El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, advirtió que la responsabilidad de proteger a líderes sociales también debe ser asumida por gobernadores y alcaldes del país.
Para el procurador, las acciones de las autoridades locales tienen mayor relevancia para prevenir la violencia que cobra la vida de líderes y lideresas que están en los territorios más apartados.
“Esto no es un problema del Gobierno Nacional. Es que los gobernadores y alcaldes tienen que garantizar la vida de los líderes sociales en los territorios y por eso es tan importante vincularlos en este caso particular y se lo formularemos a la Federación Nacional de Departamentos”, indicó Carrillo.
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Consideró que las acciones para prevenir y proteger a esta población vulnerable no deben tomarse desde las grandes ciudades, sino en los territorios. “Eso no se hace con estrategias diseñadas unilateralmente por algunos estamentos públicos desde Bogotá”, dijo.
El jefe del Ministerio Público cuestionó que no se hayan cumplido los compromisos que adquirieron el Gobierno y las autoridades nacionales para proteger a los líderes sociales y por eso advirtió que es necesario convocar ‘la mesa por la vida’ junto a quienes están siendo víctimas de estas acciones violentas.
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Según el procurador Carrillo, deben revisarse los esquemas de protección con un enfoque diferencial porque “las amenazas son distintas en Antioquia, en el Cauca o en el Catatumbo”.
Agregó que las estrategias deben estar diseñadas de acuerdo con “las condiciones de riesgo que viven cada uno de los líderes sociales y no simplemente una aproximación que es transversal a todas las amenazas que se están presentando”.
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