La suspensión de los diálogos de paz con los grupos armados y el inicio de una nueva ofensiva militar representan un cambio en la estrategia de seguridad del Gobierno de De La Espriella. Para el politólogo y profesor de investigación criminal Jorge Mantilla, la decisión permite recuperar la iniciativa militar del Estado en los territorios, pero plantea importantes desafíos que deben ser atendidos para evitar que las operaciones no tengan resultados sostenibles.
Uno de los principales retos es el impacto humanitario que pueden generar las acciones militares, especialmente por el riesgo de desplazamientos forzados y confinamientos de comunidades que permanecen en zonas bajo control de organizaciones criminales. A esto se suma la falta de capacidades de las Fuerzas Militares. Según Mantilla, el déficit financiero de estas instituciones se acerca a los $14 billones.
El experto considera que la ofensiva debe ir más allá de la captura o neutralización de cabecillas. Aunque estas acciones pueden debilitar temporalmente a las organizaciones, también pueden provocar su fragmentación y el surgimiento de nuevos grupos. Además, señaló que durante los últimos años las estructuras armadas se han transformado y funcionan cada vez más como redes, con economías ilícitas diversificadas.
En el caso del ELN, Mantilla advirtió que la organización representa un desafío particular debido a su presencia en la frontera colombo-venezolana y a su capacidad para conectar diferentes estructuras territoriales. Por ello, considera fundamental impedir que consolide corredores entre el oriente y el occidente del país, además de enfrentar sus fuentes de financiación y su presencia en las ciudades.
Para el analista, la cooperación internacional también será determinante, especialmente con Estados Unidos y Ecuador, así como el fortalecimiento de las capacidades militares y de inteligencia.
Mantilla respaldó la decisión de enfrentar militarmente a los grupos armados, pero hizo una precisión: “El uso de la fuerza por sí mismo no es una estrategia”. A su juicio, la política de seguridad debe incluir componentes militares, territoriales, humanitarios, judiciales y de cooperación internacional.
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El Gobierno tendrá, según el experto, una ventana de oportunidad para recuperar el control territorial, pero deberá presentar en los próximos meses una estrategia integral que permita convertir las operaciones actuales en resultados efectivos y sostenibles a largo plazo.