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En un comunicado conjunto, múltiples organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación ante el anuncio del Gobierno nacional de convocar una consulta popular sobre la reforma laboral mediante decreto presidencial.
Las entidades firmantes hicieron un llamado enérgico al ejecutivo para que se abstenga de expedir dicho decreto, advirtiendo que la decisión representaría una violación de los principios constitucionales y una peligrosa alteración de la separación de poderes.
El pronunciamiento reconoce la urgencia de avanzar en reformas sociales profundas que hagan realidad los principios del Estado Social de Derecho consagrados en la Constitución de 1991.
Sin embargo, las organizaciones advierten que recurrir a una consulta popular por decreto, sin agotar los mecanismos institucionales vigentes, es una “interpretación ilegal” que pone en riesgo la democracia y puede sentar un precedente autoritario.
“Las reglas del procedimiento legislativo y los controles mutuos entre poderes no son simples formalidades. Son pilares esenciales para evitar que un régimen presidencial se transforme en uno autoritario”, señala el documento.
Entre las ONG que firmaron la petición se encuentran, Fundación para el Estado de Derecho, DeJusticia, ILEX-Acción Jurídica, Temblores, Laboratorio de Justicia y Política Criminal.
“El momento que atraviesa el país exige responsabilidad, mesura y diálogo”, subraya el comunicado.
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