La Dirección Nacional de Inteligencia desde el pasado siete de agosto, ha venido adelantando una serie de tareas para evaluar las actuaciones adelantadas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro y desde el comienzo, estaba en la mira el nombre de Carlos Andrés Oyola, quien estaría presuntamente involucrado en varias irregularidades.Según información de fuentes oficiales, Oyola habría intentado evitar su declaratoria de insubsistencia de su cargo como funcionario de la DNI por medio de incapacidades médicas de una reconocida clínica de Neiva, cuya autenticidad está siendo verificada por las autoridades. El presunto hacker habría decidido instalarse en la capital del Huila una vez terminó el gobierno de Gustavo Petro y de acuerdo con datos de inteligencia, estaría buscando fugarse hacia Brasil.Fuentes enteradas del asunto, indicaron que desde el pasado 7 de agosto, la DNI venía trabajando de la mano con la Fiscalía y específicamente con el CTI y por eso mantenía seguimiento y ubicación permanente a Carlos Oyola, hasta el viernes pasado cuando fue capturado en la capital del Huila.De acuerdo con personas que han formado parte de la investigación, mientras la DNI proveía información estratégica sobre la ubicación de Oyola, el CTI se desplazó a Neiva para adelantar las tareas investigativas relacionadas con el proceso penal en contra del exfuncionario.Según información de fuentes oficiales, el presidente Abelardo De La Espriella ha estado enterado permanentemente de las irregularidades presuntamente cometidas por Oyola y de la gravedad de las implicaciones de la posible fuga de información por esa vía.¿Qué actuaciones irregulares habría cometido Oyola en la DNI?Aunque hay certeza en la DNI que no se llevó la totalidad de las copias de la información de inteligencia, Carlos Andrés Oyola sí habría tenido acceso a elementos de interés, entre ellos discos duros, archivos digitales y copias de seguridad. Ahora se busca establecer qué clase de información estuvo comprometida y quiénes tuvieron acceso. No se descarta que eventualmente agencias de inteligencia rusas estén involucradas.Dentro de las funciones que Carlos Andrés Oyola habría cumplido en la DNI, se investiga si estaba la posibilidad de torpedear la cooperación en materia de inteligencia con Estados Unidos, Israel y Reino Unido, por instrucciones superiores.Pero lo más delicado que se investiga es si Carlos Oyola formó parte de una estructura con capacidades de inteligencia para afectar el proceso de las elecciones presidenciales de este año. Oyola habría tenido acceso a la información de la Registraduría sobre candidatos a la presidencia y también habría tenido la función de atacar al Registrador Nacional Hernán Penagos, cuestionar el software y deslegitimar el resultado de las elecciones, además de promover la desobediencia frente a los resultados.Finalmente, las autoridades tratan de investigar la posible venta de información de inteligencia por parte de Oyola a terceros países o a particulares.
El Contralor General Jorge Laverde , ordenó una revisión prioritaria de cinco contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que suman cerca de $20.783 millones. La decisión, anunciada este 9 de noviembre de 2026 en Bogotá, responde a las denuncias de Noticias Caracol sobre presuntas irregularidades en la compra de bienes, el cumplimiento de obligaciones contractuales y el uso de recursos públicos.Según la Contraloría General de la República, las denuncias señalan posibles fallas técnicas, incumplimientos, deficiencias de calidad y sobrecostos. La revisión buscará establecer si los recursos se administraron conforme a la ley y si hubo afectación al patrimonio del Estado.Los cinco contratos de la DNI bajo revisiónHelicóptero no tripulado por $9.000 millonesEl contrato de mayor valor corresponde a la adquisición de un helicóptero no tripulado por aproximadamente $9.000 millones. El ente de control verificará las condiciones de compra, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las presuntas fallas de funcionamiento y las circunstancias del siniestro ocurrido en marzo de 2026. También revisará la aplicación de las garantías contractuales.Tres sistemas antidrones por $8.340 millonesLa Contraloría examinará las condiciones de contratación, las características técnicas, la entrega y el funcionamiento de tres sistemas antidrones, así como su uso efectivo y su correspondencia con las necesidades de la entidad.Computadores y sistema biométricoEl contrato 043 de 2024, por cerca de $1.314 millones, para la compra de 595 computadores, será revisado por denuncias sobre deficiencias de calidad, fallas e incumplimiento de especificaciones técnicas, además de las condiciones de entrega, recibo y pago.En el caso del contrato 053 de 2022, por unos $580 millones, destinado a un sistema de identificación biométrica, el organismo buscará establecer por qué el sistema no habría entrado en funcionamiento, su compatibilidad con la infraestructura tecnológica de la DNI y las condiciones de planeación y ejecución.Mobiliario para la sede de FunzaLa quinta contratación, por aproximadamente $1.549 millones, corresponde a mobiliario y dotación para las instalaciones de la DNI en Funza (Cundinamarca). Se verificarán los estudios de mercado, los precios de adquisición y la entrega de los bienes, con atención a los posibles sobrecostos denunciados.Revisión al Sistema Integrado de Inteligencia y ContrainteligenciaAdemás, la Contraloría verificará el estado de ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC, versión 2), el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el destino de los recursos comprometidos en su desarrollo.Para estas actuaciones se solicitarán estudios previos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, soportes de pago y garantías. Si se identifica un presunto detrimento patrimonial, la entidad adelantará las actuaciones fiscales correspondientes. Los hechos con posible relevancia penal o disciplinaria serán trasladados a la Fiscalía General de la Nación o a la Procuraduría General de la Nación.“La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción”El contralor Laverde Vargas recordó que los recursos de seguridad e inteligencia del Estado también están sujetos a control fiscal, el cual se ejercerá respetando la reserva de la información y la protección de la seguridad nacional.“La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos. La reserva de la información debe garantizar la seguridad del Estado, pero no puede impedir la verificación del uso adecuado de sus recursos. Cada peso invertido debe responder a una necesidad legítima, cumplir una finalidad pública y producir resultados verificables. La Contraloría actuará con rigor técnico, independencia y responsabilidad para establecer si existió algún daño al patrimonio de los colombianos”, afirmó.
Una serie de documentos reservados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), conocidos por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, revelarían presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro, relacionadas con posibles operaciones de espionaje a expresidentes, intentos de interferir en procesos electorales y millonarias contrataciones de equipos que habrían presentado fallas o no pudieron utilizarse.Los hallazgos hacen parte de un informe de empalme de 26 páginas, elaborado en julio de 2026 y dirigido al nuevo director de la entidad. El documento contiene fotografías, reportes internos y señalamientos basados en información suministrada por funcionarios de la propia agencia.Uno de los asuntos más delicados tiene que ver con la presunta intención de instalar micrófonos y dispositivos GPS en los vehículos destinados a los esquemas de protección de expresidentes y exvicepresidentes de la República.Según el informe, el Gobierno expidió el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, mediante el cual incorporó a la DNI entre las entidades encargadas de participar en la asignación de esos vehículos. El documento advierte que esta modificación podría haber buscado facilitar labores de inteligencia sobre las personas protegidas.Al respecto, Juan Carlos Restrepo, exconsejero de seguridad nacional y exinspector de la DNI, cuestionó que la entidad participara en estas funciones, pues, según explicó, estarían por fuera de sus competencias y de su campo de acción.Otros hallazgos sobre presuntas irregularidades en la DNIEl informe también menciona una supuesta estrategia para mantener personal cercano al gobierno Petro dentro de la entidad. De acuerdo con el documento, algunos funcionarios habrían sido declarados insubsistentes sin justificación ni debido proceso, con el propósito de que posteriormente acudieran a instancias judiciales y consiguieran su reintegro.Otro de los señalamientos apunta a la existencia de una casa de inteligencia clandestina ubicada a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Según la fuente citada en el informe, el inmueble habría funcionado como una sede operativa no registrada oficialmente y fue desocupado después de las elecciones presidenciales. Además, se habría eliminado cualquier registro de su existencia en los archivos de la DNI.A esto se suma una alerta sobre posibles equipos tecnológicos entregados por Rusia a funcionarios de inteligencia colombianos. El documento señala que computadores y celulares habrían sido suministrados durante un viaje de agentes a Moscú para recibir capacitación del servicio secreto ruso, el SVR. La sospecha es que los dispositivos podrían contener programas maliciosos para espiar los sistemas de la entidad y al siguiente gobierno.Un dron de $9.000 millones que habría presentado fallasEntre los hallazgos relacionados con contratación aparece la adquisición de un helicóptero no tripulado por $9.000 millones. Según las especificaciones del contrato, el equipo estaba destinado a recolectar información mediante imágenes y videos para labores de inteligencia y contrainteligencia.El aparato tendría un alcance máximo de 600 kilómetros, autonomía de vuelo de hasta seis horas, transmisión de datos en un rango de 200 kilómetros y capacidad de carga de entre 60 y 120 kilogramos.Sin embargo, el informe señala que el equipo habría sido entregado con fallas en cuatro sistemas críticos: comunicación, combustible, caja de transmisión y motor. Incluso, un vuelo de prueba tuvo que cancelarse por razones de seguridad.La adquisición también estaría bajo un proceso sancionatorio por presuntos incumplimientos de las especificaciones técnicas. A esto se suma que el 15 de marzo de 2026 el helicóptero sufrió un siniestro y, según los documentos conocidos, estaba asegurado únicamente por $900 millones, equivalentes al 10 % de su valor.Compras de equipos y vehículos bajo revisiónOtro informe de 11 páginas, enviado por la DNI a la Presidencia en septiembre de 2026, detalla diferentes aspectos de la contratación de la entidad.Entre ellos aparece la compra de cuatro camionetas Tahoe modelo 2024, dos de las cuales habrían sido acondicionadas con equipos antidrones para la Casa de Nariño. La adquisición de tres de estos sistemas representó un gasto de $8.340 millones.El documento también señala que se está verificando la información entregada por un funcionario sobre la posible capacidad de estos vehículos para interceptar comunicaciones.Adicionalmente, la entidad se habría quedado sin una plataforma para registrar sus misiones de inteligencia y contrainteligencia desde 2024, debido a que no se renovó el contrato con el proveedor. Esta situación, según el informe, estaría afectando el desarrollo y la supervisión de las operaciones.Las observaciones sobre contratación también incluyen un sistema de identificación biométrica, dactilar, facial y de iris adquirido en 2022 por $580 millones, que no pudo implementarse por incompatibilidad con los equipos de la entidad.Asimismo, se reportaron problemas de calidad en 595 computadores comprados en 2024 por $1.314 millones. En otro contrato de enero de 2026, por $1.549 millones, aparecen compras de atriles por $14 millones cada uno y camas por $18 millones, destinadas a las nuevas oficinas de la DNI en Funza, cuya construcción presentaba un retraso del 12 %.Hacker de la DNI señalado de un posible ataque contra la RegistraduríaUno de los capítulos más delicados de la investigación está relacionado con Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024 y que, según documentos internos de la entidad, habría tenido participación en actividades informáticas y de contrainteligencia.El informe señala que Oyola habría liderado una red encargada de realizar acciones para alterar los resultados de las votaciones del 21 de junio de 2026. Según el documento, el ingeniero se encontraba en Madrid, España, junto con otros integrantes, desde donde presuntamente ejecutarían ataques contra la Registraduría.Un elemento que llama la atención es que, para ese momento, Oyola tenía una orden de captura emitida por un juez el 7 de mayo de 2026. Además, los documentos indican que habría logrado escapar de un allanamiento de la Fiscalía a un apartamento utilizado como fachada de la DNI, horas antes de la primera vuelta presidencial. En el inmueble quedaron computadores, celulares y otros dispositivos electrónicos.Los antecedentes del funcionario también fueron incluidos en la investigación. Según la información conocida, Oyola enfrentaba un proceso por presuntas irregularidades relacionadas con el acceso a los sistemas informáticos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), así como por falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.La investigación señala que habría falsificado calificaciones para obtener títulos académicos. Además, documentos de la DNI lo relacionaban con la coordinación de activistas digitales, bodegueros y hackers.Otro señalamiento tiene que ver con su participación en el desarrollo del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, una plataforma destinada al registro de las operaciones de la entidad. Según el informe, Oyola no habría entregado el sistema y presuntamente habría sido víctima del robo del computador en el que trabajaba. Sobre este hecho, el documento advierte que no existiría una denuncia ante la Fiscalía.Finalmente, Noticias Caracol informó que Carlos Oyola fue capturado el viernes 6 de noviembre por el caso relacionado con el hackeo a la UNAD. Para ese momento, todavía figuraba como funcionario activo de la DNI.La investigación también señala que el medio consultó a varios expresidentes sobre las presuntas operaciones relacionadas con sus esquemas de seguridad, pero ninguno quiso pronunciarse públicamente. Asimismo, buscó respuestas de los dos últimos directores de la DNI durante el gobierno Petro y de la fiscal general Luz Adriana Camargo, sin obtener respuesta.
El Gaula Militar y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) detuvo en el barrio Quirinal de Neiva a Carlos Andrés Oyola Tovar, de 36 años, un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, quien trabajaba en la DNI desde la época del expresidente Gustavo Petro.La captura del hombre, quien es ingeniero de sistemas, se produjo el viernes 06 de noviembre en la noche, tras una investigación de la Fiscalía debido al presunto delito de Acceso abusivo a un sistema informático.Ha trascendido que estaría relacionada con la posible posesión de información de Inteligencia reservada para el Estado. Particularmente hechos relacionados con supuesto espionaje.El detenido, considerado como ‘hacker’ había sido mencionado por supuesta tenencia de información oficial, facilitada por sus funciones dentro de la DNI en el gobierno anterior.De la captura se conoció la fotografía en la cual aparece entre una funcionaria del CTI, un policía y dos militares, en las instalaciones del Gaula Militar Huila.
El Gobierno nacional estaría alistando el nombramiento del general en retiro Jorge Andrés Zuluaga López como nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).Zuluaga López cuenta con más de 30 años de servicio en el Ejército Nacional y una amplia trayectoria en inteligencia militar, ciberseguridad, ciberdefensa y gestión de riesgos. También fue director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (CITEC) y recibió formación en Estados Unidos.Su llegada representaría un cambio en la dirección de la DNI, debido a que los anteriores directores no provenían directamente de las Fuerzas Militares.El nombramiento también se produciría después de varios cuestionamientos a la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro. Uno de los casos más recientes involucra a Wilmar Mejía, quien dirigió la DNI hasta la llegada del Gobierno de Abelardo De La Espriella y fue declarado insubsistente. Mejía es investigado por la Fiscalía por la presunta entrega de información reservada que habría terminado en manos de las disidencias de las Farc de alias ‘Calarcá’.Otro episodio que generó polémica en torno a la principal agencia de inteligencia del país fue el caso de Willington Henao Gutiérrez, alias ‘El Mocho Olmedo’, segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las Farc. En mayo de 2025 se conoció que la DNI lo mantuvo durante 55 días, entre el 12 de febrero y el 8 de abril de 2025, en un apartamento de Bogotá, pese a que tenía una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos.En mayo del año pasado, en entrevista con Blu Radio, Lemus justificó entonces que se trataba de una fuente humana estratégica para los diálogos de paz. El caso provocó fuertes cuestionamientos, después de que la situación fuera conocida por la Corte Suprema de Justicia.La experiencia del general (r)Zuluaga López llegaría a la DNI con experiencia en inteligencia estratégica, gestión de crisis, prevención del delito y seguridad ciudadana. También ha sido profesor de la Escuela Superior de Guerra e instructor militar.También tendría buenas relaciones y comunicación con agencias americanas.Entre sus principales logros operativos está su participación como estratega y ejecutor de la Operación Jaque, la misión militar que permitió rescatar a tres ciudadanos estadounidenses, a la excandidata presidencial Íngrid Betancourt y a once militares y policías que permanecían secuestrados por las Farc desde hacía varios años.
A través del decreto 0563, expedido el pasado 3 de junio, el Gobierno actualizó la normatividad relacionada con la protección y seguridad de los expresidentes y exvicepresidentes de la República. El nuevo documento modifica el artículo 5 del Decreto 1069 de 2018.Antes de este cambio, los vehículos utilizados en los esquemas de protección podían ser suministrados por cuatro entidades del Estado: el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP).Además, la Policía y la UNP eran las responsables de asignar el personal de protección, mientras que cada entidad debía proporcionar los equipos y elementos necesarios para el desempeño de sus funciones, como sistemas de comunicación y armamento.Sin embargo, el nuevo decreto trae como principal novedad la incorporación de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, dentro de las entidades autorizadas para asignar vehículos a los esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes, sumándose a las entidades ya mencionadas.Entre tanto, la asignación del personal de seguridad continúa en cabeza de la Policía y la Unidad Nacional de Protección. Tampoco se alteran las disposiciones relacionadas con la dotación de equipos, ya que cada entidad seguirá siendo responsable de suministrar los recursos necesarios al personal que tenga vinculado.Con eso, el Gobierno busca ampliar la capacidad institucional del Estado para atender las necesidades logísticas de los esquemas de protección de los exmandatarios ya sea con equipos o con coordinación.
Por medio de un comunicado, la Dirección Nacional de Inteligencia respondió a las declaraciones públicas realizadas en plataformas digitales que, según la entidad, intentan vincular a servidores públicos de la DNI con supuestos planes para atentar contra la vida de Abelardo de la Espriella.El documento aclara que la entidad no desarrolla actividades de inteligencia operativa ni cuenta con capacidades militares o tácticas. Según el comunicado, el organismo tiene como misión principal producir inteligencia estratégica para apoyar la toma de decisiones del alto Gobierno frente a amenazas contra el Estado o situaciones que puedan poner en riesgo a la población.La entidad también enfatizó que sus funcionarios no reciben entrenamiento castrense y reiteró que sus actividades están regidas por protocolos estrictos de inteligencia y contrainteligencia. En ese sentido, la Dirección afirmó mantener una política de “cero tolerancia” frente a cualquier conducta que se aparte del deber oficial o que vulnere los principios constitucionales y los derechos humanos.Advirtió, además, que se podrían emprender acciones legales para proteger la integridad institucional y preservar la confianza ciudadana, ya que las declaraciones del candidato afectan el buen nombre de la entidad.“Instamos al señor De la Espriella a que, en ejercicio de su responsabilidad ciudadana, presente de manera inmediata las evidencias”, expresó la institución en el texto.El pronunciamiento se produce en medio de un ambiente de creciente polarización política y fuertes debates en redes sociales sobre el papel de los organismos de inteligencia en Colombia.
A pesar de que el Ministerio de Defensa aseguró que la CIA no tendría información de un posible plan para atentar contra el candidato presidencial Iván Cepeda, el ministro del Interior Armando Benedetti señaló que la situación ya habría sido informada a esta central de inteligencia. Según explicó el ministro, las amenazas contra el candidato del Pacto Histórico fueron comentadas en una reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y, luego, en un consejo de seguridad, donde se tomaron medidas de acompañamiento para Cepeda. Luego de esto, la Dirección Nacional de Inteligencia se habría encargado de comunicarlo directamente a la Central de Inteligencia de Estados Unidos. "Se generaron unas alertas por unas intenciones de asesinar al candidato Cepeda, todo con base en información de organismos de inteligencia del Estado. Lo que se sabe hoy es que el DNI ha informado a la CIA. Eso es lo que yo sé con base a la información que he recibido", manifestó Benedetti. Al parecer, esta entrega de información sería en el marco de protocolos de cooperación internacional. Es de recordar que en las últimas semanas se planteó la existencia de un complot para atentar contra el candidato Cepeda, el Gobierno está apoyando con un robusto despliegue de seguridad, incluyo hasta 40 uniformados en los equipos de custodia, para garantizar la seguridad de los aspirantes.
La Procuraduría abrió investigación para determinar si algunos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia habrían generado informes de inteligencia sobre una conversación entre el candidato a la presidencia Abelardo De La Espriella y los hermanos Bautista, máximos accionistas de Thomas Greg & Sons.Según lo conocido, la decisión de la Procuraduría apunta a verificar la posible participación de servidores públicos en actividades de inteligencia que habrían vulnerado derechos fundamentales como la intimidad, la reserva de las comunicaciones y las garantías democráticas.Aunque por ahora se trata de una fase preliminar, esta actuación disciplinaria es clave porque permitirá recolectar pruebas, establecer responsables y determinar si existió uso indebido de capacidades estatales de inteligencia para fines distintos a los autorizados por la ley.De acuerdo con la Procuraduría, para esta investigación también se dispuso a escuchar la declaración del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía, quien aseguró que sí existieron las “chuzadas”, pero que fueron “realizadas bajo orden judicial”.Con esta investigación aún no se determina si todavía se expide una sanción o una imputación formal, pero sí marca el inicio de un proceso que puede derivar en una investigación disciplinaria formal si se encuentran elementos suficientes. El Ministerio Público deberá revisar documentación, trazabilidad de procedimientos, autorizaciones judiciales, si existieron, y la posible utilización irregular de herramientas de inteligencia reservadas. Todo esto, con el objetivo de establecer si hubo una actuación arbitraria de funcionarios públicos en un asunto de enorme sensibilidad democrática.
La Procuraduría abrió investigación contra Jorge Lemus, el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por presuntamente haber ofrecido beneficios judiciales a Diego Marín Buitrago, alias 'Papá Pitufo'. Este proceso se abre después de las revelaciones hechas por la unidad investigativa de Noticias Caracol en las que se habría expuesto un presunto acercamiento con Marín para facilitar eventuales condiciones favorables dentro del proceso judicial.Esta investigación tiene como objetivo establecer si Jorge Lemus incurrió en presunto abuso de funciones a la hora de haber presuntamente negociado condiciones judiciales con el contrabandista.“En el auto de apertura, la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que en esas reuniones Lemus Montañez, en su calidad de director general de la DNI, realizó los ofrecimientos de beneficios judiciales al abogado Luis Felipe Ramírez ‘en el marco de la paz total con el propósito de facilitar la entrega en Colombia del llamado zar del contrabando”, señaló la Procuraduría.Aunque todavía no se conocen sanciones ni decisiones de fondo, la apertura formal de la investigación marca un avance importante dentro del caso, ya que pone bajo la lupa la conducta de un exfuncionario que ocupó uno de los cargos más sensibles del aparato estatal. La Procuraduría deberá determinar si las actuaciones atribuidas a Jorge Lemus comprometieron la transparencia institucional o vulneraron los principios que rigen la función pública.
Las intensas lluvias registradas durante los últimos días en la Alta Guajira han generado dificultades de movilidad y dejado incomunicadas a varias comunidades indígenas, cuyos habitantes enfrentan problemas para acceder a servicios y productos esenciales.La situación ha impedido que algunas familias puedan salir en busca de agua potable, alimentos y medicamentos, así como trasladar a personas enfermas hacia los cascos urbanos de municipios como Uribia y Manaure, para que reciban atención médica. Las crecientes de los arroyos han complicado aún más el panorama en esta zona del departamento.A estas afectaciones se suman las dificultades que enfrentan los transportadores para movilizarse por las trochas. Las malas condiciones del terreno y el aumento de los caudales han obstaculizado el paso de vehículos que llevan alimentos y otros productos hacia diferentes sectores de la región.Habitantes y transportadores manifiestan su preocupación por las consecuencias que puede traer esta situación, especialmente para las comunidades indígenas que dependen del abastecimiento externo para acceder a productos de primera necesidad y servicios básicos.“ Para esta temporada, la situación es muy difícil a los operadores de estos programas del ICBF han tenido pérdidas porque se mojan los productos porque los camiones se llevaran en las trochas y cualquier cantidad de dificultades para llevar los alimentos y también pasa lo mismo con los medicamentos”, dijo Wilberto Teherán, habitante de la Alta Guajira.Ante este panorama, las comunidades hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que atienda las afectaciones, facilite el acceso a agua a las comunidades y disponga las acciones necesarias para garantizar el suministro del líquido, alimentos, medicamentos y atención médica a las familias damnificadas.
El representante a la Cámara Héctor Chaparro, integrante de la Comisión Tercera y del Partido Liberal, expuso los reparos de su bancada frente a la Ley de rescate económico presentada por el Gobierno nacional. Tras una reunión en Barranquilla con integrantes del Ejecutivo y representantes de diferentes partidos, señaló que existe preocupación por los impuestos propuestos para la canasta familiar, el sector agropecuario y las personas con ingresos superiores a cinco millones de pesos.El congresista reconoció la necesidad de tomar medidas para enfrentar el déficit fiscal, pero advirtió que el proyecto debe tener viabilidad política en el Congreso y contemplar alternativas de recaudo. “La magnitud de la crisis fiscal puede afectar a todos los hogares colombianos”, afirmó.Chaparro indicó que los partidos de gobierno e independientes presentaron sus inquietudes durante el encuentro, en el que participaron el vicepresidente de la República, los ministros de Comercio, Transporte e Interior y el director de la Dian.¿Qué reparos tiene el Partido Liberal frente a la Ley de rescate económico?Uno de los principales puntos de preocupación es el aumento del IVA para productos de la canasta básica y elementos utilizados en el sector agropecuario, como fertilizantes, plaguicidas y distritos de riego. También mencionó los cambios en el impuesto de renta para personas que reciben más de cinco millones de pesos, el incremento de los parafiscales y los posibles efectos de los impuestos a las bebidas alcohólicas sobre las rentas territoriales.El representante recordó que el Gobierno busca reducir una brecha fiscal superior a 90 billones de pesos, por lo que considera necesario revisar las fuentes de financiación. “Es necesario que hoy se trabaje articuladamente entre el Gobierno y el Congreso para buscar una ley que realmente logre generar unas medidas para el ajuste fiscal”, sostuvo.¿Qué opina Héctor Chaparro del IVA a las compras en plataformas digitales?Chaparro también se refirió a la propuesta de eliminar la exclusión del IVA para los envíos urgentes de menos de 200 dólares. La medida implicaría que compras realizadas mediante plataformas como Amazon, Temu y Shein paguen la tarifa general del 19 %.El congresista consideró que el tema debe discutirse en el Legislativo. Explicó que la exclusión comenzó en 2014, antes de la expansión del comercio electrónico, y que actualmente puede generar diferencias entre quienes compran en plataformas digitales y quienes adquieren los mismos productos en establecimientos físicos.“Hay un desnivel en esta cancha”, señaló. Además, mencionó el llamado pitufeo, una práctica que describió como la agrupación de cientos de pedidos de bajo valor en una misma dirección para evitar el pago del impuesto.Sobre las alternativas de recaudo, cuestionó que se plantee reducir el impuesto de renta a las empresas mientras se proponen nuevos cobros para otros sectores. “Tenemos que pensar precisamente en cuáles son los impuestos que realmente vamos a aumentar”, afirmó.Finalmente, anunció que el Partido Liberal presentará en los próximos días una propuesta como bancada de las comisiones económicas para plantear alternativas frente al proyecto del Gobierno.
El Chontico Día es uno de los juegos de chance más reconocidos del Valle del Cauca. Cada jornada reúne a miles de participantes que siguen el sorteo y revisan la combinación ganadora para comprobar si sus apuestas fueron favorecidas.Resultado del Chontico Día hoy, lunes 9 de noviembre de 2026El resultado oficial del sorteo de este lunes está pendiente de publicación. Estos son los datos que podrán consultar los apostadores una vez se anuncien las cifras:Número ganador: pendiente de publicación.Dos últimas cifras: pendiente de publicación.Tres últimas cifras: pendiente de publicación.Quinta balota: pendiente de publicación.Los resultados pueden verificarse en los canales autorizados y en los puntos de venta. Además, el sorteo se transmite en vivo para quienes desean seguir el anuncio del número ganador.¿A qué hora juega el Chontico Día?El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales están disponibles después del sorteo a través de los medios habilitados para su consulta.¿Cómo se juega el Chontico Día?Los participantes pueden elegir entre seis modalidades, según las cifras que quieran acertar:Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su posición.Tres cifras directo: requiere coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto.Tres cifras combinado: premia el acierto de las tres cifras finales en cualquier orden.Dos cifras o pata: consiste en acertar los dos últimos números.Una cifra o uña: entrega premio cuando coincide únicamente el último dígito.¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?El juego permite participar con diferentes presupuestos, dentro de los valores establecidos:Apuesta mínima: $500.Apuesta máxima: $10.000.¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar la documentación exigida en los puntos autorizados. Los documentos básicos son:Tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:Premios inferiores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días, expedida a nombre del ganador. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.Con sorteos diarios, seis modalidades de apuesta y distintas opciones para acertar, el Chontico Día conserva su presencia entre los juegos de chance más consultados en el Valle del Cauca.
El Gobierno Nacional ha prometido recortar un 15 % el tamaño del Estado gracias a la ley de rescate económico que está siendo discutida en el Congreso, y uno de sus frentes de batalla será el recorte de ‘otras transferencias’ y de ‘fondos especiales’.Según el Ministerio de Hacienda, en el presupuesto del próximo año hay 23 billones de pesos dispersos en 262 renglones del presupuesto agrupados bajo el concepto de transferencias y unos 19 billones más en fondos especiales. Este recorte de transferencias en Colombia no incluye a los establecimientos públicos, que completan los 63 billones de pesos que el ministro Miguel Gómez ha calificado como ‘mal usados’. La ley de rescate económico le daría al Gobierno la potestad de aplazar o recortar las transferencias que no tengan aval en 2027 y de no programarlas en el resto del mandato de Abelardo De La Espriella. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no planea hacer un ‘recorte indiscriminado’ de todos esos gastos, sino una evaluación caso a caso.“Dentro de estas partidas hay transferencias que financian actividades productivas de empresas públicas o mixtas que deberían ser autosostenibles, estudios de alto costo o programas que deberían financiarse con recursos propios de las entidades. La propuesta busca revisar si estas asignaciones siguen siendo necesarias, si cumplen los objetivos para los cuales fueron creadas y si existen duplicidades o posibilidades de utilizar mejor los recursos públicos”, dijo la entidad en respuesta a Blu Radio.Quedan excluidas de los recortes las transferencias directas por seguridad social, educación y transferencias territoriales definidas por la Constitución.Más allá de la ley que está en trámite, el Gobierno está pensando en medidas “complementarias” para recortar los gastos, que podrían incluir cambios a los subsidios en servicios públicos.“El proyecto no contempla una modificación específica al esquema de subsidios de los servicios públicos domiciliarios, pero es un tema que tenemos previsto seguir trabajando en el marco de nuestro plan de Gobierno, particularmente en el Plan Nacional de Desarrollo”, agregó la entidad.La ley de rescate económico no contempla medidas adicionales para controlar el déficit en materia de precios de la gasolina y el ACPM; sin embargo, el Gobierno ya tiene las “herramientas legales necesarias” para hacer ajustes graduales y su objetivo sigue siendo ‘avanzar’ hacia la neutralidad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
El Gobierno Nacional le respondió al expresidente Gustavo Petro por los cuestionamientos sobre la falta de sistemas antidrones para proteger a las tropas y defendió su gestión frente a la amenaza que representan estos dispositivos en los ataques contra la Fuerza Pública.El ministro de Defensa aseguró que el escudo antidrones anunciado por la anterior administración, por 6,2 billones de pesos, nunca llegó a convertirse en un proyecto estructurado, con financiación garantizada y viabilidad técnica. "Que quede claro, anunciar billones no es garantizar presupuesto. Coleccionar sellos en el pasaporte, no es gestionar y apilar estudios técnicos, no detiene los explosivos que caen sobre nuestros soldados", añadió el general en retiro Jorge Mora.El pronunciamiento se conoce en medio de la preocupación por el ataque ocurrido el fin de semana en Santa Rosa del Sur, Bolívar, donde integrantes del Ejército fueron atacados con explosivos lanzados desde drones contra un cantón militar. El hecho dejó tres militares muertos y más de 40 heridos, y volvió a poner sobre la mesa la necesidad de contar con capacidades para detectar y neutralizar estas amenazas.Frente a este panorama, el expresidente Gustavo Petro aseguró que durante su administración se habían dejado recursos para adquirir equipos antidrones, pero que no se concretó la compra."A pesar de dejar el dinero para compra de antídrones para este año. No se hizo ninguna operación de compra de antidrones. Así queda la tropa expuesta a morir sin posibilidad de defensa", señaló en X el exmandatario.Sin embargo, el ministro de Defensa controvirtió esa afirmación y cuestionó que los viajes realizados por funcionarios del gobierno anterior a India, República Checa, Turquía, Catar, Londres, Washington y Nueva York, supuestamente para buscar tecnología, no se tradujeran en soluciones concretas para proteger a los soldados y policías."Mientras los criminales perfeccionaban el uso de drones para vigilar, intimidar y atacar a nuestros soldados y policía, los alto funcionarios del gobierno pasado se dedicaban a viajar y a lanzar anuncios vacíos", indicó el ministro de Defensa.El ministro también puso en duda la financiación del proyecto y señaló que, aunque se habían anunciado 800 mil millones de pesos para poner en marcha su primera fase, no quedaron recursos asegurados para ejecutarla durante 2026.Por todo esto, el jefe de la cartera rechazó las versiones según las cuales el actual Gobierno habría cancelado un contrato o frenado una compra que ya estuviera adjudicada.Según explicó, la administración recibió una iniciativa sin las condiciones necesarias para materializarse y tuvo que asumir su reorganización. El funcionario insistió en que no se puede hablar de la cancelación de un sistema que, según su versión, nunca llegó a existir como un proyecto viable y listo para su ejecución.Como respuesta a esta amenaza, el Gobierno anunció la puesta en marcha de un plan de choque para comenzar a dotar a las tropas con equipos y capacidades que permitan detectar y contrarrestar los ataques con drones. Estos recursos, aseguró, se están financiando con los presupuestos ordinarios del sector Defensa.Finalmente, el ministro confirmó que se trabaja en un documento CONPES para garantizar una financiación sostenible de esta estrategia y en una ley que permita controlar la importación y el uso de drones en Colombia.