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Al menos 102.000 habitantes de los municipios de Gigante y Garzón, en el centro del Huila, se encuentran en alto riesgo por la expansión de grupos armados ilegales, situación que obligó a la Defensoría del Pueblo a emitir alerta temprana eminente en esa región del departamento.
La defensora del Pueblo regional Huila, Johana Elena Rojas, denunció que el riesgo de la población civil se caracteriza tras la imposición de normas por parte de las disidencias de las Farc a través de los frentes Iván Díaz y Rodrigo Cadete.
“La Defensoría del Pueblo, en ejercicio constitucional y normativo, eleva la alerta temprana 012 del 2024 que componen a los municipios de Garzón y Gigante y a sus veredas, se ha detectado allí vulneraciones a los derechos fundamentales de la población civil por la presencia continua de grupos al margen de la ley que se disputan el territorio”, explicó la Defensora del Pueblo Regional Huila.
Agregó la funcionaria que, ante la presencia de las disidencias de las Farc, han sometido a la población civil “a reglas de comportamiento, a desplazamiento forzado al posible reclutamiento de menores, también a conductas extorsivas situación que genera zozobra y terror a los pobladores de las veredas de estos dos municipios del Huila Gigante y Garzón”.
Asimismo, en la alerta temprana emitida, el Ministerio Público advierte que, en esa región del Huila, se han presentado casos de extorsión contra comerciantes, cafeteros, ganaderos, transportadores entre otros sectores económicos.
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