La Procuraduría abrió investigación para determinar si algunos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia habrían generado informes de inteligencia sobre una conversación entre el candidato a la presidencia Abelardo De La Espriella y los hermanos Bautista, máximos accionistas de Thomas Greg & Sons.
Según lo conocido, la decisión de la Procuraduría apunta a verificar la posible participación de servidores públicos en actividades de inteligencia que habrían vulnerado derechos fundamentales como la intimidad, la reserva de las comunicaciones y las garantías democráticas.
Aunque por ahora se trata de una fase preliminar, esta actuación disciplinaria es clave porque permitirá recolectar pruebas, establecer responsables y determinar si existió uso indebido de capacidades estatales de inteligencia para fines distintos a los autorizados por la ley.
De acuerdo con la Procuraduría, para esta investigación también se dispuso a escuchar la declaración del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía, quien aseguró que sí existieron las “chuzadas”, pero que fueron “realizadas bajo orden judicial”.
Con esta investigación aún no se determina si todavía se expide una sanción o una imputación formal, pero sí marca el inicio de un proceso que puede derivar en una investigación disciplinaria formal si se encuentran elementos suficientes. El Ministerio Público deberá revisar documentación, trazabilidad de procedimientos, autorizaciones judiciales, si existieron, y la posible utilización irregular de herramientas de inteligencia reservadas. Todo esto, con el objetivo de establecer si hubo una actuación arbitraria de funcionarios públicos en un asunto de enorme sensibilidad democrática.
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