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El homicidio del defensor de derechos humanos y líder indígena Reinaldo José Campo Cucubana, ocurrido en el municipio de Tame, Arauca, fue condenado por la ONU Derechos Humanos Colombia, que alertó sobre la persistencia de graves riesgos para quienes ejercen labores de liderazgo y defensa de derechos en esta región del país.
De acuerdo con la información conocida, el líder indígena fue privado de la libertad en horas de la mañana y posteriormente asesinado.
Campo Cucubana era una autoridad reconocida dentro del pueblo indígena Makaguán. Se desempeñó como gobernador del Resguardo Indígena San José de los Macarieros y tuvo un papel activo en la defensa de los derechos de su comunidad.
Además, ocupó cargos como fiscal encargado y presidente de la Asociación de Capitanías y Autoridades Tradicionales de Arauca (ASOCATA), y fue delegado ante el Mecanismo Especial de Consulta de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Tras el crimen, la Oficina de la ONU hizo un llamado urgente a las autoridades colombianas para que adelanten una investigación pronta, exhaustiva y efectiva que permita esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y garantizar justicia. Asimismo, instó a fortalecer de manera inmediata las medidas de protección para líderes y lideresas indígenas, especialmente en el departamento de Arauca.
“Instamos a las autoridades a investigar de manera pronta y exhaustiva estos hechos, a garantizar justicia y redoblar las medidas de protección para líderes y lideresas indígenas y comunidades en el departamento de #Arauca, donde persisten graves riesgos para quienes ejercen la labor de defensa de #DDHH”, señalaron.
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El organismo también recordó que el pueblo indígena Makaguán cuenta con medidas de protección especiales ordenadas por la Corte Constitucional de Colombia, a través del Auto 382 de 2010, en el que se reconoce el riesgo de extinción física y cultural de esta comunidad.
En ese sentido, advirtió que este nuevo hecho de violencia refuerza la urgencia de adoptar acciones integrales y efectivas que garanticen su supervivencia y el respeto por sus derechos colectivos.
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