Es complejo el panorama de los jardines infantiles en Bogotá. Mientras Personería advierte que no hay claridad en expedición de licencias e inspección, son múltiples las irregularidades en el funcionamiento.
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La Personería de Bogotá advirtió que, pese a que es deber del Distrito vigilar y hacer seguimiento a los jardines infantiles y hogares de cuidado de niños en Bogotá, no se cuenta con los reglamentos del Ministerio de Educación y el ICBF, para sancionarlos ni sacarlos de funcionamiento cuando haya inconsistencias en el manejo. Es decir, funcionarían sin reglamentación clara ni sanciones oportunas.
“Se ha encontrado que el MEN apenas está trabajando en actos reglamentarios para que se impongan sanciones por la Secretaría de Integración Social, y se pueda revocar las licencias, pero no hay mecanismo que impida que al otro día puedan abrir con la misma razón social otro jardín privado”, señaló la personera distrital, Carmen Teresa Castañeda.
Agregó que la Secretaría Social, no tiene competencia para hacer sellamiento de los establecimientos, esto, luego de verificar que en algunos de los 1037 jardines privados, no se halló sanción alguna por incumplimientos, entre otras razones, por su labor de atención, operación o irregularidades en infraestructura que puedan poner en riesgo la integridad de los menores de edad.
A su vez, desde la Secretaría Social del Distrito, se indicó que el panorama de los jardines infantiles y hogares de cuidado de Bogotá tiene bastantes aspectos por mejorar. Entre otras, se indicó que de mil establecimientos de carácter privado inscritos en la ciudad, al 64% se le ordenó un plan de mejoramiento por fallas en estándares de calidad como nutrición, salubridad, ambientes seguros, procesos pedagógicos y talento humano, sumado a que existen 40 casas de cuidado, sin ningún requisito legal cumplido, por lo que se pidió al ICBF revisar de forma detallada para el restablecimiento de derechos de los menores.
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Preocupa que el crecimiento y desarrollo saludable de los niños estaría en déficit, pues en el 66% de los lugares, no se logró la evidencia de acciones en la materia, mientras que en el 78% de los jardines donde se realizó las pertinentes visitas, no se encontró implementación de un plan de saneamiento básico y más de la mitad no implementa prácticas adecuadas de limpieza y desinfección, como es notoria la falta de prácticas en el control de plagas como insectos y roedores.
Y ante recientes casos de presunto abuso sexual, lo más grave es que la evidencia del distrito, en el marco de la urgente necesidad de regulación de los jardines infantiles está en que el 62% de esos espacios no promueve e implementa con menores, acciones de prevención de maltrato y detección de la violencia sexual infantil, más, cuando el 58% no cuenta con un documento ajustado a las orientaciones técnicas en caso de sospecha o presunto maltrato infantil.
Pero ¿Quién tiene la responsabilidad de sellar aquellos jardines infantiles que no cumplen los requisitos? Es la duda que dejó en la mesa la Personería Distrital, desde donde se manifestó que el llamado de atención es para que el Ministerio de Educación y el ICBF regulen la imposición de sanciones para evitar que los niños y niñas queden en manos de cualquier persona.
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En diálogo con Blu Radio, la directora del ICBF, Karen Abudinen, señaló que “en el comunicado (Entregado por Personería) hablan del acuerdo 138 del Concejo de Bogotá. este dice que quien tiene la responsabilidad de entregar licencias de funcionamiento o revocarlas es el Departamento Administrativo de Bienestar Social DABS, hoy la secretaria de Integración social Artículo segundo: "ARTÍCULO SEGUNDO.- El Departamento Administrativo de Bienestar Social DABS, será la entidad encargada de expedir y revocar la licencia de funcionamiento y controlar la adecuada operación de las instituciones de que trata el artículo primero del presente acuerdo”.
A lo que, desde la Secretaría Social, se indicó que con el acompañamiento de la Personería Distrital, se encuentran revisando un proyecto de decreto del Ministerio de Educación, que establecerá las competencias a nivel nacional, sobre la expedición de licencias de funcionamiento y el ejercicio de inspección y vigilancia.