A la jornada de múltiples protestas que marcaron recientemente a Soledad se sumó la misma mandataria del municipio, Alcira Sandoval, para alzar su voz contra las extorsiones, hurtos y asesinatos, e insistir en que esta ola de criminalidad se combate con recursos económicos.En ese sentido, la alcaldesa tomó la vocería y le pidió a los comerciantes y a todos los que salieron a las calles a protestar que la “ayuden a defender la tasa de seguridad y convivencia ciudadana”, pues no está de acuerdo con que los recursos recaudados en todo el área metropolitana a través de este impuesto sean manejados solo por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y no por todos los alcaldes que integran el territorio."Porque para tener seguridad necesitamos recursos y esos recursos todos los pagamos en el servicio de energía, pero hoy bajo un convenio leonino, el gobernador del Atlántico cede esa tasa del área metropolitana para que sea manejado por el Distrito de Barranquilla", criticó."Le hago un llamado al gobernador para que así como el alcalde del Distrito puede manejar los recursos, que nos los dé a todos los alcaldes del área metropolitana que conocemos y padecemos la delincuencia", sostuvo.Acto seguido, la mandataria soledeña anunció que “para el próximo mes, Soledad va a tener por primera vez un consejo nacional de seguridad con presencia de ministros”.Así mismo, Sandoval aseguró que hará mesas de trabajo con los comerciantes para buscar alternativas que permitan superar la criminalidad que los azota.
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, una red delincuencial de la que hacían parte funcionarios del Inpec, abogados y varias personalidades jurídicas, facilitaba el traslado de reclusos entre cárceles colombianas a cambio de grandes sumas de dinero. Varios de los presos pudieron fugarse luego de que fueran ubicados en los nuevos centros penitenciarios.Esta banda, que operó entre 2015 y 2017, tramitaba de manera ilegal el traslado de internos con un alto perfil criminal hacia cárceles ubicadas en los municipios de Miranda, Guapi, Florida, Yotoco, y Vijes, departamentos del Cauca y Valle del Cauca.Allí, debido a las pocas garantías de seguridad con las que contaban los centros, los condenados gozaron de comodidades en lo que cumplían sus penas y algunos llegaron a fugarse.Tras esto, uno de los implicados fue condenado por un juez penal de Cali a una pena de 5 años y 11 meses de prisión. Según el ente de control, el hombre, identificado como Mario Muñoz Bolaños, se encargaba de presentar ante notarías varias declaraciones extrajudiciales en las que afirmaba conocer a los presos y aseguraba que estos vivían en los municipios donde serían trasladados, algo que era totalmente falso.El responsable fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción en calidad de interviniente, falsedad en documento privado, falso testimonio y fraude procesal. Aún así, la Fiscalía logró un preacuerdo para que esta persona aceptara los cargos y, adicionalmente, fuera multada por una cifra cercana a los 134 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.
Fuera de peligro permanece el patrullero de la Policía que recibió un disparo en el hombro luego de iniciar la persecución de dos hombres que acababan de robar una motocicleta a un ciudadano en la isla de San Andrés.Según información de la Policía, la patrulla del cuadrante acudió al llamado del ciudadano y fue cuando se inició un enfrentamiento a tiros, informó el coronel Manuel Armando Quintero Medina, comandante Departamento de Policía San Andrés Providencia y Santa Catalina, quien dijo además, que hay un capturado.“Se presentó en el procedimiento un intercambio de disparos donde resulta lesionado por arma de fuego en una de sus extremidades uno de nuestros uniformados. También, producto de las actividades y el procedimiento se logra la captura en flagrancia de uno de los presuntos autores”, informó el oficial.La persona detenida según la Policía tiene anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, del año 2024 y otro por el delito de hurto del año 2019. Según la Policía en medio del procedimiento se logró la recuperación de la motocicleta que había sido robada, la cual pudo ser devuelta a su dueño.El oficial indicó además que junto con la Gobernación de San Andrés, están ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quién de información que permita la captura delo otro delincuente que logró darse a la fuga.“Invitamos a la comunidad a ayudarnos a identificar, ubicar y lograr la judicialización de otro actor delincuencial que huyó del lugar de los hechos”, dijo la Policía.
Como John Lovert Córdoba, más conocido en el mundo futbolero como 'Lula', fue identificado el jugador que recibió un disparo durante el atentado que cobró la vida del cabecilla de La Terraza y La Oficina, 'Pichi Gordo', quien murió con quien sería su escolta.Lula, al parecer, se encontraba con 'Pichi Gordo' luego de un partido de fútbol en el parque La Providencia del sector de Los Balsos, donde ocurrió el ataque sicarial que dejó en la ciudad un ambiente de tensión por lo que pueda pasar en adelante en materia de orden público.Sobre 'Lula', Blu Radio conoció que se había retirado del fútbol en 2004 y que en la actualidad es el director deportivo de la selección Antioquia Senior. Además, es dueño de una escuela que se llama “Lula Fútbol Club”.Frente a un posible recrudecimiento de la violencia tras lo ocurrido, el alcalde Federico Gutiérrez dijo que la institucionalidad estará para garantizar la seguridad."Todas las alertas están activadas, pero hay que seguir trabajando y hemos visto cómo históricamente ahí esa vendetta y esas venganzas entre jefes de estructuras criminales", indicó el mandatario.Mientras tanto, las autoridades intentan establecer quién está detrás del crimen de 'Pichi Gordo' quien estaba acompañando la mesa de conversaciones entre el Gobierno y las bandas criminales del Valle de Aburrá que se desarrolla en la cárcel la paz de Itagüí.
Tras el asesinato de Edinson Rodolfo Rojas, conocido como 'Pichi Gordo'y su escolta en las últimas horas en el sector de El Poblado, las autoridades avanzan en la recolección de información y pruebas que permitan determinar las razones del atentado sicarial del que fue victima.El asesinato de este jefe histórico de la banda 'La Terraza' y que había quedado en libertad desde 2020 antes de cumplir los 16 años de condena, generan ruidos en la ciudad frente a una posible alteración del orden público por parte de grupos delincuenciales en medio de un reordenamiento. El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que la institucionalidad estará para garantizar la seguridad."Frente a todas las hipótesis le corresponde ya a la Policía a la Fiscalía y yo lo que he hecho básicamente es siempre decir que aquí quien debe garantizar la seguridad del orden es la institucionalidad", dijo el mandatarioSobre la participación de 'Pichi Gordo' en los diálogos que se llevan a cabo en la cárcel de Itagüí y de los cuales hace parte 'La Terraza', aunque desde su instalación fue relacionado con la representación de alias 'Douglas' y recientemente con su trabajo en este sentido en los barrios de la ciudad, la directora de Fiscalía en Medellín, Yiri Amado, dijo que tratan de establecer con certeza si efectivamente integraba ese espacio sociojuridico."En este momento uno de los actos investigativos que estamos adelantando es oficiar a las autoridades correspondientes para que puedan dar cuenta de que efectivamente esta persona había sido incluido o fungía como parte de esa mesa".Sobre el tema hay que indicar que el alcalde Gutiérrez también reconoció que en la noche de ayer se comunicó con el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y pese a que no se saben detalles de la conversación, sigue afirmando el mandatario que aún no hay información sobre lo que se discute en la cárcel de Itagüí.
Sigue la racha de atentados sicariales en Barrancabermeja y Bucaramanga. Dos personas fueron asesinadas y otras tres resultaron heridas, reportaron las autoridades.En hechos aislados en el Puerto Petrolero dos hombres murieron y otras dos personas resultaron heridos al ser impactados por balas tras ser atacados por desconocidos que llegaron en motocicletas. Los casos ocurrieron en el barrio Villa de Leyva, El Cerro y Altos de Campestre.Las víctimas mortales de estos casos de sicariato fueron identificadas como Cristian García Jácome y Junior Anody Ríos Pereira. Los heridos son Marlon Saldarriaga y un niño de 7 años.“Estamos investigados estos hechos que lamentamos. Sobre el caso que ocurrió en una tienda en el sector de la planada de El Cerro activamos un plan candado para hallar a los dos responsables que llegaron en una motocicleta negra y dispararon contra su víctima (Cristian García) que fue llevada hasta el puesto de salud donde falleció por la grave de las heridas”, aseguró el mayor Andrés Betancourt. Comandante del Primer Distrito de la Policía del Magdalena Medio.Junior Ríos Pereira, quien trabajaba como cobrador “gota a gota”, fue atacado por sicarios cuando estaba en un taller de motos en el barrio Villa de Leyva, sobre la vía a Yarima.El tercer caso de sicariato se presentó en una vivienda del barrio Altos de Campestre, donde un adulto y un niño resultaron heridos. Dicen los testigos del hecho que dos desconocidos entraron hasta la sala de la casa y le dispararon a su víctima. Una de las balas impacto a un menor. Los dos heridos son atendidos en una clínica de Barrancabermeja.En Bucaramanga, se registró el otro ataque a bala que dejó a un joven de 17 años herido. El caso ocurrió en el norte de la ciudad.El menor fue llevado al Hospital Universitario de Santander, con una herida en un ojo. Carlos Ibarra, subgerente Médico del HUS, precisó que el joven de 17 años está estable y a la espera de varias cirugías.“Queremos manifestar que desde el ingreso del usuario ha recibido atención médica oportuna necesaria. El paciente recibió atención por parte de cirugía plástica y oftalmología, los cuales valoraron el trauma a nivel ocular que presentaba y definieron que requería intervenciones quirúrgicas”, expresó el vocero del centro médico.Bucaramanga y Barrancabermeja son las ciudades de Santander donde más homicidios se han cometido durante este año.
No para la violencia y los homicidios en el departamento de Santander. Recientemente, sicarios dispararon contra dos jóvenes en Bucaramanga y Barrancabermeja. Según las autoridades del departamento, una de las víctimas murió y otra resultó herida.En el Hospital Universitario de Santander permanece bajo pronóstico reservado y en estado crítico Juan Camilo Pabón Pinzón, de 22 años de edad, tras recibir un disparo en la cabeza.El atentado se presentó en el barrio Villa Carmelo, ubicado en el norte de Bucaramanga, cuando, al parecer, un menor de 17 años le disparó en la cabeza por haberle reclamado que no vendiera estupefacientes en el parque, según el reporte de la Policía Nacional.El pistolero se dio a la fuga y es buscado por las autoridades, ya que estaría identificado. Pabón Pinzón trabaja como ayudante en construcción y vive en el mismo barrio donde se presentó el ataque.El otro atentado sicarial que dejó una persona muerta se registró en la ciudad de Barrancabermeja. El hecho violento ocurrió en el barrio Terrazas del Puerto, hasta donde llegaron sicarios en una motocicleta y le dispararon a un joven de 24 años, quien murió en el sitio.La víctima fue identificada como Jonathan Andrés Barragán, de 24 años. Según relataron residentes del sector, era una persona que vivía en condición de calle en la zona luego de caer en el mundo de las drogas.Esta es la tercera persona en condición de calle que es asesinada a tiros durante este año en Barrancabermeja. Dicen las autoridades que se tratarían crímenes relacionados con temas del microtráfico. Durante 2024 van 16 muertes violentas en el Puerto Petrolero.En Bucaramanga y el área metropolitana la cifra de homicidios supera los 30 caos durante este año.En Cúcuta se presentó un atentado sicarial que dejó un muerto y una niña herida por bala perdida, reportaron las autoridades.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga logró desarticular una banda delincuencial que operaba comercializando alucinógenos en diferentes cantidades en los barrios Girardot, Villas de Girardot y Santander. Los capturados fueron enviados a la cárcel.“El grupo de delincuencia común organizado conocido como “Los Villas” fue desarticulado mediante la realización de diligencias de registro y allanamiento realizadas en Bucaramanga y Cali y se logró la captura de siete personas. A través de diferentes actividades de policía judicial e inteligencia se logró recopilar información relevante para adelantar los procesos de órdenes de captura.”, explicó el coronel de la Policía Henry Bello.En la operación de seguimiento a los delincuentes las autoridades emplearon interceptación de llamadas, drones, y circuitos cerrados de televisión para lograr obtener las pruebas necesarias para poder capturar a los involucrados.“El modus operandi se focaliza en la entrega mano a mano en puntos fijos y móviles especialmente en el barrio Villas de Girardot. Con la desarticulación de este grupo delincuencial dedicado a la comercialización de estupefacientes se aporta a la seguridad ciudadana del área metropolitana de Bucaramanga y sus alrededores”, explicó el coronel Bello.Uno de los hechos más importantes de la operación realizada es que los integrantes del grupo delincuencial están vinculados con el homicidio del ciudadano de nacionalidad extranjera Junior Flor, “hechos sucedidos el pasado 11 de septiembre de 2023 en el barrio Villas de Girardot y así mismo relacionados en otros hechos de homicidio por el control de zonas de expendio”, explicaron las autoridades.Esta banda realizaba retenes en las vías del occidente de Bucaramanga y atemorizaba a los conductores con el pago de extorsiones, dice la investigación de la Policía.“Continuaremos trabajando articuladamente con la Fiscalía General de la Nación para seguir asestando este tipo de operaciones y poniendo en buen recaudo de las autoridades aquellas estructuras dedicadas a la comisión de delitos en toda el área metropolitana”, agregó el coronel Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
Al menos 15 líderes sociales de El Paso, Cesar, han recibido las atemorizantes visitas o las intimidantes llamadas y mensajes de texto de hombres armados que se identifican como miembros del Clan del Golfo y les exigen vincularse a la organización criminal, si quieren conservar sus vidas y las de sus familias.En Blu Radio conocimos el testimonio de un hombre que en las últimas semanas ha estado viviendo en la penosa situación del desplazamiento forzado, pues le tocó abandonar el pueblo junto a sus cinco hijos, su esposa y su cuñado, para evitar represalias contra ellos, ya que se negó rotundamente a ser parte del Clan del Golfo."Dos señores, portando armas, llegaron hasta donde yo me encontraba en el patio de mi casa acostado en una hamaca y, pues, me hicieron la propuesta que trabajara para ellos. Al yo decirles que no, ellos me dijeron que lo mejor era que desalojara el pueblo", narró la víctima, a quien por protección le reservamos su identidad.El hombre cuenta que, a raíz de las difíciles condiciones que afronta por el desplazamiento, pensó en regresar a su tierra para retomar sus labores y ganarse el sustento, pero no había terminado de contemplar la idea cuando se enteró de que hombres armados volvieron a su casa a amenazar a otros familiares que aún quedaban allí.La advertencia es clara para esta víctima: "Ellos dijeron en el pueblo que si yo vuelvo, me revientan, o sea, atentan contra mi vida. Entonces, me toca estar huyendo de mi pueblo", contó."Lo más triste que está pasando aquí en Colombia es que a las personas de bien, a los que buscamos el bien común nos toca desplazarnos y los delincuentes son los que reinan en la población", expresó.De la misma forma, a otras víctimas les están exigiendo hasta 2 millones de pesos para comprar municiones y financiar sus acciones criminales. Esto ya es de conocimiento de las autoridades, confirmó la Policía del Cesar.
Acciones coordinadas de la DIJIN con la Fiscalía General permitieron propinar un duro golpe a las organizaciones criminales que operan en Medellín y el área metropolitana.Trabajos investigativos desplegados en los últimos dos años llevaron a la captura de 19 personas que serían testaferros de estructuras como 'Los Chatas', 'El Mesa', 'Los Triana y Pachelly'. Entre 2009 y 2023 estos presuntos delincuentes se habrían encargado de brindar una apariencia lícita a rentas y bienes que ascenderían a más de 37 mil millones de pesos.La Fiscalía reveló que la manera de operar para llevar a cabo estos delitos consistía en crear oficinas fachada de compra y venta de inmuebles y ganadería, además de comercios en los que se trataban de ocultar dineros provenientes del tráfico de estupefacientes.La fiscal general encargada, Marta Mancera, destacó la importancia de quitarles el dinero a las organizaciones criminales para evitar que sigan delinquiendo con ese poder desde las cárceles."En Colombia no nos podemos acostumbrar solamente a que nosotros capturemos las personas y las llevemos ante el juez. Para lograr la desarticulación y la disminución de delitos hay que quitarles la plata", señaló Mancera.Dentro de los capturados sobresale el nombre de Gloria Estella Maya, esposa de Héctor Castaño Gil, hermano de Fidel, Carlos y Vicente, dedicados al despojo de tierras y lavado activos en varias zonas de Antioquia. Maya haría parte, según el coronel Edwin Urrego, director de la Dijín, de la estructura de Los Chatas."Era parte de la estructura 'Los Chatas' y su función era lavar dinero a través de una empresa dedicada a la compra y venta de oro ubicada Urabá antioqueño", detalló el uniformado.Dentro de las acciones de las autoridades también se destaca la afectación con medidas cautelares sobre 22 bienes inmuebles, entre ellas varias casas de recreo y lotes ubicados en sectores exclusivos de Santa Marta, además de un establecimiento de comercio y tres constructoras avaluado todo esto en más de 8.000 millones de pesos, que se encuentran distribuidos en los departamentos de Antioquia y Magdalena.
Las tarifas de energía eléctrica siguen siendo el dedo en la ‘llaga’ para cientos de miles de usuarios en el Caribe, cuya situación empieza a preocupar al arzobispo de Barranquilla, monseñor Pablo Emiro Salas, quien manifestó que la región no debería recibir un trato “desigual” en el tema tarifario, comparándola con otras regiones del país.Siendo así, reiteró que la justicia tarifaria se hace necesaria a través de alternativas que involucren al sector político y/o empresarial, pues considera injusto que la región Caribe asuma el componente de pérdidas de la energía vía tarifa, situación que, según los cálculos de los últimos meses, ha aumentado hasta en un 40% el costo del servicio.En este sentido, el prelado de la Iglesia Católica elevó un llamado a los dirigentes de la región para que se tomen decisiones que logren impactar las altas tarifas de energía eléctrica, teniendo en cuenta las múltiples denuncias que se han conocido de familias que residen en estratos 1 y 2 que han tenido que pagar recibos de hasta $400.000 pesos en Barranquilla."No tendríamos nosotros que cargar los costos de las pérdidas y los costos de mayor consumo, como tampoco tendríamos que ser tratados de manera desigual en materia de los subsidios que se dan para la costa Caribe, cuando aquí las ciscunstancias son otras muy distintas a las de gran parte del país", dijo. Por su parte, Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, también indicó en su momento que las altas tarifas de energía han venido repercutiendo de manera negativa la productividad del sector empresarial e industrial, lo que estaría llevando a la pérdida de confianza y a que, dichos costos de la energía, cierren la puerta para la llegada de nuevas empresas."Efectivamente, el impacto que esto genera ha sido importante. Hay estudios que validan esa premisa de que la productividad de las empresas se ve afectada por las altas tarifas de energía", dijo a BLU Radio.Como se recordará, el costo del kilovatio/hora solo entre enero y febrero de 2024 pasó de costar $1.054 a $1.128 pesos, representando un aumento de hasta el 7% para los usuarios en el Caribe.
En medio de la Semana Santa, la Registraduría Nacional reveló un interesante listado con los nombres bíblicos más usados en Colombia. Aunque algunos son ya conocidos, como María, José o Pedro, otros sorprenden.Según la entidad, en el puesto número uno aparece María; hasta el momento, 3.427.916 personas han sido registradas con ese nombre, uno de los más comunes por su significado en la religión católica. En segundo lugar aparece José con 2.303.885.En tercer lugar está Juan (1.659.659), seguido por David (1.467.122) y Pedro (191.252). También Jesús con 454.07. En este top cinco, según las cifras de nombres registrados, solo aparece el de una mujer; en el resto del listado, en séptimo puesto, está Verónica con 53.398.Según la Registraduría, 32.960 colombianos se llaman Simón y 20.526 Magdalena. Un nombre que sorprende es Judas, que está en decimo y ultima casilla con 42 registros apenas.
Seis días tardaron organismos de gestión del riesgo y miembros de la Policía en Antioquia para controlar casi en su totalidad un incendio de cobertura vegetal registrado en la vereda La Ciénaga del municipio de Anzá, Occidente del departamento.La conflagración, aseguró la institución policial, ya fue controlada en un 99% y permanecen dos focos de troncos encendidos que están bajo vigilancia constante.De igual manera, avanzan las labores de refrigeración en otros puntos de las 130 hectáreas que afectó la conflagración.Debido a las graves consecuencias para el ecosistema que trajo la emergencia registrada desde el pasado 22 de marzo, y con el fin de prevenir situaciones similares, la administración municipal expidió un decreto a través del cual se prohíben “fogatas, quemas agrícolas controladas, no controladas y cualquier otra actividad que genere incendios forestales”.Varias zonas del departamento continúan con un seguimiento permanente por parte del Dagran ante posibles incendios durante la temporada del fenómeno de El Niño que aún atraviesa el país.
Detectaron contrabando de energía en centro médico de Santa Marta y 4 locales comerciales. Un total de 10 millones de pesos asciende el valor que dejaban de pagar estos locales comerciales con el contrabando de energía. El que más consumía, pero no pagaba, era el centro médico de nombre Funda Infa, ubicado en el barrio María Eugenia, donde al momento de la inspección por parte de la empresa Air-e se encontró un medidor con la acometida principal intervenida, lo que impedía que se midiera el consumo real de energía.De acuerdo con lo informado por la empresa, en este predio se estimó una pérdida económica superior a los cuatro millones de pesos mensuales.Por otra parte, en el sector del centro de la capital del Magdalena fueron detectados una panadería, identificada como Más Que Pan y almacenes de ropa denominados Ibiza e Incognito, todas con acometidas ilegales conectadas a la red de la empresa.De igual manera, en el barrio Bastidas también se detectó un suministro irregular de energía en la panadería Maripan, ubicada en la calle 29 con carrera 35.De acuerdo con Diego Rincones Rivas, gerente de Air-e en el Magdalena, los predios fueron normalizados, anulando su condición irregular con la cual evitaban el registro real de su consumo y por ende el pago efectivo del mismo.Estas detecciones se dan en medio de la polémica por las elevadas tarifas de energía que pagamos en la región Caribe y por la cual se está convocando a una marcha el próximo 11 de abril para exigir acciones al Gobierno Nacional que permita reducir el valor del kilovatio que pagan los hogares en la costa Atlántica de Colombia.
Las últimas declaraciones del presidente argentino Javier Milei sobre el presidente Gustavo Petro han suscitado reacciones de diferentes personalidades políticas del país y muchas de ellas de rechazo.El último en pronunciarse, de la delegación del Gobierno, ha sido el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quién a través de su cuenta de X le solicitó al presidente Javier Milei disculparse por haber afirmado en una entrevista con CNN que el mandatario colombiano es un “asesino terrorista”.Según el ministro del Interior, el mandatario argentino tiene una “actitud chabacana y de matón de pueblo” que los colombianos no están dispuestos a tolerar."La actitud chabacana , la de matón de pueblo puede ser rentable en un debate electoral de bajo nivel, pero nunca debe ser el comportamiento de un jefe de Estado", escribió Velasco.El ministro además aseguró que en Colombia se respeta al pueblo argentino, que la elección del Presidente Gustavo Petro fue resultado de un proceso democrático y por eso el presidente Milei le debe una disculpa a Colombia.“Señor @JMilei te equivocaste en materia grave y le debes una excusa al pueblo colombiano y una explicación a tu pueblo, Argentina es mucho más que tus bravuconadas”, agregó el ministro del Interior.No es la primera vez que Javier Milei hace ese tipo de señalamientos contra el presidente colombiano, con quien incluso ha chocado desde que era candidato presidencial. De hecho, su posición ha sido protagonista de varios desencuentros en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Argentina, pues en enero el embajador de Colombia en Argentina, fue llamado a consultas luego de que el mandatario argentino dijera que el presidente Gustavo Petro "Es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia”.La última decisión que tomó la Cancillería al respecto fue la expulsión de diplomáticos de la embajada de Argentina en Colombia.