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Policía no debe tener fuero penal militar: Claudia López propone reforma

La reforma incluye una revisión de los protocolos para el uso de armas no letales en la Policía y un reentrenamiento de todos los uniformados que usan el taser en Bogotá.

375012_Policía Nacional // Foto: Referencia AFP
Policía Nacional // Foto: Referencia AFP

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se reunió este miércoles con la Policía, representantes de derechos humanos e instituciones como la Procuraduría, la Defensoría y la Personería de Bogotá, para tratar el caso de la brutal agresión de integrantes de la Policía en contra del abogado Javier Ordóñez, que terminó con su muerte.

En la reunión, la Policía le informó a la alcaldesa que el caso solo ha sido enviado a Justicia Penal Militar y no a la Fiscalía. La mandataria entregó un reporte de las denuncias de abuso policial reportadas este año en la capital: un total de 137, de las cuales, la Policía asegura tener conocimiento para investigación de 38.

Dijo la alcaldesa que es incomprensible que en la mesa de derechos humanos que desarrolla el Distrito, en la que participa la Policía, se hablen de las 137 denuncias desde enero y que solo 38 sean consideradas. Indicó que la mayoría de casos investigados por esta misma institución no arrojan ningún resultado.

Vea acá: Caso Javier Ordóñez: vandalismo, disturbios y heridos tras violentas protestas en el país

Paso seguido, la Alcaldía presentó una propuesta de acciones concretas para solucionar y prevenir los casos de abuso de la fuerza por parte de la Policía. Para la alcaldesa, la institución debe ser reformada a través de un proyecto de ley de reforma constitucional presentado ante el Congreso por la Procuraduría y la Defensoría.

Resaltó que el problema en la institución no solo está en el reclutamiento, sino en la formación y el entrenamiento de los uniformados.

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"No puede ser que seamos tan de malas de tener 137 casos de abuso policial, uno puede ser de malas 1 o 2 veces, pero no 137", dijo la mandataria.

Paso seguido, resaltó que hay un claro conflicto de interés en la Policía como institución y la investigación de los casos de presunto abuso. Indicó que debe ser una instancia distinta a la Policía la que haga el primer filtro, donde se determina si los casos corresponden a uso o abuso de fuerza.

"Ese primer filtro no lo puede hacer la misma Policía, así no puede empezar la investigación", dijo López, al tiempo que Pidió que sean la Procuraduría y la Defensoría quienes hagan ese primer filtro.

La alcaldesa resaltó junto a su equipo de Gobierno que si no se soluciona este conflicto de interés, se va a seguir teniendo impunidad en los procesos. La reforma que propone Claudia López incluye una revisión de los protocolos para el uso de armas no letales en la Policía y un reentrenamiento de todos los uniformados que usan el taser en Bogotá.

“Hay que revisar criterios, se usó un arma en teoría no letal que terminó matando a Javier”, manifestó.

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La reunión contó con la intervención de Jose Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien calificó el accionar de los uniformados involucrados como una violación brutal a los derechos humanos. Resaltó que tanto la alcaldesa como el ministro de Defensa hayan repudiado el desafortunado hecho. Sin embargo, aplaudió que la mandataria local no habla de casos aislados y pidió una reforma profunda a la institución.

"Lo normal en las autoridades de la región es negar los hechos y cuando ello no es posible, decir que se trata de manzanas podridas y casos aislados que serán sometidos a la justicia, la actitud de la alcaldesa fue muy distinta, ella misma resaltó sin excusas ni simples promesas de castigos que no son casos aislados y pidió una reforma", dijo Vivanco.

Agregó Vivanco que la Justicia Penal Militar no ha dado resultados y que es un tratamiento que le falta al respeto completamente a los familiares de Dilan Cruz, que murió el año pasado por cuenta del accionar de un arma del ESMAD y agregó que espera "que esto se revierta pronto y que nos familiares de Javier Ordóñez no tengan que vivir lo mismo".

La alcaldesa pidió a la Procuraduría tomar control preferente de esta investigación y las otras 137 denuncias de abuso policial y agregó que ya se coordinó con el Ministerio del Interior el regreso al país de la madre de Javier Ordóñez a través de un vuelo humanitario.

 

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