El ministro de Defensa, mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora, presentó sus argumentos ante la Cámara de Representantes en la moción de censura citada por la oposición.El ministro comenzó reprochando diplomáticamente a los congresistas que lo citaron a explicar por qué había bombardeado al grupo criminal. Detalló que mientras él escuchaba el debate se registraron cuatro combates en el país que dejaron cinco delincuentes abatidos, cinco capturados y fue liberado un ciudadano que estaba secuestrado.También ratificó lo que y había especificado en Senado. La información de inteligencia para realizar el bombardeo contra el campamento de las disidencias de las Farc de alias Calarcá en Guaviare estaba respaldada por datos de que había un campamento y función permanente de combate de los integrantes del grupo criminal. Adicional a ello dejó claro que no había población protegida por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).“El Hallazgo de inteligencia establecía zona campamentaria del GAO residual. (Hubo) verificación que los combatientes estaban con función permanente de combate. Eso estaba verificado, y eso nos da la luz para poder atacar”, explicó.Sobre las alertas tempranas precisó que no estaba puntualizado exactamente en qué sitio, además la región del ataque tiene presencia confirmada de estructuras ilegales y corredores de movilidad y confrontación.La posición del Pacto HistóricoEl representante a la Cámara, Heráclito Landínez, le criticó al ministro que pese a los recursos destinados para Inteligencia no se haya confirmado que había menores de edad en el campamento de alias Calarcá que fue bombardeado.Natalia Moreno, también de la bancada del petrismo, señaló al ministro Mora de ignorar la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, sobre las alertas de reclutamiento en las zonas donde hubo bombardeos contra grupos criminales y habían reclutado menores.Datos que ilustran la realidad en los territoriosCerca del 20 % de los integrantes de los grupos criminales pudieran ser menores de edad, advierte el representante a la Cámara, Franklin Lozano de la Ossa, tomando en cuenta los altos números de reclutados durante el gobierno anterior.En el año 2022 reclutaron 83 niños, en el 2023, segundo año del gobierno de Gustavo Petro, aumentó la cifra a 410, en 2024 se incrementó a 682 y en el año 2025 fueron reclutados 420 niños.Ante esas y otras cifras, el congresista Juan David Zuluaga aplaudió que en lo que va del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se han rescatado 39 menores de edad que estaban reclutados por grupos criminales y se ha liberado al menos a 29 civiles secuestrados."Hay una moción de censura amañada con cinismo y mezquindad, porque la Defensoría del Pueblo, la ONU y Medicina Legal advirtieron, durante cuatro años, que en el gobierno de Petro cada 20 horas era reclutado un menor, que el reclutamiento de menores aumentó 60 % y al 7 de agosto de 2026 murieron mas de 63 niños en operaciones militares y hubo un silencio cómplice. Ese silencio demuestra que aquí lo que hay es un interés político" destacó Zuluaga durante el debate.El congresista Manuel Pérez Rueda aprovechó para denunciar que en 15 días el grupo criminal ELN reclutó 11 menores de edad en el departamento de Arauca, acción que hacen para escudarse frente a las operaciones de la fuerza pública y para minar la imagen de la fuerza pública y del ministro.Entre tanto, en el Bajo Baudó, Alto Baudó, Bojayá, Carmen de Darién y Riosucio, departamento del Chocó, se siguen suicidando menores de edad para evitar ser reclutados por el ELN y otros grupos criminales, recuerda el representante a la Cámara, Omar Francisco Vidal Rojas.
En medio del debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión II del Senado por los bombardeos realizados en territorios con presencia de menores, el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, defendió las dos operaciones realizadas en Guaviare, que dejaron cinco menores muertos. Según el ministro, estas acciones respondían a un “deber constitucional” frente a la disputa entre las disidencias de 'Calarcá' y 'Mordisco', que, según dijo, ya deja más de 48 muertos en el departamento."Cuando nosotros determinamos atacar un grupo organizado en un área campamentaria, que se han reunido ahí para preparar un ataque a la población civil o a las tropas, o ir contra una comunidad de estas alertas tempranas, pues nosotros tenemos que actuar antes de que ellos actúen y cometan una masacre, un ataque, y terminan haciendo las acciones que todos los colombianos conocemos. Es una obligación. Aquí está en juego la acción o la omisión", afirmó el general (r) Mora.El ministro afirmó que ya son 11 menores de edad los que han fallecido en los combates que se llevan a cabo en Guaviare por las disputas por el control territorial, de las drogas y de actividades ilícitas entre las dos disidencias de las FARC. También dijo que 10 uniformados han sido asesinados, 16 han resultado heridos y cinco han sido secuestrados. Además, señaló que antes de las operaciones ya existían 368 alertas tempranas de la Defensoría.Ante esta respuesta, la senadora Jennifer Pedraza, una de las principales citantes del debate, calificó como un “falso dilema” el argumento presentado por el ministro. “Aquí nadie le está pidiendo a la fuerza pública que se quede quieta y que omita actuar si considera que es necesario. Sin duda alguna, puede existir la necesidad, pero la posibilidad de utilizar diferentes herramientas para actuar y para intervenir en una determinada región”, afirmó la senadora.Pedraza se refirió a diferentes operaciones militares, como el combate, ejercer presión y el arrinconamiento en el territorio. “Hay muchas herramientas, el ministro las enlistó, que se pueden utilizar y que se deben ponderar antes de tomar la decisión simplista de, no verificamos si hay niños y niñas, ignoramos las alertas tempranas, bombardeamos y después salimos a decir que fijo estaban en combate. Esa práctica sería negligente y violatoria del derecho internacional humanitario”, afirmó Pedraza.Por otro lado, el ministro de Defensa también se refirió a la adhesión de Colombia a la Coalición de las Américas contra los Cárteles, del pasado 12 de agosto, concretada en Ciudad de Panamá mediante un acuerdo firmado por el ministro de Defensa y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Mora aseguró que la soberanía del país no está en riesgo."Declaramos, y ahí lo establece la declaración, y ahí está mi firma y la firma del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth; eso fue lo que hicimos en Panamá. No estamos vendiendo la soberanía, ni aquí van a pasar tropas, ni aquí va a venir ninguna fuerza, ni de Estados Unidos, ni de Ecuador, ni de ningún país. Estén tranquilos, conozco la responsabilidad que atañe a mi cargo como ministro de Defensa", concluyó el general (r) Jorge Mora.
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare admitió una acción de tutela presentada por el ciudadano Roxemhberg Rozo Sánchez para proteger los derechos fundamentales de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado en el departamento.Dentro del trámite, el juez ordenó como medida provisional la suspensión temporal de bombardeos contra objetivos militares en el Guaviare cuando exista información de inteligencia, una alerta preventiva u otro elemento objetivo que permita advertir razonablemente sobre la posible presencia de niños o adolescentes que puedan resultar afectados en su vida o integridad física. La medida estará vigente mientras el juzgado toma una decisión de fondo sobre la tutela.El despacho explicó que tomó esta decisión de manera preventiva porque considera que el riesgo de que un menor reclutado por un grupo armado pueda morir o resultar herido durante una operación militar no puede descartarse. Para el juez, una eventual afectación de la vida o integridad de un niño sería un daño irreversible, que no podría repararse con una decisión judicial posterior.El juzgado también tuvo en cuenta antecedentes de menores de edad que han muerto durante operaciones militares. En el auto cita información de Medicina Legal según la cual, entre diferentes operaciones realizadas desde agosto de 2025, fueron recuperados cuerpos de menores de edad y, tras los análisis forenses, se determinó que 15 de los cuerpos correspondían a niños o adolescentes.Sin embargo, el despacho hizo varias precisiones. La decisión no significa que todos los bombardeos estén suspendidos, ni que toda operación militar en la que pueda haber menores sea automáticamente ilegal. La suspensión está limitada a las circunstancias concretas señaladas en la orden y fue considerada por el juez como una medida excepcional, temporal y preventiva.El juzgado también señaló que en esta etapa no está afirmando que las autoridades hayan vulnerado los derechos de los menores ni está estableciendo su responsabilidad. Lo que reconoce es que existen elementos objetivos que hacen posible el riesgo denunciado y que, por tratarse de derechos fundamentales de niños y adolescentes, es necesario adoptar una protección mientras se estudia el caso.Los vinculados a la tutela tendrán 48 horas para responderComo parte de la tutela, el juez ordenó al Ministerio de Defensa, al Ejército, a la Fuerza Aérea y al ICBF que, en un plazo de 48 horas, informen cuáles son las medidas y protocolos que tienen implementados o que deben reforzar, para identificar la posible presencia de menores en las zonas donde se desarrollan operaciones militares.También deberán explicar cómo verifican la información de inteligencia relacionada con posibles menores reclutados o utilizados por grupos armados, cómo evalúan los riesgos para la población civil antes de las operaciones aéreas y qué medidas aplican para garantizar una protección especial a los niños y adolescentes.Las demás entidades vinculadas al proceso también tendrán un plazo máximo de 48 horas para responder los hechos planteados en la tutela y aportar las pruebas que consideren necesarias.La tutela continuará su trámite con la participación de entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, autoridades indígenas y organizaciones campesinas del Guaviare.También fueron invitados organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y UNICEF, además de facultades de Derecho de varias universidades, para que puedan aportar sus opiniones sobre el problema jurídico.El juez deberá analizar toda esta información antes de emitir una decisión definitiva sobre la tutela. Por ahora, la orden de suspender determinados bombardeos es una medida provisional destinada a prevenir posibles afectaciones a menores mientras se estudia de fondo el caso.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que dos menores de edad hacen parte de los 20 cuerpos que ya fueron identificados, de un total de 24 recibidos el primero de septiembre y relacionados con los hechos ocurridos durante las acciones militares de la fuerza pública en la vereda Lagos del Dorado, zona rural de Miraflores, Guaviare, en el marco de la denominada Operación Azarías.De acuerdo con el reporte de Medicina Legal, de los 24 cuerpos ingresados al Instituto, 20 ya fueron identificados, mientras que cuatro continúan en proceso de abordaje forense debido al estado en el que fueron recibidos. Entre los 20 cuerpos identificados hay ocho personas de sexo femenino y 12 de sexo masculino. El Instituto confirmó que dos de los cuerpos corresponden a menores de edad.Los cuerpos están relacionados con las acciones militares desarrolladas en la vereda Lagos del Dorado, en Miraflores, Guaviare, contra integrantes del Frente Carolina Ramírez y su principal cabecilla, alias ‘El Tigre’ o ‘Pintado’.Los resultados de la operación fueron informados por el presidente ADLE, quien señaló integrantes de la estructura armada habían sido abatidos en combate.Además de las personas reportadas como abatidas, en el desarrollo de la operación fueron capturadas seis personas, entre ellas alias ‘Víctor’, señalado como tercer cabecilla de la organización. Asimismo, fue reportada como una de las principales bajas la de alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, señalado como principal cabecilla del Frente Carolina Ramírez.Dentro de los resultados de la operación también se informó sobre la recuperación de un menor de edad que habría sido víctima de reclutamiento ilícito. El menor fue puesto bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.En cuanto a las incautaciones, las autoridades reportaron 28 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, artefactos explosivos, granadas y material de guerra e intendencia.
Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10 del Ejército Nacional localizaron y destruyeron un dispositivo explosivo improvisado que había sido instalado en la vereda Nueva Primavera, zona rural de El Retorno, Guaviare.El hallazgo se produjo durante una operación militar adelantada por uniformados del Batallón de Despliegue Rápido N.° 29. Mediante labores de reconocimiento, los soldados identificaron el artefacto y activaron los protocolos de seguridad para proceder con su neutralización.De acuerdo con el Ejército, el dispositivo estaría relacionado con integrantes del GAO-r Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura Isaías Carvajal. Su ubicación y posterior destrucción permitió prevenir una posible afectación a los habitantes de la zona y a los militares que permanecen en este sector.El artefacto fue destruido mediante un procedimiento controlado, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de elementos. Las Fuerzas Militares señalaron que continuarán las operaciones en Meta, Guaviare y Vaupés contra los grupos armados ilegales y para garantizar la seguridad de las comunidades.
Representantes a la Cámara del Pacto Histórico, la Alianza Verde y Circunscripciones de Paz radicaron ante el presidente de la corporación, Nicolás Barguil, una proposición de moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora.La proposición surge luego de la operación militar realizada el pasado 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, contra disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’, en la que murieron tres menores de edad que habían sido reclutados.Los congresistas subrayan que “la responsabilidad criminal por reclutar menores corresponde, naturalmente, a quienes los reclutan”, pero sostienen que esa circunstancia “no releva al Estado colombiano de sus obligaciones autónomas de protección y precaución” al planear y ejecutar una operación militar en un escenario donde puedan encontrarse menores reclutados. En el documento se plantean cuatro cargos de censura. El primero se refiere a la “responsabilidad política por la planeación, dirección y supervisión de una política operacional que culminó con la muerte de tres menores reclutados”, sin que, según los representantes, se haya explicado qué conocimiento existía sobre la presencia de los menores.El segundo cuestiona la “falta de explicación suficiente sobre las precauciones adoptadas para proteger a los menores reclutados” y sobre la eventual existencia de alternativas operacionales.El tercero señala un presunto “desconocimiento de la condición constitucional de víctimas de los niños y adolescentes reclutados” y cuestiona lo que califican como una narrativa institucional que convertiría la participación forzada de los menores en el conflicto en una justificación de sus muertes.Finalmente, el cuarto plantea una eventual responsabilidad política por las declaraciones públicas del ministro después de conocerse sus muertes. “Por tanto, las declaraciones del Ministro sobre una operación militar de esta naturaleza no constituyen simples opiniones personales ajenas al cargo. Son manifestaciones oficiales del jefe político del Sector Defensa”, se lee en el documento.Entre quienes firman la iniciativa aparecen David Alejandro Toro, Gabriel Becerra, Ana Leidy Erazo, Daniel Mauricio Monroy, Paola Andrea Quiñones, Laura Isabel Vera, Heiner Gaitán, Santiago Osorio, entre otros congresistas.
Un nuevo bombardeo contra grupos criminales se desarrolló en el país, confirmó el presidente Abelardo De La Espriella. La operación militar se dio contra la estructura ‘Carolina Ramírez’, perteneciente a las disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’, en el departamento del Guaviare.La Operación Militar Azarías dejó hasta el momento 20 guerrilleros muertos, cinco capturados y dos menores de edad recuperados.Entre los abatidos fue identificado, mediante prueba dactiloscópica, alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, señalado como principal cabecilla de la estructura ‘Carolina Ramírez’ y hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’.Entre los capturados está alias ‘Víctor’, considerado el cuarto cabecilla de esta organización.La fuerza pública también incautó 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, 10 equipos de campaña y 13 chalecos multipropósito. La cantidad de munición decomisada todavía está en proceso de consolidación.Los cinco capturados y los dos menores recuperados ya fueron retirados de la zona de operaciones.El presidente calificó la acción como un “golpe demoledor” contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y aseguró que el operativo afecta las capacidades militares, logísticas y financieras de la organización, además de debilitar su control sobre corredores utilizados para el narcotráfico.De La Espriella advirtió que la ofensiva militar continuará contra las estructuras de ‘Mordisco’, con operaciones dirigidas contra sus cabecillas, integrantes, armamento y finanzas criminales.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses identificó nueve de las diez personas reportadas como abatidas durante un operativo militar contra las disidencias de alias Calarcá en El Retorno, Guaviare. Entre los fallecidos hay tres menores de edad, mientras que un cuerpo permanece sin identificar debido a que fue recibido de manera incompleta.Las Fuerzas Militares realizaron una operación contra un campamento de las disidencias de las FARC al mando de alias 'Calarcá', en el municipio de El Retorno, Guaviare. El balance oficial reportó diez personas muertas.Los restos fueron trasladados inicialmente a San José del Guaviare y posteriormente a la sede de Medicina Legal en Villavicencio, Meta, donde se adelantaron las necropsias y los procedimientos técnico-científicos para establecer la identidad de las víctimas.En entrevista con Mañanas Blu, el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, explicó cómo avanza el proceso de identificación y por qué uno de los cuerpos permanece sin identificar.¿Por qué no ha sido identificado uno de los cuerpos del bombardeo en Guaviare?De acuerdo con Medicina Legal, nueve de los diez cuerpos recibidos ya fueron identificados mediante los procedimientos forenses correspondientes. Sin embargo, las condiciones de uno de los restos dificultaron completar el proceso de identificación.Ariel Emilio Cortés explicó que el cuerpo llegó incompleto, lo que impidió realizar el estudio lofoscópico necesario para establecer plenamente su identidad y hacer el cotejo con los registros de la Registraduría Nacional del Estado Civil: "Pudimos terminar de hacer el abordaje de los cuerpos. Por eso sacamos un comunicado el día de ayer que habían fallecido 10 personas, de las cuales pudimos identificar 9 personas. Una no se ha logrado identificar porque es un cuerpo que está incompleto".El funcionario agregó que se trata de una parte del cuerpo que no permite completar el procedimiento de comparación con los registros oficiales: "Porque el cuerpo llega incompleto, o sea, nosotros no recibimos el cuerpo completo como para hacer el estudio y poder inicialmente pues determinar a través de la lofoscopia la identificación".Por esta razón, Medicina Legal mantiene pendiente la identificación de la décima persona fallecida en el operativo militar en Guaviare.Medicina Legal confirmó tres menores de edad entre los muertosOtro de los datos entregados por Medicina Legal es que tres menores de edad se encuentran entre las personas fallecidas e identificadas tras el operativo.Según Ariel Emilio Cortés, se trata de dos adolescentes de 15 años y uno de 16 años. Dos de los menores son mujeres y uno es hombre.Sobre la pertenencia de los menores a alguna comunidad indígena, afrodescendiente u otra comunidad étnica, Cortés señaló que en ese momento no contaba con la información, pero indicó que podía ser determinada posteriormente.Medicina Legal prepara entrega de los cuerpos a las familiasMedicina Legal también informó que trabaja en la comunicación con los familiares de las personas fallecidas para avanzar en la entrega de los cuerpos. Cortés explicó que los nombres no fueron divulgados públicamente por razones de seguridad y teniendo en cuenta que entre los fallecidos hay tres menores de edad."Nosotros tenemos el listado de las personas que fallecieron, los tenemos identificados y tratamos de comunicarnos con las familias para hacer la entrega precisamente entre hoy y mañana", añadió.En el caso de los tres menores, el director de Medicina Legal indicó que la entidad adelantaría las gestiones correspondientes ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).¿Qué establecieron las necropsias sobre las muertes?Frente a las circunstancias en las que murieron las diez personas, el director de Medicina Legal señaló que los dictámenes de necropsia permiten establecer la causa y manera de muerte y que estos informes son remitidos a las autoridades competentes.Sin embargo, Cortés aclaró que durante la entrevista no tenía a disposición el informe específico que permitiera precisar si las lesiones correspondían directamente al bombardeo o a enfrentamientos terrestres: "Nosotros podemos determinar la causa y la manera de muerte, lo podemos hacer. Está en el informe de las necropsias que se entregan, pues en este caso, a la justicia penal militar".Los resultados de estos dictámenes hacen parte de la investigación sobre el operativo militar realizado contra las disidencias en Guaviare.Cifras de menores muertos en operaciones militaresDurante la entrevista, el director de Medicina Legal también entregó cifras históricas sobre personas fallecidas en operaciones militares. Según los datos mencionados por Cortés, durante el gobierno de Iván Duque murieron 367 personas en operaciones militares, entre ellas 42 menores de edad. Durante el gobierno de Gustavo Petro, con corte al 31 de mayo de 2026, la cifra reportada fue de 458 personas fallecidas, de las cuales 62 eran menores de edad.En el actual gobierno, Cortés señaló que se han registrado cuatro menores fallecidos en operaciones militares: tres correspondientes al operativo reciente en Guaviare y uno de un hecho anterior.
Una operación de la fuerza pública contra estructuras criminales vinculadas a las disidencias de las Farc de la facción de alias 'Calarcá' dejó, de manera preliminar, ocho integrantes dados de baja en el departamento del Guaviare, según informó el presidente Abelardo De La Espriella.La operación, denominada AMÓN, se desarrolló durante la madrugada en zona rural del municipio de El Retorno. De acuerdo con el anuncio del presidente, las acciones estuvieron dirigidas contra campamentos utilizados por integrantes del bloque Jorge Suárez Briceño, una de las estructuras señaladas por las autoridades como parte de la organización de alias 'Calarcá'.El mandatario explicó que la operación comenzó con un bombardeo de precisión sobre los campamentos y posteriormente se produjo el ingreso de comandos de la fuerza pública para continuar las acciones en tierra y avanzar en el control del sector.Como resultado preliminar del operativo, fueron reportados ocho integrantes dados de baja. Además, las tropas incautaron 11 fusiles y cinco ametralladoras, junto con abundante material de intendencia. El balance podría cambiar debido a que las operaciones todavía se mantienen en desarrollo.Las tropas permanecen desplegadas en la zona rural de El Retorno y, según el anuncio del presidente, avanzan en la consolidación del área después de la acción militar. La operación continúa mientras se verifica el resultado completo de las acciones y el material encontrado en los campamentos.“La operación continúa y nuestras tropas avanzan en la consolidación de la zona. Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional”, indicó.
Un suceso de orden público se registró en el departamento del Guaviare, generando alarma entre los habitantes de la zona. Alrededor de las 7:00 de la noche, se reportó el abandono de un carro cargado con elementos explosivos en un sector de San José del Guaviare, específicamente sobre la vía que pasa frente a la Base de AntinarcóticosEl incidente en San José del GuaviareDe acuerdo con la información suministrada, el elemento utilizado para albergar la amenaza fue un carrito de hamburguesas, el cual fue dejado abandonado en la vía pública frente a las instalaciones policiales de antinarcóticos.Este objeto contenía en su interior dos artefactos explosivos; uno de estos artefactos detonó debido a una falla en su instalación, tras la detonación imprevista del primer artefacto no se reportaron personas lesionadas en el área del incidente.Acción de las autoridades y destrucción controladaLuego de la explosión del primer elemento, las unidades antiexplosivos de la Policía Nacional intervinieron y el personal policial experto ubicó el segundo artefacto que aún se encontraba en el sitio. Con el fin de neutralizar el peligro, el segundo artefacto fue destruido de manera controlada por estas unidades especializadas de la institución.El reporte oficial confirmó que, afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada como resultado de este procedimiento de seguridad.CalamarA la misma hora en que se presentaban los hechos en la capital del departamento, se reportó otra novedad de orden público en una municipalidad vecina. En el municipio de Calamar, los habitantes reportaron haber escuchado una fuerte explosión alrededor de las 7:00 de la noche.
Paso a paso se sigue moldeando el proyecto de ley de financiamiento y rescate económico que el Gobierno Nacional llevará hacia su primer debate en el Congreso de la República. Desde Barranquilla, el ministro de comercio, Mauricio Gomez, se refirió a la discusión iniciada sobre los ítems que podrían afectar el bolsillo de los colombianos.Desde la Plaza de la Aduana en Barranquilla, Gómez destacó las perspectivas del borrador de propuesta presentado este fin de semana por el Centro Democrático, declarando que la idea será tener acuerdos y “escuchar todas contrapropuestas para llegar al mejor texto posible”.“Vamos a llegar a consensos. Al final lo que se busca es que el país salga adelante. Vamos a escuchar las contrapropuestas de los partidos políticos y llegaremos al mejor texto posible conciliado para primer debate. Quisiéramos que Colombia mande un mensaje al Fondo Monetario Internacional, a la a la banca multilateral, de que estamos poniendo la casa en orden, de que estamos juiciosos en esa materia”, declaró a Blu Radio.Recordemos que desde este lunes iniciaron las reuniones de las mesas técnicas en pro de este proyecto de ley, las cuales están conformadas por las Comisiones Económicas del Congreso y el Ejecutivo. Puntualmente, desde el Centro Democrático están sugiriendo no cobrar IVA a la canasta familiar ni a otros bienes esenciales; devolver el IVA inferido a los más pobres y contratar un crédito para suministrar préstamos a 30 años a afectados de la zona del terremoto.Las palabras del mincomercio, Mauricio Gómez, se enmarcaron luego de una de las audiencias públicas territoriales del proyecto de ley de competitividad, propuesto por el Gobierno Nacional. En este encuentro, liderado por el presidente de la Comisión Sexta del Senado, Carlos Guevara, fueron escuchadas las propuestas de empresas, gremios, autoridades y ciudadanía en general con el fin de optimizar la realidad empresarial de Colombia.Rosmery Quintero, directora de Acopi y una de las intervinientes, pidió por ejemplo una revisión del impuesto de Industria y Comercio (ICA), ya que según ella algunas compañías estarían pagándolo hasta dos veces por la falta de claridad en sus alcances.Después de ella, fue propuesto el fortalecimiento del sector Fintech en el país, la participación equitativa de las notarías en los servicios electrónicos, la simplificación de las concesiones marinas, la agilización en los trámites mineros y licencias ambientales, entre muchas otras como el cambio de la resolución que establece una distancia mínima de droguerías de 75 metros lineales.Esta es la cuarta audiencia pública territorial realizada en el país sobre la ley de competitividad, luego de los encuentros en Cali, Bogotá y Yopal. La próxima semana habrá agenda en Tunja, Neiva y Medellín.
La delimitación del páramo de Santurbán sigue siendo un tema clave para las comunidades de Santander, especialmente para los habitantes de Vetas, quienes han pedido que se respeten los acuerdos alcanzados con el Gobierno Nacional. Este lunes 9 de noviembre, el Ministerio de Ambiente confirmó que cumplirá lo pactado con el municipio durante las mesas de diálogo de 2021 y 2022.Uno de los principales compromisos es mantener la línea de delimitación que fue acordada con Vetas. Esto significa que el trazado no volverá a discutirse ni será sometido a una nueva negociación. Además, los acuerdos deberán quedar incluidos en la resolución con la que se definirá la delimitación del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.Los compromisos no se limitan a definir hasta dónde llega el páramo. También buscan que las familias que dependen de la agricultura y la minería puedan contar con alternativas para desarrollar sus actividades sin dejar de lado la protección del medioambiente.Entre los puntos acordados están la revisión de los terrenos para identificar qué familias necesitan apoyo para cambiar sus actividades productivas, el control de las actividades mineras, la protección de las fuentes de agua y la participación de la comunidad en las decisiones ambientales.Otro de los compromisos establece que la industria minera de Vetas destinará al menos 200 hectáreas para recuperar y proteger zonas ambientales. También se plantearon opciones de financiación, como la creación de un fondo mixto y los pagos por servicios ambientales.Tras la reunión de este 9 de noviembre, el Ministerio de Ambiente anunció que tendrá cinco días hábiles para entregar y publicar el acta del encuentro, junto con los documentos de soporte y la ruta de trabajo. Esta información también deberá ser presentada ante el Tribunal Administrativo de Santander.Además, se estableció un plazo de 60 días hábiles para avanzar en los asuntos técnicos y en la puesta en marcha de los compromisos que todavía están pendientes.Esto no significa que la resolución definitiva de delimitación estará lista en esos 60 días. El proceso debe continuar con las reuniones y acuerdos con los demás municipios que hacen parte del complejo de páramos.Con esta decisión, los habitantes de Vetas buscan tener garantías de que lo acordado con el Gobierno no se quede solamente en compromisos escritos y que se cumplan las medidas relacionadas con la actividad económica de la población y la protección del páramo de Santurbán.
Continua la consternación en Resistencia, Argentina, por el asesinato de Matías Julián Álvarez, de 29 años, a manos, al parecer, de su novia, Victoria Luz Cantero, quien lo habría apuñalado en un ataque de celos y una discusión en el interior de la camioneta de este hombre.El caso sucedió a inicios de agosto de 2026, la mujer fue detenido y, hasta la fecha, sigue en marcha la investigación para determinar si fue o no culpable de este crimen. De hecho, esta mujer se encuentra recibiendo tratamiento psicológico y farmacológico luego de ser evaluada por especialistas del área de Salud Mental del Hospital Julio C. Perrando.Sin embargo, nuevo material probatorio habría dado más fuerza a su culpabilidad, pues las autoridades hallaron en la camioneta donde murió varias cartas que habría escrito antes de morir en donde aseguraba que “se estaba alejando de todos por miedo”.“Hoy me levanté con ansiedad y depresión por la situación que estoy pasando. No saber qué va a pasar. Me queda poco por hace. No me conviene ella, pero bueno el corazón es así. La realidad es que me estoy aislando de todos”, fueron las palabras halladas en la carta de este joven, que, ahora, daría más fuerza a que ella seria la responsable de este crimen.Ante esto, han solicitado una autopsia psicológica para conocer en qué estado se encontraba su salud mental y así relacionar este material probatorio con la investigación en curso. Además, otro dato que surgió de los elementos encontrados en el vehículo es que Julián y Victoria habían ido al cine la noche anterior al crimen, según contó el medio local TN.El reporte, hasta ahora, indica que el joven no se esperaba este ataque y fue apuñalado por sorpresa, al parecer, tras una discusión en el interior de la camioneta de acuerdo con todo lo encontrado en el escena del crimen.
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este lunes:Néstor Lorenzo respondió a Lucas González por sus críticas a la convocatoria de jugadores de Atlético Nacional. El entrenador verdolaga cuestionó que Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo deban ausentarse en partidos decisivos de la Copa Colombia, mientras que otros futbolistas, como Álvaro Montero, permanecen con sus clubes. El técnico aseguró que la alternancia de Montero y Camilo Vargas estaba planificada desde la convocatoria anterior y recordó que los clubes deberían sentirse orgullosos de aportar jugadores a la Selección Colombia.El seleccionador nacional también desmintió los rumores de una supuesta pelea con Jorge Carrascal. El técnico explicó que el volante continúa dentro de sus planes y que su ausencia responde a la intención de probar otras alternativas. También aclaró que, después de un partido frente a Ghana, hubo un llamado de atención a varios futbolistas que no querían atender a la prensa, pero negó que se hubiera presentado un enfrentamiento personal con Carrascal.La lucha por los cuadrangulares de la Liga Colombiana quedó abierta con tres cupos todavía en disputa. Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Bucaramanga e Independiente Santa Fe son los cinco equipos clasificados. Medellín, Millonarios, Once Caldas, Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta mantienen opciones de quedarse con las tres plazas restantes.Independiente Santa Fe goleó 5-0 a Deportivo Pasto en un partido marcado por los problemas económicos del conjunto nariñense. Pasto presentó una nómina integrada principalmente por juveniles, situación que generó críticas sobre el manejo financiero de algunos clubes y la manera en que estas dificultades pueden alterar el campeonato. Hugo Rodallega marcó tres goles, mientras que el técnico Pablo Repetto reconoció que buscó recibir una quinta tarjeta amarilla para cumplir la suspensión antes de los cuadrangulares, aunque el árbitro no se la mostró.Andrés Gómez quedó en el centro de la polémica en Brasil después de fallar un penal decisivo frente a Palmeiras. El colombiano erró su cobro durante la definición que permitió al equipo de Jhon Arias avanzar a la final de la Copa de Brasil. Una publicación de la esposa de Gómez, en la que aseguró que otros compañeros evitaron cobrar, generó debate sobre las posibles consecuencias dentro del camerino. También se destacó el gesto de Arias, quien se acercó a consolar a su compatriota después de la eliminación.Reviva el programa completo de Blog Deportivo aquí:
La inflación anual en Colombia se ubicó en 6,3 % para octubre de 2026, según el Dane. Con esto, son tres meses consecutivos al alza. Además, en octubre, la variación mensual del IPC fue de 0,20%, mientras que entre enero y octubre de este 2026 alcanzó 5,94%.La inflación anualizada en Colombia se ubicó en 6,3 % a octubre de 2026, lo que representa un incremento de 0,79 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025. Por su parte, la variación acumulada en lo corrido del año alcanzó el 1,24 %, mientras que la inflación mensual, correspondiente a la comparación entre octubre y septiembre de 2026, fue de 0,02 %.
