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Una millonaria deuda está acumulando el Gobierno Nacional por la decisión de congelar las tarifas de los peajes desde 2023.
Así lo advirtió la Contraloría General en un informe presentado desde Cartagena, en el cual explicó que la deuda alcanzaría un billón de pesos.
De acuerdo con el ente de control, este valor incluso podría llegar a los 1.2 billones si no se toman medidas que permitan hacer un reajuste inmediato de la tarifa.
Según detalla el informe, en 2023 se alcanzó un valor cercano a los $610.000 millones, y si no se autoriza prontamente el ajuste pendiente del 4,64%, la afectación en 2024 podría alcanzar los $410.000 millones, para un total de $1,02 billones, los cuales deberán ser pagados por la ANI con cargo al Presupuesto General de la Nación.
“En enero de este año se hizo el incremento que correspondía al que se debía hacer en enero del año pasado: 13,12%; en julio se hizo otro incremento del 4,62%. Queda faltando un 4,62% de incremento para poder cubrir 2022 y 2023, y eso ha costado un billón y sigue subiendo rápidamente”, explicó Luis Fernando Mejía, contralor delegado para el sector de infraestructura.
Por su parte, el vicecontralor Carlos Zuluaga señaló que esta medida no solo es un riesgo financiero para 11 concesiones privadas, sino que también pone una carga adicional a los contribuyentes.
“Quienes usan las carreteras y las vías con sus vehículos no pagan ese incremento de peaje; efectivamente les toca a los colombianos pagarlo vía contribución del Presupuesto General de la Nación. Por lo tanto, hacemos un llamado para que el gobierno tome una decisión que permita resolver de manera inmediata la forma en que se descongelarán estas tarifas, y, por supuesto, evitar que más adelante sea la Nación la que tenga que pagar”, sostuvo.
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El vicecontralor Zuluaga advirtió también que el pago de esta deuda acumulada sería otro gran "reto" para la Nación, es decir, otro problema en medio de la negociación de estos contratos, pues esto no estaba establecido en la modalidad de contrato.
Entretanto, la Contraloría también detalla que las cifras podrían incrementarse sustancialmente debido a los posibles efectos de las decisiones que adopten los cuatro tribunales arbitrales ya iniciados por los concesionarios viales. Asimismo, insisten en que esta situación podría llevar incluso a la terminación anticipada de algunos de los 11 contratos vigentes.
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