Las pruebas de la Fiscalía contra el general (r) Mario Montoya

El ente acusador tiene evidencias que vinculan al general en retiro con ejecuciones extrajudiciales desde el momento en el que era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército con jurisdicción en gran parte del departamento de Antioquia, el cual tiene las cifras más altas de casos de ejecuciones extrajudiciales. (Lea también: El general Montoya exigía muertos, no le servían desmovilizados: cabo Rivas). La Fiscalía asegura que el general (r) Mario Montoya Uribe está siendo investigado desde el caso particular de los 13 jóvenes de Soacha que fueron asesinados en Ábrego, Norte de Santander, entre enero y agosto de 2008. El testimonio que pesa contra Montoya es el del coronel en retiro Santiago Herrera excomandante de la Brigada Móvil número 15 del Ejército, y quien acusó al general de medir a las unidades militares bajo su mando por resultados entendidos como muertes producidas en combate. (Lea también: Por falsos positivos, a imputación de cargos general (r) Mario Montoya). La teoría de la Fiscalía es que el general en retiro Montoya, en su calidad de comandante del Ejército, es el responsable de homicidios cometidos por integrantes de las siete divisiones de la institución durante su periodo de comandancia por haber desarrollado una política de presión por resultados. De acuerdo al ente acusador, había “beneficios profesionales para los comandantes de las unidades que se destacaran por la cantidad de bajas en combate y sanciones, reprimendas o escarnio a quienes no estuvieran a la altura de sus expectativas operacionales”. (Lea también: HRW advierte sobre impunidad para militares responsables de falsos positivos). El general (r) Montoya, en su diligencia de interrogatorio, explicó que no podía tener control sobre todo el Ejército y era responsabilidad de los comandantes de división, brigada y de batallón. Sin embargo, los investigadores aseguran que el comandante de la época tenía conocimiento de las irregularidades que se venían presentando. El documento de la Fiscalía finaliza asegurando que “en su condición de comandante del Ejército, el general Montoya, era garante de la vida e integridad física de los integrantes de la población civil que puso en peligro con su política de presión por resultados y tenía el deber jurídico de impedir que esta tuviera como resultado la muerte de civiles que no estuvieran participando directamente en el conflicto armado, y estaba en capacidad de evitar los resultados, lo cual puede inferirse a partir del número de muertes cuestionadas durante el periodo de su comandancia y posterior a ella”.