Las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja y en los campos petroleros, tras el asesinato de Daison Jhoani Rodríguez Villalba, de 41 años, trabajador de una empresa contratista de Ecopetrol. Por información que permita identificar y capturar a los responsables de este crimen y otros hechos violentos recientes, la Alcaldía Distrital y la Gobernación de Santander anunciaron una recompensa de hasta $40 millones.Las decisiones fueron adoptadas durante un consejo extraordinario de seguridad en el que participaron la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Alcaldía de Barrancabermeja, la Gobernación de Santander y otras autoridades, con el propósito de evaluar la situación de orden público y coordinar acciones para enfrentar la criminalidad.Durante la reunión también se revisaron los resultados de los operativos desplegados en el distrito y los avances de las investigaciones por los recientes homicidios, incluidos los registrados en el corregimiento El Centro."Entre las medidas definidas está el fortalecimiento de la presencia institucional, la intensificación de los controles y las acciones operativas, así como el refuerzo de la seguridad en las zonas donde se desarrollan actividades petroleras", señaló el coronel Fernando Montaña, comandante de la Policía del Magdalena Medio. "Como antecedente, recordó el asesinato de Julián Rodríguez, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOJUNTAS), ocurrido el pasado 22 de septiembre. También denunció amenazas de muerte contra líderes sociales y sindicales, así como intimidaciones directas contra integrantes de la organización", señaló Martín Ravelo, presidente del sindicato de ecopetrol.Finalmente, la organización sindical pidió una intervención inmediata del Estado para evitar nuevos ataques y advirtió que existe preocupación por la situación de riesgo que enfrentan trabajadores, líderes sociales y defensores de derechos humanos en Barrancabermeja.En el sector donde ocurrió el asesinato se ha reportado presencia de estructuras armadas ilegales como la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo, el frente Edgar Amílkar Grimaldo Barón del ELN y el grupo delincuencial Los de La M.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita avanzar en las investigaciones y dar con los responsables de los hechos violentos.El objetivo de este trabajo articulado entre la Fuerza Pública y las administraciones local y departamental es contener la criminalidad, proteger la vida de los habitantes y recuperar las condiciones de seguridad y convivencia en Barrancabermeja.
Con el propósito de prevenir alteraciones del orden público y garantizar la seguridad durante la celebración de Halloween, la Alcaldía de Cúcuta anunció nuevas restricciones para los motociclistas que estarán vigentes durante los próximos días. Por eso el alcalde Jorge Acevedo, expidió el decreto 0394 del 29 de octubre de 2026, donde establece la prohibición total de caravanas de motocicletas y la ampliación de los horarios de restricción nocturna para estos vehículos. Una de las principales medidas es la prohibición total de caravanas de motocicletas en toda la ciudad. Además, se modificaron temporalmente los horarios de restricción nocturna para la circulación de estos vehículos, ampliando la prohibición habitual que opera entre las 11:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.De acuerdo con el Decreto 0394, los nuevos horarios para la restricción de motos serán los siguientes:Viernes 30 de octubre: desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del sábado.Sábado 31 de octubre: desde las 11:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del domingo.Domingo 1 de noviembre: desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del lunes.El decreto también establece prohibiciones específicas relacionadas con el comportamiento de los motociclistas durante estas fechas. No estará permitido utilizar máscaras, capuchas o disfraces que oculten el rostro o dificulten el uso adecuado del casco. Tampoco se podrá circular con placas ocultas, alteradas o con elementos alusivos a Halloween que impidan su identificación.Adicionalmente, las autoridades ejercerán controles frente a la manipulación de los sistemas de escape de las motocicletas, conocidos como resonadores, para generar ruidos similares a detonaciones. También estará prohibido portar o lanzar pólvora, elementos pirotécnicos, espumas o harinas.La Alcaldía de Cúcuta advirtió que estas disposiciones buscan prevenir comportamientos que afecten la convivencia, la movilidad y la seguridad ciudadana durante la celebración de Halloween.Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para respetar los horarios establecidos y cumplir las restricciones contempladas en el decreto, mientras se desarrollan los operativos de control en diferentes sectores de Cúcuta.
La intervención en el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, continúa después de un megaoperativo de seguridad liderado por el presidente Abelardo De La Espriella y el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán. Esta vez, más de 100 funcionarios del Distrito y miembros de la Fuerza Pública llegaron al sector para desmontar 42 cambuches, retirar cerca de 30 toneladas de residuos y recuperar alrededor de 1.400 metros cuadrados de espacio público.La jornada se realizó durante tres horas y estuvo liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, con el acompañamiento de la Alcaldía Local de Santa Fe, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Aguas de Bogotá, Promoambiental y la Policía Metropolitana de Bogotá.Durante la intervención, los equipos de trabajo desmontaron 42 cambuches, ocupados en su mayoría por habitantes de calle. Además, retiraron cerca de 30 toneladas de residuos y elementos acumulados en las calles, entre ellos muebles, camas, sombrillas y carros de mercado.Con estas labores, las autoridades lograron recuperar aproximadamente 1.400 metros cuadrados de espacio público, distribuidos en siete cuadras de San Bernardo, una zona en la que las autoridades buscan mejorar las condiciones de seguridad, limpieza y convivencia.Pero las acciones no se limitaron a recoger residuos y retirar las estructuras improvisadas. Durante la jornada también se realizaron recorridos de vigilancia y prevención. Uniformados de la Policía hicieron registros a las personas que se encontraban en el sector, como parte de las medidas para prevenir la presencia de armas cortopunzantes y el consumo de sustancias psicoactivas.Esta intervención se llevó a cabo después de la Operación Kratos, un megaoperativo de seguridad que incluyó 114 allanamientos en diferentes sectores de Bogotá y que, según el balance entregado, dejó 172 personas capturadas.De esta manera, el Distrito mantiene las acciones en San Bernardo con el propósito de recuperar el espacio público, retirar los residuos acumulados y fortalecer la seguridad en este sector del centro de la capital.
Un intento de hurto al dinero destinado al programa Colombia Mayor se registró en un punto de apuestas de La Perla, en Barrancabermeja, Santander. Según el reporte de la Policía, un hombre armado habría intimidado a dos trabajadores de seguridad que transportaban el efectivo.De acuerdo con la información preliminar, el presunto delincuente intentó apoderarse del dinero cuando los empleados realizaban su traslado. En medio de la situación, uno de los escoltas realizó un disparo al aire, lo que habría provocado la reacción de los responsables.Tras el disparo, el hombre armado y su acompañante huyeron del lugar sin lograr su cometido. Durante la huida, abandonaron la motocicleta en la que se movilizaban.La Policía adelanta las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables de este intento de hurto. Las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar si los implicados estarían relacionados con otros casos similares en el distrito.
Un nuevo hecho de violencia contra el sistema penitenciario se registró en Bucaramanga, donde fue lanzada una granada contra la Cárcel de Mujeres. El artefacto explosivo detonó en inmediaciones de la garita número 7 del establecimiento, situación que es materia de investigación por parte de las autoridades.Por ahora, las autoridades buscan establecer quiénes estarían detrás del ataque y las circunstancias en las que fue lanzado el explosivo. Se conoció que el Grupo Antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga realiza una investigación del caso. En diálogo con Blu Radio, un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, advirtió que este hecho no sería aislado y lo relacionó con una serie de amenazas que, según indicó, vienen denunciándose desde hace varios meses contra el personal de la Cárcel Modelo de Bucaramanga, la cárcel de Palogordo y la Reclusión de Mujeres.“Este no es un hecho aislado. Es la materialización del plan pistola, amenazas y panfletos que venimos denunciando hace meses contra el personal de la Cárcel Modelo, Palogordo y Reclusión de Mujeres”, señaló el funcionario.El trabajador también advirtió sobre la gravedad de la situación y la evolución de las intimidaciones contra los funcionarios penitenciarios.“Pasamos de las amenazas a los atentados con armas de fuego y ahora a terrorismo con explosivos”, manifestó.Recordó que hace tres semanas fue asesinado por sicarios un dragoneante de la cárcel de Palogordo en un restaurante de Girón. "Hasta el momento no sabemos como va la investigación de este caso. Hya miedo entre los funcionarios del Inpec", señaló. El ataque vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones por la seguridad de los funcionarios del sistema penitenciario en Santander, en medio de las denuncias sobre amenazas y acciones violentas.Las autoridades deberán determinar si el lanzamiento de la granada contra la reclusión de Mujeres está relacionado con las intimidaciones denunciadas por el personal del Inpec y establecer las responsabilidades correspondientes.
Un nuevo caso de inseguridad quedó registrado en video en Bucaramanga. Dos hombres que se movilizaban en motocicleta le arrebataron el bolso a una mujer en el barrio Comuneros y la arrastraron por el pavimento, en medio del violento hurto. La víctima alcanzó a golpearse contra un separador.El hecho ocurrió el pasado 10 de octubre, a las 6:19 de la tarde, y las imágenes fueron compartidas por la empresa de taxis Los Móviles.En la grabación se observa cómo los dos hombres se acercan a la mujer mientras avanzan en la motocicleta. En cuestión de segundos, uno de ellos le rapa el bolso y, al continuar la marcha, hace que la víctima pierda el equilibrio y caiga al suelo.La mujer es arrastrada durante varios instantes y termina golpeándose contra un separador vial, en una maniobra que pudo haberle ocasionado lesiones de mayor gravedad.Las imágenes evidencian la violencia con la que se produjo el robo y el riesgo al que estuvo expuesta la víctima, quien quedó a merced de los delincuentes mientras estos escapaban en la motocicleta.Hasta el momento, no se conoce información oficial sobre la identidad de los responsables ni sobre el estado de salud de la mujer. Tampoco se ha confirmado si las autoridades han logrado identificar a los hombres que aparecen en el video.Este episodio recuerda los riesgos de los hurtos cometidos por delincuentes que se movilizan en motocicleta en Bucaramanga. Uno de los casos más graves ocurrió el 10 de julio de 2026 en el barrio La Universidad, sector cercano a Comuneros, donde una adulta mayor de 84 años murió semanas después de ser víctima de un violento intento de robo de su bolso.La víctima fue identificada como Raquel Guerrero. De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, un hombre que se movilizaba en motocicleta intentó arrebatarle sus pertenencias cuando ella llegaba a su residencia. Durante el forcejeo, la mujer cayó al pavimento y fue arrastrada, lo que le ocasionó un trauma craneoencefálico severo y una hemorragia intracraneal.Guerrero permaneció hospitalizada durante varias semanas y falleció el 22 de agosto como consecuencia de las lesiones sufridas. El responsable, Juan Carlos Ortiz Flórez, fue condenado en septiembre a 17 años y 5 meses de prisión, luego de aceptar su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, hurto calificado tentado y porte de armas de fuego.Aunque se trata de hechos diferentes, ambos casos tienen un elemento en común: las víctimas fueron derribadas y arrastradas durante intentos de hurto de sus pertenencias, con consecuencias que pueden comprometer seriamente su integridad física.
En Colombia se registra, en promedio, un caso de extorsión cada 39 minutos. Así lo revela el estudio “Análisis y caracterización de la extorsión en Colombia”, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). En 2025 se reportaron 13.428 casos, frente a 9.791 en 2022, un aumento del 37 %.Las 32 ciudades capitales concentran el 54,3 % de los casos, con 7.291 en 2025. Bogotá lidera con 2.217, aunque bajó 16,1 % frente a 2024, seguida de Medellín (980), Barranquilla (733), Cali (438) y Cartagena (382). Esta última casi duplicó sus registros en un año, al pasar de 197 a 382 casos. También aumentaron en Tunja (76,7 %), Pasto (37,8 %) y Sincelejo (36,6 %).El delito se movió a las pantallas. La llamada telefónica sigue siendo la modalidad dominante, con el 48,8 % de los casos en las capitales, y las redes sociales y las TIC ya suman el 18,6 %, frente al 7,6 % de 2016. “Hoy, aproximadamente el 50% de las extorsiones sucede con medios digitales o tecnológicos, y eso hace que tengamos que tener un dinamismo en las herramientas de la lucha contra la extorsión”, afirmó Andrés Santa María Giraldo, director ejecutivo de Asocapitales.Hombres, principales víctimasLos hombres son los más afectados, con cerca del 62 % de las denuncias, pero la proporción de mujeres ha aumentado y hoy es del 37 %. “En años anteriores, en la década pasada, las mujeres representaban más o menos el 25 %. Este grupo viene aumentando, pero aquí hay un tema muy importante, y es la tecnología. La tecnología está afectando no solo a los adultos, sino también a los adolescentes y menores de edad”, afirmó Gustavo Niño, director de Justicia, Seguridad y Defensa del DNP.La Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía estima que cerca del 70 % de las llamadas extorsivas se origina en cárceles, cifra que, según el estudio, se refiere al origen de las llamadas y no a la proporción de casos. Para el DNP, el delito aumentó en el último cuatrienio y es necesario reforzar los controles en los centros penitenciarios.“Entonces, ahí las cárceles tienen que tener una nueva política y un nuevo control. ¿Qué sucedió con las cárceles en el cuatrienio pasado? Ustedes lo pueden revisar. No hubo un gran control y, adicionalmente, se dejó en el imaginario colectivo que la persona privada de la libertad podría tener esos derechos para comunicarse”, afirmó Niño. A ello se suma el subregistro, pues se calcula que menos del 20 % de los hechos reales se denuncia.Como respuesta, el DNP propone un documento Conpes sobre extorsión, con énfasis en la modalidad carcelaria, metas medibles y un plan plurianual de inversión. El estudio plantea además 27 acciones para las ciudades, en tres ejes: prevención, articulación con Fiscalía y Policía y atención integral a víctimas. Según el análisis, de 21 puntos de competencia sobre el delito, 14 son del nivel nacional y solo 2 son propios de los municipios.“Aquí hay un tema muy importante que entra en el Estatuto Antiterrorista: cómo vamos a atacar a las organizaciones y actores que apoyan el terrorismo y que se nutren también de la extorsión. Habrá todo un esquema operativo y presupuestal que se incluirá en el plan de desarrollo para atacar la extorsión, pero también el secuestro y el paseo millonario, que es una modalidad de extorsión. Con el contrabando y los cultivos ilícitos, estamos poniendo los énfasis para desarrollar una política efectiva de seguridad y de defensa”, concluyó Niño.
En un operativo articulado entre unidades de la Sijín y Sipol del Departamento de Policía Norte de Santander (Denor), la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados alias ‘Yhan’ y alias ‘Morrocoy’, señalados como presuntos autores materiales del homicidio del patrullero Janer Mena Mosquera, ocurrido el 21 de septiembre de 2026 en el municipio de Ocaña.Durante el mismo procedimiento, las autoridades lograron la captura en flagrancia de alias ‘Yefri’, por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones.De acuerdo con la información oficial, alias ‘Yhan’ tendría una trayectoria criminal de aproximadamente tres años y sería integrante de una Red de Apoyo al Terrorismo del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, bajo las órdenes de un cabecilla conocido con los alias de ‘Zorrito’ o ‘Mauricio’, con incidencia delictiva en los municipios de Ocaña y Ábrego.Asimismo, las investigaciones señalan que alias ‘Yhan’ y alias ‘Morrocoy’ presuntamente se encargaban de realizar labores de inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública, mediante actividades de observación y seguimiento para alertar sobre la presencia de uniformados del Ejército y la Policía durante patrullajes y puestos de control.Según las autoridades, los capturados cuentan con órdenes judiciales relacionadas con los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, por su presunta responsabilidad en el asesinato del uniformado.Las autoridades también indicaron que los capturados son objeto de investigación por su presunta participación en el homicidio de Oliver Sánchez, ocurrido el pasado 9 de octubre de 2026 en Ocaña.
A diario el Gaula de la Policía está desplegando operativos por las calles del área metropolitana de Barranquilla, donde solo en lo corrido de septiembre ha conseguido capturar a 50 extorsionistas que tenían azotados a los comerciantes y a la ciudadanía en general, con panfletos, amenazas telefónicas y ataques a los negocios.Las últimas capturas relacionadas con extorsión se dieron durante allanamientos practicados en el suroccidente de Barranquilla y en Soledad, donde cayeron tres integrantes de las bandas delincuenciales de ‘Los Costeños’ y de la ‘Nueva Generación del Freseo’, quienes estarían detrás de sicariatos y extorsiones en el mencionado municipio y en la población de Malambo.En su más reciente alocución, el presidente De La Espriella destacó los resultados de estos operativos, intensificados por orden suya y coordinados con la Alcaldía de Barranquilla, para disminuir los delitos de alto impacto en la capital del Atlántico."Redujimos los homicidios en 64%, la extorsión en 63% y los hurtos en un 24%, en tan solo 30 días, compatriotas. Eso demuestra que cuando el Estado se decide nunca pierde", informó el primer mandatario.Balance del fin de semanaLa Policía Metropolitana de Barranquilla reportó que, solo el reciente fin de semana, 60 personas fueron capturadas en flagrancia por diferentes delitos, no solo por extorsión. Además, se incautaron nueve armas de fuego y más de 380 armas blancas que eran utilizadas para la comisión de hechos delictivos.El comportamiento ciudadano también dejó mucho que desear este fin de semana: la Policía recibió 695 reportes de riñas y otros 859 de alteraciones a la tranquilidad. Incluso, fue necesario desmontar cuatro fiestas con picós y trasladar a 85 personas a la Unidad de Servicios Especiales de Convivencia y Justicia, por mal comportamiento.
Una investigación adelantada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga permitió capturar a un hombre de 29 años, requerido por el delito de hurto calificado y agravado, y recuperar siete motocicletas que habían sido reportadas como hurtadas en Bucaramanga y otros municipios del área metropolitana.El procedimiento fue realizado por investigadores de la Sijin, quienes ubicaron al sospechoso en inmediaciones de la calle 19 con carrera 12, en el barrio Gaitán de Bucaramanga, luego de varias labores de seguimiento e individualización.Según la investigación, el hombre estaría relacionado con una modalidad de hurto en la que las motocicletas eran ubicadas en vía pública, posteriormente se violentaban sus sistemas de seguridad y se manipulaba el sistema eléctrico para trasladarlas hasta sitios utilizados para ocultarlas.Uno de los elementos que permitió avanzar en la identificación del sospechoso fue el análisis de cámaras de seguridad. Los investigadores encontraron coincidencias en características físicas, vestuario y patrones de desplazamiento durante diferentes hechos.De acuerdo con la Policía, el capturado estaría relacionado con más de 30 hurtos de motocicletas registrados durante los últimos cinco meses. Además, registra siete anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos como hurto calificado y agravado, receptación y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. También registra dos condenas, una por hurto y otra relacionada con armas de fuego.Le puede interesar: Refuerzan la seguridad en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja tras ola de hurtosDe manera paralela, los investigadores ubicaron un inmueble en el barrio San Luis de Bucaramanga que, presuntamente, era utilizado para esconder motocicletas hurtadas.Durante el procedimiento fueron encontradas siete motocicletas reportadas como robadas en Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta durante los últimos tres meses.La Policía indicó que los vehículos presentaban alteraciones en sus sistemas de identificación y que, según las indagaciones, habrían sido hurtados bajo la modalidad de ‘halado’ para posteriormente ser trasladados hasta este inmueble, donde serían acondicionados para una eventual comercialización.En el lugar también fueron halladas seis placas de motocicleta, documentos relacionados con traspasos y copias de cédulas, elementos que quedaron en poder de las autoridades para continuar con la investigación.El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que el trabajo investigativo permitió conectar diferentes casos y establecer la ruta de los vehículos desde el momento del hurto hasta los sitios donde eran ocultados.El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y será presentado ante el juez que emitió la orden judicial para definir su situación jurídica. Las siete motocicletas recuperadas también fueron dejadas a disposición de la autoridad competente.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revocar la designación de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). De acuerdo con lo informado por el mandatario, la decisión se tomó tras detectarse la modificación del manual de funciones de la entidad para presuntamente facilitar su vinculación al cargo.¿Por qué el Gobierno revocó la designación de Camilo Noguera en el ICANH?Según explicó el presidente De La Espriella a través de sus canales oficiales, el designado director, Camilo Noguera Pardo, quien es yerno del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, adelantó cambios en los requisitos del manual de funciones en coordinación con el director encargado del instituto, Javier Estrada.El jefe de Estado señaló que las modificaciones administrativas se realizaron a espaldas de la ministra de Cultura, Paola Holguín. De la Espriella precisó que, aunque el ICANH es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura con autonomía administrativa, no existe autorización para alterar los reglamentos internos con el fin de favorecer o acomodar aspirantes a cargos públicos.¿Qué medidas administrativas ordenó el presidente De la Espriella?Ante las irregularidades reportadas en la tramitación del nombramiento, el mandatario dispuso la salida inmediata del director encargado de la entidad y la anulación de la designación del nuevo funcionario."Mi instrucción ha sido clara: en el gobierno no se modifican los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos. Quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi gobierno", aseveró el presidente.El mandatario concluyó que la institucionalidad y los manuales de funciones deben respetarse sin excepción, ratificando que ningún funcionario cuenta con aval para adoptar determinaciones presupuestales o administrativas al margen de los ministerios de cabeza de sector.
Una operación conjunta entre las autoridades de Colombia y España permitió desarmar una red transnacional que esclavizaba a más de 100 colombianos en centros de llamadas en Camboya, informaron este martes fuentes oficiales.La Policía colombiana, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), y la Policía de España realizaron tres capturas por orden judicial y dos retenciones por notificaciones rojas de Interpol en las localidades españolas de Zamora y Castellón, como parte de una investigación contra una red de trata de personas vinculada a la 'mafia china' en Asia.La organización criminal, liderada por alias de Jiaxing Ye, se dedicaba a captar ciudadanos colombianos mediante falsas ofertas de empleo en el extranjero para trasladarlos a Camboya y obligarlos a participar en fraudes financieros y estafas virtuales.Según las investigaciones, la red funcionaba mediante cabecillas financieros y coordinadores internacionales establecidos en Zamora y Castellón, que a su vez coordinaban con reclutadores en Colombia encargados de identificar, captar y trasladar a las víctimas.Los reclutadores buscaban principalmente a hombres y mujeres de entre 25 y 35 años con dificultades económicas, a quienes ofrecían trabajos bien remunerados en supuestos centros de llamadas en Tailandia o Camboya, dedicados a la comercialización de criptomonedas.La ruta comenzaba en Colombia, continuaba con escalas en Países Bajos o España y seguía hacia Tailandia antes de terminar en Phnom Penh, la capital camboyana, o en zonas fronterizas con Vietnam.Una vez en Camboya, los colombianos eran despojados de sus documentos, sometidos a vigilancia armada y obligados a trabajar jornadas nocturnas de hasta doce horas en complejos tecnológicos cerrados, con acceso restringido a atención médica.Para recuperar su libertad, la red exigía a las víctimas el pago de una supuesta deuda de 30 millones de pesos colombianos (unos 9.000 dólares) por los gastos de traslado o que cumplieran al menos seis meses de trabajo forzado.En esos centros recibían una capacitación delictiva denominada "mastereo", mediante la cual eran obligados a llamar a ciudadanos en Colombia y hacerse pasar por funcionarios de la Registraduría Nacional para ofrecerles tramitar la cédula digital.Durante las llamadas, los trabajadores inducían a las víctimas a instalar aplicaciones en sus teléfonos móviles, lo que permitía a los miembros de la organización acceder a los dispositivos y vaciar sus cuentas bancarias.La Policía identificó a Eslaineir Alexis Campo Rodríguez y Cristian Camilo Ortiz Avendaño como responsables de perfilar, captar y trasladar a las víctimas hacia Camboya. También están acusadas Yuris Marcela Reyes Zambrano, Karina Yulieth Doncell Rojas y Viviana Karoly Daza Ospino.Las autoridades también emitieron tres notificaciones azules de Interpol para localizar a otros integrantes de esta red.
A pocas semanas de su regreso a Colombia, la agrupación mexicana Maná presentó mundialmente MANÁ: VIVIR SIN AIRE TOUR (LIVE FROM RED ROCKS), un especial audiovisual que recoge uno de los conciertos más destacados de su trayectoria, grabado en el legendario Red Rocks Amphitheatre, en Morrison, Colorado. El estreno gratuito se realizó el pasado 6 de noviembre, a través del canal oficial de la banda en YouTube, donde permanece disponible para sus seguidores.El lanzamiento, realizado en alianza con YouTube y Warner Music, incluye un espectáculo con producción visual cinematográfica y sonido de alta definición, además de un mini documental que revela la conexión emocional de Fher Olvera con este escenario. Cuando tenía 21 años, el vocalista vivía en Denver y trabajaba lavando platos mientras soñaba con presentarse algún día en el emblemático anfiteatro. Cuatro décadas después, aquel anhelo se convirtió en realidad.El especial reúne algunas de las canciones más representativas de la banda, que ha vendido más de 50 millones de discos y se ha consolidado como uno de los grandes referentes del rock en español.Maná prepara su regreso a ColombiaEste lanzamiento sirve como antesala al regreso de Maná al país. El próximo 28 de noviembre, la agrupación abrirá su Vivir Sin Aire Tour en Latinoamérica con un único concierto en Colombia, programado en Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá. La gira continuará por Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.El repertorio promete clásicos como “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos” y “Oye Mi Amor”.En 2026, Maná también recibió el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina. Además, fue incluida entre las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, según Billboard, y alcanzó 47 presentaciones en arenas de Los Ángeles.
En el borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, el Gobierno de Abelardo De La Espriella planteó una transformación de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).La propuesta, incluida en el eje de Patriotismo Constitucional, busca fortalecer la capacidad del Estado para anticipar amenazas, recuperar la confianza en sus organismos de inteligencia y debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y surge en medio de las nuevas denuncias de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol por el uso indebido y otras irregularidades en la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro.En el diagnóstico sobre la DNI, el Gobierno identificó problemas operativos y una pérdida de capacidades institucionales y “del enfoque diferencial de la inteligencia civil frente a los demás organismos de inteligencia”, así como “la obsolescencia de material y equipo” y una “rigidez institucional que impide atender las necesidades operacionales”.El documento reconoce además que existe una “limitada comprensión y la distorsión que existen sobre la finalidad, alcance, y controles de las actividades de inteligencia, que hoy afectan la confianza y ponen en duda su credibilidad ante la ciudadanía y las instituciones”.El documento también cuestiona que la inteligencia estatal haya concentrado sus esfuerzos en asuntos coyunturales, en detrimento de los temas estratégicos de seguridad. Para cambiar ese enfoque, propone que la DNI genere “conocimiento anticipativo y prospectivo” que permita “reducir la incertidumbre que generan actores estatales y no estatales”, en particular frente a fenómenos como el crimen transnacional y las disputas por recursos estratégicos.La modernización de la DNI contempla inversiones en “nuevas tecnologías seguras y resilientes para el procesamiento y la analítica masiva de información”. El plan también incluye renovar los medios técnicos y fortalecer el talento humano, con personal profesional y especializado, formación, gestión del conocimiento y mejores condiciones de bienestar.En el ámbito internacional, el Gobierno busca revertir la “tendencia de reducción de la cooperación internacional y su presencia en instancias estratégicas de inteligencia”. Además, pretende posicionar a la DNI como un “proveedor objetivo de análisis para la identificación de prioridades estratégicas y la toma de decisiones del Estado”, con canales de relacionamiento con las instituciones, la academia y la ciudadanía.La segunda transformación se concentra en la UIAF, una entidad también bajo la lupa durante el gobierno anterior. Dicha estrategia responde al plan para desfinanciar las economías ilegales y afectar la capacidad económica de las organizaciones criminales pues señala que el lavado de activos movilizó “cerca de 169,73 billones de pesos entre 2022 y 2025”, recursos que, según el diagnóstico, alimentan las redes criminales y sus mecanismos de corrupción.Para enfrentar esas operaciones, el Gobierno propone modernizar la capacidad tecnológica de la UIAF, con énfasis en el procesamiento de grandes volúmenes de información, la analítica avanzada, la inteligencia financiera y la ciberseguridad para enfrentar los “riesgos emergentes derivados de los activos virtuales, las plataformas digitales, las tecnologías financieras y las nuevas modalidades de criminalidad económica”.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, dio a conocer que puso a disposición de las autoridades competentes una serie de hallazgos sobre la contratación directa realizada en el sector salud por la administración anterior entre 2022 y 2026, la cual asciende a más de 20.600 contratos por un valor cercano a los 8,47 billones de pesos.De acuerdo con el reporte oficial del ministerio, la revisión evidenció que 143 personas contaban con contratos simultáneos en distintas entidades del sector. En algunos casos, la sumatoria de honorarios percibidos mensualmente ascendía a los 46 millones de pesos. A esto se suma el hallazgo de 176 contratistas con posibles inconsistencias en sus aportes al Sistema de Seguridad Social.En el caso puntual del Ministerio de Salud, se identificaron 8.517 contratos directos durante el periodo analizado. Más de la mitad de estas vinculaciones contractuales se concentraron entre enero de 2025 y agosto de 2026.Frente al alcance de las indagaciones, la ministra de Salud, Ana María Vesga, aclaró que la contratación directa o la pluralidad de contratos no constituyen en sí mismas una conducta ilegal. No obstante, enfatizó la necesidad de auditar la efectividad de las obligaciones contraídas al señalar: "Contratar directamente o tener varios contratos no es ilegal. Lo que debe establecerse es si esos servicios eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento".El ministerio explicó que estas auditorías buscan esclarecer la trazabilidad de los recursos públicos, verificar la pertinencia de las contrataciones y constatar la ejecución real de las actividades pactadas. Ante esto, los antecedentes recopilados fueron trasladados a los organismos de control disciplinarios, fiscales y judiciales correspondientes para que determinen si existieron faltas o delitos.La ministra Vesga reiteró el compromiso de la cartera sanitaria con la protección de los dineros del sector: "Los recursos de la salud son de los colombianos. Nuestra obligación es protegerlos y exigir que cada peso esté debidamente justificado".
