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El alto tribunal revisará una acción de tutela presentada por el presidente Gustavo Petro, en la que alega violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, al fuero presidencial y al juez natural, tras una decisión adoptada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de agosto de 2024.
El conflicto surgió por la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE), relacionada con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Varias denuncias, entre ellas una del exrepresentante Edward Rodríguez y otra anónima, originaron una serie de actuaciones administrativas que terminaron en un conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes.
En este caso, la Sala de Consulta del Consejo de Estado resolvió que el CNE es competente para continuar con la investigación administrativa sobre la financiación de las campañas de consulta interpartidista y presidenciales.
La acción de tutela ya había sido negada en primera instancia por el Consejo de Estado, al considerar que no se trataba de una decisión definitiva que afectara derechos fundamentales.
Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Auto del 1 de abril de 2025, decidió revisar el caso.
Como parte del trámite, la Corte Constitucional solicitó la remisión de los expedientes de las denuncias ante el CNE, y vinculó a diversas autoridades y denunciantes al proceso.
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