El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) prorrogó hasta el 30 de junio de 2026 el contrato de prestación de servicios profesionales altamente calificados suscrito con la firma Amadeus Consultancy Limited, cuyo valor asciende a dos millones de libras esterlinas, equivalentes a 10.000 millones de pesos.
El contrato, firmado el 9 de enero de 2026 y con vigencia inicial hasta el 30 de abril, tiene como objeto prestar asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, enfocada en análisis normativo, doctrinal y procedimental sobre regímenes de sanciones financieras internacionales aplicados por autoridades extranjeras, además de la elaboración de conceptos técnicos y análisis de riesgo institucional.
Una misión enfocada en la defensa jurídica internacional del presidente Gustavo Petro tras las sanciones financieras de Estados Unidos, luego de su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como la Lista Clinton.
En el documento de prórroga, el DAPRE explicó que la extensión del contrato responde a la necesidad de garantizar continuidad en la asesoría jurídica internacional, debido a que los asuntos abordados requieren acompañamiento permanente y estrategias técnicas especializadas.
La Presidencia también argumentó que el contrato no corresponde a una actividad de ejecución inmediata, sino a un proceso progresivo relacionado con asuntos complejos ante autoridades extranjeras y mitigación de riesgos reputacionales y jurídicos.
De acuerdo con el documento, la prórroga no modifica el valor inicial del contrato, que se mantiene en 10.000 millones de pesos. Hasta el momento se ha realizado un primer pago por 2.500 millones de pesos y quedan pendientes tres desembolsos adicionales por un total de 7.500 millones de pesos, sujetos a la aprobación de informes y verificación de cumplimiento contractual.
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La supervisión del contrato señaló además que durante la ejecución surgieron situaciones tributarias no previstas inicialmente, entre ellas la obligación del contratista de inscribirse ante la DIAN y asumir el pago del IVA correspondiente a los servicios prestados. Según el documento, estos trámites afectaron la programación original de pagos y obligaron a adelantar gestiones administrativas y fiscales adicionales.
Como parte de los cambios incorporados en la prórroga, el DAPRE creó una mesa técnica de apoyo a la supervisión del contrato. El objetivo de esta instancia sería revisar de manera “oportuna e inmediata” los informes entregados por el contratista para verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas y facilitar los desembolsos pendientes.
En enero, cuando se pactó el contrato, el presidente había defendido el uso de recursos públicos para su defensa y además responsabilizó a la oposición de su inclusión en la lista Clinton. “Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles . Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más , apátridas”, escribió el mandatario el 17 de enero de este año.
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