La Procuraduría General de la Nación encontró presuntas responsabilidades de funcionarios del Ministerio de Educación y de los departamentos del Amazonas, Santander, Norte de Santander y Huila por irregularidades en los contratos del Programa de Alimentación Escolar, PAE.
El Ministerio Público llamó a juicio disciplinario al viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional para el año 2015, Luis Enrique García de Brigard, por presuntas irregularidades en la implementación del PAE por más de 13.400 millones de pesos.
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Por el departamento del Amazonas llamó a juicio al exgobernador Manuel Antonio Carebilla por su presunta responsabilidad en la celebración irregular de contratos en el año 2017 por más de 792 millones de pesos relacionados con el PAE.
En Santander, la Procuraduría abrió investigación contra la secretaria de Educación del departamento, Ana de Dios Tarazona, por un presunto direccionamiento irregular de la licitación en favor de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana para entrega de planes de alimentación escolar por 30.000 millones de pesos.
En el caso del municipio de Floridablanca abrió investigación disciplinaria al jefe de la Oficina de Contratación de la Alcaldía de Floridablanca, Mario Barragán Pachón; al secretario de Educación del municipio, Juan Carlos Ostos Guevara, y a la supervisora designada, Yuislay Correa Agudelo, por un convenio de 3.000 millones de pesos.
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En el departamento del Huila, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria en contra del alcalde del municipio de Pitalito, Miguel Antonio Rico Rincón, y el mandatario local encargado, Jorge Enrique Motta Carvajal, por presuntas irregularidades en la celebración de tres contratos con la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada por más de 7.800 millones de pesos.
Asimismo, abrió indagaciones preliminares a funcionarios de la Gobernación de Huila por presuntas irregularidades en la celebración de seis contratos con la misma cooperativa.
En las investigaciones, la Procuraduría también inició acciones contra funcionarios de la Alcaldía de Cúcuta por posibles anomalías en la contratación adelantada con dicha cooperativa.
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