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El diputado anunció la celebración de una "sesión especial para recibir la memoria y cuenta" de Maduro, como se conoce el reporte que debe entregar cada año el jefe de Estado a la Asamblea Nacional.
El presidente socialista, que tiene plazo hasta este viernes para exponer el balance de su gestión, según establece la ley, no confirmó en lo inmediato su comparecencia, pero su equipo de prensa avanzaba este jueves en asuntos de logística. (Lea además: Opositores denunciarán a Maduro tras mantener la frontera colombiana cerrada).
Según Ramos Allup, delegados de la Presidencia y de la cámara "han estado coordinando" todo lo necesario "a fin de observar el cumplimiento del protocolo" del acto, programado para las 17H00 locales (21H30 GMT).
El jefe parlamentario -considerado uno de los antichavistas más radicales de la oposición- garantizó el miércoles una ceremonia respetuosa con el gobernante, que se dirigirá por primera vez ante la mayoría opositora, a la que acusa de pretender darle un "golpe".
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asumió el control de la Asamblea el pasado 5 de enero con una poderosa mayoría y una agenda en la que se plantea buscar en el primer semestre de 2016 una vía legal para recortar el mandato de Maduro, que finaliza en abril de 2019.
La victoria aplastante de la MUD en las elecciones del 6 de diciembre puso fin a 17 años de hegemonía oficialista en el Parlamento.
La asistencia de Maduro había quedado en duda luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarara en "desacato" a la directiva de la cámara por haber juramentado a tres diputados opositores, cuya elección impugnó el chavismo por un supuesto fraude electoral.
La corte también declaró nulas las decisiones del Congreso mientras mantuviera posesionados a esos legisladores.
No obstante, el miércoles Ramos Allup anunció que acataba la decisión del TSJ de desvincular a los parlamentarios cuestionados, quienes previamente solicitaron su separación del cargo.
Maduro ha anunciado que presentará ante el Parlamento un decreto de emergencia para enfrentar la crisis económica, reflejada en una inflación de al menos 200 %, un déficit fiscal de 20 % y una contracción de 6 % en 2015, según cálculos privados.
De antemano, el jefe legislativo puso en duda la efectividad de ese decreto, al señalar que es un plan que corresponde a un modelo económico "fracasado".
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