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Más de 2.000 exguerrilleros piden ayuda al Gobierno para entrar a la universidad

Blu Radio habló con Pastor Alape sobre las peticiones que le hicieron a la ESAP para que los exguerrilleros puedan acceder a la educación.

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BLU Radio // Alias 'Pastor Alape' / Foto: AFP

Pastor Alape, delegado del partido FARC al Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), tuvo una trascendental reunión con el nuevo director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Pedro Medellín.

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El objetivo fue trazar una hoja de ruta para la construcción de ciudadanía en los territorios que, en otras palabras, consiste en que los exguerrilleros tengan fácil acceso a la educación y no se frustre la esperanza de reincorporación.

Sin embargo, el problema al que se están enfrentando es que los recursos del presupuesto de la ESAP están agotados.
Blu Radio habló con Pastor Alape sobre la problemática, que va desde el difícil acceso a la educación hasta el casi imposible acceso a créditos bancarios que permitirían la supervivencia de los proyectos productivos.

Hay preocupación en las regiones porque con el gobierno anterior empezaron un diplomado que nunca terminaron por cambios administrativos, por lo que el futuro de la reincorporación está en manos del nuevo gobierno que debe iniciar desde cero. 

BLU RADIO: ¿Qué es lo que le están pidiendo hoy a la ESAP?

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Pastor Alape: Dado que su misma función es la construcción de ciudadanía en los territorios, buscamos cómo hacer las alianzas público-comunitarias en esas nuevas economías en las regiones.

BR: ¿Cómo va la reincorporación de exguerrilleros en materia de educación? ¿Ya están accediendo a la educación superior?

PA: Estamos abriendo el espacio para que la universidad pueda abrir espacios a los ciudadanos en reincorporación que han terminado su secundaria. Tenemos un universo de más de 2.500 personas que se han graduado como bachilleres y el 90 % de esas personas (2.250) están solicitando poder entrar a la universidad.

Por eso estamos solicitando el apoyo de la universidad para becas y planteándole al gobierno que se establezca una oferta específica con cierta flexibilidad para población en proceso de reincorporación.

Por ahora, sólo hay 25 exguerrilleros estudiando pregrados en Escuela Latinoamericana de Ingenieros, Tecnólogos y Empresarios (Elite). 

BR: Y en materia de educación, con la administración anterior de la ESAP, ¿qué lograron? 

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PA: En la administración anterior solo pudimos ingresar un diplomado de administración pública y no se terminó por las diversas situaciones que se dan en lo público como los cambios.

BR: Sobre el desarrollo de proyectos productivos, los exguerrilleros se están enfrentando a una dificultad que tiene que ver con el acceso a crédito, ¿qué están planteando sobre esto y cuál es la importancia de este punto para el futuro?

PA: Lo que planteamos es que a los proyectos productivos deben dársele una proyección más colectiva dado que al asociarnos muchos nos hace más fuertes.

Pero para que esos proyectos productivos sean sostenibles, el gobierno debe establecer una línea de crédito flexible para las condiciones específicas de la población en proceso de reincorporación, que no tiene vida crediticia ni historia laboral y que viene de unas particularidades muy concretas, puedan acceder a un crédito.

Se requiere que el estado pueda apalancar el crédito y pueda hacerlo accesible para poder ensanchar la capacidad productiva que se inicia a partir del desembolso de 8 millones de pesos que entrega el gobierno.

BR: ¿Y cuántos proyectos productivos van; sí están emprendiendo los exguerrilleros? 

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PA: Se han aprobado 24 proyectos productivos, de estos, el gobierno ha desembolsado para 17 proyectos que cobijan a 1.120 personas de un universo de 14.000 excombatientes. Es decir, solo el 1,2 % de exguerrilleros han recibido dineros para sus proyectos, lo cual representa un desembolso total de unos 8.960 millones de pesos.

BR: Pero la Fiscalía dice que se están robando los dineros de la paz. Que existen ‘caza contratos’ que piden coimas para permitir la ejecución de los proyectos. Incluso, ahí aparece el nombre de Marlon Marín.  

PA: Eso es un enredo de la Fiscalía. No están pidiendo plata para los contratos porque quien ejecuta el proyecto es el PNUD o Impulsa del Ministerio de Comercio y los apoya el SENA. Y quienes van a recibir los recursos son las empresas asociativas que ha construido la gente. 

Escuche la noticia aquí: 

 

 

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