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La Fiscalía General de la Nación revisó cerca de 13.000 interceptaciones telefónicas legales realizadas a través de la plataforma Esperanza y no encontró ninguna relacionada con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. La información fue revelada por el periodista Ricardo Ospina en Mañanas Blu.
La Fiscalía adelantó una revisión exhaustiva de aproximadamente 13.000 interceptaciones telefónicas legales, todas autorizadas por jueces de la República y realizadas mediante la plataforma Esperanza, el sistema oficial utilizado por el ente acusador para este tipo de procedimientos.
De acuerdo con la información revelada por el periodista Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, la investigación se inició después de que surgieran dudas sobre posibles interceptaciones relacionadas con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Tras el análisis de los registros, la conclusión preliminar es que no existe ninguna interceptación legal en curso sobre el número telefónico del candidato.
La controversia se desató luego de un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro durante la Semana Santa, en el que mencionó supuesta información de inteligencia relacionada con el abogado y candidato presidencial.
El mensaje generó interrogantes sobre el origen de esos datos y sobre si podían provenir de interceptaciones telefónicas. A raíz de esto, la Fiscalía —la única entidad en Colombia autorizada para realizar interceptaciones legales— inició la verificación en su sistema.
Según la información revelada en Blu Radio, la revisión también buscó determinar si existían interceptaciones sobre otros nombres mencionados en la controversia, como los hermanos Bautista. Hasta el momento, tampoco se han encontrado registros de interceptaciones legales relacionadas con ellos, lo que aumenta las dudas sobre el origen de la información mencionada públicamente.
El resultado de la revisión deja abierto un interrogante central: de dónde provino la información citada por el presidente Petro. Si no existe registro de interceptaciones legales en el sistema de la Fiscalía, las autoridades y sectores políticos han planteado la necesidad de aclarar qué fuente dio origen a esos datos y cómo llegaron a conocimiento del mandatario.
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