El presidente Abelardo De La Espriella lanzó una fuerte advertencia al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, durante el encuentro con mandatarios departamentales que se realizó en Mompox, Bolívar.En medio de su intervención, el mandatario nacional cuestionó los posibles acercamientos de autoridades regionales con grupos armados ilegales y aseguró que ningún alcalde o gobernador está autorizado para adelantar conversaciones clandestinas.“Quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño, está advertido”, afirmó el presidente Abelardo De La Espriella al referirse directamente a Luis Alfonso Escobar durante el encuentro.El presidente sostuvo que los mandatarios locales y departamentales deben actuar bajo los lineamientos establecidos por el Gobierno nacional frente a los grupos armados ilegales que operan en diferentes regiones del país.De La Espriella insistió en que ningún alcalde o gobernador puede establecer por cuenta propia diálogos que no sean conocidos o autorizados por las autoridades nacionales, especialmente cuando se trata de organizaciones armadas ilegales.La advertencia al gobernador de Nariño se produjo en un contexto de preocupación por la presencia y accionar de grupos armados en el departamento, una de las regiones del país afectadas por la violencia y el conflicto.Durante el encuentro de gobernadores en Mompox, el presidente reiteró así su postura frente a los acercamientos con grupos armados ilegales y dejó claro que su Gobierno ejercerá control sobre este tipo de iniciativas.
La suspensión de los diálogos de paz con los grupos armados y el inicio de una nueva ofensiva militar representan un cambio en la estrategia de seguridad del Gobierno de De La Espriella. Para el politólogo y profesor de investigación criminal Jorge Mantilla, la decisión permite recuperar la iniciativa militar del Estado en los territorios, pero plantea importantes desafíos que deben ser atendidos para evitar que las operaciones no tengan resultados sostenibles.Uno de los principales retos es el impacto humanitario que pueden generar las acciones militares, especialmente por el riesgo de desplazamientos forzados y confinamientos de comunidades que permanecen en zonas bajo control de organizaciones criminales. A esto se suma la falta de capacidades de las Fuerzas Militares. Según Mantilla, el déficit financiero de estas instituciones se acerca a los $14 billones.El experto considera que la ofensiva debe ir más allá de la captura o neutralización de cabecillas. Aunque estas acciones pueden debilitar temporalmente a las organizaciones, también pueden provocar su fragmentación y el surgimiento de nuevos grupos. Además, señaló que durante los últimos años las estructuras armadas se han transformado y funcionan cada vez más como redes, con economías ilícitas diversificadas.En el caso del ELN, Mantilla advirtió que la organización representa un desafío particular debido a su presencia en la frontera colombo-venezolana y a su capacidad para conectar diferentes estructuras territoriales. Por ello, considera fundamental impedir que consolide corredores entre el oriente y el occidente del país, además de enfrentar sus fuentes de financiación y su presencia en las ciudades.Para el analista, la cooperación internacional también será determinante, especialmente con Estados Unidos y Ecuador, así como el fortalecimiento de las capacidades militares y de inteligencia.Mantilla respaldó la decisión de enfrentar militarmente a los grupos armados, pero hizo una precisión: “El uso de la fuerza por sí mismo no es una estrategia”. A su juicio, la política de seguridad debe incluir componentes militares, territoriales, humanitarios, judiciales y de cooperación internacional.El Gobierno tendrá, según el experto, una ventana de oportunidad para recuperar el control territorial, pero deberá presentar en los próximos meses una estrategia integral que permita convertir las operaciones actuales en resultados efectivos y sostenibles a largo plazo.
La decisión del presidente Abelardo De La Espriella de cerrar la puerta a nuevas negociaciones de paz con los grupos armados y apostar por su sometimiento a la justicia marca un giro en la estrategia de seguridad del país. Sin embargo, analistas advierten que la confrontación por sí sola podría no ser suficiente para resolver el problema de la violencia.El historiador y analista político Juan Carlos Flórez señaló que Colombia ha vivido durante décadas un ciclo de confrontación y negociación que no ha logrado poner fin a la presencia de grupos armados.“La historia de Colombia contemporánea es la de una guerra perpetua”, afirmó Flórez, al recordar los distintos momentos de negociación y confrontación de los últimos gobiernos.Para el analista, el principal riesgo de la nueva estrategia es repetir experiencias anteriores sin atacar las fuentes económicas que permiten la supervivencia de las organizaciones criminales.“Si no hay un cambio en el enfoque que siempre se ha tenido, pues lo que vamos a tener ahora es un periodo de confrontación con los grupos armados”, advirtió.Flórez sostuvo que el narcotráfico y la explotación ilegal de oro son factores determinantes en la financiación de la violencia y cuestionó que las políticas de seguridad se concentren exclusivamente en los actores armados.“Mientras que el negocio de las drogas, más ahora el negocio ilegal del oro, continúe, habrá gente en Colombia interesada en seguir en la guerra, porque la guerra es un gran negocio”, aseguró.El analista también llamó la atención sobre la responsabilidad de los mercados internacionales. Según dijo, mientras exista una fuerte demanda de drogas en países como Estados Unidos y Europa, continuarán los incentivos económicos para las organizaciones ilegales.Andrés Caro, por su parte, consideró que el país debe intentar una estrategia diferente después del fracaso de la política de ‘paz total’ del Gobierno de Gustavo Petro.“Colombia lleva por lo menos desde 1978 en cada Gobierno intentando hacer un diálogo de paz, y no hemos hecho bien la paz y no hemos hecho bien la guerra”, sostuvo.Caro respaldó el giro hacia una mayor acción estatal y afirmó que Colombia necesita recuperar el control de su territorio.“Es hora de intentar ese método”, dijo, al referirse a una estrategia basada en el fortalecimiento del Estado, las Fuerzas Militares y la Policía.Sobre el sometimiento a la justicia, explicó que la propuesta no implica negociaciones políticas de paz, sino procesos dentro del sistema penal.El debate, así, queda planteado entre quienes consideran necesario recuperar la capacidad coercitiva del Estado y quienes advierten que, sin enfrentar las economías ilegales y la demanda internacional de drogas, la confrontación podría terminar reproduciendo el mismo ciclo de violencia.
El obispo de Tumaco, Franklin Misael Betancourt, reaccionó al anuncio del presidente Abelardo De La Espriella de que no habrá más diálogos de paz y advirtió sobre las consecuencias que una nueva escalada de violencia podría generar en el Pacífico nariñense.Durante la marcha por la defensa de la paz realizada este sábado 8 de agosto en Tumaco, el prelado afirmó que la Iglesia ha respaldado los diálogos como mecanismo para buscar soluciones a los conflictos.“Pues, sinceramente, yo sentí un cierto escalofrío, ¿no? Porque, de todas formas, la Iglesia siempre ha promovido y ha estado del lado de los diálogos para la solución de los conflictos. La guerra trae más guerra, la guerra genera más violencia y el mejor camino es un diálogo, pero un diálogo sincero y transparente”, dijo en diálogo con Blu Radio.Betancourt hizo un llamado a los grupos armados para que reflexionen sobre las consecuencias de la violencia y tengan en cuenta a las víctimas del conflicto.“No podemos seguirnos matando, no podemos seguirnos enfrentando como colombianos, como hermanos, como seres humanos”, manifestó.El obispo también se refirió al presidente De La Espriella y aseguró que confía en que el mandatario tome decisiones que beneficien al país.“Lo felicito por ser el nuevo presidente de nuestro país y colocamos toda nuestra confianza en él. Le pedimos al Señor que lo ilumine para que tome las mejores decisiones en bien de nuestra patria colombiana”, afirmó.Sobre la situación en el Pacífico, Betancourt sostuvo que algunos procesos de diálogo han permitido una relativa calma en la región, aunque insistió en que cualquier acercamiento debe estar acompañado de sinceridad y compromisos.“Lo peor que le puede pasar al Pacífico es que se reactive la guerra, que se reactive la violencia, que se reactiven los desplazamientos y que nuestro pueblo vuelva a vivir en la intimidación”, advirtió.Frente a los cultivos ilícitos, el religioso reconoció su relación con la violencia y planteó la necesidad de buscar alternativas para los campesinos que dependen de estas actividades.“Pienso que hay que tomar alguna determinación política y mirar qué se hace con estos cultivos, sobre todo ayudar a los campesinos”, señaló.Finalmente, Betancourt pidió fortalecer la democracia y combatir la corrupción para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.“El tema de la corrupción es el que está llevando a nuestro país a tantas situaciones difíciles, en situaciones de vías, en situaciones de salud, en situaciones de educación”, concluyó.
Teniendo en cuenta que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, descartó por completo alguna posibilidad de mantener los procesos de paz que están en curso en el país, desde Buenaventura, la delegación actual de la mesa socio jurídica está agotando todos sus esfuerzos para lograr que este proceso se concrete antes del 07 de agosto.El Gobierno saliente aseguró que si bien el próximo mandatario está en la potestad de desarticular la negociación que está en curso, hay que tener en cuenta los resultados que ya se han logrado, especialmente los compromisos con la comunidad bonaverense."El proceso de paz no se enerva, no se levanta, sigue adelante y seguramente pues aquí llegarán otros actores. El Gobierno Nacional hoy debería darle continuidad a este esfuerzo en Buenaventura que ha traído consigo ciertos niveles de tranquilidad. Aunque hay que seguir dándole vueltas a la tuerca, mejorar nuestros sistemas de seguridad. Y a los grupos armados, decirles que es el momento también de avanzar con determinación en la dirección correcta que es la paz urbana en Buenaventura", indicó Fabio Cardozo, delegado del Gobierno nacional en el proceso de paz de Buenaventura.Este miércoles, a propósito, se firmará un nuevo acuerdo de paz en ese distrito, encaminado principalmente al desmonte de las estructuras criminales que delinquen en el puerto."Ha habido desarrollos relevantes en el sentido que se está planteando por parte de estos grupos, especialmente con uno de ellos, la posibilidad de emprender un proceso de desvinculación parcial de sus miembros, es decir, después de la captura de sus jefes máximos, pusimos sobre la mesa la conversación sobre la necesidad del desmonte de las bandas criminales en Buenaventura", indicó el delegado.Entre los logros alcanzados en el proceso de paz actual en Buenaventura, el delegado confirmó que se han logrado acuerdos para proteger a los menores de edad, a las mujeres y especialmente resignificar territorios encaminados a la transformación social.
La Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación contra el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el exministro de Defensa, Iván Velásquez; el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus; y el jefe de contrainteligencia de esa entidad, Ricardo Rosanía, por las recientes revelaciones relacionadas con los acercamientos entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo durante los primeros meses de la administración del presidente Gustavo Petro.La actuación judicial está relacionada con información y audios conocidos recientemente, en los que se menciona la posibilidad de suspender la ofensiva militar contra esa organización criminal y realizar una presunta “depuración en las Fuerzas Militares y la Policía”, en el marco de los acercamientos que buscaban el sometimiento del grupo armado a la justicia.La indagación fue abierta luego de que una investigación periodística revelara audios que corresponderían a una conversación entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y alias “Jerónimo”, integrante del Clan del Golfo. Según esa información, los diálogos hicieron parte de los contactos adelantados en 2022 dentro de la política de paz total impulsada por el Gobierno Nacional.De acuerdo con las revelaciones conocidas, en esas conversaciones se habría planteado la posibilidad de frenar operaciones de las autoridades contra el Clan del Golfo y realizar una “limpieza” en los organismos de inteligencia policial. Estos elementos son ahora objeto de verificación por parte de la Fiscalía dentro de la indagación preliminar.El caso fue asignado a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y, además, fue unificado con otras investigaciones que adelanta el ente acusador por el presunto favorecimiento a grupos armados ilegales, como la supuesta filtración de información reservada a las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá” y los presuntos encuentros con integrantes de esa estructura armada.Estas actuaciones involucran al general Juan Miguel Huertas, como jefe del Comando de Personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, como alto mando de la Dirección Nacional de Inteligencia cuando se desarrollaron los presuntos hechos, a partir de elementos encontrados en dispositivos electrónicos incautados a alias “Calarcá” durante el año 2025.Con esta actuación, la Fiscalía busca establecer si existieron conductas con relevancia penal relacionadas con los acercamientos entre funcionarios del Gobierno y estructuras armadas ilegales, así como el eventual favorecimiento de organizaciones criminales en el desarrollo de los procesos de negociación y sometimiento a la justicia.
El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de la resolución gubernamental que autorizaba la instalación de una mesa de diálogos de paz con la autodenominada disidencias de la Segunda Marquetalia. La decisión judicial frenó el avance de las negociaciones políticas que el Ejecutivo pretendía adelantar con esta estructura armada.La determinación del alto tribunal se fundamenta en una interpretación estricta de la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de “paz total”. Según el fallo, dicha normativa establece una distinción jurídica fundamental entre los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOMIL) y las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI).De acuerdo con la sala, el Gobierno cometió una imprecisión al clasificar a la Segunda Marquetalia como un grupo con estatus político. El auto judicial señala que, bajo el marco legal vigente, la naturaleza de esta organización corresponde a la de una estructura criminal de alto impacto. En consecuencia, la ley solo facultaría al Gobierno para realizar acercamientos orientados al sometimiento a la justicia y al desmantelamiento definitivo del grupo, pero no para entablar negociaciones de carácter político similares a las que se sostienen con otros actores insurgentes.Este revés jurídico cuestiona la hoja de ruta del Gobierno Nacional en su política de paz. La resolución demandada intentaba otorgar un reconocimiento que, a juicio del Consejo de Estado, no se ajusta a los preceptos legales que rigen el trato diferenciado entre grupos rebeldes y organizaciones delictivas.El proceso de paz con la Segunda Marquetalia, liderada por alias ‘Iván Márquez’, ha sido uno de los puntos más controvertidos de la administración actual, debido al origen de esta disidencia, conformada por exintegrantes de las extintas FARC que abandonaron el proceso de paz de 2016 y retomaron las armas, sin embargo, este no ha tenido mayores avances. La suspensión impone ahora un freno administrativo y jurídico al diálogo que buscaba cerrar el capítulo de este grupo armado en el país.
La Fundación Ideas para la Paz advirtió que las Zonas de Ubicación Temporal impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de la política de paz total estarían siendo implementadas en un momento en el que las mesas de diálogo aún no han alcanzado acuerdos específicos de desarme, desmovilización o sometimiento de las organizaciones armadas.Según explicó Javier Flórez, director del área de Conflicto y Seguridad de la entidad, uno de los principales dilemas es que se estén concentrando integrantes de estos grupos sin que existan aún rutas jurídicas claras sobre cuál será su situación dentro de un eventual proceso de sometimiento o desmovilización.“Las ZUT fueron creadas para un momento avanzado, es decir, cuando se tenían potenciales acuerdos de desarme, desmovilización y reintegración”, explicó Flórez, quien advirtió que actualmente “en ninguna de estas mesas tenemos procesos que han llegado a ese nivel de avances con acuerdos específicos”.Para la fundación, otro de los interrogantes tiene que ver con la representatividad de las estructuras que se están concentrando, teniendo en cuenta que en algunos casos solo participa una parte de las organizaciones y no su totalidad.“Estas ZUT se crean a partir de la idea de que la totalidad de la organización va a someterse, va a desmovilizarse o está entregando las armas, no un porcentaje mínimo de ello”, señaló.El análisis también pone sobre la mesa la incertidumbre que genera la transición política y el futuro de este mecanismo ante la llegada del nuevo gobierno.“El dilema de la transición política, dejar esta duda abierta y otras que potencialmente quieran dejar abiertas, aunque lo vemos muy poco probable, en medio de una entrega del poder a un gobierno que sabemos llega con unas con una idea muy clara de cerrar los procesos de negociación de la paz total, pues deja aún con mayor incertidumbre, no solo el instrumento que probablemente va a acabarse de las zonas de ubicación temporal, sino también de las personas que hoy quedan ubicadas en ella”, sostuvo Flórez.Desde la Fundación Ideas para la Paz cuestionaron que se presenten estos avances como un éxito de la política de paz total cuando, a su juicio, persisten vacíos metodológicos y jurídicos.“Parece un sinsentido que el gobierno trate de ver esto con un tema favorable, con un éxito de la paz total, cuando, de nuevo, demuestra poco método, poca claridad jurídica y demasiadas incertidumbres, tanto para las personas que se concentran allí como para el futuro de estas negociaciones en el próximo gobierno”, agregó.El investigador concluyó que la falta de reglas claras y de seguridad jurídica no solo afecta a quienes se concentran en estas zonas, sino también a las comunidades que conviven con ellas en los territorios.“De anuncios no vive ni se sostiene ningún proceso de negociación. Los procesos de negociación son útiles cuando menos se sabe de hecho, es decir, cuando a partir de procesos serios de negociación terminan anunciando acuerdos definitivos que realmente pueden ser sustentados y que tienen la ruta jurídica para su implementación, como nos han enseñado en el pasado varios procesos de paz”, concluyó.
En un extenso mensaje publicado a través de su cuenta personal en la red social X, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, solicitó al presidente electo, Abelardo De La Espriella, autorizar una comisión regional de empalme para evaluar, con objetividad y sin retaliaciones políticas, los alcances de los dos procesos de paz que desde hace dos años se adelantan en el departamento, tras la autorización del Gobierno del presidente Gustavo Petro.Escobar afirmó que el gobernador de Nariño no coordina la guerra, no traza objetivos militares ni imparte órdenes operacionales a la fuerza pública para favorecer u omitir el accionar de ningún grupo al margen de la ley.Según el mandatario seccional, los diálogos territoriales de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Frente Comuneros del Sur son los más avanzados del país. Como muestra de ello, destacó la entrega de armas y la concentración de 99 integrantes del grupo ilegal Comandos de Frontera, hecho que se produjo en una zona rural del municipio de La Hormiga, en el Bajo Putumayo.El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, aseguró que las versiones que lo vinculan con decisiones relacionadas con operaciones militares carecen de fundamento y respondió que sus funciones no incluyen coordinar acciones de guerra, definir objetivos militares ni impartir instrucciones a la fuerza pública en favor o en contra de grupos armados ilegales.Explicó que las competencias sobre seguridad, orden público y persecución del delito corresponden exclusivamente a las Fuerzas Militares y la Policía, instituciones con las que, afirmó, ha trabajado de manera articulada desde el inicio de su administración para enfrentar la crisis humanitaria y de seguridad que atravesaba el departamento.El mandatario sostuvo que la política de paz territorial impulsada en Nariño busca transformar las condiciones del territorio mediante la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, el fortalecimiento de la presencia estatal, el mejoramiento de la infraestructura y la ampliación del acceso a servicios básicos.Como resultados de esa estrategia, destacó la reducción de los homicidios en municipios como Tumaco, la entrega y destrucción de material de guerra por parte de grupos que participan en diálogos de paz, el avance en la erradicación voluntaria de más de 12.000 hectáreas de cultivos ilícitos y la disminución de los desplazamientos forzados en el departamento.
Mientras en la Mesa de Paz Urbana del Valle de Aburrá hacen el informe de empalme y esperan continuar con los diálogos, concejales de Medellín piden que las negociaciones cesen a partir del 7 de agosto. Aseguran que las bandas delincuenciales nunca entregaron resultados para estar hablando de paz con el Gobierno nacional.Aunque los rumores del fin de la Mesa de Paz Urbana de la cárcel de Itagüí fueron aclarados por los delegados del Gobierno nacional, estos insisten en que se está preparando el informe de empalme de cara a la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y que será el mandatario quien defina el futuro del proceso, en Medellín esperan que los diálogos acaben el 7 de agosto.El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, aseguró que los representantes de las bandas delincuenciales nunca entregaron resultados, por lo que espera que el nuevo mandato presidencial haga pagar por sus delitos a los presos en Itagüí.“Que respondan por sus delitos, que dejen al Valle de Aburrá tranquilo, en donde no ha habido avances tangibles, no han cumplido, no ha habido ley de sometimiento, no ha habido desescalamiento de la violencia y mucho menos estas estructuras criminales se han des fortalecido”, aseguró Bedout.Por ahora lo que indicó la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, es que se está haciendo el balance para poder presentarlo en el proceso de empalme y que así el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, pueda tomar una decisión y así determinar con certeza si los diálogos siguen o no.El concejal de Medellín, Andrés Tobón, cuestionó los resultados que ha dejado la Mesa de Paz Urbana e indicó que espera que suceda una vez que se haga el relevo en el Gobierno nacional.“Lo que tiene que pasar con los cabecillas que se encuentran recluidos en la cárcel Itagüí a partir del 7 de agosto es muy concreto. Acabar con la mesa, trasladar los cada uno de ellos a cárcel y diferentes de manera que no pueda seguir ese comportamiento de junta directiva gobernando el mundo criminal”, aseveró.Otra que rápidamente salió a reaccionar ante el posible cese de actividades en la cárcel de Itagüí una vez Abelardo de la Espriella asuma el mandato en Casa de Nariño fue la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien cuestionó los avances que tuvo la Mesa de Paz Urbana.“Y engañar. No solamente a la ciudad de Medellín, solamente fueron falacias y no olvidemos el tema de la extorsión. Que dijeron que iban a hacer un plan piloto en los 23 barrios de la ciudad de Medellín y preguntémonos cuáles fueron los resultados. Realmente esto fue un fracaso”, puntualizó.A la espera de que se tome una decisión sobre los diálogos con los cabecillas de bandas delincuenciales, hay que recordar que el futuro del espacio tiene un antecedente reciente que podría ser determinante a la hora de tomar una decisión: la parranda vallenata con Nelson Velásquez.La polémica, que según los concejales dejó en evidencia los beneficios que tenían los delincuentes, causó que, incluso, el mismo Gobierno nacional suspendiera los diálogos por algunas semanas, por lo que ahora se espera que Abelardo de la Espriella sea tajante e inflexible en la posible decisión de acabar con el proceso.
Los precios de los arriendos en Colombia registraron incrementos anuales en septiembre de 2026, tanto en viviendas como en inmuebles comerciales. Sin embargo, las variaciones fueron diferentes entre ciudades y tipos de propiedad: mientras algunas registraron alzas de dos dígitos, otras tuvieron aumentos moderados e incluso reducciones en determinados segmentos.De acuerdo con el informe del El Libertador-Davivienda Rent Index (ELDRI), Armenia registró las mayores alzas anuales en los cánones de arrendamiento de casas y apartamentos. En esa ciudad, los precios de los apartamentos aumentaron un 14,3 % y los de las casas, un 13,2 %. En Bogotá, por su parte, los arriendos de apartamentos subieron un 4,9 %.A nivel nacional, los cánones de arrendamiento de casas aumentaron un 9,5 % anual en septiembre, el mayor incremento desde diciembre de 2024. Los apartamentos registraron una variación del 6,5 %, por debajo del máximo del 6,7 % alcanzado en julio, pero por encima del 5,8 % con el que cerraron 2025.¿En qué ciudades subieron más los arriendos de casas y apartamentos?Después de Armenia, Bucaramanga y Medellín registraron algunos de los mayores incrementos anuales en los cánones de arrendamiento de casas, con variaciones del 11,5 % y el 11,4 %, respectivamente.En el mercado de apartamentos, Manizales ocupó el segundo lugar, con un aumento del 11,8 %, seguida de Bucaramanga, donde los precios crecieron un 10,6 %.Cartagena presentó las menores variaciones entre las ciudades mencionadas en el informe: los cánones de las casas aumentaron un 7,7 %, mientras que los de los apartamentos subieron apenas un 1,5 %.Barranquilla también registró incrementos, aunque más moderados: un 8,3 % en casas y un 3,1 % en apartamentos.¿Cuánto subieron los arriendos de locales, oficinas y bodegas?El aumento de los cánones también se reflejó en los inmuebles destinados a actividades empresariales. En septiembre, las oficinas registraron una variación anual del 6,7 %, las bodegas del 6,9 % y los locales comerciales del 5,2 %.Por ciudades, Ibagué y Medellín compartieron el mayor incremento en los cánones de arrendamiento de locales comerciales, con un 8 % cada una. Armenia les siguió con un 7,7 %, mientras que Pereira registró una caída del 1,7 %.En el segmento de oficinas, Manizales presentó el mayor aumento, con un 15,4 %, seguida de Bucaramanga, con un 13,2 %, y Cali, con un 10 %. Armenia registró una reducción del 4 % en este tipo de inmuebles.En cuanto a las bodegas, Armenia volvió a encabezar las alzas, con un incremento anual del 38,8 %. Cali registró una variación del 8,3 % y Cartagena, del 8,2 %.Las cifras muestran diferencias entre ciudades y tipos de inmueble. Por ello, el aumento nacional de los arriendos no refleja por sí solo el comportamiento de cada mercado local.
En manos de la justicia quedaron tres hombres que, al parecer, venían delinquiendo bajo las órdenes de alias ‘El Gordo 40’, señalado cabecilla de zona de Los Costeños en el municipio de Soledad, Atlántico.Estas personas fueron capturadas en el barrio Los Fundadores del mencionado municipio durante los operativos que viene adelantando el Gaula de la Policía, por orden del presidente Abelardo De La Espriella, para combatir el delito de extorsión en el área metropolitana de Barranquilla.Los capturados, según las autoridades, estarían relacionados con la quema de fachadas de establecimientos comerciales para intimidar a sus propietarios y presionarlos a pagar extorsión. Entre los hechos que son materia de investigación se encuentra la quema de una tienda en el barrio La Arboleda, registrada en los últimos días.A los detenidos, quienes registran anotaciones judiciales por porte ilegal de armas, homicidio y hurto, les incautaron una pistola calibre 9 milímetros, un vehículo, tres teléfonos celulares y tres panfletos presuntamente relacionados con los hechos investigados.En lo corrido de 2026, la Policía Nacional ha capturado 440 personas por extorsión y delitos conexos en Barranquilla y su área metropolitana. Estas acciones han permitido evitar que 3.587 millones de pesos lleguen a manos de las estructuras criminales, afectando sus fuentes de financiación ilegal.Bloques de seguridad urbanaLos Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana ya están operando en el área metropolitana de Barranquilla, donde han intensificado las acciones operativas en las calles para combatir el homicidio, la extorsión y el hurto.A través de esta estrategia, la Policía hace presencia en las calles, desarrollando intervenciones focalizadas, labores de inteligencia e investigación criminal, orientadas a identificar, ubicar y capturar a quienes pretenden alterar la tranquilidad de los ciudadanos. La prioridad es combatir frontalmente delitos como el homicidio, la extorsión y el hurto, cerrándoles espacios de actuación a los delincuentes.“Le estamos cerrando el cerco al delito. No vamos a permitir que la delincuencia imponga el temor en nuestras comunidades; seguiremos en las calles, actuando con determinación para proteger a nuestros ciudadanos”, señaló la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
El chance Dorado Mañana sigue siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia. Su amplia cobertura en ciudades y municipios del país, junto con un atractivo plan de premios, lo convierte en una de las modalidades de chance más populares para quienes buscan comprobar si su apuesta resultó ganadora.Número ganador del Dorado Mañana hoy, martes 13 de octubre de 2026El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 13 de octubre de 2026 es (resultado en breve). Una vez se conozcan los resultados, los jugadores podrán verificar las cifras correspondientes y comprobar si su tiquete coincide con alguna de las combinaciones premiadas.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta balota: Se recomienda verificar el resultado con el operador autorizado y consultar con el vendedor de confianza para confirmar si el tiquete obtuvo algún premio.¿A qué hora juega el Dorado Mañana?El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después del sorteo, lo que permite a los participantes consultar oportunamente las cifras ganadoras.Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.Plan de premios del Dorado MañanaUno de los principales atractivos de este juego de azar es la posibilidad de obtener premios mediante aciertos completos o parciales. Por cada peso apostado, el plan de premios contempla los siguientes pagos:4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.Además, el juego incluye una quinta balota, que amplía las combinaciones disponibles y ofrece otra posibilidad de obtener ganancias, de acuerdo con las condiciones establecidas para el sorteo.¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?De acuerdo con las condiciones establecidas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos correspondientes.Para realizar el cobro, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Es importante conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración puede afectar su validación y el pago del premio.Antes de reclamar, se recomienda confirmar el resultado del sorteo y consultar las condiciones vigentes del operador para conocer el procedimiento aplicable al premio obtenido.
El comandante de la Fuerza Aeroespacial, mayor general Juan Jaime Martínez, verificará las aeronaves y las tripulaciones que transportaron a la ex primera dama, tras los señalamientos de Eva Ferrer sobre presuntas operaciones entre Colombia y Venezuela.La Fuerza Aérea Colombiana adelanta una inspección a los vuelos en los que se movilizó Verónica Alcocer, luego de las acusaciones de Eva Ferrer sobre el supuesto transporte de armas y droga hacia Venezuela y el regreso a Colombia con 2,5 millones de dólares en efectivo. Por orden del presidente Abelardo De La Espriella, el comandante de la FAC, general Juan Jaime Martínez, recibió instrucciones de revisar el caso e identificar quiénes podrían estar involucrados.La revisión incluye la verificación de las aeronaves utilizadas, los registros de vuelo y las respectivas consultas con las tripulaciones que transportaron a la ex primera dama, con el propósito de reconstruir los desplazamientos y establecer si hubo irregularidades en los procedimientos.Los señalamientos de Eva Ferrer deberán ser contrastados con los registros y las pruebas disponibles. Por ahora, la inspección busca esclarecer lo ocurrido y determinar si corresponde adelantar investigaciones adicionales sobre el caso. Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación y parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro junto a Verónica Alcocer, lanzó graves acusaciones contra la exprimera dama. Ferrer aseguró que Alcocer habría estado involucrada en una red de tráfico de drogas y que, en viajes a Venezuela, se habrían transportado millones de dólares en el avión oficial de la primera dama.Por estos hechos, La Procuraduría General de la Nación también formalizó llamado a declarar a Eva Ferrer y a otras cinco personas. La determinación del organismo disciplinario se adoptó a raíz de las informaciones divulgadas por la revista Semana en su edición del pasado sábado, las cuales hacen referencia a presuntos actos de corrupción y narcotrotráfico en los que habrían incurrido la ex primera dama Verónica Alcocer y diversos servidores públicos.
MBogotá tendrá movilizaciones el 14 de octubre, convocadas por organizaciones sindicales, docentes y sectores universitarios. Las actividades se desarrollarán en medio de las discusiones sobre las medidas económicas y laborales del Gobierno de Abelardo De La Espriella.Entre las convocatorias está la marcha del magisterio distrital, que comenzará a las 10:00 a. m. en el Parque Nacional, en la localidad de Santa Fe. Otras manifestaciones previstas para este miércoles todavía no tienen horarios ni puntos de encuentro confirmados.¿Dónde serán las marchas del 14 de octubre en Bogotá?De acuerdo con la información divulgada por el magisterio distrital y otros sectores, estos son los puntos de concentración anunciados hasta el momento:Magisterio distrital: la Asociación Distrital de Educadores (ADE) convocó la marcha "¡El Magisterio Distrital para y se moviliza!", que comenzará a las 10:00 a. m. en el Parque Nacional, en la localidad de Santa Fe.Sector universitario: la movilización Movilización en defensa de nuestros derechos tendrá como punto de encuentro la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, también en Santa Fe. La hora está por confirmar.Usme: se anunció la jornada Usme se moviliza, pero todavía no se han informado el horario ni el punto exacto de concentración.Adicionalmente, las centrales sindicales CUT, CTC y CGT, junto con CDP, Fecode, el Pacto Histórico y Alianza por la Vida, convocaron una jornada preparatoria de un paro contra el Gobierno. El horario y el lugar de encuentro están pendientes de confirmación.¿Qué organizaciones convocan las marchas del 14 de octubre?Las movilizaciones reúnen a organizaciones sindicales, docentes y sectores políticos que han expresado su oposición a decisiones de la actual administración. Fecode también informó que habrá manifestaciones en varias ciudades del país.Entre los lugares mencionados para posibles concentraciones están la plaza de San Antonio, en Medellín, y la plaza de Cayzedo, en Cali. También se anunciaron actividades en Bucaramanga, Barranquilla y Armenia. Sin embargo, todavía no se han confirmado oficialmente los horarios de encuentro en estas ciudades.¿A qué hora comenzarán las marchas del 14 de octubre?Por ahora, el único horario confirmado en Bogotá es el de la movilización del magisterio distrital, programada para las 10:00 a. m. en el Parque Nacional.Las demás organizaciones deberán confirmar sus horarios y lugares de encuentro. Se recomienda consultar los comunicados oficiales de los convocantes antes de desplazarse, ya que no se han confirmado las horas de inicio para todas las manifestaciones.
