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La Fiscal General de la Nación confirmó que, tras las recientes inspecciones judiciales del CTI y el análisis del material incautado a alias “Calarcá”, líder del frente 36 de las disidencias de las FARC, la Fiscalía evalúa solicitar una orden de captura en su contra. La decisión se estudia a partir de nuevos elementos probatorios que indicarían que el jefe disidente siguió delinquiendo en medio de los acercamientos con el Gobierno.
Durante su declaración, la Fiscal Luz Adriana Camargo anunció la apertura de una nueva línea de investigación por desplazamiento forzado y reclutamiento de menores, con base en información hallada en los dispositivos electrónicos incautados. Según explicó, en los computadores se encontraron “hojas de vida de menores de edad que aparentemente serían objeto de reclutamiento ilícito”, además de otros documentos que evidenciarían la continuidad de conductas criminales. La fiscal calificó el proceso como una investigación compleja, pero aseguró que esperan presentar resultados en el corto plazo, tras reconocer que hubo una pérdida de tiempo “sensible” en el caso.
Camargo también reveló que, en paralelo al análisis realizado por la Dijín, la Fiscalía adelanta una segunda extracción de información, con el objetivo de validar los hallazgos iniciales y recuperar archivos que podrían haber sido eliminados. La jefa del ente acusador explicó que se están utilizando herramientas de software forense avanzadas para ampliar el panorama probatorio y fortalecer la investigación.
En este contexto, la Fiscalía informó que aún no ha recibido respuesta del Alto Comisionado para la Paz sobre la posible suspensión de medidas de aseguramiento contra líderes de las disidencias que participaron en las conversaciones con el Gobierno y que están involucrados en el operativo de incautación del 2024. La evaluación de estas medidas dependerá del avance de las investigaciones y de la determinación sobre si alias Calarcá incurrió en delitos de lesa humanidad mientras hacía parte de los espacios de diálogo.
Y es que recientemente el CTI adelantó nuevas inspecciones judiciales en Bogotá, específicamente en las sedes del Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) y de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Estas diligencias, ordenadas por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, están directamente relacionadas con la información encontrada en los dispositivos del frente 36.
Las inspecciones de esta semana se suman a las realizadas en Indumil y en el Comando de Personal del Ejército (Coper), donde se recopiló documentación sobre el general Juan Miguel Huertas, mencionado en audios extraídos de los dispositivos.
Las autoridades trabajan ahora en múltiples líneas de investigación que incluyen presuntos actos de cooptación de agentes de inteligencia, infiltración en instituciones del Estado, amenazas a la seguridad nacional, posibles vínculos con financiación de campañas políticas, alianzas criminales y la creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras ilegales. Todo este conjunto de hallazgos surge del análisis técnico y forense del material incautado, que se ha convertido en pieza clave para determinar el verdadero alcance de la infiltración y las responsabilidades penales e institucionales.
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