En Colombia se registra, en promedio, un caso de extorsión cada 39 minutos. Así lo revela el estudio “Análisis y caracterización de la extorsión en Colombia”, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). En 2025 se reportaron 13.428 casos, frente a 9.791 en 2022, un aumento del 37 %.
Las 32 ciudades capitales concentran el 54,3 % de los casos, con 7.291 en 2025. Bogotá lidera con 2.217, aunque bajó 16,1 % frente a 2024, seguida de Medellín (980), Barranquilla (733), Cali (438) y Cartagena (382). Esta última casi duplicó sus registros en un año, al pasar de 197 a 382 casos. También aumentaron en Tunja (76,7 %), Pasto (37,8 %) y Sincelejo (36,6 %).
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El delito se movió a las pantallas. La llamada telefónica sigue siendo la modalidad dominante, con el 48,8 % de los casos en las capitales, y las redes sociales y las TIC ya suman el 18,6 %, frente al 7,6 % de 2016.
“Hoy, aproximadamente el 50% de las extorsiones sucede con medios digitales o tecnológicos, y eso hace que tengamos que tener un dinamismo en las herramientas de la lucha contra la extorsión”, afirmó Andrés Santa María Giraldo, director ejecutivo de Asocapitales.
Hombres, principales víctimas
Los hombres son los más afectados, con cerca del 62 % de las denuncias, pero la proporción de mujeres ha aumentado y hoy es del 37 %.
“En años anteriores, en la década pasada, las mujeres representaban más o menos el 25 %. Este grupo viene aumentando, pero aquí hay un tema muy importante, y es la tecnología. La tecnología está afectando no solo a los adultos, sino también a los adolescentes y menores de edad”, afirmó Gustavo Niño, director de Justicia, Seguridad y Defensa del DNP.
La Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía estima que cerca del 70 % de las llamadas extorsivas se origina en cárceles, cifra que, según el estudio, se refiere al origen de las llamadas y no a la proporción de casos. Para el DNP, el delito aumentó en el último cuatrienio y es necesario reforzar los controles en los centros penitenciarios.
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“Entonces, ahí las cárceles tienen que tener una nueva política y un nuevo control. ¿Qué sucedió con las cárceles en el cuatrienio pasado? Ustedes lo pueden revisar. No hubo un gran control y, adicionalmente, se dejó en el imaginario colectivo que la persona privada de la libertad podría tener esos derechos para comunicarse”, afirmó Niño. A ello se suma el subregistro, pues se calcula que menos del 20 % de los hechos reales se denuncia.
Como respuesta, el DNP propone un documento Conpes sobre extorsión, con énfasis en la modalidad carcelaria, metas medibles y un plan plurianual de inversión. El estudio plantea además 27 acciones para las ciudades, en tres ejes: prevención, articulación con Fiscalía y Policía y atención integral a víctimas. Según el análisis, de 21 puntos de competencia sobre el delito, 14 son del nivel nacional y solo 2 son propios de los municipios.
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“Aquí hay un tema muy importante que entra en el Estatuto Antiterrorista: cómo vamos a atacar a las organizaciones y actores que apoyan el terrorismo y que se nutren también de la extorsión. Habrá todo un esquema operativo y presupuestal que se incluirá en el plan de desarrollo para atacar la extorsión, pero también el secuestro y el paseo millonario, que es una modalidad de extorsión. Con el contrabando y los cultivos ilícitos, estamos poniendo los énfasis para desarrollar una política efectiva de seguridad y de defensa”, concluyó Niño.