Durante el consejo de ministros de este martes, el presidente Gustavo Petro se retractó de las declaraciones que hizo en agosto de 2024 contra periodistas del país, cuando las calificó como “las periodistas del poder” y “las muñecas de la mafia”.
El mandatario aprovechó la transmisión del consejo para cumplir con la orden emitida por la Corte Constitucional, que concluyó que esas expresiones vulneraron derechos fundamentales de las mujeres periodistas.
“No hablé de todas sino de una, que después fue candidata presidencial”, afirmó antes de leer la retractación. También aseguró que, aunque la decisión judicial establecía que debía hacerlo mediante una alocución presidencial, existían restricciones legales para ese formato. “Acatamos, eso no significa no criticar”, agregó durante su intervención.
Luego leyó el mensaje de retractación: “Retiro formalmente de mi voz pública esas afirmaciones, las mujeres periodistas no son muñecas de la mafia, son ciudadanas autónomas, les ofrezco mis excusas”.
Las declaraciones que generaron todo esto las hizo el 30 de agosto de 2024 durante la posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, lo que provocó críticas de organizaciones y sectores defensores de la libertad de prensa.
El presidente Gustavo Petro se retractó por haber calificado a las periodistas como “muñecas de la mafia”.
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 20, 2026
“Pronuncié las expresiones: ‘las periodistas del poder, las muñecas de la mafia’. Retiro formalmente de mi voz pública esas afirmaciones; las mujeres periodistas no son… pic.twitter.com/775hsVEAL8
En su fallo, la Corte Constitucional concluyó que los señalamientos hechos por el presidente excedieron los límites de la libertad de expresión al provenir de un escenario institucional y tener un alto impacto público. El alto tribunal advirtió que las afirmaciones contribuyeron a reforzar estereotipos y formas de violencia de género contra las mujeres periodistas, particularmente en entornos digitales.
La decisión también subrayó que los funcionarios públicos tienen una responsabilidad especial frente al uso de su discurso, especialmente cuando este puede afectar derechos fundamentales o poner en riesgo el ejercicio periodístico.
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