La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 antiguos comandantes e integrantes de los estados mayores de las extintas Farc por hechos de violencia sexual, violencia basada en género y agresiones por prejuicio contra la población civil durante el conflicto armado.
La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad señala a estos comparecientes como máximos responsables por su posición de mando o por su participación directa en los crímenes investigados. La jurisdicción les atribuye responsabilidad por delitos como violación, violencia sexual, esclavitud sexual, homicidio, asesinato, tortura, tratos crueles, desplazamiento forzado, persecución y traslado forzoso de población.
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La JEP aclaró que, por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir perdón judicial.
El tribunal asegura que los comparecientes pertenecieron a diferentes estructuras de las extintas Farc, la decisión incluye a antiguos comandantes de frente, integrantes de estados mayores y otros responsables de estructuras regionales.
La investigación de la JEP encontró que la violenxia sexual, de género, reproductiva y por prejuicio ocurrieron en todo el territorio nacional, abarcando las zonas de influencia de los extintos bloques Noroccidental, Magdalena Medio, Occidental, Caribe, Oriental, Sur y Comando… pic.twitter.com/FeL9VKrpuB
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) November 9, 2026
Los 11 imputados son: Fabián Ramírez Cabrera, conocido como ‘Fabián Ramírez’; Floresmiro Burbano, alias ‘Martín Corena’; Élmer Caviedes, alias ‘Albeiro Córdoba’; Bertulfo Caicedo Garzón, conocido como ‘Alberto Pitufo’; Jaime Vásquez Calderón, alias ‘Arquímedes’, responsable de la llamada oficina de quejas y reclamos de las Farc en Vista Hermosa, Meta. Además de Luis Óscar Úsuga Restrepo, alias ‘Isaías Trujillo’; Ovidio Antonio Mesa Ospina, conocido como ‘Anderson’ o ‘Carranza’; Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’, excomandante del Frente 21; y Gustavo Bocanegra Ortegón, conocido como ‘Donald’, encargado de la organización política y de masas de esa estructura; Jair Enrique Acosta Cuantindioy, alias ‘Javier Guzmán’ o ‘Chugo’, y Reinel Natalio García Mojica, conocido como ‘Ricardo el Pija’.
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De acuerdo con la JEP, ninguno de los 11 comparecientes había estado en prisión por estos crímenes. La sala determinó su responsabilidad individual al examinar sus posiciones de mando, las funciones que desempeñaron y su participación en los hechos. En algunos casos, la imputación responde a que no previnieron, investigaron ni sancionaron las agresiones cometidas por sus subordinados; en otros, se les atribuye autoría directa.
La investigación, que comenzó en septiembre de 2023, identificó que las agresiones no fueron hechos aislados. La sala encontró dos patrones principales de criminalidad.
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El primero corresponde a la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes por el hecho de ser mujeres, en donde la JEP documentó violaciones, esclavitud sexual y otras agresiones utilizadas para controlar, castigar o someter a las víctimas. También encontró casos de violencia sexual contra mujeres señaladas de colaborar con grupos enemigos, incumplir órdenes de la guerrilla o resistirse al reclutamiento forzado.
Entre los hechos documentados está el de una niña de 12 años que fue llevada a un campamento guerrillero, donde durante cuatro años sufrió violencia sexual, física y reproductiva. Según la investigación, fue obligada a abortar y a realizar labores domésticas, mientras que su padre fue torturado y asesinado cuando intentó rescatarla.
La JEP documentó en esta decisión los daños que sufrieron las víctimas y las consecuencias que ún permanecen:
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) November 9, 2026
▪️Daños a la salud física
▪️Afectaciones a la salud sexual e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
▪️Daños a la autonomía sexual y a la vivencia de la intimidad…
El segundo patrón corresponde a la violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. La jurisdicción encontró amenazas, agresiones sexuales, desplazamientos y asesinatos contra personas que no encajaban en las normas de comportamiento impuestas por la guerrilla.
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La imputación tuvo en cuenta los testimonios de 743 víctimas acreditadas, 80 informes de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, las versiones de 54 comparecientes de las extintas Farc y las observaciones presentadas por las víctimas.
Ahora, los 11 comparecientes tienen 20 días hábiles para manifestar por escrito si reconocen o no los hechos y las responsabilidades que les atribuyó la JEP.
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Si los excomandantes reconocen su responsabilidad y aportan verdad, la jurisdicción podrá convocar una audiencia de reconocimiento. Después, la Sala de Reconocimiento emitirá una resolución de conclusiones para continuar con el trámite de las posibles sanciones propias o restaurativas, que incluyen restricciones efectivas de libertad y otros derechos, pero no cárcel.
En caso de que nieguen su responsabilidad, los expedientes podrán pasar a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y avanzar hacia un juicio. Si son encontrados responsables, podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión.