Temor en el Nordeste de Antioquia: disidencias de 'Calarcá' están pidiendo a minas informales de Segovia y Remedios "llegar a acuerdos" para cobrar extorsiones. Líderes de este sector productivo aseguran que no se trata del único grupo armado que está solicitando este tipo de pagos.En medio de las disputas entre diferentes grupos armados en el Nordeste de Antioquia, la minería sigue siendo un renglón clave para la toma del control y el sometimiento de bandos enemigos.Así quedó evidenciado en un panfleto que ya está circulando en varias zonas rurales de los municipios de Remedios y Segovia donde el frente cuarto de la disidencias de las Farc, al mando de alias, 'Calarcá', están solicitando acuerdos con minas informales para el pago de extorsiones.En el mensaje el grupo armado menciona al menos 17 unidades de este tipo sobre las cuales aseguran que "poco a poco las vamos a estar llamando para llegar a un acuerdo".Las disidencias también aseguraron que hay unidades productivas que han hecho caso omiso a sus solicitudes y que todas aquellas minas, comerciantes y empresas que sigan este tipo de conductas serán declarados objetivos militares.Sobre la comunicación, Rubén Darío Gómez, secretario de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia - Conalminercol, reconoció que en la zona hay temor por este tipo de amenazas y que no serían las únicas de este tipo que han recibido en las últimas semanas, ya que otros grupos armados también estarían tras cobros extorsivos.Por eso, el directivo solicitó un mayor acompañamiento por parte de la fuerza pública para garantizar la seguridad, pero también permitir la captura de quienes están detrás de estos mensajes.“Ya hoy en día, hasta dos o tres vacunas están pagando en la región para que permitan las labores de la minería tradicional en todo el territorio. Esto es una preocupación enorme porque la fuerza pública, a pesar de que ya no están congelados, tampoco están entregando ningún reporte que evite estas acciones delincuenciales”, afirmó.Gómez también destacó que el mensaje difundido genera mucha más preocupación teniendo en cuenta que amenazas similares ya se han cumplido.Muestra de ello fue lo ocurrido a inicios de agosto en una mina de la vereda El Aporreado en el municipio de Segovia donde las disidencias atacaron con drones el complejo, al parecer, por negarse al pago de extorsiones.En la zona indican que el grupo ilegal exige a propietarios y administradores de minas entre el 30% y 50% de lo producido, ya sea en especie o dinero producto de las operaciones.
En la zona rural de Gómez Plata, en el nordeste de Antioquía, cuatro personas civiles que permanecían secuestradas desde el pasado jueves 17 de septiembre fueron liberadas.En medio de la operación militar del Ejército Nacional, dos presuntos integrantes de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’ murieron y otro, señalado como cabecilla de una comisión armada, fue capturado. Según las autoridades, entre las dos personas fallecidas que dejó la operación estaría alias ‘Huevo’, señalado como cabecilla de la comisión de seguridad de alias ‘La Mona’, junto con su compañera sentimental. El tercer integrante de la estructura fue capturado herido, según informó el comandante de la Cuarta Brigada.De acuerdo con el brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada, las autoridades recuperaron a dos adolescentes reclutados, un menor de 16 años, y otra de 15 años, quien resultó herida durante los hechos y recibió atención médica por parte de los enfermeros de combate del Ejército.En el operativo, las autoridades incautaron cinco fusiles, una pistola, 12 proveedores, más de 900 cartuchos, radios de comunicación y ocho teléfonos celulares. El Ejército señaló que esta estructura estaría relacionada con acciones criminales contra comerciantes, agricultores, ganaderos y empresarios del norte de Antioquia, a quienes habría generado intimidación.
Un depósito con material explosivo que, de acuerdo con las autoridades, estaría destinado a la ejecución de atentados por parte del frente 36 de las disidencias de las Farc contra la población civil y la fuerza pública fue localizado por el Ejército en zona rural de Briceño, en el norte de Antioquia.La ubicación del material fue posible a partir de labores de inteligencia militar y el apoyo de Megan, un perro especializado en la detección de explosivos. Las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 llegaron hasta un punto de la vereda Palmichal, la zona donde también a inicios de mayo fue asesinado el periodista Mateo Pérez por parte del mismo grupo armado, y encontraron diferentes artefactos explosivos.Según el coronel Diego Fernando Tonguino, comandante Fuerza de Despliegue, en la zona fueron hallados un cilindro con capacidad de 60 libras, dos artefactos explosivos improvisados y cinco granadas de fabricación artesanal de 81 milímetros acondicionadas para ser utilizadas mediante drones."Con esta acción se logra afectar de manera contundente esta estructura criminal terrorista que realizaba acciones terroristas en contra de la población civil y la fuerza pública. Seguimos afectando su capacidad terrorista para la protección de la población de Briceño", sostuvo el uniformado.Una vez asegurada la zona, los militares establecieron un perímetro de seguridad y realizaron la destrucción controlada del material. En total, los artefactos contenían más de 130 kilos de explosivos, que fueron neutralizados sin que se registraran afectaciones a la población.Desde la Séptima División del Ejército indicaron que el hallazgo de este material se produjo en medio de las operaciones que mantienen las tropas contra estructuras de las disidencias de alias ‘Calarcá’ que tienen presencia en esta zona del departamento.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a John Edison Chalá Torrejano, alias 'Víctor Chalá', señalado cabecilla del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', por su presunta participación en el secuestro y homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia.Hay que recordar que los hechos ocurrieron el pasado 5 de mayo de 2026, cuando el comunicador se movilizaba en motocicleta hacia la vereda Palmichal para realizar labores relacionadas con su trabajo, no obstante, fue interceptado por hombres armados y trasladado hasta una escuela de un caserío de la zona. Según las evidencias recopiladas por las autoridades, alias 'Víctor Chalá' habría llegado al lugar para interrogar al periodista sobre su presencia en el territorio y las actividades que desarrollaba como indicó la fiscal del caso."Procediendo el señor Jjon Edison Chalá Torrejana a tomar su, el celular de la víctima, del joven Pérez Rueda, y al encontrar allí registros de un contacto o conversación con un miembro del Ejército Nacional, proceder a decir que era un sapo, y procede inmediatamente a alias Ñato, Dubán, Cristian y Aquiles, que fueran a abrir un hueco", se escuchó en la audiencia.La Fiscalía General de la Nación indicó que, al encontrar el chat, alias ‘Víctor Chalá' le habría disparado a Mateo Pérez Rueda para obligarlo a entregar información y, ante su negativa, ordenó cavar el hueco para luego causarle la muerte.Por esta situación es que un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a alias 'Víctor Chalá' los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio agravados, además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
La jueza 104 Penal de Garantías de Villavicencio respaldó la solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento intramural contra Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, señalado como cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc. La decisión se produjo luego de que Díaz Mendoza fuera declarado persona ausente y se realizara la imputación por ocho delitos.La Fiscalía argumentó que la privación de la libertad resulta necesaria por los riesgos de obstrucción a la justicia, peligro para la comunidad y una eventual falta de comparecencia al proceso. La jueza acogió estos planteamientos y señaló “resulta necesaria, porque esas condiciones particulares establecidas en este caso no se advierte una medida que sea menos restrictiva y que ofrezca ese nivel equivalente de protección frente a esos riesgos que fueron acreditados, como lo es la obstrucción a la justicia, el peligro de la comunidad y la eventual no comparecencia del proceso al imputado”.Durante la sustentación de la medida, la Fiscalía también expuso que la falta de comparecencia estaría relacionada con la actividad clandestina que se le atribuye, así como con la falta de arraigo y sus desplazamientos entre diferentes regiones. Estos elementos, según el ente investigador, quedaron establecidos durante la declaración de persona ausente y evidenciarían falta de voluntad para presentarse ante las autoridades.La investigación relaciona a Díaz Mendoza con al menos 61 homicidios; seis de firmantes del Acuerdo de Paz, ocurridos entre 2023 y 2025. También lo vincula con la desaparición de un comerciante registrada el 17 de noviembre de 2023 en Castillo, Meta. De acuerdo con la Fiscalía, el hombre habría sido retenido y sometido a tortura para obtener información, sin que hasta el momento se conozca su paradero.Otro de los hechos investigados corresponde al reclutamiento ilícito de una adolescente de 14 años, ocurrido el 20 de junio de 2023 en Garzón, Huila. La Fiscalía sostiene que la menor fue entrenada en el manejo de armamento e instrumentalizada en acciones militares hasta marzo de 2026, cuando logró huir.Además, la investigación relaciona al procesado con tres homicidios colectivos ocurridos en Guaviare, en el marco de una disputa territorial entre el Bloque Jorge Suárez Briceño y el Bloque Amazonas. Los hechos habrían ocurrido entre enero de 2025 y enero de 2026 en zonas rurales de Calamar, San José del Guaviare y El Retorno. La Fiscalía señala que en estos hechos fueron asesinadas 54 personas, entre ellas 11 menores de edad y siete uniformados del Ejército Nacional.A Díaz Mendoza le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado; porte de armas de uso restringido; secuestro simple; desaparición forzada agravada; tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito de menor de edad.Para sustentar la solicitud de aseguramiento, la Fiscalía también presentó una sentencia condenatoria vigente expedida en junio de 2024 y señaló un riesgo de continuidad de la actividad criminal. El ente investigador sostuvo además que la medida busca proteger a comunidades de Guaviare, Caquetá, Meta, Putumayo y Antioquia, evitar una eventual obstrucción a la justicia y garantizar la comparecencia de Díaz Mendoza al proceso.
La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento de carácter intramural contra Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, señalado como cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc, luego de que un juez de control de garantías lo declarara persona ausente y se produjera la imputación por ocho delitos.De acuerdo con la Fiscalía, a Díaz Mendoza se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado; y porte de armas de uso restringido; secuestro simple; desaparición forzada agravada; tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito de menor de edad.Durante la audiencia, la fiscal del caso sustentó la petición de cárcel en la gravedad y multiplicidad de las conductas atribuidas a alias ‘Calarcá’. “La gravedad de delitos imputados. Hay una multiplicidad y extrema gravedad de delitos. No estamos frente a un solo delito, estamos frente a múltiples homicidios. Estamos hablando de 61, fuera de los desplazamientos, las amenazas, el reclutamiento, la tortura, o sea, y delitos graves de violación a los derechos”, señaló.La representante del ente acusador también hizo referencia a la forma en que, según la investigación, se habrían cometido los hechos y a la presencia de diferentes grupos ilegales en territorios afectados por disputas y con dificultades de control estatal. “Allí, entonces, esa gravedad de esos delitos, estamos frente a un concierto para delinquir, homicidios agravados, múltiples tentativas, tortura, reclutamiento. La sola entidad de estas conductas supera ampliamente, su señoría, lo exigido por la jurisprudencia para acreditar la medida”, sostuvo.Otro de los argumentos expuestos por la Fiscalía fue la existencia de una sentencia condenatoria contra Díaz Mendoza.“Tenemos la sentencia condenatoria que tiene este sujeto, expedida por el Juzgado 3º Penal del Circuito Especializado de Florencia, Caquetá, el 28 de junio del 2024, por hechos ocurridos antes, del 2017 al 2019. Es decir, tiene una sentencia condenatoria vigente”, indicó la fiscal.La Fiscalía también aseguró que existe un patrón sistemático y una continuidad temporal de hechos que, en su criterio, demostrarían una actividad criminal permanente y organizada. “Es el patrón sistemático, entonces, continuidad temporal de hechos, que demuestran que una actividad criminal permanente y organizada. Existe, entonces, ese riesgo, esa continuación de esa actividad delictiva”, explicó.A esto sumó la falta de arraigo que, según la Fiscalía, tendría el procesado, así como su presunta facilidad para evadir a las autoridades y su condición de cabecilla de una estructura con presencia en diferentes regiones del país. Para el ente acusador, estos elementos representan un riesgo para las comunidades y las víctimas.Por estas razones, la Fiscalía pidió que Díaz Mendoza sea enviado a prisión. “La petición final es, entonces, de que a este ciudadano Alexander Díaz Mendoza se le imponga una medida de carácter intramural, carcelario, al encontrarse acreditados esos requisitos, especialmente por la necesidad de protección de esas comunidades del Guaviare, del Caquetá, del Meta, del Putumayo, hasta de Antioquia”, manifestó la fiscal.La funcionaria agregó que la medida busca garantizar la comparecencia del imputado al proceso, evitar una eventual obstrucción a la justicia y salvaguardar a víctimas y testigos. “Siendo esta la única medida idónea, su señoría, necesaria y proporcional frente al máximo cabecilla de una organización”, afirmó.Finalmente, la fiscal destacó la reactivación de la orden de captura contra alias ‘Calarcá’ y sostuvo que, a partir de esa decisión, es viable solicitar la imposición de una medida de aseguramiento intramural. “¿Qué su consecuencia sería cuál? Pues, la expedición de una orden de captura”, concluyó.
La Fiscalía General de la Nación reactivó órdenes de captura que habían sido suspendidas contra integrantes de grupos armados cuyos representantes fueron designados por el Gobierno de Gustavo Petro como gestores de paz para participar en procesos de diálogo, negociación, acercamientos, conversaciones o espacios sociojurídicos en el marco de la política de paz total. La decisión se conoce luego de que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella desmontara la participación de varios de estos representantes mediante resoluciones que revocaron las designaciones de cabecillas de estructuras como el autodenominado ‘Estado Mayor de Bloques y Frente’, la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ y las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’.En el caso del denominado ‘Estado Mayor de Bloques y Frente’, la Fiscalía reactivó 27 órdenes de captura contra exmiembros representantes de esta estructura. Entre los nombres se encuentra Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, quien fue declarado persona ausente por un juez de control de garantías y contra quien la Fiscalía le imputa los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido en uno de los hechos, secuestro simple, desaparición forzada agravada, tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito de menor de edad.La investigación en su contra tomó relevancia después de la incautación de archivos durante un procedimiento realizado en un retén en 2025. Según la información suministrada, esos elementos permitieron identificar hechos que posteriormente fueron incorporados a la investigación judicial contra el señalado cabecilla.Dentro del mismo grupo aparece Diana Carolina Rey Rodríguez, conocida como alias ‘Erika’ o ‘Erika Castro’, señalada como pareja sentimental y mano derecha de ‘Calarcá’. También figura Javier Alonso Velosa García, alias ‘Jhon Mechas’, quien en una diligencia anterior se conectó desde la selva para recibir la imputación de cargos.La reactivación de las órdenes de captura también cobija a exmiembros representantes de la autodenominada ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’. En este grupo fueron reactivadas 13 órdenes de captura. Entre los nombres se encuentra Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, quien será extraditado a Estados Unidos, después de que la Corte avalara el procedimiento y este fuera firmado por el nuevo presidente.‘Araña’ había sido detenido en febrero de 2025 en un hotel de Bogotá mientras participaba en una reunión con delegados de paz, hecho que generó polémica debido a que para ese momento hacía parte de los acercamientos adelantados dentro de la política de paz del Gobierno Petro.También aparece José Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza’, señalado como líder de la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’, antes de las disidencias de la Segunda Marquetalia que participaba en conversaciones con el Gobierno Nacional. En este grupo también se encuentra Luis Andrés Figueroa Marín, alias ‘Popeye’, entre otros exrepresentantes.Finalmente, la Fiscalía reactivó seis órdenes de captura contra exmiembros representantes de las autodenominadas ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’. Los nombres incluidos son José Luis Pérez Villanueva, Emilio Pertuz Ballestas, Orlando Pérez Ortega, Elmer David Reyes Carrillo, Rafael Salazar Salcedo y Daniel Bravo Arias.
A través de un comunicado, el ministro de Defensa, general en retiro Jorge Mora, confirmaba que “tres de los 10 combatientes en función de continua de combate muertos en desarrollo de la operación militar son menores de edad, dos de 15 años y uno de 16 años""Debemos ser claros. El reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al derecho internacional humanitario”, dice la información.Horas antes, el Instituto Nacional de Medicina Legal había precisado que entre los nueve cuerpos plenamente identificados estaban los restos de tres menores de edad y que no figura el de Juan Antonio Agudelo Salazar, alias 'Urías Perdomo', aunque aclaró que un cuerpo continúa en proceso de análisis forense debido a su estado.Ante este panorama, el jefe de la cartera de Defensa anunció acciones junto al Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial para endurecer la respuesta estatal contra el reclutamiento forzoso de menores de edad.“Los ministros de Justicia y Defensa estamos trabajando en una mesa interdisciplinaria para fortalecer la respuesta del Estado frente al reclutamiento y la utilización de menores de edad por estructuras narcoterroristas. El desarrollo incluirá posibles ajustes penales, agravación de sanciones y fortalecimiento de la persecución de las estructuras de dirección y las redes de captación”, señaló el jefe de la cartera de Defensa.El operativo militar, dirigido contra un campamento del bloque Jorge Suárez Briceño, estructura de las disidencias bajo el mando de alias ‘Calarcá’, dejó un balance de 10 combatientes muertos, un menor de edad recuperado, un capturado y abundante armamento incautado.Sobre los resultados, las autoridades detallaron la incautación de 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero de 60 mm, 22 granadas de mortero, ocho granadas de 40 mm, 174 proveedores, 184 minas antipersonales, 20 granadas para dron y más de 29,000 municiones.
De acuerdo a un comunicado divulgado este domingo 30 de agosto, Medicina Legal informó que, de los 10 cuerpos recibidos el 29 de agosto, nueve ya fueron identificados, mientras que uno continúa en proceso de abordaje forense tras la Operación Amón contra las disidencias de las Farc en Guaviare.La entidad detalló que entre los nueve cuerpos plenamente identificados se encuentran cuatro mujeres y cinco hombres. Además, precisó que tres de las personas identificadas eran menores de edad.Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal para adelantar los procedimientos de identificación y análisis forense correspondientes, luego de los hechos registrados en el departamento del Guaviare.Medicina Legal señaló que continuará con las labores técnicas relacionadas con el cuerpo que permanece en proceso de abordaje y reiteró su compromiso con el desarrollo independiente de sus funciones.En el comunicado, firmado por Ariel Emilio Cortés Martínez, director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la entidad ratificó su compromiso con la independencia técnica y la transparencia en la administración de justicia.Además de confirmar que tres menores de edad están entre las bajas de la Operación Amón, medicina legal informó que dentro de los 9 cuerpos identificados no se encuentra el de Juan Antonio Agudelo Salazar, alias 'Urías Perdomo', sin embargo aclaran que un cuerpo sigue en abordaje forense debido al estado en el que se encuentra.
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.