El presidente Abelardo De La Espriella lanzó una fuerte advertencia al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, durante el encuentro con mandatarios departamentales que se realizó en Mompox, Bolívar.En medio de su intervención, el mandatario nacional cuestionó los posibles acercamientos de autoridades regionales con grupos armados ilegales y aseguró que ningún alcalde o gobernador está autorizado para adelantar conversaciones clandestinas.“Quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño, está advertido”, afirmó el presidente Abelardo De La Espriella al referirse directamente a Luis Alfonso Escobar durante el encuentro.El presidente sostuvo que los mandatarios locales y departamentales deben actuar bajo los lineamientos establecidos por el Gobierno nacional frente a los grupos armados ilegales que operan en diferentes regiones del país.De La Espriella insistió en que ningún alcalde o gobernador puede establecer por cuenta propia diálogos que no sean conocidos o autorizados por las autoridades nacionales, especialmente cuando se trata de organizaciones armadas ilegales.La advertencia al gobernador de Nariño se produjo en un contexto de preocupación por la presencia y accionar de grupos armados en el departamento, una de las regiones del país afectadas por la violencia y el conflicto.Durante el encuentro de gobernadores en Mompox, el presidente reiteró así su postura frente a los acercamientos con grupos armados ilegales y dejó claro que su Gobierno ejercerá control sobre este tipo de iniciativas.
La suspensión de los diálogos de paz con los grupos armados y el inicio de una nueva ofensiva militar representan un cambio en la estrategia de seguridad del Gobierno de De La Espriella. Para el politólogo y profesor de investigación criminal Jorge Mantilla, la decisión permite recuperar la iniciativa militar del Estado en los territorios, pero plantea importantes desafíos que deben ser atendidos para evitar que las operaciones no tengan resultados sostenibles.Uno de los principales retos es el impacto humanitario que pueden generar las acciones militares, especialmente por el riesgo de desplazamientos forzados y confinamientos de comunidades que permanecen en zonas bajo control de organizaciones criminales. A esto se suma la falta de capacidades de las Fuerzas Militares. Según Mantilla, el déficit financiero de estas instituciones se acerca a los $14 billones.El experto considera que la ofensiva debe ir más allá de la captura o neutralización de cabecillas. Aunque estas acciones pueden debilitar temporalmente a las organizaciones, también pueden provocar su fragmentación y el surgimiento de nuevos grupos. Además, señaló que durante los últimos años las estructuras armadas se han transformado y funcionan cada vez más como redes, con economías ilícitas diversificadas.En el caso del ELN, Mantilla advirtió que la organización representa un desafío particular debido a su presencia en la frontera colombo-venezolana y a su capacidad para conectar diferentes estructuras territoriales. Por ello, considera fundamental impedir que consolide corredores entre el oriente y el occidente del país, además de enfrentar sus fuentes de financiación y su presencia en las ciudades.Para el analista, la cooperación internacional también será determinante, especialmente con Estados Unidos y Ecuador, así como el fortalecimiento de las capacidades militares y de inteligencia.Mantilla respaldó la decisión de enfrentar militarmente a los grupos armados, pero hizo una precisión: “El uso de la fuerza por sí mismo no es una estrategia”. A su juicio, la política de seguridad debe incluir componentes militares, territoriales, humanitarios, judiciales y de cooperación internacional.El Gobierno tendrá, según el experto, una ventana de oportunidad para recuperar el control territorial, pero deberá presentar en los próximos meses una estrategia integral que permita convertir las operaciones actuales en resultados efectivos y sostenibles a largo plazo.
La decisión del presidente Abelardo De La Espriella de cerrar la puerta a nuevas negociaciones de paz con los grupos armados y apostar por su sometimiento a la justicia marca un giro en la estrategia de seguridad del país. Sin embargo, analistas advierten que la confrontación por sí sola podría no ser suficiente para resolver el problema de la violencia.El historiador y analista político Juan Carlos Flórez señaló que Colombia ha vivido durante décadas un ciclo de confrontación y negociación que no ha logrado poner fin a la presencia de grupos armados.“La historia de Colombia contemporánea es la de una guerra perpetua”, afirmó Flórez, al recordar los distintos momentos de negociación y confrontación de los últimos gobiernos.Para el analista, el principal riesgo de la nueva estrategia es repetir experiencias anteriores sin atacar las fuentes económicas que permiten la supervivencia de las organizaciones criminales.“Si no hay un cambio en el enfoque que siempre se ha tenido, pues lo que vamos a tener ahora es un periodo de confrontación con los grupos armados”, advirtió.Flórez sostuvo que el narcotráfico y la explotación ilegal de oro son factores determinantes en la financiación de la violencia y cuestionó que las políticas de seguridad se concentren exclusivamente en los actores armados.“Mientras que el negocio de las drogas, más ahora el negocio ilegal del oro, continúe, habrá gente en Colombia interesada en seguir en la guerra, porque la guerra es un gran negocio”, aseguró.El analista también llamó la atención sobre la responsabilidad de los mercados internacionales. Según dijo, mientras exista una fuerte demanda de drogas en países como Estados Unidos y Europa, continuarán los incentivos económicos para las organizaciones ilegales.Andrés Caro, por su parte, consideró que el país debe intentar una estrategia diferente después del fracaso de la política de ‘paz total’ del Gobierno de Gustavo Petro.“Colombia lleva por lo menos desde 1978 en cada Gobierno intentando hacer un diálogo de paz, y no hemos hecho bien la paz y no hemos hecho bien la guerra”, sostuvo.Caro respaldó el giro hacia una mayor acción estatal y afirmó que Colombia necesita recuperar el control de su territorio.“Es hora de intentar ese método”, dijo, al referirse a una estrategia basada en el fortalecimiento del Estado, las Fuerzas Militares y la Policía.Sobre el sometimiento a la justicia, explicó que la propuesta no implica negociaciones políticas de paz, sino procesos dentro del sistema penal.El debate, así, queda planteado entre quienes consideran necesario recuperar la capacidad coercitiva del Estado y quienes advierten que, sin enfrentar las economías ilegales y la demanda internacional de drogas, la confrontación podría terminar reproduciendo el mismo ciclo de violencia.
El obispo de Tumaco, Franklin Misael Betancourt, reaccionó al anuncio del presidente Abelardo De La Espriella de que no habrá más diálogos de paz y advirtió sobre las consecuencias que una nueva escalada de violencia podría generar en el Pacífico nariñense.Durante la marcha por la defensa de la paz realizada este sábado 8 de agosto en Tumaco, el prelado afirmó que la Iglesia ha respaldado los diálogos como mecanismo para buscar soluciones a los conflictos.“Pues, sinceramente, yo sentí un cierto escalofrío, ¿no? Porque, de todas formas, la Iglesia siempre ha promovido y ha estado del lado de los diálogos para la solución de los conflictos. La guerra trae más guerra, la guerra genera más violencia y el mejor camino es un diálogo, pero un diálogo sincero y transparente”, dijo en diálogo con Blu Radio.Betancourt hizo un llamado a los grupos armados para que reflexionen sobre las consecuencias de la violencia y tengan en cuenta a las víctimas del conflicto.“No podemos seguirnos matando, no podemos seguirnos enfrentando como colombianos, como hermanos, como seres humanos”, manifestó.El obispo también se refirió al presidente De La Espriella y aseguró que confía en que el mandatario tome decisiones que beneficien al país.“Lo felicito por ser el nuevo presidente de nuestro país y colocamos toda nuestra confianza en él. Le pedimos al Señor que lo ilumine para que tome las mejores decisiones en bien de nuestra patria colombiana”, afirmó.Sobre la situación en el Pacífico, Betancourt sostuvo que algunos procesos de diálogo han permitido una relativa calma en la región, aunque insistió en que cualquier acercamiento debe estar acompañado de sinceridad y compromisos.“Lo peor que le puede pasar al Pacífico es que se reactive la guerra, que se reactive la violencia, que se reactiven los desplazamientos y que nuestro pueblo vuelva a vivir en la intimidación”, advirtió.Frente a los cultivos ilícitos, el religioso reconoció su relación con la violencia y planteó la necesidad de buscar alternativas para los campesinos que dependen de estas actividades.“Pienso que hay que tomar alguna determinación política y mirar qué se hace con estos cultivos, sobre todo ayudar a los campesinos”, señaló.Finalmente, Betancourt pidió fortalecer la democracia y combatir la corrupción para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.“El tema de la corrupción es el que está llevando a nuestro país a tantas situaciones difíciles, en situaciones de vías, en situaciones de salud, en situaciones de educación”, concluyó.
Teniendo en cuenta que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, descartó por completo alguna posibilidad de mantener los procesos de paz que están en curso en el país, desde Buenaventura, la delegación actual de la mesa socio jurídica está agotando todos sus esfuerzos para lograr que este proceso se concrete antes del 07 de agosto.El Gobierno saliente aseguró que si bien el próximo mandatario está en la potestad de desarticular la negociación que está en curso, hay que tener en cuenta los resultados que ya se han logrado, especialmente los compromisos con la comunidad bonaverense."El proceso de paz no se enerva, no se levanta, sigue adelante y seguramente pues aquí llegarán otros actores. El Gobierno Nacional hoy debería darle continuidad a este esfuerzo en Buenaventura que ha traído consigo ciertos niveles de tranquilidad. Aunque hay que seguir dándole vueltas a la tuerca, mejorar nuestros sistemas de seguridad. Y a los grupos armados, decirles que es el momento también de avanzar con determinación en la dirección correcta que es la paz urbana en Buenaventura", indicó Fabio Cardozo, delegado del Gobierno nacional en el proceso de paz de Buenaventura.Este miércoles, a propósito, se firmará un nuevo acuerdo de paz en ese distrito, encaminado principalmente al desmonte de las estructuras criminales que delinquen en el puerto."Ha habido desarrollos relevantes en el sentido que se está planteando por parte de estos grupos, especialmente con uno de ellos, la posibilidad de emprender un proceso de desvinculación parcial de sus miembros, es decir, después de la captura de sus jefes máximos, pusimos sobre la mesa la conversación sobre la necesidad del desmonte de las bandas criminales en Buenaventura", indicó el delegado.Entre los logros alcanzados en el proceso de paz actual en Buenaventura, el delegado confirmó que se han logrado acuerdos para proteger a los menores de edad, a las mujeres y especialmente resignificar territorios encaminados a la transformación social.
La Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación contra el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el exministro de Defensa, Iván Velásquez; el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus; y el jefe de contrainteligencia de esa entidad, Ricardo Rosanía, por las recientes revelaciones relacionadas con los acercamientos entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo durante los primeros meses de la administración del presidente Gustavo Petro.La actuación judicial está relacionada con información y audios conocidos recientemente, en los que se menciona la posibilidad de suspender la ofensiva militar contra esa organización criminal y realizar una presunta “depuración en las Fuerzas Militares y la Policía”, en el marco de los acercamientos que buscaban el sometimiento del grupo armado a la justicia.La indagación fue abierta luego de que una investigación periodística revelara audios que corresponderían a una conversación entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y alias “Jerónimo”, integrante del Clan del Golfo. Según esa información, los diálogos hicieron parte de los contactos adelantados en 2022 dentro de la política de paz total impulsada por el Gobierno Nacional.De acuerdo con las revelaciones conocidas, en esas conversaciones se habría planteado la posibilidad de frenar operaciones de las autoridades contra el Clan del Golfo y realizar una “limpieza” en los organismos de inteligencia policial. Estos elementos son ahora objeto de verificación por parte de la Fiscalía dentro de la indagación preliminar.El caso fue asignado a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y, además, fue unificado con otras investigaciones que adelanta el ente acusador por el presunto favorecimiento a grupos armados ilegales, como la supuesta filtración de información reservada a las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá” y los presuntos encuentros con integrantes de esa estructura armada.Estas actuaciones involucran al general Juan Miguel Huertas, como jefe del Comando de Personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, como alto mando de la Dirección Nacional de Inteligencia cuando se desarrollaron los presuntos hechos, a partir de elementos encontrados en dispositivos electrónicos incautados a alias “Calarcá” durante el año 2025.Con esta actuación, la Fiscalía busca establecer si existieron conductas con relevancia penal relacionadas con los acercamientos entre funcionarios del Gobierno y estructuras armadas ilegales, así como el eventual favorecimiento de organizaciones criminales en el desarrollo de los procesos de negociación y sometimiento a la justicia.
El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de la resolución gubernamental que autorizaba la instalación de una mesa de diálogos de paz con la autodenominada disidencias de la Segunda Marquetalia. La decisión judicial frenó el avance de las negociaciones políticas que el Ejecutivo pretendía adelantar con esta estructura armada.La determinación del alto tribunal se fundamenta en una interpretación estricta de la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de “paz total”. Según el fallo, dicha normativa establece una distinción jurídica fundamental entre los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOMIL) y las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI).De acuerdo con la sala, el Gobierno cometió una imprecisión al clasificar a la Segunda Marquetalia como un grupo con estatus político. El auto judicial señala que, bajo el marco legal vigente, la naturaleza de esta organización corresponde a la de una estructura criminal de alto impacto. En consecuencia, la ley solo facultaría al Gobierno para realizar acercamientos orientados al sometimiento a la justicia y al desmantelamiento definitivo del grupo, pero no para entablar negociaciones de carácter político similares a las que se sostienen con otros actores insurgentes.Este revés jurídico cuestiona la hoja de ruta del Gobierno Nacional en su política de paz. La resolución demandada intentaba otorgar un reconocimiento que, a juicio del Consejo de Estado, no se ajusta a los preceptos legales que rigen el trato diferenciado entre grupos rebeldes y organizaciones delictivas.El proceso de paz con la Segunda Marquetalia, liderada por alias ‘Iván Márquez’, ha sido uno de los puntos más controvertidos de la administración actual, debido al origen de esta disidencia, conformada por exintegrantes de las extintas FARC que abandonaron el proceso de paz de 2016 y retomaron las armas, sin embargo, este no ha tenido mayores avances. La suspensión impone ahora un freno administrativo y jurídico al diálogo que buscaba cerrar el capítulo de este grupo armado en el país.
La Fundación Ideas para la Paz advirtió que las Zonas de Ubicación Temporal impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de la política de paz total estarían siendo implementadas en un momento en el que las mesas de diálogo aún no han alcanzado acuerdos específicos de desarme, desmovilización o sometimiento de las organizaciones armadas.Según explicó Javier Flórez, director del área de Conflicto y Seguridad de la entidad, uno de los principales dilemas es que se estén concentrando integrantes de estos grupos sin que existan aún rutas jurídicas claras sobre cuál será su situación dentro de un eventual proceso de sometimiento o desmovilización.“Las ZUT fueron creadas para un momento avanzado, es decir, cuando se tenían potenciales acuerdos de desarme, desmovilización y reintegración”, explicó Flórez, quien advirtió que actualmente “en ninguna de estas mesas tenemos procesos que han llegado a ese nivel de avances con acuerdos específicos”.Para la fundación, otro de los interrogantes tiene que ver con la representatividad de las estructuras que se están concentrando, teniendo en cuenta que en algunos casos solo participa una parte de las organizaciones y no su totalidad.“Estas ZUT se crean a partir de la idea de que la totalidad de la organización va a someterse, va a desmovilizarse o está entregando las armas, no un porcentaje mínimo de ello”, señaló.El análisis también pone sobre la mesa la incertidumbre que genera la transición política y el futuro de este mecanismo ante la llegada del nuevo gobierno.“El dilema de la transición política, dejar esta duda abierta y otras que potencialmente quieran dejar abiertas, aunque lo vemos muy poco probable, en medio de una entrega del poder a un gobierno que sabemos llega con unas con una idea muy clara de cerrar los procesos de negociación de la paz total, pues deja aún con mayor incertidumbre, no solo el instrumento que probablemente va a acabarse de las zonas de ubicación temporal, sino también de las personas que hoy quedan ubicadas en ella”, sostuvo Flórez.Desde la Fundación Ideas para la Paz cuestionaron que se presenten estos avances como un éxito de la política de paz total cuando, a su juicio, persisten vacíos metodológicos y jurídicos.“Parece un sinsentido que el gobierno trate de ver esto con un tema favorable, con un éxito de la paz total, cuando, de nuevo, demuestra poco método, poca claridad jurídica y demasiadas incertidumbres, tanto para las personas que se concentran allí como para el futuro de estas negociaciones en el próximo gobierno”, agregó.El investigador concluyó que la falta de reglas claras y de seguridad jurídica no solo afecta a quienes se concentran en estas zonas, sino también a las comunidades que conviven con ellas en los territorios.“De anuncios no vive ni se sostiene ningún proceso de negociación. Los procesos de negociación son útiles cuando menos se sabe de hecho, es decir, cuando a partir de procesos serios de negociación terminan anunciando acuerdos definitivos que realmente pueden ser sustentados y que tienen la ruta jurídica para su implementación, como nos han enseñado en el pasado varios procesos de paz”, concluyó.
En un extenso mensaje publicado a través de su cuenta personal en la red social X, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, solicitó al presidente electo, Abelardo De La Espriella, autorizar una comisión regional de empalme para evaluar, con objetividad y sin retaliaciones políticas, los alcances de los dos procesos de paz que desde hace dos años se adelantan en el departamento, tras la autorización del Gobierno del presidente Gustavo Petro.Escobar afirmó que el gobernador de Nariño no coordina la guerra, no traza objetivos militares ni imparte órdenes operacionales a la fuerza pública para favorecer u omitir el accionar de ningún grupo al margen de la ley.Según el mandatario seccional, los diálogos territoriales de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Frente Comuneros del Sur son los más avanzados del país. Como muestra de ello, destacó la entrega de armas y la concentración de 99 integrantes del grupo ilegal Comandos de Frontera, hecho que se produjo en una zona rural del municipio de La Hormiga, en el Bajo Putumayo.El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, aseguró que las versiones que lo vinculan con decisiones relacionadas con operaciones militares carecen de fundamento y respondió que sus funciones no incluyen coordinar acciones de guerra, definir objetivos militares ni impartir instrucciones a la fuerza pública en favor o en contra de grupos armados ilegales.Explicó que las competencias sobre seguridad, orden público y persecución del delito corresponden exclusivamente a las Fuerzas Militares y la Policía, instituciones con las que, afirmó, ha trabajado de manera articulada desde el inicio de su administración para enfrentar la crisis humanitaria y de seguridad que atravesaba el departamento.El mandatario sostuvo que la política de paz territorial impulsada en Nariño busca transformar las condiciones del territorio mediante la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, el fortalecimiento de la presencia estatal, el mejoramiento de la infraestructura y la ampliación del acceso a servicios básicos.Como resultados de esa estrategia, destacó la reducción de los homicidios en municipios como Tumaco, la entrega y destrucción de material de guerra por parte de grupos que participan en diálogos de paz, el avance en la erradicación voluntaria de más de 12.000 hectáreas de cultivos ilícitos y la disminución de los desplazamientos forzados en el departamento.
Mientras en la Mesa de Paz Urbana del Valle de Aburrá hacen el informe de empalme y esperan continuar con los diálogos, concejales de Medellín piden que las negociaciones cesen a partir del 7 de agosto. Aseguran que las bandas delincuenciales nunca entregaron resultados para estar hablando de paz con el Gobierno nacional.Aunque los rumores del fin de la Mesa de Paz Urbana de la cárcel de Itagüí fueron aclarados por los delegados del Gobierno nacional, estos insisten en que se está preparando el informe de empalme de cara a la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y que será el mandatario quien defina el futuro del proceso, en Medellín esperan que los diálogos acaben el 7 de agosto.El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, aseguró que los representantes de las bandas delincuenciales nunca entregaron resultados, por lo que espera que el nuevo mandato presidencial haga pagar por sus delitos a los presos en Itagüí.“Que respondan por sus delitos, que dejen al Valle de Aburrá tranquilo, en donde no ha habido avances tangibles, no han cumplido, no ha habido ley de sometimiento, no ha habido desescalamiento de la violencia y mucho menos estas estructuras criminales se han des fortalecido”, aseguró Bedout.Por ahora lo que indicó la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, es que se está haciendo el balance para poder presentarlo en el proceso de empalme y que así el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, pueda tomar una decisión y así determinar con certeza si los diálogos siguen o no.El concejal de Medellín, Andrés Tobón, cuestionó los resultados que ha dejado la Mesa de Paz Urbana e indicó que espera que suceda una vez que se haga el relevo en el Gobierno nacional.“Lo que tiene que pasar con los cabecillas que se encuentran recluidos en la cárcel Itagüí a partir del 7 de agosto es muy concreto. Acabar con la mesa, trasladar los cada uno de ellos a cárcel y diferentes de manera que no pueda seguir ese comportamiento de junta directiva gobernando el mundo criminal”, aseveró.Otra que rápidamente salió a reaccionar ante el posible cese de actividades en la cárcel de Itagüí una vez Abelardo de la Espriella asuma el mandato en Casa de Nariño fue la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien cuestionó los avances que tuvo la Mesa de Paz Urbana.“Y engañar. No solamente a la ciudad de Medellín, solamente fueron falacias y no olvidemos el tema de la extorsión. Que dijeron que iban a hacer un plan piloto en los 23 barrios de la ciudad de Medellín y preguntémonos cuáles fueron los resultados. Realmente esto fue un fracaso”, puntualizó.A la espera de que se tome una decisión sobre los diálogos con los cabecillas de bandas delincuenciales, hay que recordar que el futuro del espacio tiene un antecedente reciente que podría ser determinante a la hora de tomar una decisión: la parranda vallenata con Nelson Velásquez.La polémica, que según los concejales dejó en evidencia los beneficios que tenían los delincuentes, causó que, incluso, el mismo Gobierno nacional suspendiera los diálogos por algunas semanas, por lo que ahora se espera que Abelardo de la Espriella sea tajante e inflexible en la posible decisión de acabar con el proceso.
La Gobernación del Valle del Cauca puso en marcha un plan de choque que tiene al turismo como eje central para la recuperación económica de los municipios afectados por el reciente sismo. La emergencia dejó 1.871 establecimientos turísticos afectados, de los cuales 1.167 presentan daños graves o críticos, y pérdidas económicas estimadas en más de $18.145 millones.La estrategia, liderada por la gobernadora Dilian Francisca Toro y ejecutada por la Secretaría de Turismo del departamento, bajo la dirección de Miyerlandi Torres, busca fortalecer la actividad de empresarios y emprendedores del sector en las zonas impactadas.Tres frentes para la reactivación turística del Valle del CaucaEl plan de recuperación se concentra en tres líneas de trabajo. La primera es la reactivación de la cadena de valor turística en los destinos afectados, a través de proyectos como las Caravanas Solidarias y Roldanillo al Aire Libre.La segunda apunta a fortalecer la competitividad regional mediante mejoras en la conectividad aérea y la consolidación del turismo de salud. La tercera busca aprovechar el turismo deportivo con megaeventos como el Giro de Rigo, orientados a atraer visitantes y generar impacto económico local.Caravanas Solidarias: más de $200 millones en movimiento económicoLas Caravanas Solidarias ya recorrieron Sevilla y Buenaventura, y su próxima parada será Calima-El Darién. Según la Gobernación, esta estrategia ha generado un movimiento económico superior a los $200 millones en beneficio directo de la cadena de valor turística de estos municipios.Roldanillo al Aire Libre: apoyo a 350 emprendedoresEn Roldanillo, uno de los Pueblos Mágicos afectados por el sismo, la Gobernación lidera la iniciativa Roldanillo al Aire Libre, desarrollada en articulación con la Alcaldía, empresarios locales y aliados privados.El proyecto contempla la instalación de contenedores comerciales, adecuaciones de infraestructura en el Coliseo de Ferias y la habilitación de créditos condonables. Estos mecanismos están diseñados para beneficiar directamente a 350 emprendedores.“Desde el primer día de esta emergencia hemos venido trabajando para reconstruir y recuperar la vida de los vallecaucanos que lo perdieron todo, de quienes resultaron afectados. Lo primero fue la asistencia humanitaria, la reconstrucción asistida de las viviendas y devolver la dignidad a las familias, y claro hay que recuperar los empleos y posicionar nuestros municipios a través del turismo, generando ingresos para los vallecaucanos”, afirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Cali, segundo destino de turismo de salud en ColombiaEl turismo de salud es otro de los sectores priorizados por su capacidad para atraer visitantes e ingresos. De acuerdo con datos de ANATO, entre enero y agosto de 2026 Cali recibió a 5.889 extranjeros no residentes que llegaron en busca de tratamientos médicos. La cifra equivale al 28 % de los 21.034 viajeros registrados en todo el país por este motivo, lo que ubica a la capital vallecaucana como el segundo destino nacional en este segmento.Para fortalecer este frente, la Secretaría de Turismo del Valle adelanta mesas de articulación interinstitucional, capacitaciones en calidad turística, visitas de evaluación y acciones de mejoramiento en los servicios que integran la cadena logística. El objetivo es mejorar la experiencia de los pacientes internacionales, elevar los estándares de atención y aumentar la capacidad del destino para fidelizar visitantes.“La oportunidad radica en que cada paciente internacional encuentre no solo servicios médicos de excelencia, sino un destino preparado para atender toda su experiencia de viaje. Así, el turismo en salud se convierte en una fuente de desarrollo económico que va mucho más allá de los consultorios y hospitales”, señaló la secretaria de Turismo, Miyerlandi Torres.Conectividad aérea: aeropuertos y nuevas rutas hacia el PacíficoLa Gobernación, junto con el Gobierno nacional, trabaja en el fortalecimiento de la conectividad aérea del departamento. Para ello, se proyectan mesas de trabajo con el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil para gestionar la revisión de las tasas aeroportuarias, la optimización de las condiciones operativas, la disponibilidad de parqueaderos y la aceleración del proceso de modernización y concesión del aeropuerto.La agenda incluye además la expansión de la conectividad regional, con énfasis en el aeropuerto de Cartago y en la habilitación de rutas aéreas hacia Juanchaco y otros destinos del Pacífico vallecaucano, como Ladrilleros.Giro de Rigo 2026 dejó un impacto de más de $90.000 millonesEl turismo deportivo completa la estrategia. El departamento recibió recientemente el Giro de Rigo 2026, edición La Sucursal, que reportó más de 20.000 visitantes, una ocupación hotelera superior al 80 % y un impacto económico estimado en más de $90.000 millones.Perfil de los visitantes del eventoBogotá y Medellín fueron las principales ciudades de origen de los asistentes nacionales, mientras que Estados Unidos y España encabezaron la participación internacional. La estadía promedio fue de 3,4 noches y el gasto promedio por persona alcanzó los $3.380.713.Según la Gobernación, estas cifras evidencian el efecto de los grandes eventos deportivos en sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y el transporte, y su aporte al posicionamiento del Valle del Cauca como destino de turismo deportivo.Invitación a visitar los municipios afectadosLa Secretaría de Turismo invita a colombianos y extranjeros a recorrer destinos como Sevilla, Roldanillo, Calima-El Darién, Buga y Buenaventura, y a contribuir así a la recuperación de la economía local.“Reconstruir el Valle del Cauca no implica únicamente recuperar lo perdido; significa garantizar que sus empresarios vuelvan a crecer, que sus familias accedan a nuevas oportunidades y que el turismo se consolide como un motor inagotable de desarrollo. El Valle lo reconstruimos juntos”, concluyó Miyerlandi Torres.
Pekín rechazó este lunes las informaciones que aseguran que una empresaria china con la que mantuvo un romance el director ejecutivo del gigante tecnológico Nvidia, Jensen Huang, sea una espía del Gobierno de China.El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun afirmó que "las tesis sobre espías chinos son pura invención y una calumnia" en una breve contestación durante una rueda de prensa rutinaria.La investigación estalló tras un reporte en el que New York Times citaba a fuentes de la inteligencia estadounidense sobre un amorío entre Huang y la empresaria china, Alice Huang, algo que presuntamente sabía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.La situación escaló este sábado cuando el mismo diario reportó que en la Administración Trump circuló un memorando que señalaba que Alice Huang era una espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China.La mujer, según el informe, estaba reclutada para recopilar información sobre Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de inteligencia artificial (IA) estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China.La junta directiva de Nvidia, líder en fabricación de chips para IA, indicó en un comunicado este domingo que "está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo", Huang, "ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera".El director de Nvidia "respalda plenamente" la indagatoria y cooperará con ella, según el comunicado de la empresa, que sostuvo que "prioriza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos".
El alcalde de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, Milton Olaya, cuestionó en Mañanas Blu cómo fue posible que el cantón militar del municipio fuera atacado con explosivos el pasado sábado, pese a que, según le habían asegurado las autoridades militares, la instalación contaba con un sistema antidrones. El mandatario local anunció que pedirá explicaciones en el consejo de seguridad convocado para este lunes.El ataque, ocurrido hacia el mediodía del sábado 7 de noviembre, se realizó mediante drones cargados con explosivos, y fue atribuido por el Gobierno al ELN. Olaya, sin embargo, aclaró que hasta el momento las autoridades no le han confirmado oficialmente qué grupo fue el responsable.“No sé qué pasó, que el sábado falló la tecnología”El alcalde explicó que la protección antidrones del batallón le fue confirmada en varias ocasiones, por lo que considera inexplicable lo ocurrido. Así lo expresó: “Lo que a mí se me hace raro es que ese cantón militar siempre ha estado protegido por antidrones y todo. Yo no sé qué pasó ahí, que el sábado falló la tecnología”.Según relató, hace un mes se realizó en el municipio un consejo ministerial con la presencia del ministro de Defensa, el ministro del Interior y la cúpula militar. En ese espacio, afirmó, volvió a preguntar por la seguridad de la zona y le respondieron que estaba bien protegida. Sobre esa reunión, dijo: “Yo no creo que iban a llevar a toda la cúpula militar y a los ministros allá a arriesgar un alto riesgo como ocurrió el sábado”.Olaya agregó que en otras reuniones la Policía y el Ejército le habían comentado que ya se habían registrado intentos de ataques con drones, pero que la tecnología disponible había evitado afectaciones. “Estábamos todos convencidos que ellos estaban protegidos. No sé, algo pasó el sábado que no sabemos”, señaló, y confió en que la investigación adelantada por las autoridades permita establecer qué falló.Balance de heridos tras el ataque en Santa Rosa del SurDe acuerdo con la información que recibió el alcalde, el sábado ingresaron 50 heridos al hospital del municipio. De ellos, 17 fueron remitidos al hospital de Simití, de segundo nivel; posteriormente, dos pacientes fueron trasladados a Aguachica y entre ocho y diez a Bucaramanga.El mandatario indicó que el domingo visitó el hospital y encontró seis soldados que aún permanecían en observación, aunque la mayoría presentaba lesiones leves. Su balance fue claro: “Verdaderamente para mí fueron 3 muertos y 17 heridos, un poquito con gravedad”.El batallón está separado del casco urbano por el aeropuertoOlaya precisó que el cantón militar no se encuentra dentro del pueblo, sino en uno de sus extremos, a una distancia que calculó entre 500 metros y un kilómetro. La instalación está separada del casco urbano por la pista del aeropuerto local, de unos 800 metros de largo, y por algunas viviendas dispersas.Según el alcalde, los explosivos cayeron dentro del batallón, que funciona en un predio que antes era una finca y que, según dijo, fue adquirido por el Gobierno Nacional para su construcción. Una garita ubicada a entre 100 y 200 metros de algunas casas también fue alcanzada por un artefacto, pero no se reportan viviendas afectadas.ELN, disidencias y gaitanistas se disputan el oro de la Serranía de San LucasSobre el contexto de violencia en la región, el mandatario explicó que en la zona hacen presencia tres grupos armados ilegales: “Está el ELN, está la disidencia de las FARC y los gaitanistas. Esos grupos se están peleando las Serranías de San Lucas, donde hay 12 municipios, por el oro”.El alcalde subrayó que los enfrentamientos se habían concentrado históricamente en las zonas altas de la serranía, a varias horas del casco urbano, y que nunca antes un ataque de este tipo había ocurrido en el pueblo. Añadió que el ELN y las disidencias han sido los grupos con mayor presencia histórica en la región, mientras que, según le ha dicho la comunidad, los gaitanistas estarían entrando nuevamente.La presencia del ELN en esta zona no es nueva. En meses anteriores se han registrado hechos como un ataque con dron del ELN que dejó un soldado muerto y siete heridos en Santa Rosa y la muerte de un teniente de la Policía en enfrentamientos con esa guerrilla en el sur de Bolívar, en la Serranía de San Lucas, entre San Pablo y Santa Rosa.El Ministerio de Defensa señaló que el ataque sería una retaliación del ELN por la captura de alias 'Carrito', cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó, detenido en la vereda Nueva Mina, zona rural de Santa Rosa del Sur.Minería, economía local y bloqueo de combustiblesOlaya recordó que el oro es el principal renglón productivo de Santa Rosa del Sur y del sur de Bolívar, y que al aeropuerto municipal llegan con frecuencia avionetas privadas con ingenieros, geólogos y empresarios vinculados a la actividad minera. Indicó además que adelanta gestiones para que una aerolínea opere de manera permanente y conecte al municipio con Bucaramanga, a la que describió como la capital comercial del sur de Bolívar.El mandatario también denunció que los grupos armados impiden el ingreso de combustibles a las minas, una situación que, según afirmó, lleva cerca de cinco meses afectando el trabajo del sector minero.Sin confirmación de bombardeos en la zonaConsultado sobre posibles bombardeos de la Fuerza Pública tras el ataque, el alcalde afirmó que ni el Ejército, ni la Policía, ni la Gobernación le han informado de operaciones de ese tipo en el municipio: “Hasta el momento nadie me ha confirmado bombardeos por ningún lado”.Las autoridades locales esperan que el consejo de seguridad de este lunes entregue un informe oficial sobre lo ocurrido en el cantón militar y sobre las fallas que habrían permitido el ataque.
El expresidente Gustavo Petro, aunque no dio un solo mensaje de los sexoscontratos, sí atinó a resaltar lo valioso de un beso y rechazó la Ley de Rescate y le propuso a uno de sus rivales políticos: Álvaro Uribe, unirse para votar en contra el IVA en la reforma tributaria.En medio de las discusiones que se tienen por la Ley de Rescate Fiscal, lo que antes lo dividía hoy, parece que los puede unir, y es evitar más impuestos para los colombianos.El episodio ocurrió en Medellín, en donde de gorra de piloto, camisa azul, bufanda blanca y todo el tiempo de gafas negras, el expresidente Gustavo Petro habló durante 40 minutos en un evento privado denominado ‘Primer Gran Encuentro Somos Resistencia’, que se hizo en el Club Medellín.Allí había expectativas para que se refiriera a las explosivas denuncias de Deicy Jiménez sobre sus encuentros sexuales con el expresidente a cambio de contratos, pues no fue así, lo que sí hubo fue una propuesta a uno de los hombres que le ha hecho mayor oposición, hablamos de Álvaro Uribe Vélez, a hacer coaliciones en los municipios de Antioquia entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático.La idea no sólo para las elecciones territoriales 2027, sino que también invitó a que los congresistas de Uribe voten en contra el IVA en la reforma tributaria y no echar para atrás su reforma laboral."Por eso Uribe le propongo, en Antioquia podemos juntarnos municipio por municipio, programa por programa, pero que su bancada no vote ni un solo peso del impuesto a la comida de los colombianos, que no voten por la reducción del salario y la jornada de los trabajadores y porque pongan sus votos como nosotros en la Junta Directiva del Banco de la República para bajar sustancialmente la tasa de interés que se le cobra a cualquiera que vaya a pedir un crédito en un banco", manifestó el exmandatario.Aunque todavía no se conoce una respuesta de Álvaro Uribe, hay que recordar que el Centro Democrático le presentó al gobierno De La Espriella un borrador de discusión de la Ley de Rescate, donde proponen no cobrar IVA a la canasta familiar.En el evento, Gustavo Petro, que no es un asombro, dijo que todos los miembros del Pacto Histórico votaran negativo a la Ley de Rescate y quien no lo haga debe salir, porque se trata de un beneficio para los amigos del presidente Abelardo De La Espriella."El Pacto Histórico tiene que enfrentar esta situación, no sólo oponiéndose a la sinvergüencería de un gobierno narcotraficante que prefiere entregarle las tierras que le entregamos nosotros a los campesinos para producir comida a los viejos socios narcotraficantes del presidente Abelardo", aseguró Petro.Por último junto al ex embajador de Nicaragua durante su gobierno León Fredy Muñoz, el representante a la Cámara Alejandro Toro que sigue reafirmando su alianza con la gente de Daniel Quintero, la ex consejera de regiones Luz María Múnera, entre otros, invitaron a la marcha el próximo 19 de noviembre para protestar contra la reforma de rescate del Gobierno de Abelardo De La Espriella.
Una patrullera de la Policía de Bogotá rescató a un bebé recién nacido que habría sido abandonado en una ciclorruta de la ciudad. La uniformada trasladó al menor de urgencia a un centro médico, donde recibió atención prioritaria y fue estabilizado.El caso se dio a conocer a través de un video publicado en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la funcionaria ingresa a un centro asistencial con el bebé en brazos para solicitar ayuda inmediata del personal médico.Según las primeras versiones, el recién nacido tenía rastros de sangre y señales de un parto reciente. Además, todavía tenía la placenta y el cordón umbilical. Sin embargo, hasta el momento no se han determinado las circunstancias en las que fue dejado en ese lugar ni cuánto tiempo permaneció allí.¿Cómo fue el rescate del bebé abandonado en Bogotá?La intervención de la patrullera permitió que el menor recibiera atención médica. El personal de salud logró estabilizarlo, aunque todavía no se han divulgado detalles sobre su estado de salud actual.Por ahora, tampoco se conoce la identidad de la madre ni de la persona que habría abandonado al bebé. Las autoridades investigan el caso para establecer qué ocurrió.El hecho generó reacciones entre concejales de Bogotá, quienes destacaron la actuación de la uniformada y pidieron investigar lo sucedido para garantizar la protección del recién nacido.¿Cuándo ocurrió el hallazgo del bebé abandonado en Bogotá?Aunque el video del rescate se ha difundido recientemente en redes sociales y ha generado reacciones, el caso no ocurrió en noviembre de 2026. Las imágenes corresponden a un procedimiento policial registrado en 2024, por lo que su circulación reciente ha llevado a que el hecho se presente como si hubiera sucedido en los últimos días.Concejales se pronuncian por el abandono del recién nacidoLa concejal María Clara Name, del partido Alianza Verde, reconoció la reacción de la patrullera y rechazó cualquier acto que ponga en riesgo la vida de los niños.“Reconocemos la valentía y oportuna reacción de la uniformada, quien salvó la vida de un bebé recién nacido que tristemente fue abandonado en una ciclorruta de Bogotá. Rechazamos todo acto que ponga en riesgo la vida de los niños”, señaló.La cabildante también hizo un llamado a las mujeres que atraviesan dificultades durante el embarazo o frente a la maternidad para que busquen ayuda. “Siempre habrá alternativas para proteger la vida de sus hijos”, afirmó.Por su parte, la concejal Rocío Dussán, del Polo Democrático, pidió a la Fiscalía investigar el caso y establecer responsabilidades. Además, solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) garantizar el restablecimiento de los derechos del bebé y su protección integral.“Su vida importa y merece toda la protección del Estado”, expresó Dussán en una publicación en su cuenta de X. Pero, al confirmarse que el hecho ocurrió en 2024, la concejala eliminó la publicación.
