El Gobierno nacional ya publicó tres resoluciones relacionadas con el fin de los proceso de paz total. En una primera medida, el presidente Abelardo De La Espriella dio por terminada la Zona de Ubicación Temporal que se había pactado con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, uno de los grupos disidentes de las Farc.
"La Oficina del Consejero Comisionado de Paz coordinará, con plazo máximo el 30 de septiembre de 2026, la concurrencia de las entidades competentes para culminar las actuaciones administrativas, documentales, sociales, migratorias, jurídicas, logísticas y de seguridad necesarias para el cierre ordenado de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal de Valle del Guamuez -ZUT-ZOCIUT- y para garantizar la continuidad de las rutas institucionales aplicables a las personas reconocidas como desmovilizados y acreditados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, mediante la Resolución No. 190 del 12 de junio de 2026”, dice la resolución firmada por el presidente.
Pero por otro lado también se le revocó el reconocimiento de negociadores a los miembros del Gobierno Petro que participaron en diálogos de paz con el ELN. La jefe negociadora de este proceso era Vera Grabe.
“Que, en ejercicio de la facultad constitucional y legal del presidente de la República para decidir cómo, cuándo y con quiénes adelantar diálogos con vocación de paz, y atendiendo los hechos que han afectado la confianza, continuidad y estabilidad del proceso, se advierte que no existen condiciones suficientes para verificar una voluntad real, sostenida y comprobable de paz por parte del Ejército de Liberación Nacional -ELN-“, advierte la resolución.
Además, el mandatario también revocó la condición de negociadores a los miembros del gobierno Petro que hicieron parte de los diálogos con el Clan del Golfo.
“Que, en tal medida, corresponde al presidente de la República, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales para la preservación del orden público y la conducción de la política de paz, definir la oportunidad, alcance, condiciones e interlocutores de los acercamientos o conversaciones sociojurídicas con el Grupo Armado Organizado autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia EGC-, con miras a verificar su voluntad real de sometimiento a la justicia, desmantelamiento y tránsito efectivo a la legalidad”, dice el documento.