Calarcá

La Fiscalía sustentó la imputación de cargos contra Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', señalado cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las FARC, por los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido en uno de los hechos; secuestro simple; desaparición forzada agravada; tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito de menor de edad, luego de que un juez de control de garantías lo declarara persona ausente.Durante la audiencia, el ente acusador relacionó al cabecilla con tres masacres entre enero de 2025 y enero de 2026 en los municipios de Calamar, San José del Guaviare y El Retorno, en medio de la confrontación entre el Bloque Jorge Suárez Briceño y el Bloque Amazonas. Según la investigación, esos hechos dejaron 54 personas muertas, entre ellas 11 menores de edad y siete integrantes del Ejército Nacional.Al exponer uno de los casos, el fiscal hizo referencia al ataque contra una unidad militar ocurrido el 27 de abril de 2025 en Guaviare, en el que murieron siete militares. Sobre ese hecho explicó “La muerte de 7 militares en Guaviare. Este hecho se presenta el día 27 de abril del año 2025. En las primeras horas de la madrugada, en jurisdicción de San José del Guaviare, integrantes del frente, actuando dentro de la estructura armada jerárquicamente organizada y bajo el dominio de mando de Alexander Díaz Mendoza, ejecutaron una acción armada que ocasionó la muerte de siete militares del Ejército Nacional. Los hechos ocurrieron cuando la unidad militar se encontraba desarrollando operaciones de estabilidad y seguridad cuando aproximadamente sobre las 5:30 de la mañana los militares fueron sorprendidos y atacados por integrantes del frente”.La Fiscalía también sustentó la imputación por los hechos registrados el 16 de enero de 2026, cuando, según el expediente, integrantes del frente Isaías Carvajal atacaron a miembros del Bloque Martín Villa. El fiscal señaló: "El 16 de enero de 2026 ejecutaron una incursión armada contra integrantes del bloque Martín Villa, estructura disidente y contraria. La acción se desplegó con un grupo de integrantes del frente Isaías Carvajal dotados de armamento de largo y corto alcance, lo que implicó una superioridad numérica aproximada de 3 a 1 frente al grupo contrario, estimado en 34 integrantes, circunstancia que colocó a las personas atacadas en una situación de desventaja material para repeler la incursión armada. Como consecuencia se produjo al menos la muerte de 27 personas, entre las cuales se encontraban 4 menores de edad”.Otro de los hechos incluidos en la imputación corresponde a la masacre ocurrida el 18 de enero de 2025 en la vereda Miravalles, jurisdicción de Calamar ,Guaviare, donde fueron asesinadas 20 personas, entre ellas siete menores de edad y trece adultos.Frente a estos tres episodios, el delegado de la Fiscalía sostuvo que existían elementos para atribuir responsabilidad al procesado por su posición dentro de la estructura armada. En ese sentido indicó: "La presencia de niños, niñas y adolescentes dentro de la estructura disidente atacada era un escenario conocido, al menos previsible y probable, para Alexander Díaz Mendoza, debido a la práctica reiterada y sistemática del reclutamiento e incorporación de menores en estos grupos disidentes. En los tres hechos los ejecutores materiales no actuaron como sujetos aislados, autónomos o desvinculados de la organización, sino como integrantes subordinados”.Agregó que “el dominio del hecho por parte de Alexander Díaz Mendoza se explica por la existencia de un aparato organizado de poder con las siguientes características: estructura jerarquizada, permanencia, capacidad armada, mandos de terreno, subordinados disciplinados, disponibilidad funcional de ejecutores, de acciones conforme a la estrategia criminal de confrontación territorial”.La imputación también incluye seis homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz ocurridos entre 2023 y 2025, así como la desaparición de un comerciante registrada el 17 de noviembre de 2023 en el municipio de El Castillo ,Meta. De acuerdo con la investigación, la víctima habría sido retenida por integrantes de la organización, sometida presuntamente a actos de tortura para obtener información y posteriormente desaparecida. Su paradero continúa siendo desconocido.De igual manera, la Fiscalía le atribuyó el reclutamiento ilícito de una adolescente de 14 años ocurrido el 20 de junio de 2023 en Garzón (Huila). Según el expediente, la menor habría sido incorporada al grupo armado, entrenada en el manejo de armas y utilizada en acciones militares hasta marzo de 2026, cuando logró escapar.Al concluir la sustentación, el fiscal afirmó que las conductas atribuidas no estaban amparadas por ninguna causal de justificación. “Llevaron a cabo sus comportamientos sin que existiera causal de justificación para la realización de los homicidios descritos. La existencia de una disputa territorial entre estructuras armadas ilegales no autorizaba jurídicamente a ordenar, coordinar, permitir o ejecutar acciones con fusiles y armas de largo y corto alcance contra grupos de personas ubicadas en el departamento del Guaviare. Tampoco existía autorización jurídica para causar la muerte de militares que desarrollaban operaciones de estabilidad y seguridad”, sostuvo.Finalmente, señaló que “las conductas fueron antijurídicas, en la medida que lesionaron el bien jurídico de la vida humana mediante la creación de riesgos prohibidos, sin que existiera autorización legal o causal que excluyera la ilicitud de los comportamientos”, y agregó que Alexander Díaz Mendoza “tenía capacidad de comprender lo ilícito de sus actos y de autodeterminarse conforme a esa comprensión”, razón por la cual, según la Fiscalía, procede el reproche penal por los hechos imputados.

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