El Gobierno nacional estaría alistando el nombramiento del general en retiro Jorge Andrés Zuluaga López como nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).Zuluaga López cuenta con más de 30 años de servicio en el Ejército Nacional y una amplia trayectoria en inteligencia militar, ciberseguridad, ciberdefensa y gestión de riesgos. También fue director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (CITEC) y recibió formación en Estados Unidos.Su llegada representaría un cambio en la dirección de la DNI, debido a que los anteriores directores no provenían directamente de las Fuerzas Militares.El nombramiento también se produciría después de varios cuestionamientos a la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro. Uno de los casos más recientes involucra a Wilmar Mejía, quien dirigió la DNI hasta la llegada del Gobierno de Abelardo De La Espriella y fue declarado insubsistente. Mejía es investigado por la Fiscalía por la presunta entrega de información reservada que habría terminado en manos de las disidencias de las Farc de alias ‘Calarcá’.Otro episodio que generó polémica en torno a la principal agencia de inteligencia del país fue el caso de Willington Henao Gutiérrez, alias ‘El Mocho Olmedo’, segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las Farc. En mayo de 2025 se conoció que la DNI lo mantuvo durante 55 días, entre el 12 de febrero y el 8 de abril de 2025, en un apartamento de Bogotá, pese a que tenía una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos.En mayo del año pasado, en entrevista con Blu Radio, Lemus justificó entonces que se trataba de una fuente humana estratégica para los diálogos de paz. El caso provocó fuertes cuestionamientos, después de que la situación fuera conocida por la Corte Suprema de Justicia.La experiencia del general (r)Zuluaga López llegaría a la DNI con experiencia en inteligencia estratégica, gestión de crisis, prevención del delito y seguridad ciudadana. También ha sido profesor de la Escuela Superior de Guerra e instructor militar.También tendría buenas relaciones y comunicación con agencias americanas.Entre sus principales logros operativos está su participación como estratega y ejecutor de la Operación Jaque, la misión militar que permitió rescatar a tres ciudadanos estadounidenses, a la excandidata presidencial Íngrid Betancourt y a once militares y policías que permanecían secuestrados por las Farc desde hacía varios años.
A través del decreto 0563, expedido el pasado 3 de junio, el Gobierno actualizó la normatividad relacionada con la protección y seguridad de los expresidentes y exvicepresidentes de la República. El nuevo documento modifica el artículo 5 del Decreto 1069 de 2018.Antes de este cambio, los vehículos utilizados en los esquemas de protección podían ser suministrados por cuatro entidades del Estado: el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP).Además, la Policía y la UNP eran las responsables de asignar el personal de protección, mientras que cada entidad debía proporcionar los equipos y elementos necesarios para el desempeño de sus funciones, como sistemas de comunicación y armamento.Sin embargo, el nuevo decreto trae como principal novedad la incorporación de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, dentro de las entidades autorizadas para asignar vehículos a los esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes, sumándose a las entidades ya mencionadas.Entre tanto, la asignación del personal de seguridad continúa en cabeza de la Policía y la Unidad Nacional de Protección. Tampoco se alteran las disposiciones relacionadas con la dotación de equipos, ya que cada entidad seguirá siendo responsable de suministrar los recursos necesarios al personal que tenga vinculado.Con eso, el Gobierno busca ampliar la capacidad institucional del Estado para atender las necesidades logísticas de los esquemas de protección de los exmandatarios ya sea con equipos o con coordinación.
Por medio de un comunicado, la Dirección Nacional de Inteligencia respondió a las declaraciones públicas realizadas en plataformas digitales que, según la entidad, intentan vincular a servidores públicos de la DNI con supuestos planes para atentar contra la vida de Abelardo de la Espriella.El documento aclara que la entidad no desarrolla actividades de inteligencia operativa ni cuenta con capacidades militares o tácticas. Según el comunicado, el organismo tiene como misión principal producir inteligencia estratégica para apoyar la toma de decisiones del alto Gobierno frente a amenazas contra el Estado o situaciones que puedan poner en riesgo a la población.La entidad también enfatizó que sus funcionarios no reciben entrenamiento castrense y reiteró que sus actividades están regidas por protocolos estrictos de inteligencia y contrainteligencia. En ese sentido, la Dirección afirmó mantener una política de “cero tolerancia” frente a cualquier conducta que se aparte del deber oficial o que vulnere los principios constitucionales y los derechos humanos.Advirtió, además, que se podrían emprender acciones legales para proteger la integridad institucional y preservar la confianza ciudadana, ya que las declaraciones del candidato afectan el buen nombre de la entidad.“Instamos al señor De la Espriella a que, en ejercicio de su responsabilidad ciudadana, presente de manera inmediata las evidencias”, expresó la institución en el texto.El pronunciamiento se produce en medio de un ambiente de creciente polarización política y fuertes debates en redes sociales sobre el papel de los organismos de inteligencia en Colombia.
A pesar de que el Ministerio de Defensa aseguró que la CIA no tendría información de un posible plan para atentar contra el candidato presidencial Iván Cepeda, el ministro del Interior Armando Benedetti señaló que la situación ya habría sido informada a esta central de inteligencia. Según explicó el ministro, las amenazas contra el candidato del Pacto Histórico fueron comentadas en una reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y, luego, en un consejo de seguridad, donde se tomaron medidas de acompañamiento para Cepeda. Luego de esto, la Dirección Nacional de Inteligencia se habría encargado de comunicarlo directamente a la Central de Inteligencia de Estados Unidos. "Se generaron unas alertas por unas intenciones de asesinar al candidato Cepeda, todo con base en información de organismos de inteligencia del Estado. Lo que se sabe hoy es que el DNI ha informado a la CIA. Eso es lo que yo sé con base a la información que he recibido", manifestó Benedetti. Al parecer, esta entrega de información sería en el marco de protocolos de cooperación internacional. Es de recordar que en las últimas semanas se planteó la existencia de un complot para atentar contra el candidato Cepeda, el Gobierno está apoyando con un robusto despliegue de seguridad, incluyo hasta 40 uniformados en los equipos de custodia, para garantizar la seguridad de los aspirantes.
La Procuraduría abrió investigación para determinar si algunos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia habrían generado informes de inteligencia sobre una conversación entre el candidato a la presidencia Abelardo De La Espriella y los hermanos Bautista, máximos accionistas de Thomas Greg & Sons.Según lo conocido, la decisión de la Procuraduría apunta a verificar la posible participación de servidores públicos en actividades de inteligencia que habrían vulnerado derechos fundamentales como la intimidad, la reserva de las comunicaciones y las garantías democráticas.Aunque por ahora se trata de una fase preliminar, esta actuación disciplinaria es clave porque permitirá recolectar pruebas, establecer responsables y determinar si existió uso indebido de capacidades estatales de inteligencia para fines distintos a los autorizados por la ley.De acuerdo con la Procuraduría, para esta investigación también se dispuso a escuchar la declaración del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía, quien aseguró que sí existieron las “chuzadas”, pero que fueron “realizadas bajo orden judicial”.Con esta investigación aún no se determina si todavía se expide una sanción o una imputación formal, pero sí marca el inicio de un proceso que puede derivar en una investigación disciplinaria formal si se encuentran elementos suficientes. El Ministerio Público deberá revisar documentación, trazabilidad de procedimientos, autorizaciones judiciales, si existieron, y la posible utilización irregular de herramientas de inteligencia reservadas. Todo esto, con el objetivo de establecer si hubo una actuación arbitraria de funcionarios públicos en un asunto de enorme sensibilidad democrática.
La Procuraduría abrió investigación contra Jorge Lemus, el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por presuntamente haber ofrecido beneficios judiciales a Diego Marín Buitrago, alias 'Papá Pitufo'. Este proceso se abre después de las revelaciones hechas por la unidad investigativa de Noticias Caracol en las que se habría expuesto un presunto acercamiento con Marín para facilitar eventuales condiciones favorables dentro del proceso judicial.Esta investigación tiene como objetivo establecer si Jorge Lemus incurrió en presunto abuso de funciones a la hora de haber presuntamente negociado condiciones judiciales con el contrabandista.“En el auto de apertura, la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que en esas reuniones Lemus Montañez, en su calidad de director general de la DNI, realizó los ofrecimientos de beneficios judiciales al abogado Luis Felipe Ramírez ‘en el marco de la paz total con el propósito de facilitar la entrega en Colombia del llamado zar del contrabando”, señaló la Procuraduría.Aunque todavía no se conocen sanciones ni decisiones de fondo, la apertura formal de la investigación marca un avance importante dentro del caso, ya que pone bajo la lupa la conducta de un exfuncionario que ocupó uno de los cargos más sensibles del aparato estatal. La Procuraduría deberá determinar si las actuaciones atribuidas a Jorge Lemus comprometieron la transparencia institucional o vulneraron los principios que rigen la función pública.
El exdirector de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Wilmar Mejía salió al paso de las denuncias sobre supuestas interceptaciones ilegales y aseguró que esa entidad no tiene ni la facultad ni la capacidad técnica para realizar ese tipo de operaciones, en respuesta a los señalamientos que han surgido en medio de la controversia que se inició con las palabras del presidente Gustavo Petro y que involucra al candidato Abelardo de la Espriella.En entrevista con Recap Blu, Mejía explicó que la DNI, creada tras la desaparición del DAS, carece de funciones legales para interceptar. Según detalló, esa facultad recae exclusivamente en la Fiscalía General de la Nación, que puede realizar interceptaciones únicamente mediante orden judicial."La Dirección Nacional de Inteligencia en este Gobierno no tiene, primero, normativamente no tiene la función de interceptar, y técnicamente la DNI en este Gobierno no tiene, no adquirió ni recibió por parte de agencias homólogas extranjeras equipos para esa labor", dijo.El exfuncionario también se refirió al origen de la polémica, relacionada con versiones que apuntan a posibles seguimientos a figuras públicas. En ese contexto, mencionó que el presidente Gustavo Petro ha hecho referencia a información de inteligencia sobre supuestos contactos entre particulares, lo que abrió interrogantes sobre la procedencia de esos datos. Mejía sostuvo que el jefe de Estado recibe información de múltiples agencias, tanto nacionales como internacionales, pero aclaró que desconoce el origen específico de esos reportes."El presidente es receptor de información de inteligencia de todas las inteligencias que hay en el país, las tres de las Fuerzas Militares: de la Policía Nacional, de la DNI y la OIAP, pero también recibe información de inteligencia de las agencias homólogas que están presentes en Colombia, que son muchas. No solamente son los americanos ni los británicos, están los alemanes, los franceses, los argentinos, los chilenos, están los rusos, están los italianos, están los españoles", detalló Mejía.Durante la entrevista, el exdirector reiteró que cualquier interceptación en Colombia debe pasar por los canales legales establecidos y negó que desde la DNI se haya adelantado alguna operación de ese tipo. “Es imposible que desde la Dirección Nacional de Inteligencia se haya generado una actividad técnica de interceptación”, insistió, al tiempo que recordó que existe una sala especializada en la Fiscalía para estas labores bajo control judicial.Salida del DNIMejía también aprovechó para referirse al contexto de su salida de la entidad. Aseguró que se produjo tras su renuncia voluntaria con el fin de facilitar las investigaciones en curso por el escándalo de los llamados archivos de alias 'Calarcá'. Aseguró que las acusaciones en su contra se basan en información sin sustento y en interpretaciones construidas a partir de filtraciones.Finalmente, enfatizó que será la justicia la encargada de esclarecer los hechos tanto en el caso de las supuestas interceptaciones como en las investigaciones relacionadas con inteligencia.
La reciente revelación de conversaciones entre funcionarios del Gobierno y emisarios del presunto contrabandista Diego Marín, conocido como 'Papá Pitufo', ha desatado una fuerte controversia política en Colombia. En medio del escándalo, Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y hasta hace pocos días director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), defendió sus actuaciones y aseguró que los contactos con el abogado del señalado criminal se dieron en el marco de sus funciones y con conocimiento del presidente Gustavo Petro.Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Lemus afirmó que las reuniones fueron institucionales y tenían como objetivo persuadir a Marín para que regresara al país y colaborara con la justicia. Sin embargo, también reconoció temores por posibles retaliaciones tras la filtración de grabaciones de esas conversaciones.Reuniones con el abogado de “Papá Pitufo”Uno de los puntos centrales de la polémica gira en torno a las reuniones entre Lemus y el abogado de Diego Marín, considerado por autoridades como uno de los principales actores del contrabando en el país.Según el exdirector de inteligencia, el acercamiento no fue clandestino ni irregular. Aseguró que fue el abogado quien buscó el contacto a través de una fuente que calificó como confiable y que el encuentro se realizó de manera oficial en su despacho.“El abogado nos buscó y yo resolví recibirlo en mi despacho oficialmente. Hay misión de trabajo sobre eso. No fue una cosa por debajo”, explicó. Lemus insistió en que el propósito de la conversación era convencer a Marín de presentarse ante la Fiscalía, entregar información sobre redes de contrabando y revelar posibles cómplices dentro de estructuras políticas o institucionales.No obstante, periodistas de la mesa de Blu Radio cuestionaron si tales contactos estaban dentro de las funciones de la DNI, especialmente cuando se mencionaron temas como extradición y eventuales beneficios judiciales. El exfuncionario respondió que nunca se trató de una negociación formal.Extradición y el marco de la “paz total”Uno de los aspectos más sensibles de la conversación filtrada es la posible relación entre el caso y la política de “paz total” impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.Durante la entrevista, Lemus negó haber ofrecido beneficios directos para evitar la extradición de Marín a Estados Unidos. Sin embargo, reconoció que se habló del marco legal existente en Colombia para quienes se someten voluntariamente a la justicia. El exdirector de inteligencia mencionó la Ley 2272, que permite ciertos mecanismos para la suspensión de órdenes de extradición si un procesado colabora activamente con las autoridades.“La ley permite que el presidente pueda suspender una extradición si el delincuente avanza y colabora con la justicia”, explicó. Aun así, insistió en que la decisión final siempre correspondería a la Fiscalía, los jueces y las instancias judiciales, no al Ejecutivo.Vínculos con la campaña presidencialOtro elemento que generó controversia durante la entrevista fue la revelación de que Lemus se reunió con Marín durante la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según el exfuncionario, el presunto contrabandista ofreció recursos económicos para apoyar la campaña.“Él me propuso primero 5.000 millones de pesos para la campaña y después llegó a los 10.000 millones”, aseguró Lemus.De acuerdo con su versión, el presidente Petro fue informado del ofrecimiento y decidió que ese dinero no debía ser recibido.Lemus también mencionó que un intermediario extranjero habría recibido 500 millones de pesos, pero que posteriormente el mandatario ordenó devolverlos. Estas afirmaciones han intensificado el debate político sobre posibles intentos de infiltración del contrabando en la política colombiana.Señalamientos sobre redes de contrabandoEn la entrevista, Lemus también aseguró que Diego Marín tendría información comprometedora sobre figuras influyentes vinculadas a la red de contrabando. Según dijo, el objetivo de las conversaciones era precisamente lograr que el empresario se entregara y revelara esos nombres ante la justicia.“Hay muchos políticos metidos, muchos generales, especialmente de la Policía, en esa mafia del contrabando”, afirmó. Sin embargo, el exdirector aclaró que se trata de información de inteligencia que aún debe ser verificada por la Fiscalía y convertida en pruebas judiciales.En medio de la controversia, Lemus confirmó que presentó su renuncia a la UIAF durante el Miércoles Santo, aunque aseguró que hasta el momento no sabe si esta fue aceptada formalmente. También reveló que evalúa colaborar con la campaña política del senador Iván Cepeda, aunque aseguró que se encuentra en la recta final de su carrera profesional y próximo a pensionarse.Entrevista completa con Jorge Lemus en Mañanas Blu
El Gobierno Nacional enfrenta una nueva controversia tras la revelación de videos y audios de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en los que quedarían en evidencia presuntos contactos entre el exdirector de la UIAF, Jorge Lemus, y Luis Felipe Ramírez, abogado de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, señalado como uno de los mayores contrabandistas del país.Las grabaciones, que incluyen encuentros en Cartagena, apuntan a un posible entramado de conversaciones orientadas a gestionar beneficios judiciales para Marín. Según el material revelado, varios emisarios habrían actuado como intermediarios entre el Gobierno y el señalado contrabandista. Uno de ellos sería Ramón Devesa, ciudadano catalán cercano al petrismo desde la campaña, quien además fue mencionado por Augusto Rodríguez en un señalamiento por presunta extorsión, relacionado con un video que evidenciaría la devolución de 500 millones de pesos que Diego Marín habría intentado aportar a la campaña presidencial.De acuerdo con el abogado Ramírez, Devesa habría servido como canal de comunicación con el Ejecutivo: “Yo tuve otro camino en el cual le mandaba razones al señor presidente, que era con el señor Ramón (Devesa), que fue uno de los delegados que el presidente mandó a España”.Otro de los nombres que aparece es el de Isaac Beltrán, exasesor de la UIAF, quien aseguró en 6AM que participó en una reunión con Marín en Europa en 2024, por orden del presidente. “Hay demasiadas pruebas para demostrar que la misión en España fue una misión autorizada por el señor presidente de la República, que además es una función de él, el señor presidente puede autorizar esta clase de funciones”, afirmó.En los audios, el abogado también le manifestó a Lemus que, supuestamente, desde el Gobierno se habrían planteado propuestas a través de Beltrán para intervenir en temas de orden público en Buenaventura y Tuluá: “A nosotros no nos interesa sino es que usted salga adelante y si es el hecho organice esto y se le planteó unas cosas a Isaac (Beltrán), y se le planteó unas cosas en concreto. ¿Cómo se le podía dar una solución a esto? Darle una estructura, organizar los puertos y amarrados de temas de paz en el caso de Buenaventura con los ‘Chotas’, con los ‘Espartanos’, porque yo también tengo, tenía... Y con la ‘Inmaculada’, con 'Pipe Tuluá'”.Además, se menciona como posible intermediario a Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a través de un contacto que habría sido facilitado por Gloria Arias, exfiscal: “Cuando me llaman y me dicen: 'Que supuestamente hay una razón de parte de una señora Gloria'. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, yo conozco quién es Gloria. Claro, es una abogada que tiene el tiene el señor también. Y también sé que esa doctora es amiga de Augusto”, señaló el abogado.El jurista también afirmó que sostuvo un encuentro con un asesor de Rodríguez que buscaba obtener información: “Es más, en alguna oportunidad, si yo no estoy mal, el señor de Augusto le había mandado un asesor al señor Diego (Marín). Y si no estoy mal, yo lo atendí. Pero a preguntarme, como a sacarme información, pero yo no tengo información porque es que yo le digo: 'La información es la que está ahí en el expediente'. Pero yo no sabía era que, yo no sabía que ellos estaban detrás de otra información. Entonces qué sucede: qué pasa esa situación con… Y yo le digo que a mí me llamó mucho la atención la posición del doctor Augusto en el consejo. Yo digo: '¿Estos manes qué hicieron?’”.Uno de los puntos más delicados revelados en los audios es una conversación en la que Lemus plantea posibles beneficios para Marín en caso de regresar al país: “¿Qué hacemos para que él venga (‘Pitufo’)? ¿Qué hay que hacer como Estado para que él venga y responda por lo que hay que responder? ¿Qué necesita de parte nuestra como Presidencia de Estado? (…) Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos de pronto hablar algo dentro de la Fiscalía que lo favorezca, eso es otra cosa”.Posteriormente, ante el temor de una posible extradición a Estados Unidos, Lemus le habría sugerido la posibilidad de incluir a Marín en la política de “paz total”: “Yo le pregunto una hipótesis. Para que, incluso, venir antes. Es decir: 'Voy ya'. Y bueno, usted lo sabe muy bien jurídicamente que es así y judicialmente. ¿Qué necesita?. De parte nuestra como presidente de Estado, pues, porque como te digo, en la cuestión ya de Fiscalía, eso lo negocian con ellos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos de pronto hablar algo dentro de la Fiscalía que lo favorezca, eso es otra cosa”.Tras la divulgación de los audios, Lemus aseguró en Noticias Caracol que él mismo ordenó grabar la conversación para evitar señalamientos indebidos: “Para que no dijeran que yo estaba pidiendo plata o alguna cosa como funcionario”.También sostuvo que habló previamente con el presidente antes de los contactos y que el acercamiento no prosperó: “Yo hablé con el presidente antes de contactarme con ellos. Finalmente no se dio, no se dio”.Por su parte, el abogado Luis Felipe Ramírez aseguró, a través de un mensaje de texto, que fue el Gobierno quien buscó el acercamiento: “Las reuniones fueron convocadas por un delegado del Gobierno con el aval directo del presidente Petro. Las reuniones se llevaron a cabo en las instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia”, indicó en respuesta a Noticias Caracol.
La Dirección Nacional de Inteligencian (DNI) emitió un comunicado en el que advierte sobre una vulneración de seguridad en la plataforma de agendamiento de citas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), detectada el pasado 6 de marzo.Además, señaló que “este incidente, sumado a otras intrusiones en sistemas informáticos estatales durante los últimos días, evidencia una operación coordinada para la extracción masiva de información sensible”. De acuerdo con el comunicado, estas acciones tendrían como objetivo la construcción de un “lago de datos” con información detallada de ciudadanos, como nombres, apellidos y números de cédula. Este repositorio, advierte la DNI, podría ser utilizado para alterar datos en distintas fuentes y reportes relacionados con el proceso electoral del próximo 31 de mayo, tanto en etapas previas como posteriores a la jornada de votación.Frente a este escenario, la DNI recomendó que todo el ecosistema tecnológico vinculado al proceso electoral (incluyendo hardware, software y firmware) sea catalogado como infraestructura crítica cibernética. Esto permitiría una revisión integral en la que participen múltiples entidades, con el fin de garantizar la seguridad de los sistemas, bases de datos y registros asociados a las elecciones.Finalmente, la entidad insistió en la necesidad de que estos procesos de auditoría cuenten con acompañamiento especializado e incluso veeduría internacional, con el objetivo de asegurar la transparencia y la protección de la voluntad popular en los comicios.Este comunicado se conoce luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, le insistiera a la Registraduría en una auditoría sobre los software que se utilizan para el conteo de los votos y en la que participará el Ministero de las TIC. La ministra de esa cartera, Carina Murcia, aclaró que esa auditoria no la harían funcionarios del ministerio porque deben ser personas técnicas, capacitadas en esos procesos, y una entidad certificada con la que ya se cuenta. “Nosotros como ministerio tic estaremos en el acompañamiento tecnico. La secretaria del plan de mando unificado de ciberseguridad está liderada por esta cartera y así lo hemos venido trabajando”, explicó.
En el marco de la posesión oficial de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol en Santa Marta, acto convocado por la Presidencia de la República, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Ravelo, fijó la postura institucional del principal sindicato de la petrolera estatalRavelo enfatizó que el objetivo central que debe guiar a la administración saliente y entrante es la recuperación de la soberanía y seguridad energética del país.Fortalecimiento del negocio tradicional y defensa del empleo dignoDesde la organización sindical se le otorgó la bienvenida formal al nuevo directivo, transmitiendo las expectativas inmediatas de los trabajadores.De acuerdo con Ravelo, las prioridades no pueden desviarse de la actividad esencial de la compañía: "Nosotros institucionalmente le hemos dado la bienvenida al doctor Joaquín Gutiérrez... y le hemos manifestado cuáles son las expectativas que tiene la organización sindical en representación de los trabajadores, que no son otras, que el fortalecimiento de la industria de Ecopetrol en su negocio original de producción de petróleo y gas".Asimismo, el dirigente sindical subrayó la importancia de proteger el empleo digno, garantizar el respeto a los derechos pactados históricamente y desplegar una estrategia territorial de relacionamiento con las comunidades para prevenir la conflictividad social en las zonas de operación.Exigencia de experiencia técnica en el comité directivoFrente a la estructura de liderazgo, la USO respaldó las designaciones del Gobierno Nacional respecto a Carlos Suárez en la presidencia de la junta directiva y de Joaquín Gutiérrez en la presidencia de la empresa.Sin embargo, hizo un llamado enfático para que los cargos ejecutivos de mando medio e inmediato cuenten con amplia idoneidad en el sector de hidrocarburos.Al respecto, Ravelo sostuvo: "Pero de ahí hacia abajo lo que tiene que ver con las vicepresidencias, especialmente la vicepresidencia ejecutiva de petróleo y gas debe contar con personas, con profesionales de trayectoria que tengan amplio conocimiento en el sector porque ellos son los que van a implementar las políticas que se definan en la junta directiva".En ese sentido, destacó que dentro de la propia empresa existe talento técnico capacitado para asumir dichas funciones.Yacimientos no convencionales y licenciamiento socialEn materia operativa y de reservas, el presidente de la USO abordó los debates desarrollados en el Congreso de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Asipet) sobre los proyectos de yacimientos no convencionales.Ravelo aseguró que técnicamente y jurídicamente el sector se encuentra preparado para dar marcha a estas tecnologías."En el sector estamos listos desde los requerimientos técnicos, tecnológicos y científicos para arrancar con esos proyectos. Está ya definido el marco regulatorio, es decir, no hay una no hay un impedimento jurídico para arrancar con los proyectos", afirmó el líder sindical.No obstante, aclaró que el avance requiere indefectiblemente de aval social: "Lo que hemos nosotros manifestado de cara al país... es que se debe contar con el licenciamiento social, es decir, se debe involucrar a los territorios en esas definiciones".De acuerdo con las cifras gremiales, la prospectividad en el Magdalena Medio representa recursos estratégicos clave, incluyendo cerca de 13 TCF de gas para solucionar el déficit nacional y aproximadamente 7.000 millones de barriles de crudo que servirían para abastecer la refinería de Barrancabermeja.Capacidad refinadora e importación de combustiblesEl sindicato resaltó el desempeño de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, señalando que la planta de Barrancabermeja opera actualmente al límite de su capacidad. Pese a este rendimiento, Ravelo advirtió sobre la vulnerabilidad del país en materia de combustibles."En estos momentos el país importa más del 40% de las gasolinas que consumimos los colombianos", puntualizó el presidente de la USO, reiterando que desarrollar nuevas reservas permitiría ampliar la carga de refinación y reducir la dependencia de insumos importados.
El Hospital Internacional de Colombia (HIC) incorporó las Meta Glasses, unos lentes inteligentes que permiten conectar en tiempo real al neurólogo con el equipo médico que atiende a un paciente con un posible ataque cerebrovascular (ACV).La herramienta busca reducir los tiempos de respuesta durante una emergencia en la que cada minuto puede ser determinante. A través de una cámara, micrófono y sistema de audio, el especialista puede observar desde un dispositivo móvil lo que ocurre frente al paciente y orientar al personal de urgencias durante la valoración.“Cuando se activa un código de ataque cerebrovascular y el neurólogo no está físicamente en la institución, las Meta Glasses nos permiten hacer una valoración directa del paciente de manera remota”, explicó el doctor Tony Álvarez, neurólogo líder del Centro de Excelencia en ACV del HIC.El procedimiento comienza cuando una persona llega al hospital con síntomas que podrían corresponder a un ACV. El equipo de urgencias activa el protocolo y, cuando es necesario, establece la comunicación con el neurólogo mediante los lentes.De esta manera, el especialista puede acompañar de forma remota la evaluación mientras el paciente avanza por las diferentes áreas de atención. La tecnología adquiere especial utilidad durante las noches y madrugadas, cuando el neurólogo puede iniciar el acompañamiento a distancia mientras se desplaza hacia la institución para realizar la valoración presencial.El HIC aclaró que las Meta Glasses no sustituyen la valoración neurológica presencial, sino que permiten adelantar el acompañamiento especializado y apoyar la toma de decisiones desde los primeros minutos de la emergencia.Según las cifras entregadas por el HIC, en Colombia se presentan aproximadamente 50.000 eventos cerebrovasculares cada año, asociados a cerca de 15.000 muertes.En el Hospital Internacional de Colombia se atienden entre 600 y 800 pacientes con enfermedades cerebrovasculares anualmente. Cerca del 80% corresponde a ACV isquémicos.El hospital cuenta además con un Centro de Excelencia en Ataque Cerebrovascular, integrado por profesionales de diferentes áreas que trabajan bajo un protocolo coordinado para responder a este tipo de emergencias.Entre los principales síntomas de un ACV están la dificultad repentina para hablar o entender, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, alteraciones de la visión, problemas para caminar o mantener el equilibrio y un dolor de cabeza intenso y súbito.Ante la aparición de estos signos, el llamado de los especialistas es actuar inmediatamente y acudir a un centro especializado, debido a que la rapidez en el diagnóstico y tratamiento puede ser determinante para el pronóstico del paciente.
La planta de importación de gas de Cartagena, Spec, sufrió un daño en uno de los 4 trenes de la unidad flotante FSRU.Como consecuencia, la capacidad de importación en Spec se reduce de unos 465 millones de pies cúbicos por día a unos 400, sin embargo, la infraestructura continuará operando."La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informa que, como resultado de una condición operativa imprevista en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes para restablecer plenamente su capacidad en los próximos siete días", señaló la compañía en un comunicado.El daño coincide con un momento en el que el país tiene poco margen de maniobra para atender sus propias necesidades de gas natural y de generación de energía eléctrica en medio del fenómeno de El Niño, y Spec es por ahora la única planta de importación de gas de importancia en operación.La planta de importación de gas de Cartagena fue construida para importar gas ocasionalmente, durante momentos como el fenómeno de El Niño, y su objetivo inicial era atender únicamente a las plantas de generación de energía térmica. El problema es que la producción de gas nacional de Colombia ha caído con fuerza desde 2024. El país necesita importar gas natural para atender la demanda de hogares, pequeños comercios y vehículos.Según el Gestor del Mercado del Gas, durante septiembre el país importó a través de la planta de Spec el 39% de su consumo total de gas natural. Pero esta cifra podría crecer incluso más si continúa la sequía y debe aumentar la generación de energía con gas.El análisis indica que, si no entran a operar los 3 nuevos proyectos de importación de gas natural, el país podría tener un faltante de hasta 46 GBTUD en marzo próximo.Los proyectos en construcción en la actualidad son Puerto Bahía, la regasificadora del Pacífico y la ampliación de la capacidad de Spec.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video: