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La jurisdicción especial para la paz acordada en diciembre entre el Gobierno colombiano y las Farc, representa un "jaque mate" a la justicia, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
El acuerdo "permite que miembros del Ejército responsable de la ejecución sistemática de civiles escapen a la justicia", indicó Vivanco en rueda de prensa en Washington, denunciando "unos grados de enorme impunidad".
Según el acuerdo, tribunales especiales se crearían para juzgar a los autores de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, incluidos agentes del Estado.
Entre los delitos más polémicos que involucran a militares se encuentran las ejecuciones extrajudiciales de civiles que los soldados presentaban como guerrilleros muertos en combate con el fin de obtener prebendas en el ámbito castrense, lo que se conoció como casos de "falsos positivos".
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Según HRW, entre 2002 y 2008, brigadas del Ejército ejecutaron a unos 3.000 civiles.
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Bajo la jurisdicción especial, los comandantes militares podrán argumentar que no tenían conocimiento ni control sobre los delitos atribuidos a sus tropas, una disposición que para la organización de derechos humanos es "inconsistente" con el derecho internacional.
Por ello, HRW solicita que los casos de "falsos positivos" se resuelvan en la justicia ordinaria.
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