Un nuevo giro en la política criminal del país empieza a tomar forma desde el Ministerio de Justicia. A través de la Resolución 1905, el Gobierno aceptó y formalizó la salida de ocho integrantes de la Comisión Asesora para la Política Criminal y dejó sin efecto otros dos nombramientos de personas que nunca llegaron a asumir sus funciones.
La decisión fue adoptada por el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien aceptó las renuncias de Francisco Bernate Ochoa, Mauricio Cristancho Ariza, Yessika Hoyos Morales, Martha Cecilia Abella de Fierro, Rocío del Pilar Peña Huertas, Aura María Cárdenas, María Camila Moreno y Julio César Ortiz.
Publicidad
Quienes salen son académicos que hacían parte del organismo encargado de aportar análisis y recomendaciones técnicas al Estado en asuntos relacionados con política criminal.
La resolución también anuló los nombramientos de Sebastián Machado Ramírez y Alejandro David Aponte Cardona. En ambos casos, la razón es que habían sido seleccionados para integrar la Comisión, pero no llegaron a ejercer como miembros de este organismo.
Aunque la medida acaba de quedar oficializada, las renuncias no fueron inesperadas. Pues, en el mes de septiembre, el Ministerio de Justicia venía solicitando la salida protocolaria de los integrantes, mediante una comunicación dirigida a los miembros de la Comisión que venían trabajando desde la administración anterior, del expresidente Gustavo Petro.
Estos cambios que ya se avecinan se dan en medio de medidas y proyectos que el Gobierno de Abelardo de La Espriella quiere implementar. Entre ellas se encuentran la Ley de Sometimiento, que no dará chance a negociaciones y tendrá como eje central a las víctimas; y el Estatuto Antiterrorista, que tiene sobre la mesa una lista de grupos criminales, operaciones aéreas, aumento de penas y finanzas, y demás leyes que dotarán a las autoridades de herramientas legales para combatir las organizaciones terroristas.
Publicidad
La Comisión tendrá un papel importante en esa nueva etapa porque sus integrantes deberán analizar, desde una perspectiva académica y técnica, iniciativas relacionadas con la política criminal y emitir conceptos que puedan servir como insumo para las decisiones del Estado.
Ahora el siguiente paso estará en manos del ministro Iván Cancino: definir quién conformará este equipo, que está diseñado para reunir diez académicos con experiencia en áreas como derecho penal, criminología, derecho constitucional, economía y ciencias sociales.