El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, emitió la Directiva Presidencial No. 02 de 2025, mediante la cual solicita a los ministerios, directores de departamentos administrativos y representantes de entidades del poder ejecutivo que adelanten acciones para proporcionar toda la información requerida por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
El documento enfatiza que las actividades de inteligencia deben respetar los derechos humanos, la Constitución y la ley. Además, establece que la DNI tiene la responsabilidad de recopilar y analizar información estratégica para proteger la soberanía, la seguridad del Estado y los derechos de los ciudadanos. En este contexto, la directiva ordena a las entidades públicas cumplir con tres disposiciones:
- Suministro de información a la Dirección Nacional de Inteligencia: las entidades públicas deberán garantizar una cooperación efectiva con la DNI, proporcionando la información que esta requiera para el desarrollo de sus funciones. Esto debe hacerse respetando los protocolos de seguridad y acceso a la información establecidos por cada entidad, en concordancia con el artículo 42 de la Ley 1621 de 2013, que regula la inteligencia y contrainteligencia en Colombia. La medida busca que la recopilación de datos se realice de manera ordenada y dentro del marco legal, evitando obstáculos burocráticos que puedan entorpecer la labor de la DNI.
- Facilitación de las funciones de la DNI y lucha contra la corrupción: las entidades públicas deberán colaborar con la DNI en el ejercicio de sus funciones, evitando cualquier acción que impida u obstaculice el desarrollo de actividades de inteligencia. En particular, la directiva enfatiza que no se debe interferir con los métodos utilizados para prevenir actos de corrupción y otras conductas que puedan poner en riesgo la administración pública. Esto refuerza el compromiso del gobierno en la lucha contra la corrupción y la transparencia en la gestión estatal.
- Protección contra amenazas cibernéticas: las entidades públicas deberán colaborar con la DNI en la prevención de amenazas y vulnerabilidades de carácter cibernético. Esto implica tomar medidas para reducir los riesgos que puedan afectar el normal desarrollo de sus funciones y comprometer la seguridad del Estado. La directiva reconoce la creciente importancia de la ciberseguridad en un mundo digitalizado y busca fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles ataques que puedan comprometer información sensible del gobierno.
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