De acuerdo con investigaciones de laFiscalía General de la Nación, una red delincuencial de la que hacían parte funcionarios del Inpec, abogados y varias personalidades jurídicas, facilitaba el traslado de reclusos entre cárceles colombianas a cambio de grandes sumas de dinero. Varios de los presos pudieron fugarse luego de que fueran ubicados en los nuevos centros penitenciarios.
Esta banda, que operó entre 2015 y 2017, tramitaba de manera ilegal el traslado de internos con un alto perfil criminal hacia cárceles ubicadas en los municipios de Miranda, Guapi, Florida, Yotoco, y Vijes, departamentos del Cauca y Valle del Cauca.
Allí, debido a las pocas garantías de seguridad con las que contaban los centros, los condenados gozaron de comodidades en lo que cumplían sus penas y algunos llegaron a fugarse.
Tras esto, uno de los implicados fue condenado por un juez penal de Cali a una pena de 5 años y 11 meses de prisión. Según el ente de control, el hombre, identificado como Mario Muñoz Bolaños, se encargaba de presentar ante notarías varias declaraciones extrajudiciales en las que afirmaba conocer a los presos y aseguraba que estos vivían en los municipios donde serían trasladados, algo que era totalmente falso.
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El responsable fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción en calidad de interviniente, falsedad en documento privado, falso testimonio y fraude procesal. Aún así, la Fiscalía logró un preacuerdo para que esta persona aceptara los cargos y, adicionalmente, fuera multada por una cifra cercana a los 134 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.
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