Cese con disidencias tiene como objetivo no reclutar ni extorsionar: decreto del Gobierno

El Gobierno y las disidencias de las Farc que siguen en el proceso de paz acordaron prorrogar el cese al fuego bilateral por tres meses, irá hasta el 15 de octubre y no incluye a los frentes del Valle, Cauca y Nariño, comandados por alias ‘Iván Mordisco’.En el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro el Gobierno aclara que el cese debe tener como marco de referencia el Derecho Internacional Humanitario y menciona algunos de los propósitos de la medida, entre los que se encuentra eliminar las extorsiones.“El cese al fuego bilateral y temporal con respeto a la población civil rige por los acuerdos y protocolos ya firmados y por los que defina la mesa de diálogos de paz. Tendrá como objetivos: (i) respetar la vida en todas sus formas, los derechos y las libertades de la población civil, el territorio y el ambiente, en particular, te los grupos de especial protección constitucional, entre ellos, los menores de edad, mujeres, defensores de derechos humanos, defensores, del ambiente, población, firmante de procesos de paz, y líderes y lideresa sociales y comunitarias; (ii) evitar afectaciones a la población civil y sus bienes protegidos según el derecho internacional humanitario (DIH); (iii) desarrollar programas de desminado humanitario para proteger la vida de la población y de las partes; (iv) permitir y facilitar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas; (v) evitar el desplazamiento de las comunidades de su territorio y las amenazas a la vida y su integridad personal (vi) eliminar la exigencia de contribuciones financieras ilegales y arbitrarias a la población civil”, señala el decreto.Además, se estableció un mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral, que emitirá reportes mensuales sobre el cumplimiento de la reglas y compromisos. En otro apartado también se habla sobre el secuestro y los casos de reclutamiento.“Eliminar la privación de la libertad de personas para exigencia de contribuciones financieras, no reclutamiento de niños y niñas, como lo establece el DIH”, advierte el decreto.