En entrevistas a 214 víctimas, la JEP evidencia cómo, tras ser reclutados, los sometían a cargas y tareas que excedían su capacidad física; los privaban de alimento y sueño como castigo cuando fallaban en entrenamientos de manejo de armas y explosivos.
La magistrada Rueda detalló que las víctimas de reclutamiento forzado de las extintas Farc relataron malos tratos en las actividades cotidianas, como transportar leña, abrir trincheras, cocinar, hacer labores de aseo, pero también acciones como intentar comunicarse con su familia, comer un pedazo de panela sin permiso o negarse a torturar.
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La magistrada también reveló que se documentaron casos de suicidios de menores de edad como consecuencia de esos malos tratos.
En el patrón de malos tratos, torturas y ejecuciones, la Jurisdicción documentó 104 víctimas sometidas a tortura, 28 a tratos crueles y 208 víctimas de condenas y ejecuciones sin juicio previo o sin las garantías indispensables.
Otras 68 víctimas describieron los abusos durante los entrenamientos militares, en los que eran obligadas a cargar armamento pesado, realizar largas caminatas y manipular explosivos y minas antipersonal sin la preparación necesaria.
Además, 81 contaron que fueron llevadas a operaciones militares y expuestas al fuego enemigo, incluso sin experiencia suficiente para afrontar los combates.
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Por otro lado, al menos 156 mujeres reportaron haber sido sometidas a la anticoncepción forzada y 91 denunciaron abortos forzados.
"Estos niños y niñas no tenían una posibilidad real de controvertir las órdenes, de cuestionarlas ni de rechazarlas. La disciplina se extendía a sus actividades cotidianas, a sus relaciones personales, a las tareas, a los entrenamientos e incluso a su participación en operaciones militares", explicó la magistrada Rueda.
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Otras 68 víctimas describieron los abusos durante los entrenamientos militares, en los que eran obligadas a cargar armamento pesado, realizar largas caminatas y manipular explosivos y minas antipersonal sin la preparación necesaria.
Además, 81 contaron que fueron llevadas a operaciones militares y expuestas al fuego enemigo, incluso sin experiencia suficiente para afrontar los combates.
Por otro lado, al menos 156 mujeres reportaron haber sido sometidas a la anticoncepción forzada y 91 denunciaron abortos forzados.
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Las sanciones incluían trabajos obligados, aislamiento, castigos físicos, humillaciones y fusilamientos. Según Rueda, los procedimientos disciplinarios y los llamados consejos revolucionarios de guerra no respetaron garantías básicas como el derecho de defensa, la legalidad o la independencia.
Entre 1971 y 2016, las antiguas FARC reclutaron al menos a 18.677 menores. El Caso 07 cuenta con 11.319 víctimas acreditadas individual y colectivamente y acompaña la búsqueda de 533 niños y niñas reclutados que permanecen desaparecidos.
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