De acuerdo con el último informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, con corte al 23 de septiembre, el sismo ha dejado 486.917 personas afectadas, agrupadas en 303.934 familias, en 500 municipios de 16 departamentos del país..
Las cifras oficiales también reportan 335 personas fallecidas, 4.516 heridas y 105 desaparecidas. Además, se contabilizan 36.478 viviendas destruidas, de acuerdo con los reportes que complementan la información del Registro Único de Damnificados.
En materia de infraestructura, el balance señala afectaciones en 4.431 centros educativos, 402 centros de salud, 6.094 centros comunitarios y 182 acueductos.
Sin embargo, desde la OCHA advierten que estas cifras todavía pueden cambiar debido a las dificultades para consolidar y actualizar la información en algunas zonas.
Uno de los principales vacíos está precisamente en la identificación de daños en municipios apartados y zonas rurales dispersas, donde hay baja capacidad técnica y limitada presencia institucional. Esta situación es particularmente evidente en departamentos como Chocó y Valle del Cauca.
En Chocó, por ejemplo, existen diferencias entre los registros de las evaluaciones de daños, los reportes de las secretarías departamentales y municipales y otras fuentes sectoriales. Según la OCHA, estas diferencias dificultan conocer oportunamente las necesidades en salud, alojamientos temporales y vigilancia epidemiológica.
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Además, las dificultades de conectividad, las barreras geográficas y la presencia de grupos armados complican el acceso a comunidades rurales. En zonas como el Atrato, San Juan y Baudó, incluso la movilidad por los ríos presenta dificultades, lo que afecta el reporte oportuno de las necesidades.
Otro de los problemas identificados es que personas refugiadas y migrantes que están en algunas de las zonas más afectadas no estarían quedando registradas, lo que puede limitar su acceso a derechos y a las ayudas disponibles.
En Risaralda también persiste un vacío importante, el informe señala que la evaluación de estructuras continúa siendo baja, especialmente en Pereira y otros municipios afectados.
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A esto se suma que algunas familias todavía no tienen suficiente información sobre los resultados de las evaluaciones estructurales ni sobre las rutas disponibles para acceder a soluciones de vivienda y otros servicios.
En los alojamientos temporales también continúan las necesidades. La OIM identificó alrededor de 6.903 personas, correspondientes a 1.970 hogares, ubicadas en 105 alojamientos temporales de Risaralda, Chocó, Valle del Cauca y Caldas.
En Chocó, cerca de 501 personas de 173 familias permanecen en nueve alojamientos temporales ubicados en Quibdó, Istmina, Nóvita y Condoto.
Allí se mantienen necesidades relacionadas con agua potable, saneamiento, condiciones de habitabilidad, atención en salud física y mental y prevención de enfermedades como dengue y malaria.
En Valle del Cauca, especialmente en Buenaventura, persisten problemas en los alojamientos temporales, con dificultades de acceso a agua potable, saneamiento y servicios básicos, además de afectaciones en infraestructura de salud y educación.
El informe también advierte que algunas comunidades continúan enfrentando una doble afectación, debido a que, además de las consecuencias del terremoto, tienen necesidades relacionadas con el conflicto armado, lo que dificulta el acceso a servicios y la recuperación.
Hasta la fecha, al menos 31 organizaciones humanitarias han atendido a más de 137.000 personas, unas 32.600 familias, en 53 municipios de los departamentos priorizados.
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La asistencia ha incluido alimentos, agua, elementos de alojamiento e higiene, atención en salud física y mental, educación en emergencias, protección y transferencias monetarias. Desde la OCHA señalan que los socios humanitarios continúan focalizando acciones en zonas rurales donde persisten vacíos de atención.