La organización Justicia y Democracia expresó su preocupación por el anuncio del presidente Abelardo De La Espriella de permitir el ingreso de la Policía a las universidades públicas cuando se presenten hechos que sean considerados como violencia, vandalismo o “terrorismo”.
Según la organización, la medida representa una alerta para los derechos humanos y podría afectar el principio de autonomía universitaria. Aclaró, sin embargo, que esta autonomía no significa impunidad ni impide que se investiguen posibles delitos cometidos dentro de los campus.
Justicia y Democracia señaló que Colombia ya cuenta con protocolos para atender situaciones de alteración del orden público en entornos universitarios, bajo criterios de coordinación entre las autoridades civiles, las instituciones educativas y la Fuerza Pública.
En ese sentido, pidió que cualquier nuevo protocolo anunciado por el Gobierno fortalezca las garantías existentes y no amplíe las facultades de intervención policial dentro de las universidades.
Frente a esto, la organización también recordó antecedentes de violencia contra estudiantes universitarios. Según informó la Comisión de la Verdad, 588 estudiantes fueron asesinados entre 1962 y 2011 y, entre los responsables identificados, agentes estatales concentraron el 36,6 % de las responsabilidades, seguidos por grupos paramilitares con el 27,2 %.
También hizo referencia a hechos ocurridos el 16 de mayo de 1984, cuando la Fuerza Pública ingresó a la Universidad Nacional durante una jornada de protesta. Según los registros citados por Justicia y Democracia, 81 personas fueron detenidas y se reportaron golpes, torturas y otros tratos crueles, además de al menos 46 personas heridas.
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La organización recordó, además, que durante el Paro Nacional de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas.
Asimismo, señaló que otro de los puntos de preocupación por parte de la organización es el uso de términos como “terrorismo” para referirse a conflictos o hechos de violencia dentro de las universidades, por lo que advierte que esto podría derivar en señalamientos, perfilamiento de estudiantes, vigilancia de organizaciones y criminalización de la protesta.
La organización insistió en que la responsabilidad penal debe ser individual y determinarse mediante pruebas y garantías judiciales, sin trasladar responsabilidades a colectivos por participar en protestas, pertenecer a organizaciones estudiantiles o expresar posiciones críticas frente al Gobierno.