La comunidad de San Isidro de Chichimene, en Acacías, Meta, pidió abrir una mesa de diálogo con Ecopetrol antes de que avance el proceso para establecer una eventual indemnización por los daños ocasionados durante unas protestas de 2017.
El llamado surge luego de que el Consejo de Estado determinara que algunas de las acciones realizadas durante esas manifestaciones superaron los límites constitucionales de la protesta pacífica.
El alto tribunal estudió las protestas realizadas entre el 31 de julio y el 15 de agosto de 2017 en la zona rural de Acacías, donde hubo bloqueos en la Estación Chichimene de Ecopetrol. Según la decisión, estas acciones restringieron el ingreso de trabajadores, equipos e insumos y afectaron la operación.
Por estos hechos, el Consejo de Estado declaró responsables solidariamente a la Corporación Comunitaria de Juntas de Acción Comunal del Área de Influencia Directa de San Isidro Chichimene y a Sandra Patricia Ruiz Riaño por los perjuicios ocasionados a Ecopetrol.
La empresa señaló que 20 pozos tuvieron producción diferida, es decir, dejaron temporalmente de producir con normalidad, con cerca de 32.000 barriles afectados y pérdidas inicialmente estimadas en más de 4.056 millones de pesos.
El fallo estableció un plazo de 60 días para que Ecopetrol presente, mediante una prueba técnica, cuánto fueron realmente los perjuicios. Ese cálculo deberá establecer qué producción se dejó de obtener y cuánto representaba económicamente en 2017.
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Precisamente, la preocupación de la comunidad está en quién asumiría ese eventual pago. El abogado de la comunidad, Nelson Rodríguez, señala que se trata de 14 veredas y juntas de acción comunal que, según explica, no manejan recursos económicos para responder por una indemnización de esa magnitud.
Debido a esto, sostiene que la discusión no debería limitarse al daño económico de Ecopetrol, sino también tener en cuenta las condiciones sociales de las comunidades ubicadas en una zona donde se concentra una importante actividad petrolera.
El abogado asegura que, durante años, las comunidades han reclamado mayor atención del Gobierno y de la empresa petrolera. Entre sus principales preocupaciones menciona la falta de servicios como agua, luz y alcantarillado, además de la pérdida de la vocación agrícola de la zona, que atribuye a los cambios generados por décadas de actividad petrolera y a problemas como la sequía.
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"Hacer un llamado al presidente, decirle, 'Venga, más allá de la explotación del petróleo, listo, no estamos oponiéndonos a eso, pero al menos que a nosotros como comunidad nos quede algo de ese producto que se saca en nuestro terreno. Nos quede algo: buenas vías, una infraestructura, vivienda de interés social que no hay.", dijo el abogado Nelson Rodríguez.
Frente a este escenario, la comunidad dice que no busca recurrir nuevamente a las vías de hecho y plantea, en cambio, una mesa de diálogo con Ecopetrol, con el objetivo de discutir cómo atender los efectos del fallo y, al mismo tiempo, encontrar mecanismos para mejorar la relación entre la empresa y las 14 juntas de acción comunal.