La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) administra la asistencia económica en el mundo y apoya diversos programas y proyectos en Colombia. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la suspensión de esta cooperación por 90 días, argumentando la necesidad de revisar a qué programas y proyectos se están destinando los fondos.
La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) implementa dos programas con apoyo de USAID, entre ellos uno enfocado en derechos humanos, el cual quedó suspendido en medio de la crisis que atraviesa la región del Catatumbo. Debido a esta suspensión, no se ha podido efectuar el pago a las personas que trabajan en el proyecto. Además, desde Pares advierten que esta decisión genera un ambiente de incertidumbre en la sociedad civil.
La sociedad civil recibía fondos de USAID no como una caridad, sino como una estrategia de cooperación basada en valores que considerábamos comunes, como la democracia, la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos. Ahora se genera incertidumbre porque no sabemos cómo se va a reestructurar esta ayuda
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, también se refirió al tema, pues USAID aporta casi 15.000 millones de pesos a las labores de esta jurisdicción. Ramelli destacó que esos fondos son fundamentales para avanzar en la investigación de quienes hicieron parte de la extinta guerrilla de las FARC.
Las víctimas también expresaron su posición, señalando que la JEP debe agilizar las sanciones a los excomandantes guerrilleros, ya que, pese a la suspensión de estos recursos, aún cuenta con el presupuesto necesario para operar.
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“Es indispensable que no haya ninguna dilación en la impartición de justicia y que las sanciones a estos señores se establezcan lo más pronto posible. El presupuesto de la JEP para 2025 asciende a más de 737.000 millones de pesos, una suma suficiente para garantizar los ejercicios de verdad y justicia en cada uno de los casos”, afirmó Sebastián Velásquez, director de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC (Fevcol).
Por su parte, expertos destacan la importancia del apoyo de USAID y la necesidad de gestiones diplomáticas para garantizar estos recursos.
“La política de atención humanitaria en Colombia, así como los esfuerzos de acción y política social en varias regiones del país, dependen en gran medida de la ayuda del gobierno de los Estados Unidos a través de USAID. Durante décadas, este fondo ha contribuido al cierre de brechas y a la mejora de las condiciones sociales de las poblaciones más vulnerables en zonas apartadas. Muchas ONG y pequeños proyectos productivos, que han logrado consolidarse gracias a estos recursos, se verán fuertemente afectados ante un posible recorte en el flujo de financiamiento”, explicó Juan Pablo Herrera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia.
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