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Mindefensa defendió bombardeo en Guaviare: "Había combatientes en función permanente de combate"

El mayor general (r) Jorge Mora explicó que no había ningún indicio de inteligencia de que hubiese personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario en el campamento del grupo de alias 'Calarcá'.

General (r) Jorge Andrés Zuluaga López.
General (r) Jorge Andrés Zuluaga López.
Foto: Redes sociales

El ministro de Defensa, mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora, presentó sus argumentos ante la Cámara de Representantes en la moción de censura citada por la oposición.

El ministro comenzó reprochando diplomáticamente a los congresistas que lo citaron a explicar por qué había bombardeado al grupo criminal. Detalló que mientras él escuchaba el debate se registraron cuatro combates en el país que dejaron cinco delincuentes abatidos, cinco capturados y fue liberado un ciudadano que estaba secuestrado.

También ratificó lo que y había especificado en Senado. La información de inteligencia para realizar el bombardeo contra el campamento de las disidencias de las Farc de alias Calarcá en Guaviare estaba respaldada por datos de que había un campamento y función permanente de combate de los integrantes del grupo criminal. Adicional a ello dejó claro que no había población protegida por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

“El Hallazgo de inteligencia establecía zona campamentaria del GAO residual. (Hubo) verificación que los combatientes estaban con función permanente de combate. Eso estaba verificado, y eso nos da la luz para poder atacar”, explicó.

Sobre las alertas tempranas precisó que no estaba puntualizado exactamente en qué sitio, además la región del ataque tiene presencia confirmada de estructuras ilegales y corredores de movilidad y confrontación.

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La posición del Pacto Histórico

El representante a la Cámara, Heráclito Landínez, le criticó al ministro que pese a los recursos destinados para Inteligencia no se haya confirmado que había menores de edad en el campamento de alias Calarcá que fue bombardeado.

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Natalia Moreno, también de la bancada del petrismo, señaló al ministro Mora de ignorar la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, sobre las alertas de reclutamiento en las zonas donde hubo bombardeos contra grupos criminales y habían reclutado menores.

Datos que ilustran la realidad en los territorios

Cerca del 20 % de los integrantes de los grupos criminales pudieran ser menores de edad, advierte el representante a la Cámara, Franklin Lozano de la Ossa, tomando en cuenta los altos números de reclutados durante el gobierno anterior.

En el año 2022 reclutaron 83 niños, en el 2023, segundo año del gobierno de Gustavo Petro, aumentó la cifra a 410, en 2024 se incrementó a 682 y en el año 2025 fueron reclutados 420 niños.

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Ante esas y otras cifras, el congresista Juan David Zuluaga aplaudió que en lo que va del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se han rescatado 39 menores de edad que estaban reclutados por grupos criminales y se ha liberado al menos a 29 civiles secuestrados.

"Hay una moción de censura amañada con cinismo y mezquindad, porque la Defensoría del Pueblo, la ONU y Medicina Legal advirtieron, durante cuatro años, que en el gobierno de Petro cada 20 horas era reclutado un menor, que el reclutamiento de menores aumentó 60 % y al 7 de agosto de 2026 murieron mas de 63 niños en operaciones militares y hubo un silencio cómplice. Ese silencio demuestra que aquí lo que hay es un interés político" destacó Zuluaga durante el debate.

El congresista Manuel Pérez Rueda aprovechó para denunciar que en 15 días el grupo criminal ELN reclutó 11 menores de edad en el departamento de Arauca, acción que hacen para escudarse frente a las operaciones de la fuerza pública y para minar la imagen de la fuerza pública y del ministro.

Entre tanto, en el Bajo Baudó, Alto Baudó, Bojayá, Carmen de Darién y Riosucio, departamento del Chocó, se siguen suicidando menores de edad para evitar ser reclutados por el ELN y otros grupos criminales, recuerda el representante a la Cámara, Omar Francisco Vidal Rojas.

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Grupos armados en Colombia.
Foto: Human Rights Watch.

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