haydar6. Andrés Román27. Yeicar Perlaza20. Milton CascoVolantes80. Juan Manuel Zapata22. Elías Cabrera26. Filipe Marín31. Xavi Ríos23. James RodríguezDelanteros17. Cristian Arango30. Kevin Parra7. Marlos Moreno29. Andrés Sarmiento99. Ian Poveda24. Juan José Rosa¿Cuándo y a qué hora ver EN VIVO el duelo Atlético Nacional vs. Millonarios?Este duelo por la Liga BetPlay se llevará a cabo este jueves, 24 de septiembre, a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Se espera el estadio totalmente lleno para el compromiso entre verdolagas y embajadores.Gracias al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, tanto hinchas verdolagas como embajadores, podrán seguir EN VIVO, online y gratis este duelo por la Liga BetPlay a través de la señal 89.9FM y el canal de YouTube en la noche de este 24 de septiembre.Así está el historial entre Atlético Nacional y MillonariosEl primer enfrentamiento entre ambos equipos se disputó el 3 de octubre de 1948, cuando Atlético Municipal, hoy Atlético Nacional, derrotó 4-3 al conjunto capitalino.Desde entonces, Millonarios mantiene ventaja en el historial general. El cuadro embajador suma 115 victorias, mientras que Atlético Nacional registra 86 triunfos. Los dos equipos han empatado en 101 oportunidades.En los partidos correspondientes a la Liga, la ventaja también favorece a Millonarios, que acumula 106 victorias frente a las 81 de Atlético Nacional. Además, se han registrado 90 empates en la primera división.
Una actividad académica dirigida a estudiantes de cuarto y quinto de primaria desató una controversia en Villa del Rosario, Norte de Santander, luego de que padres de familia denunciaran que los menores recibieron una guía en la que se les solicitaba dibujar las insignias del ELN y las Farc.El caso se presentó en el Instituto Técnico María Inmaculada y se conoció públicamente después de que fotografías de la actividad y videos con las denuncias de algunos padres de familia comenzaran a circular en redes sociales. Según el material divulgado, la guía habría sido entregada el pasado 22 de septiembre y contenía una pregunta relacionada con la forma en que los estudiantes recordaban las insignias de estas estructuras armadas.La situación generó cuestionamientos entre algunas familias, que pidieron conocer cuál era el propósito pedagógico de la actividad y bajo qué contexto fueron abordados estos contenidos con niños de primaria. La preocupación tomó mayor relevancia por tratarse de un municipio fronterizo de Norte de Santander, un territorio que durante años ha enfrentado los efectos de la violencia y la presencia de diferentes grupos armados.Ante la denuncia, la Secretaría de Educación de Norte de Santander solicitó al rector de la institución un informe detallado para establecer las circunstancias en las que fue planteada la actividad y determinar si hacía parte de la planeación académica del establecimiento.La secretaria de Educación, Hilse Aldana Pérez, confirmó que la dependencia departamental conoció el caso a través de un video difundido en redes sociales y que se activará la ruta correspondiente para esclarecer lo sucedido.“En la Secretaría de Educación de Norte de Santander conocimos un video que circula en redes sociales, en el que una persona denuncia a una docente de una institución educativa de Villa del Rosario por solicitar a sus estudiantes realizar dibujos alusivos a grupos armados al margen de la ley. De manera inmediata solicitamos al rector del establecimiento un informe claro sobre los hechos denunciados”, explicó la funcionaria.La Secretaría de Educación indicó que, una vez sea recibido el informe, el área de Inspección y Vigilancia determinará las actuaciones que correspondan. Además, desde la institución educativa se adelanta una revisión interna para establecer el contexto en el que fue elaborada y entregada la guía.La controversia también ha abierto el debate sobre la manera en que temas relacionados con el conflicto armado deben ser abordados dentro de las aulas, particularmente cuando se trata de estudiantes de primaria. El desafío está en establecer si la actividad hacía parte de un ejercicio académico sobre el contexto histórico y social del territorio o si, por el contrario, se produjo una situación que requiere otro tipo de explicación.En medio de esta discusión, Luis Fernando Niño Alto, alto consejero de Paz, señaló que se trata de una situación delicada que debe recibir la atención de las autoridades para conocer con precisión qué ocurrió y cuál era la intención detrás de la actividad.“Es una situación delicada que requiere toda la atención pertinente. Lo primero es conocer el contexto en el que se desarrolló esta actividad y establecer si realmente tuvo alguna relación con el conflicto armado o si se trató de una situación ajena a ese contexto. Antes de sacar conclusiones, es necesario esclarecer los hechos y escuchar a todas las partes”, indicó.Mientras avanzan las verificaciones, las autoridades educativas buscan establecer si el material que circuló en redes sociales corresponde a la totalidad de la actividad o si, como ha señalado la institución, algunos de los elementos conocidos públicamente fueron presentados sin todo el contexto académico en el que fueron planteados.De hecho, representantes del colegio han señalado que el material difundido debe ser revisado dentro de su contexto y que la institución adelanta las respectivas verificaciones internas. El caso también fue llevado a instancias directivas del establecimiento para revisar las circunstancias en las que se asignó la actividad.Por ahora, no existe un informe definitivo que establezca las condiciones exactas en las que fue elaborada y entregada la guía ni que determine si hubo alguna irregularidad. La investigación deberá establecer cuál era el objetivo pedagógico del ejercicio, si estaba contemplado dentro de la planeación curricular y cuáles fueron las instrucciones impartidas a los estudiantes.
Una prueba de ADN que nunca se practicó terminó con un juez condenado a prisión. La Corte Suprema de Justicia revocó la absolución y condenó al juez Fredy José Puche Causil a 32 meses de prisión por el delito de prevaricato por omisión, tras establecer que omitió voluntariamente una diligencia fundamental dentro de un proceso de filiación.La decisión, con ponencia del magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán, también le impuso una multa de 13,33 salarios mínimos, que equivalen a más de 23 millones de pesos, y una inhabilidad de 60 meses para ejercer funciones públicas. Además, ordenó la pérdida de su cargo como Juez Promiscuo de Familia de Cereté y negó que pudiera cumplir la condena bajo prisión domiciliaria.El caso comenzó en julio de 2011, cuando un ciudadano presentó una demanda de filiación extramatrimonial ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Cereté para establecer legalmente su paternidad frente a los herederos de un hombre fallecido. En estos procesos, la Ley 721 de 2001 establece que el juez debe ordenar de oficio y garantizar la práctica de la prueba científica de ADN, por su importancia para determinar el estado civil y la personalidad jurídica.En abril de 2015, el juez abrió el proceso a pruebas y ordenó que el análisis genético se realizara mediante la exhumación del cadáver del presunto padre. El demandante cuestionó esa decisión y pidió que se tomaran muestras a familiares vivos, debido a sospechas sobre una posible alteración del cuerpo en el cementerio.El expediente regresó al despacho en marzo de 2016, pero el juez no envió los oficios a Medicina Legal ni realizó las gestiones administrativas necesarias para coordinar la exhumación. En su lugar, continuó con otras actuaciones y convocó audiencias testimoniales. Luego, en abril de 2016, cerró de manera sorpresiva la etapa probatoria sin que se hubiera realizado el examen de ADN, pese a los reclamos del afectado.En mayo de 2016, el juez dictó un fallo en contra del demandante al considerar que no había logrado demostrar su condición de hijo.Al revisar el caso, la Sala descartó que hubiera existido una imposibilidad real para practicar la prueba y señaló que el afectado solo tuvo poco más de un mes antes de que el despacho cerrara abruptamente la etapa probatoria. Para la Corte, el juez conocía plenamente su obligación y decidió voluntariamente no cumplirla.Finalmente, la Corte concluyó que, al tratarse de un delito doloso contra la función pública, la pena deberá cumplirse en un centro carcelario una vez el fallo quede en firme.
La celebración de una boda en Ourense, España, terminó de forma inesperada cuando una discusión entre los recién casados involucró a otros familiares y terminó con destrozos durante el banquete. La situación escaló hasta requerir la presencia de la Guardia Civil (policía local del lugar).Discusión entre los recién casados terminó en destrozosLos hechos ocurrieron durante el banquete celebrado en una carpa instalada en el exterior de un lugar llamado A Casa da Tulla, un establecimiento de turismo rural del siglo XVII ubicado en Gomesende, Ourense. De acuerdo con los responsables del establecimiento, la pelea comenzó con una discusión entre la pareja y posteriormente se sumaron familiares.La situación fue aumentando de intensidad hasta que algunos asistentes comenzaron a romper platos y vasos pertenecientes a la empresa de comida contratada para el evento. Ante lo ocurrido, los responsables de la organización solicitaron la intervención de la Guardia Civil.Cuando los agentes llegaron al lugar, la pelea ya había terminado. Sin embargo, encontraron restos de vajilla y cristalería en el suelo. Los responsables de la casa rural aclararon que el inmueble no sufrió daños materiales, ya que los destrozos se concentraron en la carpa donde se desarrollaba la celebración.Según información publicada por un medio local (La Región de Ourense), la disputa habría comenzado por una supuesta exigencia de la novia, de origen colombiano, para recibir 40.000 euros correspondientes a los regalos de boda. El novio, originario de Ramirás, se habría negado a entregar dicha cantidad, lo que habría provocado una fuerte discusión.El medio local también señaló que durante el altercado se habrían producido agresiones verbales y físicas. Además, algunos familiares del novio habrían pedido a los invitados que no le entregaran dinero en efectivo como regalo.Finalmente, no se presentó ninguna denuncia por lo ocurrido. La Guardia Civil indicó que el padre del novio incluso se habría ofrecido a asumir el costo de los daños ocasionados durante el enfrentamiento.Infidelidad de por medioTras la ceremonia, la novia habría reconocido ante personas cercanas que tanto ella como otros asistentes habían bebido durante la celebración y que, en medio del conflicto, terminó rompiendo parte de la vajilla y la cristalería.Según la información publicada por La Región de Ourense, la mujer también habría tenido un encuentro íntimo con uno de los jóvenes que participaban en la organización del evento, después de retirarse con él a los baños durante la celebración.Además, habría manifestado a sus amigos que no sentía nada por su esposo y que ya había puesto el divorcio en manos de su abogado. El marido, por su parte, se habría opuesto a la separación y le habría pedido continuar con la relación.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas que en su país habrá elecciones con condiciones de igualdad "para todos" y exaltó el diálogo político iniciado con un sector de la oposición para avanzar en ese sentido."En Venezuela habrá elecciones y en esa dirección hemos iniciado un dialogo político con sectores de la oposición (...) en igualdad de condiciones para todos", dijo Rodríguez en su primera intervención como mandataria encargada en la sesión de la ONU.Sin precisar una fecha para la elección, Rodríguez fue insistente en que se darán garantías para "todas las fuerzas políticas"."Una elección debe ser una solución no un generador de conflictos irreconciliables", añadió la mandataria encargada que ha sido cuestionada por diversos sectores de la sociedad civil que demandan comicios presidenciales tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.Asimismo, durante su discurso de 18 minutos, resaltó que Venezuela inició "un proceso de transformación democrática institucional y verificable para construir un país más libre para todos y más reconciliado consigo mismo".La presidenta encargada llegó la madrugada del lunes a Nueva York para asistir al 81.ª periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y sostuvo un histórico encuentro este martes con el presidente Donald Trump, casi nueve meses después del ataque militar estadounidense en Caracas.La reunión se dio en el lujoso hotel Lotte Palace, en el marco de una recepción ofrecida por Trump a mandatarios extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU, en una cita impensable pocos meses atrás, cuando Washington y Caracas mantenían rotas sus relaciones diplomáticas desde 2019.
