A través del decreto 0563, expedido el pasado 3 de junio, el Gobierno actualizó la normatividad relacionada con la protección y seguridad de los expresidentes y exvicepresidentes de la República. El nuevo documento modifica el artículo 5 del Decreto 1069 de 2018.Antes de este cambio, los vehículos utilizados en los esquemas de protección podían ser suministrados por cuatro entidades del Estado: el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP).Además, la Policía y la UNP eran las responsables de asignar el personal de protección, mientras que cada entidad debía proporcionar los equipos y elementos necesarios para el desempeño de sus funciones, como sistemas de comunicación y armamento.Sin embargo, el nuevo decreto trae como principal novedad la incorporación de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, dentro de las entidades autorizadas para asignar vehículos a los esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes, sumándose a las entidades ya mencionadas.Entre tanto, la asignación del personal de seguridad continúa en cabeza de la Policía y la Unidad Nacional de Protección. Tampoco se alteran las disposiciones relacionadas con la dotación de equipos, ya que cada entidad seguirá siendo responsable de suministrar los recursos necesarios al personal que tenga vinculado.Con eso, el Gobierno busca ampliar la capacidad institucional del Estado para atender las necesidades logísticas de los esquemas de protección de los exmandatarios ya sea con equipos o con coordinación.
Por medio de un comunicado, la Dirección Nacional de Inteligencia respondió a las declaraciones públicas realizadas en plataformas digitales que, según la entidad, intentan vincular a servidores públicos de la DNI con supuestos planes para atentar contra la vida de Abelardo de la Espriella.El documento aclara que la entidad no desarrolla actividades de inteligencia operativa ni cuenta con capacidades militares o tácticas. Según el comunicado, el organismo tiene como misión principal producir inteligencia estratégica para apoyar la toma de decisiones del alto Gobierno frente a amenazas contra el Estado o situaciones que puedan poner en riesgo a la población.La entidad también enfatizó que sus funcionarios no reciben entrenamiento castrense y reiteró que sus actividades están regidas por protocolos estrictos de inteligencia y contrainteligencia. En ese sentido, la Dirección afirmó mantener una política de “cero tolerancia” frente a cualquier conducta que se aparte del deber oficial o que vulnere los principios constitucionales y los derechos humanos.Advirtió, además, que se podrían emprender acciones legales para proteger la integridad institucional y preservar la confianza ciudadana, ya que las declaraciones del candidato afectan el buen nombre de la entidad.“Instamos al señor De la Espriella a que, en ejercicio de su responsabilidad ciudadana, presente de manera inmediata las evidencias”, expresó la institución en el texto.El pronunciamiento se produce en medio de un ambiente de creciente polarización política y fuertes debates en redes sociales sobre el papel de los organismos de inteligencia en Colombia.
A pesar de que el Ministerio de Defensa aseguró que la CIA no tendría información de un posible plan para atentar contra el candidato presidencial Iván Cepeda, el ministro del Interior Armando Benedetti señaló que la situación ya habría sido informada a esta central de inteligencia. Según explicó el ministro, las amenazas contra el candidato del Pacto Histórico fueron comentadas en una reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y, luego, en un consejo de seguridad, donde se tomaron medidas de acompañamiento para Cepeda. Luego de esto, la Dirección Nacional de Inteligencia se habría encargado de comunicarlo directamente a la Central de Inteligencia de Estados Unidos. "Se generaron unas alertas por unas intenciones de asesinar al candidato Cepeda, todo con base en información de organismos de inteligencia del Estado. Lo que se sabe hoy es que el DNI ha informado a la CIA. Eso es lo que yo sé con base a la información que he recibido", manifestó Benedetti. Al parecer, esta entrega de información sería en el marco de protocolos de cooperación internacional. Es de recordar que en las últimas semanas se planteó la existencia de un complot para atentar contra el candidato Cepeda, el Gobierno está apoyando con un robusto despliegue de seguridad, incluyo hasta 40 uniformados en los equipos de custodia, para garantizar la seguridad de los aspirantes.
La Procuraduría abrió investigación para determinar si algunos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia habrían generado informes de inteligencia sobre una conversación entre el candidato a la presidencia Abelardo De La Espriella y los hermanos Bautista, máximos accionistas de Thomas Greg & Sons.Según lo conocido, la decisión de la Procuraduría apunta a verificar la posible participación de servidores públicos en actividades de inteligencia que habrían vulnerado derechos fundamentales como la intimidad, la reserva de las comunicaciones y las garantías democráticas.Aunque por ahora se trata de una fase preliminar, esta actuación disciplinaria es clave porque permitirá recolectar pruebas, establecer responsables y determinar si existió uso indebido de capacidades estatales de inteligencia para fines distintos a los autorizados por la ley.De acuerdo con la Procuraduría, para esta investigación también se dispuso a escuchar la declaración del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía, quien aseguró que sí existieron las “chuzadas”, pero que fueron “realizadas bajo orden judicial”.Con esta investigación aún no se determina si todavía se expide una sanción o una imputación formal, pero sí marca el inicio de un proceso que puede derivar en una investigación disciplinaria formal si se encuentran elementos suficientes. El Ministerio Público deberá revisar documentación, trazabilidad de procedimientos, autorizaciones judiciales, si existieron, y la posible utilización irregular de herramientas de inteligencia reservadas. Todo esto, con el objetivo de establecer si hubo una actuación arbitraria de funcionarios públicos en un asunto de enorme sensibilidad democrática.
La Procuraduría abrió investigación contra Jorge Lemus, el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por presuntamente haber ofrecido beneficios judiciales a Diego Marín Buitrago, alias 'Papá Pitufo'. Este proceso se abre después de las revelaciones hechas por la unidad investigativa de Noticias Caracol en las que se habría expuesto un presunto acercamiento con Marín para facilitar eventuales condiciones favorables dentro del proceso judicial.Esta investigación tiene como objetivo establecer si Jorge Lemus incurrió en presunto abuso de funciones a la hora de haber presuntamente negociado condiciones judiciales con el contrabandista.“En el auto de apertura, la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que en esas reuniones Lemus Montañez, en su calidad de director general de la DNI, realizó los ofrecimientos de beneficios judiciales al abogado Luis Felipe Ramírez ‘en el marco de la paz total con el propósito de facilitar la entrega en Colombia del llamado zar del contrabando”, señaló la Procuraduría.Aunque todavía no se conocen sanciones ni decisiones de fondo, la apertura formal de la investigación marca un avance importante dentro del caso, ya que pone bajo la lupa la conducta de un exfuncionario que ocupó uno de los cargos más sensibles del aparato estatal. La Procuraduría deberá determinar si las actuaciones atribuidas a Jorge Lemus comprometieron la transparencia institucional o vulneraron los principios que rigen la función pública.
El exdirector de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Wilmar Mejía salió al paso de las denuncias sobre supuestas interceptaciones ilegales y aseguró que esa entidad no tiene ni la facultad ni la capacidad técnica para realizar ese tipo de operaciones, en respuesta a los señalamientos que han surgido en medio de la controversia que se inició con las palabras del presidente Gustavo Petro y que involucra al candidato Abelardo de la Espriella.En entrevista con Recap Blu, Mejía explicó que la DNI, creada tras la desaparición del DAS, carece de funciones legales para interceptar. Según detalló, esa facultad recae exclusivamente en la Fiscalía General de la Nación, que puede realizar interceptaciones únicamente mediante orden judicial."La Dirección Nacional de Inteligencia en este Gobierno no tiene, primero, normativamente no tiene la función de interceptar, y técnicamente la DNI en este Gobierno no tiene, no adquirió ni recibió por parte de agencias homólogas extranjeras equipos para esa labor", dijo.El exfuncionario también se refirió al origen de la polémica, relacionada con versiones que apuntan a posibles seguimientos a figuras públicas. En ese contexto, mencionó que el presidente Gustavo Petro ha hecho referencia a información de inteligencia sobre supuestos contactos entre particulares, lo que abrió interrogantes sobre la procedencia de esos datos. Mejía sostuvo que el jefe de Estado recibe información de múltiples agencias, tanto nacionales como internacionales, pero aclaró que desconoce el origen específico de esos reportes."El presidente es receptor de información de inteligencia de todas las inteligencias que hay en el país, las tres de las Fuerzas Militares: de la Policía Nacional, de la DNI y la OIAP, pero también recibe información de inteligencia de las agencias homólogas que están presentes en Colombia, que son muchas. No solamente son los americanos ni los británicos, están los alemanes, los franceses, los argentinos, los chilenos, están los rusos, están los italianos, están los españoles", detalló Mejía.Durante la entrevista, el exdirector reiteró que cualquier interceptación en Colombia debe pasar por los canales legales establecidos y negó que desde la DNI se haya adelantado alguna operación de ese tipo. “Es imposible que desde la Dirección Nacional de Inteligencia se haya generado una actividad técnica de interceptación”, insistió, al tiempo que recordó que existe una sala especializada en la Fiscalía para estas labores bajo control judicial.Salida del DNIMejía también aprovechó para referirse al contexto de su salida de la entidad. Aseguró que se produjo tras su renuncia voluntaria con el fin de facilitar las investigaciones en curso por el escándalo de los llamados archivos de alias 'Calarcá'. Aseguró que las acusaciones en su contra se basan en información sin sustento y en interpretaciones construidas a partir de filtraciones.Finalmente, enfatizó que será la justicia la encargada de esclarecer los hechos tanto en el caso de las supuestas interceptaciones como en las investigaciones relacionadas con inteligencia.
La reciente revelación de conversaciones entre funcionarios del Gobierno y emisarios del presunto contrabandista Diego Marín, conocido como 'Papá Pitufo', ha desatado una fuerte controversia política en Colombia. En medio del escándalo, Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y hasta hace pocos días director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), defendió sus actuaciones y aseguró que los contactos con el abogado del señalado criminal se dieron en el marco de sus funciones y con conocimiento del presidente Gustavo Petro.Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Lemus afirmó que las reuniones fueron institucionales y tenían como objetivo persuadir a Marín para que regresara al país y colaborara con la justicia. Sin embargo, también reconoció temores por posibles retaliaciones tras la filtración de grabaciones de esas conversaciones.Reuniones con el abogado de “Papá Pitufo”Uno de los puntos centrales de la polémica gira en torno a las reuniones entre Lemus y el abogado de Diego Marín, considerado por autoridades como uno de los principales actores del contrabando en el país.Según el exdirector de inteligencia, el acercamiento no fue clandestino ni irregular. Aseguró que fue el abogado quien buscó el contacto a través de una fuente que calificó como confiable y que el encuentro se realizó de manera oficial en su despacho.“El abogado nos buscó y yo resolví recibirlo en mi despacho oficialmente. Hay misión de trabajo sobre eso. No fue una cosa por debajo”, explicó. Lemus insistió en que el propósito de la conversación era convencer a Marín de presentarse ante la Fiscalía, entregar información sobre redes de contrabando y revelar posibles cómplices dentro de estructuras políticas o institucionales.No obstante, periodistas de la mesa de Blu Radio cuestionaron si tales contactos estaban dentro de las funciones de la DNI, especialmente cuando se mencionaron temas como extradición y eventuales beneficios judiciales. El exfuncionario respondió que nunca se trató de una negociación formal.Extradición y el marco de la “paz total”Uno de los aspectos más sensibles de la conversación filtrada es la posible relación entre el caso y la política de “paz total” impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.Durante la entrevista, Lemus negó haber ofrecido beneficios directos para evitar la extradición de Marín a Estados Unidos. Sin embargo, reconoció que se habló del marco legal existente en Colombia para quienes se someten voluntariamente a la justicia. El exdirector de inteligencia mencionó la Ley 2272, que permite ciertos mecanismos para la suspensión de órdenes de extradición si un procesado colabora activamente con las autoridades.“La ley permite que el presidente pueda suspender una extradición si el delincuente avanza y colabora con la justicia”, explicó. Aun así, insistió en que la decisión final siempre correspondería a la Fiscalía, los jueces y las instancias judiciales, no al Ejecutivo.Vínculos con la campaña presidencialOtro elemento que generó controversia durante la entrevista fue la revelación de que Lemus se reunió con Marín durante la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según el exfuncionario, el presunto contrabandista ofreció recursos económicos para apoyar la campaña.“Él me propuso primero 5.000 millones de pesos para la campaña y después llegó a los 10.000 millones”, aseguró Lemus.De acuerdo con su versión, el presidente Petro fue informado del ofrecimiento y decidió que ese dinero no debía ser recibido.Lemus también mencionó que un intermediario extranjero habría recibido 500 millones de pesos, pero que posteriormente el mandatario ordenó devolverlos. Estas afirmaciones han intensificado el debate político sobre posibles intentos de infiltración del contrabando en la política colombiana.Señalamientos sobre redes de contrabandoEn la entrevista, Lemus también aseguró que Diego Marín tendría información comprometedora sobre figuras influyentes vinculadas a la red de contrabando. Según dijo, el objetivo de las conversaciones era precisamente lograr que el empresario se entregara y revelara esos nombres ante la justicia.“Hay muchos políticos metidos, muchos generales, especialmente de la Policía, en esa mafia del contrabando”, afirmó. Sin embargo, el exdirector aclaró que se trata de información de inteligencia que aún debe ser verificada por la Fiscalía y convertida en pruebas judiciales.En medio de la controversia, Lemus confirmó que presentó su renuncia a la UIAF durante el Miércoles Santo, aunque aseguró que hasta el momento no sabe si esta fue aceptada formalmente. También reveló que evalúa colaborar con la campaña política del senador Iván Cepeda, aunque aseguró que se encuentra en la recta final de su carrera profesional y próximo a pensionarse.Entrevista completa con Jorge Lemus en Mañanas Blu
El Gobierno Nacional enfrenta una nueva controversia tras la revelación de videos y audios de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en los que quedarían en evidencia presuntos contactos entre el exdirector de la UIAF, Jorge Lemus, y Luis Felipe Ramírez, abogado de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, señalado como uno de los mayores contrabandistas del país.Las grabaciones, que incluyen encuentros en Cartagena, apuntan a un posible entramado de conversaciones orientadas a gestionar beneficios judiciales para Marín. Según el material revelado, varios emisarios habrían actuado como intermediarios entre el Gobierno y el señalado contrabandista. Uno de ellos sería Ramón Devesa, ciudadano catalán cercano al petrismo desde la campaña, quien además fue mencionado por Augusto Rodríguez en un señalamiento por presunta extorsión, relacionado con un video que evidenciaría la devolución de 500 millones de pesos que Diego Marín habría intentado aportar a la campaña presidencial.De acuerdo con el abogado Ramírez, Devesa habría servido como canal de comunicación con el Ejecutivo: “Yo tuve otro camino en el cual le mandaba razones al señor presidente, que era con el señor Ramón (Devesa), que fue uno de los delegados que el presidente mandó a España”.Otro de los nombres que aparece es el de Isaac Beltrán, exasesor de la UIAF, quien aseguró en 6AM que participó en una reunión con Marín en Europa en 2024, por orden del presidente. “Hay demasiadas pruebas para demostrar que la misión en España fue una misión autorizada por el señor presidente de la República, que además es una función de él, el señor presidente puede autorizar esta clase de funciones”, afirmó.En los audios, el abogado también le manifestó a Lemus que, supuestamente, desde el Gobierno se habrían planteado propuestas a través de Beltrán para intervenir en temas de orden público en Buenaventura y Tuluá: “A nosotros no nos interesa sino es que usted salga adelante y si es el hecho organice esto y se le planteó unas cosas a Isaac (Beltrán), y se le planteó unas cosas en concreto. ¿Cómo se le podía dar una solución a esto? Darle una estructura, organizar los puertos y amarrados de temas de paz en el caso de Buenaventura con los ‘Chotas’, con los ‘Espartanos’, porque yo también tengo, tenía... Y con la ‘Inmaculada’, con 'Pipe Tuluá'”.Además, se menciona como posible intermediario a Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a través de un contacto que habría sido facilitado por Gloria Arias, exfiscal: “Cuando me llaman y me dicen: 'Que supuestamente hay una razón de parte de una señora Gloria'. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, yo conozco quién es Gloria. Claro, es una abogada que tiene el tiene el señor también. Y también sé que esa doctora es amiga de Augusto”, señaló el abogado.El jurista también afirmó que sostuvo un encuentro con un asesor de Rodríguez que buscaba obtener información: “Es más, en alguna oportunidad, si yo no estoy mal, el señor de Augusto le había mandado un asesor al señor Diego (Marín). Y si no estoy mal, yo lo atendí. Pero a preguntarme, como a sacarme información, pero yo no tengo información porque es que yo le digo: 'La información es la que está ahí en el expediente'. Pero yo no sabía era que, yo no sabía que ellos estaban detrás de otra información. Entonces qué sucede: qué pasa esa situación con… Y yo le digo que a mí me llamó mucho la atención la posición del doctor Augusto en el consejo. Yo digo: '¿Estos manes qué hicieron?’”.Uno de los puntos más delicados revelados en los audios es una conversación en la que Lemus plantea posibles beneficios para Marín en caso de regresar al país: “¿Qué hacemos para que él venga (‘Pitufo’)? ¿Qué hay que hacer como Estado para que él venga y responda por lo que hay que responder? ¿Qué necesita de parte nuestra como Presidencia de Estado? (…) Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos de pronto hablar algo dentro de la Fiscalía que lo favorezca, eso es otra cosa”.Posteriormente, ante el temor de una posible extradición a Estados Unidos, Lemus le habría sugerido la posibilidad de incluir a Marín en la política de “paz total”: “Yo le pregunto una hipótesis. Para que, incluso, venir antes. Es decir: 'Voy ya'. Y bueno, usted lo sabe muy bien jurídicamente que es así y judicialmente. ¿Qué necesita?. De parte nuestra como presidente de Estado, pues, porque como te digo, en la cuestión ya de Fiscalía, eso lo negocian con ellos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos de pronto hablar algo dentro de la Fiscalía que lo favorezca, eso es otra cosa”.Tras la divulgación de los audios, Lemus aseguró en Noticias Caracol que él mismo ordenó grabar la conversación para evitar señalamientos indebidos: “Para que no dijeran que yo estaba pidiendo plata o alguna cosa como funcionario”.También sostuvo que habló previamente con el presidente antes de los contactos y que el acercamiento no prosperó: “Yo hablé con el presidente antes de contactarme con ellos. Finalmente no se dio, no se dio”.Por su parte, el abogado Luis Felipe Ramírez aseguró, a través de un mensaje de texto, que fue el Gobierno quien buscó el acercamiento: “Las reuniones fueron convocadas por un delegado del Gobierno con el aval directo del presidente Petro. Las reuniones se llevaron a cabo en las instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia”, indicó en respuesta a Noticias Caracol.
La Dirección Nacional de Inteligencian (DNI) emitió un comunicado en el que advierte sobre una vulneración de seguridad en la plataforma de agendamiento de citas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), detectada el pasado 6 de marzo.Además, señaló que “este incidente, sumado a otras intrusiones en sistemas informáticos estatales durante los últimos días, evidencia una operación coordinada para la extracción masiva de información sensible”. De acuerdo con el comunicado, estas acciones tendrían como objetivo la construcción de un “lago de datos” con información detallada de ciudadanos, como nombres, apellidos y números de cédula. Este repositorio, advierte la DNI, podría ser utilizado para alterar datos en distintas fuentes y reportes relacionados con el proceso electoral del próximo 31 de mayo, tanto en etapas previas como posteriores a la jornada de votación.Frente a este escenario, la DNI recomendó que todo el ecosistema tecnológico vinculado al proceso electoral (incluyendo hardware, software y firmware) sea catalogado como infraestructura crítica cibernética. Esto permitiría una revisión integral en la que participen múltiples entidades, con el fin de garantizar la seguridad de los sistemas, bases de datos y registros asociados a las elecciones.Finalmente, la entidad insistió en la necesidad de que estos procesos de auditoría cuenten con acompañamiento especializado e incluso veeduría internacional, con el objetivo de asegurar la transparencia y la protección de la voluntad popular en los comicios.Este comunicado se conoce luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, le insistiera a la Registraduría en una auditoría sobre los software que se utilizan para el conteo de los votos y en la que participará el Ministero de las TIC. La ministra de esa cartera, Carina Murcia, aclaró que esa auditoria no la harían funcionarios del ministerio porque deben ser personas técnicas, capacitadas en esos procesos, y una entidad certificada con la que ya se cuenta. “Nosotros como ministerio tic estaremos en el acompañamiento tecnico. La secretaria del plan de mando unificado de ciberseguridad está liderada por esta cartera y así lo hemos venido trabajando”, explicó.
Wilmar Mejía era hasta hace tres meses director de inteligencia de la DNI. Resultó salpicado en un escándalo revelado por Noticias Caracol, en el que junto al general Juan Miguel Huertas fue señalado de presuntos vínculos con cabecillas de las disidencias de alias Calarca. Según dicha información, el funcionario al parecer filtraba datos reservados y acercaba a la organización criminal con miembros de la fuerza pública. Incluso fue identificado, presuntamente, en los archivos de Calarácon el alias de 'El Chulo'. El negó todas estas acusaciones en su contra y aseguró que había conocido a cabecillas de las disidencias en el marco de su trabajo por La Paz en distintas regiones del país.Tres meses han pasado desde que fue suspendido de su cargo por orden de la Procuraduría. En su contra hay incluso una investigación interna en la entidad a la que pertenece. Pero hoy el organismo de control levantó dicha suspensión argumentando que no hay pruebas suficientes, que se trata de una medida cautelar y no una sanción, y que tanto él como Huertas han colaborado con las investigaciones. Con esto, la Dirección Nacional de Inteligencia debe reintegrar a Mejía en su cargo y Blu Radio conoció que así ocurrirá, con una resolución que será expedida en las próximas horas en la que vuelve a ser nombrado como director de inteligencia.El presidente Gustavo Petro ha defendido a estos servidores públicos a pesar de la gravedad de las denuncias. Incluso tanto Mejía como Huertas fueron vistos en casa de Nariño el pasado 23 de febrero y acudieron allí para una reunión con el mandatario. Este encuentro tenía como objetivo, según fuentes cercanas, que Petro conociera en qué iba el proceso legal de ambos; sin embargo, por temas de agenda, no se habría materializado.
El futbolista del Palmeiras y de la Selección Colombia Jhon Arias y su esposa, Alejandra Ayala, anunciaron una iniciativa para apoyar a las personas afectadas por el terremoto que golpeó al departamento del Chocó y otras regiones del país.Arias, oriundo de Quibdó, explicó que pusieron a disposición recursos propios para enviar un avión hacia la capital chocoana, con profesionales del área de la salud e insumos médicos destinados a atender las necesidades derivadas de la emergencia.El jugador también aprovechó el mensaje para pedir unidad y solidaridad ante las dificultades que atraviesa su región.“Como país y como región, cuando estamos unidos somos capaces de salir adelante a pesar de las adversidades”, señaló Jhon Arias.¿Qué ayuda enviará Jhon Arias al Chocó?Según explicó el futbolista, el avión llegará a Quibdó con personal médico e insumos para contribuir a la atención de las personas afectadas por el sismo.“Hemos disponibilizado de nuestros propios recursos un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quibdó con unos profesionales del área de salud y cargados de insumos médicos para intentar alivianar un poco también todas las circunstancias de salud que se viven en nuestra región”, explicó Arias.El futbolista señaló que la decisión surgió ante las necesidades que enfrenta el departamento después del terremoto y aseguró que tanto él como su esposa están dispuestos a aportar dentro de sus posibilidades.El llamado de Jhon Arias tras el terremotoAlejandra Ayala explicó que habilitaron dos cuentas, una en Colombia (Bancolombia – Cuenta de ahorros: 09800005548) y otra en Brasil (PIX Brasil: Email: aguilarayala.ya@gmail.com), para las personas interesadas en apoyar la iniciativa y contribuir con la llegada de ayudas al Chocó.“Es momento de unirnos, es momento de apoyarnos. Nosotros vamos a disponibilizar dos cuentas, una en Colombia, otra aquí en Brasil, para las personas que quieran apoyarnos”, manifestó Ayala.La esposa del futbolista explicó que el departamento enfrenta dificultades adicionales por su aislamiento, las restricciones en las vías y las condiciones de acceso a servicios básicos.“En este momento se necesita toda la ayuda posible. El Chocó sobre todo es un departamento muy aislado, no tiene agua potable, a cada rato cierran las vías, el aeropuerto en este momento está restringido”, precisó.Durante el mensaje, Arias también expresó su solidaridad con las familias afectadas y pidió mantener la unión durante la emergencia.“Sabemos que son horas difíciles, horas de mucha incertidumbre, horas de miedo, horas de desesperación”, mencionó el futbolista.
Sergio Díaz-Granados, presidente de la CAF, aseguró en entrevista con Mañanas Blu que el Gobierno colombiano podría definir el uso de parte de los recursos ofrecidos por el organismo multilateral para atender las necesidades de reconstrucción tras el terremoto. La entidad también puso sobre la mesa financiación, asistencia técnica no reembolsable y acompañamiento para garantizar la correcta ejecución de los proyectos.La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia abre ahora una discusión sobre las fuentes de financiación que tendrá el país para recuperar la infraestructura dañada y atender las necesidades de las comunidades afectadas. En ese escenario, la CAF dejó abierta la posibilidad de que parte de los US$9.000 millones anunciados para Colombia puedan ser utilizados en la respuesta y reconstrucción tras la emergencia.Así lo explicó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF, durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que señaló que no existe por ahora un porcentaje predeterminado de esos recursos que vaya a ser destinado específicamente a la reconstrucción. La decisión dependerá de las prioridades que establezca el Gobierno nacional durante los próximos años.“Depende mucho de lo que el gobierno decida hacer”, explicó Díaz-Granados al ser consultado sobre qué porcentaje de los US$9.000 millones podría utilizarse para recuperar las zonas afectadas. El presidente de la CAF precisó que el organismo ya puso esos recursos a disposición del Gobierno y que será la administración nacional la encargada de determinar cómo se aplican de acuerdo con sus necesidades y prioridades.CAF ofrece financiación para la reconstrucción del terremotoLa propuesta de la CAF no se limita a recursos para financiar obras. De acuerdo con Díaz-Granados, el organismo puede ofrecer diferentes mecanismos, dependiendo de las características de los proyectos que se definan para la reconstrucción.Entre las alternativas mencionadas están los préstamos de largo plazo, garantías y otras modalidades de inversión. El presidente de la entidad explicó que podrían estructurarse créditos con tres o cuatro años de gracia y hasta 20 años de plazo, aunque las condiciones dependerían del tipo de infraestructura y del uso que el Gobierno determine para los recursos.Esto permitiría que la reconstrucción no tenga que concentrarse exclusivamente en el presupuesto inmediato del Estado, sino que pueda contar con instrumentos financieros diseñados para proyectos de infraestructura de largo plazo.Díaz-Granados también destacó que la CAF podría acompañar proyectos en los que participe el sector privado, especialmente mediante esquemas de asociación público-privada, además de ofrecer garantías u otros mecanismos que faciliten la ejecución de las obras.Asistencia técnica para reconstruir hospitales y colegiosUno de los puntos destacados por el presidente de la CAF fue la necesidad de que la reconstrucción no se limite a reemplazar las estructuras destruidas, sino que permita construir infraestructura con mejores condiciones de resistencia frente a futuros eventos naturales.En ese sentido, la entidad ofreció recursos de asistencia técnica no reembolsable para preparar los proyectos que posteriormente podrían recibir financiación: “Si se quiere reconstruir un colegio o un hospital (...) se va a requerir, por ejemplo, recursos para elaborar los proyectos de ingeniería y llevarlos hasta la fase de construcción”, explicó Díaz-Granados.El funcionario señaló que esos recursos podrían utilizarse inicialmente para estructurar una cartera de programas y proyectos, antes de pasar a la etapa de financiación. Los eventuales beneficiarios podrían ser la Nación, departamentos, municipios o incluso iniciativas bajo esquemas público-privados.La CAF también plantea que la reconstrucción tenga en cuenta criterios de resiliencia y gestión del riesgo. Díaz-Granados puso como ejemplo la reconstrucción de un hospital: si una infraestructura resulta afectada por un terremoto, el nuevo proyecto debería incorporar condiciones que le permitan resistir mejor las vulnerabilidades sísmicas.Un posible fondo para la reconstrucción de ColombiaDurante la entrevista también surgió la posibilidad de que el Gobierno cree un fondo especial para canalizar los recursos destinados a atender la emergencia, tomando como referencia experiencias anteriores como el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, conocido como FOREC.Ante la pregunta de si los recursos de la CAF podrían alimentar un fondo de esas características, Díaz-Granados respondió de manera afirmativa.“Sí, perfectamente”, dijo el presidente de la CAF, quien consideró que una estructura de ese tipo podría aprovechar además la capacidad del sector privado colombiano para acelerar la respuesta frente a la emergencia.Según explicó, Colombia cuenta con empresas con capacidades en ingeniería y producción de materiales que podrían contribuir a una reconstrucción rápida. La CAF, por su parte, estaría dispuesta a acompañar ese esquema tanto con recursos como con asistencia técnica.“Perfectamente pudiéramos acompañar ese esfuerzo con recursos y con asistencia técnica”, aseguró Díaz-Granados, al advertir que será necesario establecer mecanismos de seguimiento para garantizar que los recursos sean ejecutados de manera adecuada.CAF plantea coordinación entre bancos multilateralesLa reconstrucción también podría involucrar a otras instituciones financieras internacionales. Díaz-Granados recordó que la CAF cuenta con experiencia reciente en procesos de recuperación posteriores a grandes emergencias en América Latina.Mencionó, entre otros casos, la inundación de Río Grande do Sul, el huracán Melissa en Jamaica y los terremotos registrados en La Guaira. Según explicó, esas experiencias pueden servir para articular la respuesta internacional frente a la emergencia colombiana.El presidente de la CAF señaló que, una vez el Gobierno determine cuál será el mecanismo institucional para administrar la reconstrucción, podrá convocar a los bancos multilaterales para complementar los recursos financieros con asistencia técnica y recursos no reembolsables.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que el Gobierno nacional ha decretado formalmente la situación de desastre natural en el país para hacer frente a la crisis desatada por el devastador terremoto en el Eje Cafetero. Esta figura legal, según explicó el alto funcionario, es fundamental frente a otras alternativas jurídicas debido a que "le permite al gobierno traslado inmediato de recursos" para la atención inmediata de la emergencia. Víctimas y graves daños estructurales en Risaralda El ministro Lara, quien fue designado por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para coordinar la atención humanitaria inmediata en Risaralda, entregó un balance preocupante sobre el saldo de la tragedia hasta la noche anterior."El reporte de ayer era básicamente de 100 fallecidos aproximadamente en su mayoría en la zona metropolitana de Pereira dos Quebradas, es decir, 98 personas fallecieron hasta noche en Pereira de Dos Quebradas y solo se tenía el reporte de tres fallecidos en el departamento".A la trágica cifra de muertes se suma la angustiosa búsqueda de sobrevivientes entre las ruinas: "Hasta noche se sabía de 57 personas atrapadas bajo los escombros y básicamente se habla de 80 edificaciones colapsadas"No obstante, el ministro destacó una circunstancia que evitó una tragedia escolar mayor, dado que el sismo ocurrió un día feriado antes del inicio de clases: "De alguna manera fue al que el terremoto ocurriera a las 7:30 y que ocurriera en el día de ayer, un día antes de que empezaran los colegios, dado que hay 60 colegios afectados... eso permitió que se salvaran muchas vidas".Despliegue operativo y articulación humanitaria Para hacer frente a la catástrofe, se ha dispuesto un contingente de más de 300 rescatistas en los puntos críticos de colapso, compuesto por bomberos, personal de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dos pelotones especializados del Ejército y más de 57 efectivos de la Policía. Lara confirmó también la llegada de un grupo especializado USAR de Rionegro (Antioquia) y el arribo de 45 rescatistas adicionales de Bogotá equipados con guías caninos. Paralelamente, la Fuerza Aérea Colombiana transporta un hospital de campaña de 27 toneladas con su propia planta eléctrica. En materia de logística, se prioriza el envío de carpas, cobijas y un vehículo refrigerado de tipo "termoquín" para mitigar la saturación de la morgue local. El sector privado, articulado por la primera dama Ana Lucía Pineda, la esposa del vicepresidente y la esposa del ministro Lara, prevé el envío de más de 60 toneladas de alimentos. Además, la primera dama gestiona soluciones energéticas de urgencia: "traer una planta de energía para el hospital más grande que es el hospital Santa Mónica, ayudarnos a conseguir carrotanques con combustible para mantener funcionando la red hospitalaria privada". Restablecimiento de servicios y parálisis en aeropuertos La afectación de los servicios públicos y la infraestructura de transporte es otro de los frentes críticos. Según el ministro, el suministro eléctrico en Pereira ya se restableció en un 70% gracias a la gestión del alcalde Mauricio Salazar, permitiendo que el agua potable funcione con normalidad en gran parte del municipio. Escuche aquí la entrevista:
Luego del terremoto registrado este lunes 10 de agosto en Colombia, Bancolombia activó sus protocolos de atención para verificar el estado de sus trabajadores, clientes, instalaciones y servicios en las regiones afectadas por el sismo de magnitud 7,4.Ante ello, la entidad decidió que, de las 563 sucursales que tiene en el país, 46 permanecerán cerradas temporalmente, principalmente al sur de Colombia, donde se concentraron varias de las afectaciones. La decisión responde a las revisiones realizadas sobre la infraestructura de las oficinas, con el propósito de garantizar condiciones seguras antes de retomar la atención presencial a sus clientes.¿Qué oficinas de Bancolombia estarán cerradas por el terremoto?La mayor parte de las sucursales que suspendieron sus servicios temporalmente están ubicadas en Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó. Entre ellas se encuentran oficinas en Cali, Pereira, Manizales, Armenia y otros municipios afectados.Adicionalmente, en Antioquia también fueron cerradas las sucursales de Jardín y El Peñol. En Chocó, por su parte, las oficinas de Quibdó e Istmina suspendieron sus servicios mientras se evalúan las condiciones para definir su reapertura.El banco explicó que las demás oficinas continuarán operando con normalidad. Sin embargo, recomendó que, para mantenerse al tanto sobre sucursales abiertas y horarios, se valide la información en su sucursal telefónica.¿Cómo hacer operaciones de Bancolombia si una oficina está cerrada?Para los clientes que necesiten realizar movimientos bancarios durante la emergencia, Bancolombia informó que sus canales digitales continúan funcionando con normalidad y están disponibles las 24 horas.Entre las opciones habilitadas están:App Mi Bancolombia.App Negocios.Sucursal Virtual Personas.Sucursal Virtual Negocios.Botón de Pagos Bancolombia.Cajeros automáticos.Corresponsales bancarios.Sucursal Telefónica.Tarjetas Bancolombia para pagos.La recomendación para quienes se encuentren en las zonas afectadas es revisar primero los canales oficiales antes de desplazarse hasta una oficina.Bancolombia abrió canales de donaciones por terremotoLa Fundación Bancolombia habilitó una cuenta de ahorros para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas por la emergencia.La cuenta habilitada para este fin es el número 24542391932. De acuerdo con la entidad, los recursos serán utilizados en acciones de atención y apoyo en los territorios impactados, en articulación con autoridades, organizaciones aliadas y actores locales.Bancolombia indicó que continuará monitoreando la situación y comunicará cualquier actualización relacionada con sus oficinas y servicios a través de sus canales oficiales.
La cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio en Venezuela se elevó a 6.301, mientras familiares siguen buscando desaparecidos entre las ruinas de edificios colapsados, según un balance divulgado el lunes por el jefe parlamentario Jorge Rodríguez.A la fecha el gobierno no ha publicado una cifra oficial sobre los desaparecidos luego de los sismos de 7,2 y 7,5 que provocaron el colapso de unos 190 edificios ubicados en su mayoría en el costero estado La Guaira, a unos 40 km de Caracas. Muchos venezolanos revivieron escenas de los terremotos que sacudieron el país caribeño, tras sentirse este lunes en varias regiones un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Colombia, que deja un saldo de al menos 111 muertos y decenas de heridos.El balance anterior publicado el 3 de agosto por autoridades venezolanas cifraba el número de muertos en 6.125. Según declaraciones a medios locales del gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, quedaban cerca de 1.400 desaparecidos hace poco más de una semana.Además de las edificaciones que colapsaron por completo, otras 9.567 han sido catalogadas por las autoridades como de "alto riesgo". El número de "viviendas restringidas" se ubica en 12.411. Por ello, muchas de las familias que las ocupaban son atendidas en refugios temporales o se fueron a vivir con familiares o amigos.Casi 24.000 damnificados viven ahora en campamentos en Caracas y en el estado La Guaira, un popular balneario cuya vida giraba en torno al turismo prácticamente inexistente luego de los terremotos.