Un fuerte cruce se registró entre el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, Gustavo Salazar, durante una audiencia de seguimiento a las garantías de seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz este jueves 12 de noviembre.
La discusión comenzó cuando el jefe de la cartera política cuestionó la legitimidad de la JEP y sostuvo que esta debe demostrar resultados y transparencia.
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“El gran desafío que tiene la JEP tiene que ver con su legitimidad. Y la legitimidad de la JEP, señores magistrados, se consigue con resultados y transparencia”, afirmó Ordóñez.
Ante estas declaraciones, el magistrado de la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, Gustavo Salazar, lo interrumpió y le pidió concentrarse en el propósito de la diligencia.
“Ministro Ordóñez, no venimos a discutir la legitimidad de la JEP. Entonces le pido que, con la venia de los colegas, se limite al tema de protección”, señaló Salazar.
El ministro respondió que no estaba discutiendo la legitimidad de la Jurisdicción y reclamó que no lo dejaran terminar su intervención.
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“Señor magistrado, usted no me ha permitido terminar. Le pido a usted también el debido respeto. permítame terminar la exposición para que quede clara y objetivamente establecido lo que está diciendo el ministerio”, dijo Ordóñez.
Sin embargo, el magistrado insistió en que tenía el uso de la palabra y calificó los comentarios como improcedentes, al tiempo que le pidió ceñirse al tema de la audiencia.
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“Tengo la palabra yo aquí. Entonces, con los colegas voy a solicitar que el señor ministro se atenga, porque me parece, entre otras, de mala educación, venir a poner en duda la legitimidad de la JEP”, señaló el magistrado.
Antes del cruce, el ministro del Interior también había cuestionado el Acuerdo de La Habana y la política de Paz Total. En su intervención, atribuyó el deterioro de las condiciones de seguridad al crecimiento de las economías ilícitas y al fortalecimiento de los grupos armados.
Ordóñez sostuvo que la política de Paz Total hizo más difícil la implementación del acuerdo y la aplicación de medidas de seguridad para los firmantes y las comunidades.
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“En síntesis, la paz total hizo más difícil la implementación del acuerdo y la eficacia de las medidas de seguridad y protección para los desmovilizados y las comunidades. El origen de esta deplorable situación está en la base misma del Acuerdo de La Habana, un acuerdo mal hecho, mal diseñado, que nos han llevado a nadar en coca y tener una grave amenaza criminal”, afirmó.
El funcionario también anunció cambios en los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según dijo, los vehículos blindados y los hombres de seguridad se asignaran de acuerdo con los estudios de riesgo que adelante la entidad.
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“En este gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad”, manifestó.
Ordóñez agregó que los recursos públicos no pueden utilizarse para facilitar actividades ilegales y sostuvo que la protección debe estar dirigida a quienes realmente la requieran y actúen dentro de la legalidad.
La audiencia tenía como propósito hacer seguimiento a las garantías de seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz y a las medidas de protección que se han dispuesto para esta población.
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