Se siguen sumando más voces de apoyo a la Rama Judicial, concretamente al Consejo de Estado, que en las últimas horas ha sido blanco de fuertes críticas y señalamientos por parte del presidente Gustavo Petro tras la decisión que le puso un freno provisional al decreto que ordenaba el traslado de 25 billones de pesos de los ahorros pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones. Los primeros en pronunciarse fueron las altas cortes, a través de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que al unísono le pidió al jefe de Estado respetar la separación de poderes.
Ahora, la Corporación Excelencia en la Justicia anunció que solicitará medidas de protección internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para la Independencia Judicial de Naciones Unidas, tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro contra el magistrado del Consejo de Estado, Juan Enrique Bedoya, a quien el primer mandatario pidió demandar tras la medida cautelar sobre el decreto de los ahorros pensionales.
“Para esta Corporación, la desproporcionada reacción del Ejecutivo constituye un ataque directo a la autonomía judicial y una preocupante criminalización de las decisiones judiciales”, aseguró la CEJ.
Incluso, la Corporación advirtió que el desacuerdo con una providencia judicial no autoriza al Gobierno a intimidar magistrados mediante acciones penales ni a descalificar públicamente sus fallos. “Pretender encarcelar a los jueces de la República por el sentido de sus decisiones es una práctica propia de regímenes autoritarios que anula el sistema de pesos y contrapesos”, señalaron.
Quien también respaldó a la Rama Judicial fue el procurador Gregorio Eljach, al asegurar que toda autoridad está obligada a acatar las providencias judiciales expedidas en ejercicio de sus competencias constitucionales.
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