Desde muy temprano, pacientes de diferentes EPS realizaron plantones en varios puntos de Cali, como en Meléndez, la Avenida Roosevelt y la sede de la Nueva EPS en el norte de la ciudad, desde donde exigieron mejoras en la prestación de los servicios de salud y la continuidad de sus tratamientos médicos.Con arengas, carteles e incluso algunos bloqueos intermitentes, los manifestantes buscaron ser escuchados ante las múltiples dificultades que, según denunciaron, enfrentan diariamente para acceder a medicamentos, citas, procedimientos y atención domiciliaria. En el caso de la Nueva EPS, el panorama, de acuerdo con varios usuarios, es cada vez más crítico, especialmente para pacientes con enfermedades de alta complejidad y adultos mayores.“Yo tengo dos adultos mayores, entre ellos mi padre. Desde hace seis meses el operador Cuidarte en Casa no me presta el servicio de cuidador. Yo estoy cuidando a mis padres porque ya están postrados en cama. A raíz de toda la atención y el cuidado que debo brindarles, también terminé enfermándome”, manifestó uno de los ciudadanos presentes en la protesta.Otro de los casos expuestos durante las movilizaciones fue el de una mujer que aseguró llevar más de una década enfrentando dificultades para garantizar la atención médica de su compañero sentimental, quien permanecía en delicado estado de salud.“Mi paciente, que es mi esposo José Livorio Cuellar Cruz, lleva 12 años postrado en cama por un trauma raquimedular y un trauma craneoencefálico. Desde noviembre no he podido conseguir una cuidadora fija”, relató la mujer.A estas jornadas de protesta también se sumaron municipios como Ansermanuevo, Cartago y Jamundí, donde usuarios denunciaron barreras similares para acceder a la atención médica y a tratamientos prioritarios.Frente a esta situación, la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, reiteró su llamado al Gobierno nacional para declarar una emergencia humanitaria en salud en la región.“Estamos reportando un incremento de muertes y complicaciones de pacientes por la no atención oportuna. Es muy grave la situación de pacientes con cáncer, enfermedades huérfanas y personas que tienen cirugías pendientes. Realmente estamos frente a una crisis humanitaria que el departamento está documentando”, explicó la funcionaria.Según las autoridades departamentales, los pacientes más afectados por la crisis en el sistema de salud fueron los afiliados a Nueva EPS, Emssanar, Asmet Salud y Coosalud.
Mireyda Ordóñez Ortiz, de 35 años, y su hijo Camilo Alejandro Meneses Ordoñez, de 11, desaparecieron el pasado 19 de abril en el corregimiento San Antonio Los Caballeros, del municipio de Florida, suroriente del Valle del Cauca. Desde ese día, familiares, amigos y habitantes del corregimiento adelantaron su búsqueda y realizaron marchas y otras manifestaciones públicas pidiendo ayuda para encontrar a la mujer y al menor de edad.Veinticinco días después, la comunidad de Florida encontró los cuerpos de Mireyda y Camilo enterrados en el patio de propia su casa. Ellos fueron asesinados y sepultados en esa vivienda de San Antonio de los Caballeros.HipótesisSegún las primeras hipótesis, el crimen habría sido cometido por Marco Antonio Ramírez Alzate, de 26 años, quien se suicidó la semana pasada en el municipio de Santander de Quilichao, norte del Cauca. Ramírez Alzate era la expareja de la mujer y el padrastro del menor de edad. Las autoridades intentan confirmar si este hombre asesinó a su exesposa y a su hijastro tras la ruptura de la relación.
Las clases en los colegios rurales del corregimiento de San Antonio, en Jamundí, Valle el Cauca fueron suspendidas hasta nueva orden, tras los ataques con drones y los enfrentamientos entre el ejército y las disidencias de las Farc, registrados recientemente en esta zona del municipio.A través de un mensaje de texto los directivos de la Institución Educativa San Antonio anunciaron la decisión a los padres de familia, confirmando que esto aplicará para sus cuatro sedes ubicadas: en la cabecera del corregimiento y en las veredas La Despensa, Cascarillal y el Oso."Por cuestiones preventivas, debido a alteración del orden público que se está presentando en una de las veredas de San Antonio, la Secretaría de Educación nos indica que debemos atender las clases en modalidad remota", indica el mensaje de la institución.Esta decisión se tomó después de los ataques registrados en la tarde del lunes contra las tropas del Ejército, que durante varias horas fueron hostigadas con explosivos lanzados desde drones, en total se les arrojó 27 artefactos."Tuvimos dos soldados con heridas leves, que afortunada y rápidamente con apoyo del Comando Aéreo de Combate No. 7 fueron evacuados, afortunadamente fueron heridas leves y hoy se encuentran bien. Estos bandidos no distinguen entre uniformados, civiles, unidades militares o casas, atacan de forma indiscriminada a todos y por supuesto eso pone en riesgo la vida de los ciudadanos, de los campesinos, de los transeúntes, de quienes se encuentren en la zona", indicó el secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño.Esta situación sigue generando zozobra entre la comunidad, debido a que estos ataques contra la fuerza pública son continuos ya sea en la zona montañosa o la parte plana de Jamundí, ante esto la Policía confirmó que pronto llegarán al municipio más uniformados que permitirán reforzar las capacidades en las subestaciones de la zona rural."Precisamente se toman unas decisiones de fondo, unas capacidades adicionales, recordemos que tenemos un personal de apoyo desde el nivel central para tratar de contrarrestar este tipo de ataques, tenemos también elementos tecnológicos adquiridos con el fin de evitar que afecten a nuestros funcionarios y sobre todo a la población civil. Hay una articulación también importante con fuerzas militares", señaló el coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali.Las acciones ofensivas se mantienen en la zona para evitar más ataques contra las tropas y la población civil, recordemos que en la reacción del plan defensa, el ejército logró derribar varios drones con los que se pretendía seguir generando ataques
Desde el departamento del Valle del Cauca, las autoridades continúan evaluando la posibilidad de declarar la emergencia humanitaria en salud tras el cierre de varias IPS, clínicas y diferentes servicios médicos en la región.Esta situación está ocasionando que un número elevado de usuarios llegue al Hospital Universitario del Valle para continuar con sus tratamientos y procedimientos médicos, lo que ha provocado que la entidad pública alcance su capacidad límite y que los niveles de sobreocupación incrementen de manera exorbitante.“Por la falta de pago a las IPS privadas y públicas, muchas instituciones han tenido que cerrar servicios. Al cerrarse esos servicios, las personas acuden a los hospitales públicos porque allí no se puede negar la atención. En el Hospital Universitario del Valle, por ejemplo, tenemos un 300 % de sobreocupación. Esto genera que muchas veces los servicios no se puedan prestar con la calidad y oportunidad que se quisiera”, dijo la gobernadora Dilian Francisca Toro.La mayoría de pacientes que llegan son personas con enfermedades crónicas afiliadas a diferentes EPS del departamento e incluso de otras regiones del suroccidente colombiano, situación que ha obligado al centro asistencial a habilitar camillas adicionales para poder atender la alta demanda.“Los pacientes que están generando el colapso en urgencias son, principalmente, personas descompensadas desde el punto de vista crónico y, adicionalmente, la gente no tiene más opciones. Si se cierra un convenio entre algún asegurador y una clínica privada, los usuarios deben acudir al sector público y nosotros no podemos negar la atención. Por eso, en algunas ocasiones, nos toca redireccionar pacientes hacia servicios de baja y mediana complejidad”, explicó Jhon Sandoval, jefe coordinador del servicio de urgencias del HUV.Es por esta razón que se solicitó la instalación de una mesa técnica con la Procuraduría y la Contraloría para buscar una mediación ante el Gobierno Nacional y encontrar soluciones urgentes a la crisis financiera que afecta tanto a la salud pública como privada.
Más de cuatro toneladas de marihuana fueron incautadas por la Policía Nacional en el peaje El Cerrito, jurisdicción del municipio de Ginebra, en el Valle del Cauca, en lo que las autoridades calificaron como el mayor golpe contra el tráfico de este estupefaciente en lo corrido del 2026.El cargamento, que al parecer había salido desde el norte del Cauca, tenía como destino la ciudad de Medellín, donde sería distribuido por estructuras vinculadas al crimen organizado. Según las investigaciones preliminares, la droga pertenecería al grupo criminal “Yair Bermúdez”, organización señalada de financiar sus actividades ilícitas a través del narcotráfico y de mantener rutas estratégicas de distribución hacia diferentes regiones del país."Hoy le cumplimos al país con un resultado contundente. Incautamos más de 4.5 toneladas de marihuana en el Valle del Cauca. Esta operación se logró en el peaje del Cerrito, en el municipio de Ginebra, gracias a una información de inteligencia y un trabajo articulado de nuestras unidades antinarcóticos de las SIJIN en el marco de la estrategia Esmeralda Plus", dijo el Brigadier General, William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos de la Policía Nacional.La incautación se logró en medio de un operativo adelantado por unidades antinarcóticos, que interceptaron el cargamento cuando era movilizado por corredores viales del Valle del Cauca. Además del impacto económico, la operación afectó de manera significativa la capacidad logística y de distribución de las estructuras ilegales dedicadas al tráfico de drogas.“Con este resultado, afectamos las finanzas criminales en más de 3.500 millones de pesos y evitamos que millones de dosis llegaran a las calles. Seguimos cerrando rutas del narcotráfico, debilitando sus estructuras y protegiendo la seguridad de los colombianos con contundencia y con determinación”, aseguró el director de Antinarcóticos.Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer posibles capturas y determinar qué otras estructuras criminales estarían relacionadas con esta red de narcotráfico.
La atención al público en la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Florida, Valle del Cauca, fue suspendida este viernes luego de que se registrara un hurto al interior de sus instalaciones.De acuerdo con la información oficial entregada por Andrés Izquierdo, director de la dependencia, la medida fue adoptada para permitir las labores de inspección y criminalística que adelantan unidades de la Policía y la Fiscalía en la sede afectada.“Inmediatamente llega la persona encargada de aperturar la oficina y se encuentra con una ventana forzada. Al parecer ingresaron por encima de las rejas porque no se evidencia violación de chapas. De inmediato se dio aviso a las autoridades para que hicieran presencia en el lugar. Lo que sí le comunicamos a la comunidad es que hoy no habrá atención al público”, explicó el funcionario.Según las primeras verificaciones, los responsables habrían ingresado durante la madrugada aprovechando un punto vulnerable de la infraestructura. Sin embargo, hasta el momento no se ha determinado con exactitud qué elementos fueron hurtados ni el valor de las pérdidas.“No podemos determinar en este momento los daños o lo que se hayan llevado. La oficina de tránsito tiene bajo custodia documentos importantes, además de equipos y otros elementos. Estamos a la espera de los resultados de la investigación”, dijo Izquierdo.Entretanto, las autoridades avanzan en la recolección de evidencias y revisión de cámaras de seguridad para establecer cómo ocurrió el hecho e identificar a los responsables. Ante esta situación, la Administración Municipal pidió comprensión a los ciudadanos por la suspensión temporal del servicio, señalando que la medida es necesaria mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
El municipio de Obando, en el Valle del Cauca, se enfrenta al temor tras el asesinato de Milady Villada, quien se desempeñaba como presidenta del Concejo Municipal por el partido Centro Democrático.El ataque, perpetrado por sicarios, ocurrió mientras la funcionaria se encontraba en un espacio público, evidenciando el grave deterioro del orden público en la región.Detalles del atentadoSegún el reporte oficial de las autoridades, el crimen ocurrió de manera sorpresiva frente a sus seres queridos. La general Sandra Rodríguez, comandante de la policía en el Valle del Cauca, detalló en Mañanas Blu que "la nuestra señora concejal se encontraba en compañía del secretario de gobierno del municipio, su hijo y otro familiar y cuando es abordada por dos sujetos quien le disparan de manera indiscriminada".Tras el hecho, se activó un grupo especializado de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para adelantar las investigaciones pertinentes y dar con el paradero de los responsables.Historial de amenazas y el rastro de WhatsAppLa seguridad de Villada ya había sido motivo de preocupación en años anteriores. Entre 2020 y 2023, la concejal denunció amenazas por las cuales la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó medidas preventivas. Sin embargo, la general Rodríguez aclaró que "a partir del 2023 no se reportan denuncias adicionales a la anterior", aunque reconoció la existencia de "cadenas de WhatsApp que empiezan a manejarse... donde aparece una lista de personas del municipio generándoles intimidaciones".Estas amenazas digitales, que la policía califica como "itinerantes", suelen atribuirse a diversos grupos criminales. La oficial explicó que "algunos están con iniciales como ND, que posiblemente puede ser el grupo delincuencial organizado Nueva Generación. Otros aparecen con FL que pueden ser los flacos", organizaciones que buscan generar zozobra en la población.Durante la entrevista, se cuestionó a la policía sobre un panfleto específico del 8 de febrero de 2026 donde aparecía el nombre de la concejal, pero la General indicó que dicho mensaje no figuraba en sus líneas de reporte oficiales hasta el momento del análisis post-crimen.Ante el temor de otros funcionarios locales, la fuerza pública ha decidido intervenir. La general Rodríguez informó que se ha instado a los demás concejales a denunciar formalmente cualquier intimidación para activar los protocolos de la UNP y que, mientras tanto, "hemos reforzado materia de seguridad en el municipio y se les estará prestando un acompañamiento a las sesiones que ellos realicen en el Consejo Municipal". Escuche aquí la entrevista:
La Policía Valle confirmó que esta tarde fue asesinada Mileidy Villada, concejal del partido Centro Democrático en el municipio de Obando, en el departamento del Valle del Cauca. Autoridades revelaron que la cabildante fue atacada a disparos por dos sujetos que huyeron a bordo de una motocicleta NX hacia el municipio de La Victoria. De inmediato las autoridades activaron el ‘plan candado’ en todo el norte del departamento para ubicar a los responsables de este crimen.Según la comunidad de este municipio, la concejal militante del partido Centro Democrático habría sido amenazada días atrás, pues, a través de redes sociales, había circulado un panfleto con el nombre de varios líderes políticos de este municipio.
La Universidad Icesi anunció la apertura de una nueva convocatoria de becas dirigida a estudiantes de todo el país, con el objetivo de facilitar el acceso a programas de educación superior de alta calidad. Esta iniciativa busca apoyar a los jóvenes, ofreciendo alternativas de financiamiento que reducen las barreras económicas.El programa contempla una variedad de becas académicas y empresariales que pueden cubrir entre el 30% y el 100% del valor de la matrícula, dependiendo de factores como el rendimiento en las pruebas de Estado, la situación socioeconómica del aspirante y su trayectoria escolar. La universidad señaló que esta estrategia responde a la necesidad de ampliar oportunidades educativas en un contexto donde el acceso a la formación universitaria continúa siendo un reto para muchas familias.Reconocida por su enfoque innovador, la Universidad Icesi se ha consolidado como una institución de referencia en Colombia y en el ámbito internacional. Parte de este reconocimiento se sustenta en la acreditación de varios de sus programas bajo estándares globales, así como en su red de convenios con más de 300 universidades en diferentes países. Estas alianzas permiten a los estudiantes participar en intercambios académicos, fortalecer competencias en otros idiomas y adquirir experiencias en entornos multiculturales.La oferta académica actual incluye 24 programas de pregrado en áreas como Administración, Economía, Ingeniería, Derecho, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Salud, Humanidades y Diseño. Bajo su modelo educativo, la institución promueve una formación integral que combina teoría y práctica, alineando las habilidades de los estudiantes con las demandas del mercado laboral contemporáneo.Uno de los componentes diferenciales del modelo académico es la posibilidad de cursar certificaciones adicionales durante el pregrado, en alianza con empresas y organizaciones. Estas certificaciones están orientadas al desarrollo de competencias específicas que son valoradas en distintos sectores productivos. Asimismo, los estudiantes tienen la opción de adelantar asignaturas de posgrado, lo que amplía su perfil profesional desde etapas tempranas de su formación.El acompañamiento institucional también forma parte de la propuesta educativa. La universidad ofrece orientación personalizada para que cada estudiante construya una trayectoria académica flexible, ya sea dentro de una disciplina específica o mediante enfoques interdisciplinarios. Esta estrategia incluye oportunidades de doble titulación con universidades extranjeras y un énfasis en la proyección internacional.En cuanto a las becas empresariales, se trata de un programa desarrollado en conjunto con compañías del país que apoyan la formación de jóvenes con alto rendimiento académico o con limitaciones económicas. Este tipo de apoyo es financiado por aliados del sector productivo que buscan contribuir al desarrollo del talento en Colombia.El campus principal, ubicado en la ciudad de Cali, cuenta con infraestructura moderna que incluye laboratorios especializados, centros de innovación y espacios diseñados para el aprendizaje colaborativo. La institución también destaca por su enfoque en sostenibilidad y por ofrecer un entorno que favorece la creatividad y el trabajo interdisciplinario. Además del respaldo académico, los graduados de la Universidad Icesi registran altos niveles de inserción laboral, tanto en el país como en el exterior. Este factor se ha convertido en uno de los elementos diferenciadores de la institución dentro del suroccidente colombiano.La convocatoria actual invita a estudiantes y familias a explorar las opciones disponibles y a iniciar el proceso de postulación. La universidad ha dispuesto canales de asesoría personalizada para orientar a los aspirantes en cada etapa, desde la elección del programa hasta la aplicación a los beneficios económicos.Los interesados pueden consultar los requisitos, condiciones y fechas a través del portal oficial de becas de la institución, donde también encontrarán información detallada sobre cada una de las opciones disponibles. La apertura de esta convocatoria se posiciona como una de las principales oportunidades educativas del año para quienes buscan acceder a formación universitaria con respaldo académico y proyección internacional.Los interesados pueden consultar toda la información de las becas institucionales y los requisitos en este enlace. Quienes cuenten con los requisitos necesarios para acceder a Becas empresariales exclusivas, pueden ingresar a la convocatoria en este enlace.
La preocupación crece en el distrito de Buenaventura ante las reiteradas denuncias de la comunidad sobre presuntos casos de reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales. las comunas 11, 12 y 13 concentran actualmente el mayor número de reportes.El personero, Jefferson Potes, confirmó que se registró un nuevo caso que encendió las alarmas: una menor de edad habría sido abordada por sujetos armados cerca de su casa. Sin embargo, gracias a la rápida reacción de la comunidad, el intento de reclutamiento no fue posible."Lo que conocimos es que una menor de edad fue abordada por algunos sujetos cuando se dirigía a una tienda, pero por fortuna no lograron reclutarla, es una situación que nos preocupa, algunos padres de familia han retirado sus hijos de las instituciones" dijo Potes. Según cifras de la Personería, este año se ha tenido el reporte de 7 casos de reclutamiento, 4 en la zona rural y 3 en la zona urbana.Frente a la situación, el personero indicó que se están implementando controles y acompañamientos en diferentes centros educativos, tanto en la zona urbana como rural del Distrito, con el objetivo de proteger a los estudiantes y frenar el aumento de estos casos.
El debate vicepresidencial organizado este jueves 14 de mayo por Mañanas Blu 10:30 y Meridiano Blu, de Blu Radio dejó fuertes críticas para los candidatos que no asistieron. Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la senadora Paloma Valencia, lanzó una fuerte pulla contra el abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella por recientes comentarios de tono sexual hechos en un programa radial.Durante su intervención, Oviedo cuestionó el ambiente político y social que, según él, sigue marcado por el machismo y la polarización. Sin mencionarlo inicialmente de forma directa, el exdirector del Dane terminó enviando un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta a las declaraciones de De La Espriella en el programa Piso 8, donde el jurista vinculó su popularidad entre mujeres con el tamaño de sus genitales e incluso invitó a una reportera a acercarse a una fotografía suya en la que, según él, se resaltaba esa parte de su cuerpo.“Yo inicio con una pregunta: ¿en qué Colombia queremos vivir en los próximos años?”, comenzó diciendo Oviedo ante los demás candidatos y la audiencia del debate. En su discurso, el aspirante aseguró que el país no puede seguir atrapado entre “populismos de extrema izquierda y extrema derecha”, ni repetir “los mismos errores” basados en el miedo y las promesas imposibles.Sin embargo, el momento más contundente llegó en la parte final de su intervención, cuando habló del proyecto político que impulsa junto a Paloma Valencia.“La Colombia en la que queremos vivir, Paloma y Oviedo, es esa Colombia no del que la tenga más grande, sino una Colombia más grande”, afirmó Oviedo, en una frase que rápidamente generó reacciones en redes sociales y entre los asistentes al debate.El candidato agregó que el país necesita aprender “a sumar, incluso en la diferencia”, así como escuchar y reconocer los derechos de las mujeres “desde la niñez hasta la vejez”. Además, advirtió que Colombia podría dirigirse hacia “un destino pobre, violento, viejo, informal y machista” si no cambia el rumbo político y social.En otro momento de su intervención, Oviedo defendió la alianza política que conformó con Paloma Valencia, luego de semanas de cuestionamientos y diferencias públicas entre ambos sectores. Según explicó, el hecho de que puedan debatir y reconocer sus desacuerdos demuestra que existe disposición para construir consensos.“Preferimos ver a Paloma y Oviedo peleando durante dos meses en lugar de reconocer que aquí estamos hablando de frente de nuestras diferencias para construir un mejor futuro”, señaló.
El ministro del Interior, Armando Bendetti, se pronunció sobre las recientes denuncias de grupos al margen de la ley que estarían presionando a la comunidad para que voten por un candidato a la Presidencia. “Eso no es verdad. No pueden estar diciendo eso, aquí los grupos armados han estado repelidos por la fuerza pública. Antes de las elecciones del ocho de marzo decían que había alerta por 300 municipios y no pasó nada, algunas veces es más bulla electoral que la verdad”, respondió el jefe de la cartera política.Sus declaraciones se dieron al término de una reunión en Casa de Nariño con observadores nacionales e internacionales. El ministro dijo que fue positiva y sobre la ausencia del registrador Hernán Penagos señaló que no fue él quien hizo la convocatoria y desconoce si decidió no ir o no fue invitado.Agregó que durante este encuentro el presidente expresó su preocupación sobre que el software se está mostrando, pero no se puede auditar. “Parece que alguna de estas personas de observación extranjera tienen el punto de vista tecnológico entonces realmente podrán hacer esta auditoría”, agregó.Al encuentro asistieron siete organizaciones nacionales y una internacional, para lo cual registran 309 observadores acreditados. Estuvo también José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Por parte del Gobierno nacional asistió el jefe de despacho, la directora del Dapre y el presidente Gustavo Petro, al igual que el presidente del CNE, Cristian Quiroz.Esta reunión se da luego de que se conociera la carta del magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la que advierte sobre graves riesgos de seguridad y falta de garantías para el proceso electoral en Colombia. Prada también alertó sobre la ausencia de un cronograma para las sesiones de los Comités de Garantías Electorales, en los que se reúnen partidos y entidades para coordinar respuestas institucionales en materia de seguridad.
Crece la preocupación en el municipio de La Estrella, sur del Valle de Aburrá, tras la denuncia de amenazas de muerte contra el líder comunitario Alejandro Rivas, presuntamente por su participación política y su respaldo a la campaña presidencial integrante del Pacto Histórico de Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué.Según la denuncia, una de las intimidaciones fue publicada en redes sociales desde un perfil que, al parecer, no sería falso. “Alejandro Rivas te estoy respirando en la nuca por getón”, se lee en uno de los mensajes difundidos públicamente.A esto se suma otro mensaje de mayor gravedad recibido directamente por el líder político, en el que se le declara como “objetivo militar” y se le da un ultimátum para abandonar el sector de Tablaza, en La Estrella. En el texto también se advierte que conocen su ubicación y se incluyen amenazas explícitas contra su vida, lo que encendió las alertas entre organizaciones políticas y sociales del departamento.La denuncia fue respaldada por el movimiento Los Verdes Progresistas, que rechazó de manera categórica los hechos y advirtió que este tipo de intimidaciones representan un ataque directo no solo contra Alejandro Rivas, sino también contra las garantías democráticas y el derecho a la participación política en el país. El diputado Juan David Muñoz lamentó las intimidaciones contra este líder y pidió que sea tomado en serio lo que le está ocurriendo."Le amenazan diciéndole que, además de asesinarlo a él, le van a sacar las tripas a su perro. Todo el mundo conoce la dinámica de Alejandro y su perro en el en el sector. Hay mucho detalle en la amenaza, y dicen, además, todos los petristas, HPs y un montón de otros adjetivos son objetivo militar en el municipio de La Estrella", indicó.La colectividad hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para que investiguen el origen de las amenazas y adopten medidas inmediatas de protección para el líder social y su familia."En este momento hay una situación difícil en materia de orden público. El ejercicio electoral requiere de mayores garantías, y en esa medida solicito no solo al Gobierno nacional por medio del Ministerio del Interior, a la Fuerza Pública, también a la Gobernación de Antioquia, que tiene una dirección encargada de acompañar los protocolos de protección a los líderes sociales amenazados, para que se activen todos los protocolos necesarios", expuso en el recinto de la Asamblea de Antioquia.Muñoz pidió a los políticos de derecha, especialmente del Centro Democrático, que tengan responsabilidad política en los micrófonos, con el lenguaje, pues en otras ocasiones han relacionado a quienes militan a la izquierda con la primera línea, lo que a su juicio es causante de la violencia.Quien también se pronunció rechazando la situación del líder Rivas fue la senadora electa por el Pacto Histórico, Kamelia Zuluaga.
Cali volvió a ser escenario de hechos violentos que mantienen en alerta a las autoridades y generan preocupación entre la ciudadanía.El caso más reciente ocurrió en el sector del Boulevard del Oriente, donde dos mujeres fueron asesinadas. De acuerdo con información preliminar, el presunto agresor habría sostenido una discusión con una de las víctimas minutos antes del ataque. Posteriormente, les disparó en repetidas ocasiones, causándoles la muerte en el lugar de los hechos.Tras este crimen, el secretario de Seguridad de Cali anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar al responsable."La Administración Distrital reitera la recompensa de hasta 20 millones de peros por información que permita capturar al responsable de cualquier homicidio que ocurra en Cali. Este caso ya esta siendo investigado por las autoridades, se están analizando cámaras de seguridad en la zona", dijo el secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés. Hasta el momento en la ciudad de Cali se han registrado mas de 390 homicidios durante este año, cifra que va en aumento y alertan a las autoridades.
El mecanismo internacional de expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas para promover la justicia e igualdad raciales en la aplicación de la ley presentó los resultados preliminares de su visita a Colombia, en la que recorrió distintas ciudades para documentar denuncias relacionadas con racismo sistémico, perfilamiento racial y uso excesivo de la fuerza contra comunidades afrodescendientes.La misión, que analiza el impacto de las prácticas policiales y el acceso a la justicia, concluyó que en el país persiste un “racismo estructural, sistémico e histórico”, que continúa generando desigualdades, violencia y exclusión.Víctor Rodríguez, integrante de la comisión, aseguró que durante la visita pudieron constatar que el racismo en Colombia “está incrustado en la estructura social” y advirtió que las comunidades afrodescendientes siguen enfrentando discriminación en distintos ámbitos, especialmente en el sistema de justicia y en las actuaciones policiales.“En Colombia efectivamente hay racismo estructural, hay racismo sistémico. Es un racismo incrustado en la estructura social, muchas veces inconsciente, pero normalizado, naturalizado e invisibilizado”, señaló Rodríguez.Entre los hallazgos expuestos por la misión, se encuentran denuncias sobre perfilamiento racial en diferentes ciudades, donde jóvenes afrodescendientes aseguraron ser objeto frecuente de requisas, comparendos y detenciones injustificadas.La comisión también recibió testimonios de familias que denunciaron presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de Policía, así como demoras e impunidad en las investigaciones judiciales.Uno de los puntos más delicados identificados por la comisión fue la situación en Chocó y particularmente en Quibdó, donde la misión aseguró haber encontrado vacíos institucionales y una presencia insuficiente del Estado y de la fuerza pública en varias zonas del territorio.“Esos vacíos han sido cubiertos por grupos armados ilegales al margen de la ley, donde la policía no interviene, donde la policía no está, y donde la población queda en un fuego cruzado. Este es un tema alarmante, es un tema que el estado tiene que atender como una prioridad, es un tema donde estas personas están en en un limbo total, y a veces ni se sabe cuáles son esos, digamos, grupos ilegales para poderlos identificar, porque proliferan cada vez más, y a veces ni se sabe quiénes son los que actúan, quiénes son los que controlan”, afirmó Rodríguez.En Cartagena, los integrantes de la comisión alertaron sobre procesos de segregación urbana y desplazamiento de comunidades afrodescendientes hacia zonas periféricas, además de prácticas discriminatorias en espacios turísticos y comerciales.La comisión también expresó preocupación por las condiciones encontradas en centros de detención transitoria visitados durante su recorrido. Los expertos señalaron que muchas personas permanecen en condiciones “infrahumanas”, pese a no haber sido condenadas.“Llama la atención que la Corte Constitucional se ha manifestado sobre el estado de inexequibilidad de esos centros transitorios, y que no haya habido un un cumplimiento integral de esas resoluciones. Discúlpenme, pero las personas privadas de la libertad no son responsables de sufrir esas condiciones carcelarias producto de lagunas procesales, normativas o institucionales, no resueltas todavía, lo que vendría en responsabilidad internacional”, agregó Rodríguez.Finalmente, entre las recomendaciones preliminares, la misión pidió fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas frente al perfilamiento racial y el uso excesivo de la fuerza, mejorar los sistemas de recopilación de datos sobre violencia racial, e insistieron en atender con urgencia la situación de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria.Los expertos también insistieron en la necesidad de no reducir la capacidad ni el presupuesto de la Defensoría, al considerar que es una de las pocas instituciones con presencia y acceso a territorios apartados donde las comunidades siguen enfrentando graves riesgos de violencia y abandono estatal.